Anuario 2005

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La revisión del modelo autonómico encona la discusión política y provoca la reaparición de viejos fantasma
Gaspar Pericay

presidente del Gobierno español). El Partido Popular mostró su frustración ante la victoria socialista y consideraba que los sanguinarios atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 habían condicionado el voto ciudadano y que, por esa única razón, habían sido apartados del poder. Todavía digiriendo la derrota electoral, el PP se resituó en el nuevo escenario político y se propuso hacer una implacable oposición al Gobierno. Por su parte, el PSOE no tenía la suficiente mayoría parlamentaria para gobernar únicamente con el apoyo de sus diputados, así que necesitaba pactar. Hacerlo con el Partido Popular era impensable para ambos (y para casi todos en España) y hacerlo con los nacionalistas moderados vascos o catalanes tampoco era una opción, ya que eran duros adversarios políticos en esas comunidades autónomas. Así es que únicamente encontró el apoyo en los votos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds (grupo parlamentario de cinco diputados formado, respectivamente, por una agrupación de partidos comunistas y de izquierda de ámbito estatal y por otro partido ecosocialista catalán) y en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, partido independentista catalán con una representación de ocho escaños). Con este curioso escenario político llegaron las propuestas estatutarias al Congreso de los Diputados, el paso previsto después de su aprobación por los respectivos Parlamentos autonómicos.

Por lo que se refiere a la reforma del Estatuto Vasco, ésta fue votada por el Parlamento de Vitoria el último día hábil de 2004. El 1 de enero de 2005, el presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptaba que la propuesta se debatiera en el Congreso de los Diputados para decidir si debía ser admitida a trámite. Pasar por el Pleno del Congreso es el paso normal previsto en el Estatuto y en la Constitución, pero el Partido Popular consideraba que el denominado Plan Ibarretxe era inconstitucional y que no debía ni tan siquiera ser debatido en el Congreso para ser aceptado o no a trámite. Sobre la constitucionalidad del Plan Ibarretxe había pocas dudas entre la clase política española, aunque el Tribunal Constitucional no llegara a pronunciarse oficialmente sobre ello. Y es que esta modificación estatutaria establecía un nuevo marco en las relaciones País Vasco-España. Dejaban de ser las de un Estado soberano con una de sus comunidades autónomas y se convertían en las de dos Estados soberanos que decidían estar ...

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