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El Gobierno malayo aplica duras medidas para luchar contra la inmigración ilegal
Joan Colàs

que las fuerzas de seguridad lograron detener y expulsar del país a miles de inmigrantes, el Gobierno se dio cuenta de que no era tan sensato deshacerse de mano de obra, ya que el 26 de mayo, el ministro del Interior, Azmi Khalid, anunció que necesitaban cubrir 600.000 puestos de trabajo. De esta manera, en agosto, el Gobierno tuvo que conceder situaciones especiales a los inmigrantes expulsados para que volvieran al país a cubrir los puestos vacantes en algunos lugares de trabajo, pero esta vez respetando la ley.

Este fue uno de los últimos problemas, consecuencia de la nueva ley de immigración. El más importante se produjo al inicio de su implantación debido a la dificultad de cerrar el periodo de regularización extraordinaria que abrió el Gobierno en noviembre de 2004. Según el Ejecutivo de Badawi, esta oportunidad de normalizar la situación de los “sin papeles”, en un principio, tenía que finalizar con el año. Pero la demanda fue tan grande, que se tuvo que retrasar el período durante tres veces. Finalmente, la fecha que fijó el Gobierno fue el 1 de marzo de 2005.

El primer ministro malayo quiso dejar claro que, a partir de esa fecha, todo aquel inmigrante ilegal que siguiera en el país se tenía que atener a las consecuencias y a la actitud que adoptarían las fuerzas de seguridad del Estado con ellos.

Estas consecuencias a las que se refería el Gobierno eran bastante duras, ya que según la nueva normativa sobre inmigración toda aquella persona que se encontrara trabajando en una situación ilegal dentro del país se arriesgaba a que los cuerpos de seguridad y la justicia, una vez detenían a los inmigrantes, les podían condenar a cinco años de cárcel, ser multados antes de ser deportados, e incluso los oficiales podían torturar a los inmigrantes menores de 50 años, según establecía la ley.

A esto hay que sumarle las protestas de varias Organizaciones pro Derechos Humanos, ONG, miembros de los partidos de la oposición y los propios inmigrantes, que salieron a la calle a manifestarse contra las condiciones en que estaban siendo tratados los “sin papeles”, y, en especial, los indonesios. Por este motivo, miles de indonesios se concentraron el mes de agosto delante de la sede del Gobierno, en Kuala Lumpur, para criticar la expulsión de inmigrantes del país.

Y es que los inmigrantes indonesios fueron los más perseguidos por las fuerzas de seguridad. No tan sólo porque las personas de esta nacionalidad fueran más, sino por las tensas ...

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