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Una huelga indefinida de los médicos del Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social (ISSS), en protesta por la intención del Gobierno de privatizar esta institución, marcó el final de un año en el que el país fue sede de los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en el que las heridas aún abiertas de la guerra civil por momentos fueron cicatrizadas y por momentos recordaron al país que los acuerdos de paz de 1992 no han sido aplicados por completo. |
El año despertó con los masivos despidos de empleados públicos, mientras se ha mantenido el nivel de delincuencia que ha hecho de El Salvador uno de los países más peligrosos de América.
El personal sanitario del ISSS iniciaba el 18 de septiembre una huelga que se prolongaría hasta finales de año. El Gobierno propuso privatizar parcialmente la Seguridad Social, es decir, no vendería los bienes patrimoniales de la institución, pero crearía unidades privadas para atender a los pacientes. Como respuesta, el Parlamento, con el voto de los partidos de la oposición, aprobó un decreto en el que se prohibía la privatización, de cualquier tipo, del ISSS. Sin embargo, poco después, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, advertía de que podía vetar ese decreto en cualquier momento. Entonces se disparó la alarma social y, con el apoyo de los partidos de la oposición, los sindicatos y distintos movimientos estudiantiles, se iniciaron diferentes protestas con el fin de dejar claro al Gobierno que no se aceptaría ningún tipo de negociación si no se aseguraba la continuidad del decreto aprobado en el Parlamento. Entre todas las manifestaciones destacó la llamada "marcha blanca", un acto de protesta que reunió a unos 60.000 salvadoreños, según los medios locales, que reclamaron a Flores “no al veto” y “no a la privatización”.
Por otra parte, los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunieron a unos 5.000 deportistas de 31 países. A los inconvenientes a los que se enfrentó El Salvador para organizar los Juegos, entre los que destacan los dos seísmos de gran intensidad 16 meses antes del inicio del acontecimiento y las dificultades de un país que difícilmente puede organizarse política e institucionalmente a sí mismo, se unió la negativa de la delegación cubana a asistir a la cita, alegando falta de seguridad para sus deportistas.
En cuanto al índice de delincuencia, diversas organizaciones humanitarias y el Instituto de Medicina Legal han denunciado durante el año datos escalofriantes, como es la media de cinco muertes diarias sólo por disparos, o la existencia en el país de 450.000 armas, de las cuales únicamente un tercio tienen permiso. En este mismo sentido, la Universidad Centroamericana y la Fundación Guillermo Manuel Ungo presentaron un informe en el que detallaban las consecuencias del sentimiento de inseguridad que recorre el país. Un 15% de los hogares salvadoreños declararon que algún miembro de su familia había sido víctima de un hecho ...
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