Anuario 2006

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Bolivia
Evo Morales se lanza al control de los recursos energéticos

Pau Cortina

El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), ganaba las elecciones presidenciales bolivianas por mayoría absoluta y se convertía así en el primer líder político indígena que gobierna Bolivia –lo que resulta un hecho paradójico si se tiene en cuenta que los treinta-seis grupos indígenas de este país representan el 70% de la población–. Después de casi un año de mandato, Morales ha confirmado con hechos la máxima aspiración política que se le atribuía: aplicar la Ley de Hidrocarburos aprobada el año 2004 y conseguir, de momento de manera parcial, la nacionalización de los recursos energéticos. Esta política ha tenido efectos positivos en los indicadores macroeconómicos del país. El presidente boliviano, sin embargo, ha asegurado que la traslación de esta mejora a la economía y bienestar de los contribuyentes se empezará a notar a partir del año que viene. Aparte de la lucha por el control de los recursos energéticos, el gran asunto en política interna del primer año de mandato de Morales ha sido el debate sobre la posible reformulación de la organización territorial de Bolivia. En este debate, donde se enfrentaban básicamente los partidarios de la descentralización y la creación de autonomías con el frente centralista representado por el Gobierno, se ha impuesto el último, en un proceso que no ha estado exento de controversia por el cambio de criterio a última hora de Morales y su partido.

En la toma de posesión, el 22 de enero, Morales declaró “el fin del estado colonial”. Con proclamas como esta el presidente se fue ganando, aún más, la desconfianza de las empresas petrolíferas que operan en el país, la brasileña Petrobras, la francesa Total y la hispano-argentina Repsol YPF (y en menor medida BP, BG y Exxon), y dejó claro que la voluntad de llevar a cabo la nacionalización del sector donde operan estas tres empresas era firme. Hasta hacer efectivo este “control total” de los hidrocarburos, el mes de mayo y mediante el “decreto 28701”, el principal conflicto se produjo con Repsol YPF, cuyos directivos se pronunciaron en contra de la política del Gobierno. La respuesta del presidente boliviano a la actitud reluctante de la compañía –secundada por el Gobierno español, en funciones de mediador– fue la criminalización de sus directivos locales. Primero, la Aduana Nacional demandó la compañía por presunto contrabando de petróleo y se emitió una orden de búsqueda y captura contra el delegado de Repsol en Bolivia. Más adelante la Fiscalía boliviana registró su sede y detuvo dos directivos. Este conjunto de presiones forzaron la dimisión del presidente de Repsol en Bolivia, Julio Gascito, y la intervención en la crisis del presidente de la entidad que posee la mayoría de acciones de la empresa, “La Caixa”, el catalán Antoni Brufau. Desde este momento, Repsol YPF modificó sensiblemente su actitud, entendiendo que era preferible negociar su continuidad en territorio boliviano a pesar de que los beneficios que obtiene en este país cayieran sustancialmente.
     Así, el 24 de marzo, las petroleras internacionales aceptaban –por primera vez– un proyecto de nacionalización del sector “siempre y cuando no pasara por la expropiación y se hiciera concertadamente con el Gobierno”.
     Como se ha dicho anteriormente, este proyecto se formalizó el 1 de mayo con un decreto gubernamental que transfería el control de los hidrocarburos a la “soberanía boliviana”. No obstante, el control total de la gestión y distribución de petróleo que prevé el decreto de nacionalización, y que asumiría la compañía estatal Yacimientos Petroleros y Fiscales de Boliviano (YPFB), no se ha llegado a hacer efectivo aún, ya que el proceso de negociación de renovación de los contratos entre Gobierno y petroleras es lento. Además, la compañía brasileña Petrobras se mostró contraria a “renunciar” a sus “derechos en el territorio boliviano”, ...

Cronología año   2006


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