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Australia
Un inicio de legislatura complicado para Howard
Joan Colàs

El Parlamento de Canberra ha tenido que enfrentarse este último año a dos grandes problemas. Por un lado, la política de inmigración del país austral, que ha tenido que ser revisada tras varios conflictos entre la oposición y diferentes grupos defensores de los derechos humanos; y por otro, la ley antiterrorista que quiere aprobar el Gobierno y que también cuenta con un gran rechazo en el Parlamento.

Después de que Amnistía Internacional denunciara la ley sobre inmigración australiana y de que varias asociaciones defensoras de los derechos humanos protestaran por las situaciones en las que son expulsados los inmigrantes ilegales del país, el Ejecutivo de John Howard decidió modificarla. De modo que, el 23 de marzo, el Gobierno federal presentó una propuesta para que aquellos inmigrantes que pedían residir en el país y se encontraban encarcelados por su situación de ilegal pudieran recibir un permiso de residencia temporal.

El Gobierno, consciente de que muchos inmigrantes habían denunciado al Gobierno australiano por detenerles y expulsarles del país, decidió que si estos deseaban realmente regularizar su situación, lo primero que tenían que hacer era retirar esas demandas y renunciar a cualquier posibilidad de ponerlas en un futuro. Según la nueva ley, se estableció que mientras el Estado estudiaba la resolución del permiso de residencia que pedían los inmigrantes en el país, éstos debían presentarse ante un funcionario del Ministerio de Justicia para demostrar que seguían en el país.

Pese a ello, el primer ministro australiano, John Howard, advirtió que esta reforma de la ley de inmigración no supondría la abolición de la política de detención inmediata, que era la política que el Gobierno conservador de Howard mantenía vigente en el país, al considerar que funciona muy bien. Esta política de detención inmediata establece que todo aquel inmigrante ilegal que fuera detenido por las autoridades australianas sería inmediatamente encarcelado a la espera de ser devuelto a su país de origen. Pero ahora se esperará a que el Departamento de Inmigración y el de Justicia australianos analicen detalladamente los casos de aquellos inmigrantes que estén trabajando en el país.

Este anuncio del líder del partido liberal no satisfizo a la oposición (sobre todo del partido de los Verdes). Pero también supuso un revés para aquellos miembros del Gobierno de coalición entre el Partido Nacional (considerado el partido político más conservador de Australia) y los liberales de Howard. En estos dos partidos había quien protestaba porque consideraba que con esta ley se ayudaba a los inmigrantes ilegales que venían al país, y otros porque les hubiera gustado aprobar una reforma más laxa con los ilegales.

Esta nueva reforma en la ley de inmigración, pues, no logró el objetivo de calmar a la opinión pública ni a las organizaciones defensoras de derechos ...


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