Anuario 2005

Afganistán
Alemania
Arabia Saudí
Argentina
Armenia
Australia
Bangladesh
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Canadá
China
Colombia
Congo
Croacia
Cuba
España
Estados Unidos
Filipinas
Francia
Georgia
Gran Bretaña
Guatemala
Haití
India
Indonesia
Irak
Irán
Israel
Italia
Japón
Kenia
Kosovo
Líbano
Macedonia
Malasia
México
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Pakistán
Palestina
Perú
Polonia
República Dominicana
Rumania
Rusia
Serbia
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Turquía
Ucrania
Uzbekistán
España
La revisión del modelo autonómico encona la discusión política y provoca la reaparición de viejos fantasma
Gaspar Pericay

Primero fue la reforma del estatuto de autonomía del País Vasco, bautizada como Plan Ibarretxe -tomando el nombre del lehendakari (presidente) de dicha comunidad autónoma-, que soliviantó los ánimos de los dos grandes partidos de ámbito nacional de España, el Partido Socialista (PSOE) y, especialmente, el conservador Partido Popular (PP), que está en la oposición desde las elecciones del 14 de marzo de 2004. El Plan Ibarretxe, que fue rechazado a trámite en el Congreso, daba al País Vasco el rango de “Estado” y proponía una “libre asociación” con el Estado español, y lo hacía con la herida aún abierta del llamado “conflicto vasco” y el terrorismo de ETA como telón de fondo. En segundo lugar, la modificación del estatuto de Cataluña, que ha vuelto a poner sobre la mesa la revisión del modelo territorial del Estado y la distribución de las competencias y de los recursos en el complejo proceso de descentralización de España, planteando no sólo una modificación del papel del Estado en Cataluña, sino una reforma del sistema de financiación, que a su vez condiciona las cuentas de todo el Estado al ser Cataluña una de las comunidades más ricas y de las que más aporta a las arcas de la Agencia Tributaria. Una y otra reforma estatutaria, pese a sus notables diferencias de contenido y de aspiración, plantean la revisión del encaje en el Estado de las distintas naciones que conviven en el territorio español; encaje que se definió durante la transición a la democracia después de casi cuarenta años de una dictadura fascista que intentó aniquilar los sentimientos nacionalistas imponiendo un férreo régimen centralista.

La política exterior cambia de rumbo

Treinta años después de la muerte del dictador, el debate vuelve a aparecer porque, con la Constitución de 1978 y los posteriores estatutos de autonomía, no se satisfacieron las aspiraciones de las nacionalidades históricas. Así que este año 2005 ha visto cristalizar en estas dos propuestas concretas lo que la transición no resolvió.

Además, para acabar de encender los ánimos de los sectores más conservadores, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha aprobado leyes que acentúan su política progresista y partidaria de la “España plural”. Las polémicas iniciativas legislativas, que ya son una realidad, son la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción, la reforma educativa que rechaza que las clases de religión sean obligatorias y materia evaluable o la ley que autoriza la retribución a sus legítimos propietarios en Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas franquistas y depositados en un archivo de la ciudad castellana de Salamanca. Todos estos temas, de muy diversa naturaleza, han sido utilizados para polarizar a la opinión pública y crear un clima de crispación que ha acabado contaminando casi todos los debates e instituciones. Incluso la Iglesia Católica ha saltado al ruedo por voluntad propia y se ha alineado al lado de algunas opiniones políticas que coinciden con las del PP, liderado por Mariano Rajoy.



Las reformas estatutarias revisan la asignación de competencias y recursos

Durante la segunda etapa de gobierno de José Maria Aznar, entonces presidente del Partido Popular, entre los años 2000 y 2004, en la que disponía de mayoría absoluta, dos de las tres autonomías históricas reconocidas en la Constitución española, País Vasco y Cataluña, empezaron a gestar la reforma de sus estatutos de autonomía. Eran la respuesta a las políticas centralistas del Gobierno de España, que dificultaban, según estas comunidades, el pleno desarrollo de la autonomía prevista en sus estatutos respectivos. Fue entonces cuando las tesis de volver a plantear un nuevo pacto con el Estado que garantizara las competencias y los recursos sin estar a merced de la voluntad del Gobierno central comenzaron a cuajar. Los trabajos para modificar los estatutos de autonomía de País Vasco y de Cataluña empezaron. Paralelamente, tras las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, el Gobierno central cambió de signo político y el PSOE accedió a la Moncloa (la residencia del ...


Periodismo Internacional © 2019 | Créditos
Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull