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El Gobierno malayo aplica duras medidas para luchar contra la inmigración ilegal
Joan Colàs

El gran desarrollo económico que está viviendo Malasia durante estos últimos años ha provocado que sea el país del sureste asiático en el que los índices de inmigración crecen cada vez más. El problema es que la mayoría de esta nueva población que llega al país lo hace de manera ilegal y crea grandes problemas al Gobierno. Por este motivo, en noviembre de 2004, el Ejecutivo del primer ministro, Abdulah Badawi, abrió un periodo extraordinario de legalización de inmigrantes para todos aquellos que en esos momentos estuvieran trabajando ilegalmente en Malasia.

El Gobierno aprobó ese año una dura reforma de la ley de inmigración para echar del país a todos aquellos inmigrantes en situación ilegal. Con aproximadamente entre 1.200.000 y 1.650.000 personas extranjeras no regularizadas, Malasia se ha convertido en el país del sureste asiático al que sus vecinos pobres acuden para encontrar una mejor vida. Pero harto de que cada vez sean más los que llegan y se establecen sin respetar la ley, el año pasado el Gobierno de Badawi decidió dar un periodo de regularización que estaba previsto que durara hasta finales de 2004 pero que finalmente se alargó hasta finales de febrero de 2005.

Para hacer eficiente la nueva ley, se llevó a cabo toda una campaña informativa, que finalizó el 1 de marzo, en la que se advertía sobre las consecuencias que podrían sufrir aquellos “sin papeles” que se encontraran en el país una vez llegada esta fecha. Y es que una vez iniciado marzo, el Gobierno de Kuala Lumpur se dedicó a rastrear todas aquellos negocios y empresas en los que el trabajo irregular era más frecuente, es decir, restaurantes, plantaciones y constructoras.

La propuesta parecía funcionar, ya que desde el primer día en que entró en vigor la nueva ley, los cuerpos de seguridad detuvieron a cuarenta personas que estaban trabajando en una obra de las afueras de la capital, Kuala Lumpur, en situación irregular. En tan sólo cuatro meses el recuento de inmigrantes ilegales expulsados ascendía a 50.000, y el Gobierno esperaba detener a otros 400.000 antes de finales de año.

Parte de la población se mostró partidaria de esta medida. Prueba de ello es que miles de voluntarios estaban dispuestos participar en esta especie de campaña de “búsqueda y captura” de inmigrantes ilegales, a la que en un primer momento Gobierno destinó a 25.000 agentes, pero ya anunció que tenía reservados otros 290.000 malayos que estaban dispuestos a colaborar en el rastreo por ciudades, pueblos, e incluso la jungla, por un sueldo de 80 ringgits (24 euros).

Pero las cosas no salieron como Badawi esperaba. Según admitió la Federación de Trabajadores de Malasia y fuentes cercanas al Gobierno de Malasia, durante los cuatro meses de regularización extraordinaria de inmigrantes, cerca de dos tercios no acudieron a las oficinas a solucionar su situación, debido a que muchos de los empresarios no estaban dispuestos a regular su legalización, además de otros muchos que probablemente desconocían esta nueva ley.

Después de largos meses en los ...


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