Anuario 2006

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Un Uribe fortalecido por la reelección explora la vía política con la guerrilla
Pau Cortina

con suficientes garantías de seguridad jurídica una vez desarmados. Así pues, el carácter simbólico esperanzador del abandono del paramilitar más viejo que se conoce, Ramón Isaza, producida el mes de febrero, ha quedado en eso: un acontecimiento aislado. Meses después, en septiembre, se entregaron algunos de los principales líderes de los grupos paramilitares colombianos. Un hecho, este, que ha creado controversia en la opinión pública colombiana porque se desconoce si realmente fue una entrega voluntaria o una detención pactada con el Gobierno.
En cualquier caso, y se cumpla o no el plazo impuesto por la Ley de Justicia y Paz, la desmovilización de paramilitares es un proceso en marcha que se debe atribuir a la voluntad política de Uribe. Lo que ya no está tan claro es que se trate de un proceso irreversible, pues “el estatuto político” especial que se otorga a los paramilitares desmovilizados ni los desposee de los bienes ni de los beneficios económicos obtenidos por el narcotráfico, ni corta con las redes de contacto de estos individuos dentro de los grupos paramilitares. En este sentido, desde la aprobación de la mencionada ley, al Gobierno colombiano le han llovido críticas tanto dentro como fuera del país. Carlos Gutiérrez M., director de la edición colombiana de “Le Monde Diplomatique”, escribía en un artículo publicado en 2005 que la ley de Uribe es una forma encuberta de dar impunidad total a los paramilitares, que se reintegran en la sociedad sin prácticamente ninguna sanción por los crímenes cometidos ni por su vinculación con el narcotráfico. Desde el exterior, las Naciones Unidas, congresistas nordamericanos, editorialistas de todo el mundo y organizaciones pro derechos humanos también han criticado la ley argumentando que pone en peligro la paz, la justicia y el Estado de derecho a Colombia.

Las difíciles relaciones guerrilla-gobierno
Por lo que respecta al proceso negociador con las guerrillas de las FARC y la ELN, la situación se encuentra en una fase mucho más embrionaria. EL Ejército de Liberación Nacional pasa por tener una mayor predisposición a pactar con el Gobierno colombiano y asentar las bases de un proceso de paz que acabe con la violencia y posibilite la reintegración a la sociedad de los guerrilleros. El año pasado la guerrilla dio muestras de esta voluntad negociadora cumpliendo la promesa de desmovilizar la mitad de sus combatientes, unos 11.000 hombres. Desde diciembre de 2005, ELN y Gobierno han mantenido ...

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