Anuario 2000
España
"Aznar logra una mayoría absoluta histórica y ETA extiende su ola de terror"
Gustavo Da Silva

Contra pronóstico, el centro derecha obtuvo sus mejores resultados en unas elecciones legislativas desde el advenimiento de la democracia en España hace 23 años. El Partido Popular (PP) reeditó su victoria de 1996, pero esta vez con una holgada mayoría absoluta; un triunfo personal del presidente del Gobierno, José María Aznar, y de la política económica del autodenominado “centro reformista”.

La contundencia del resultado sumió en una crisis profunda al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), obligado a someterse a una catarsis interna. Un desconocido José Luis Rodríguez Zapatero, de 40 años, ha sido proclamado por sorpresa como nuevo secretario general.
Sin embargo, la política española vive convulsionada por la espiral de violencia que azota al último foco de tensión, junto al Ulster, de la UE: el País Vasco. La organización terrorista ETA (Euskadi y Libertad) ha lanzado su mayor ofensiva en ocho años, haciendo efectiva la ruptura del alto el fuego anunciada en noviembre de 1999. ETA ha asesinado a 23 personas en el 2000 y su estrategia macabra ha golpeado a diversos colectivos sociales como las fuerzas de seguridad, el Ejército, la judicatura, los representantes políticos del PP y PSOE, periodistas, empresarios y funcionarios de prisiones. La extensión de la amenaza se ha completado con la multiplicación de las acciones de terrorismo urbano, un hostigamiento diario, en forma de daños materiales, contra los concejales, empresarios o policías que, según el movimiento radical vasco, “son enemigos de la construcción nacional de Euskal Herria [territorio que integra a Euskadi, Navarra y al País Vasco francés]”.
Pero el mayor triunfo para ETA ha sido la honda división entre los partidos políticos: la consolidación de una etapa de frentismo entre los nacionalistas vascos –que reivindican el derecho de Euskal Herria a la autodeterminación como solución más viable a la violencia– y los constitucionalistas –defensores del marco institucional vigente como pilar de la lucha antiterrorista y garante de las libertades en Euskadi–. La tradicional unión entre los dos bloques ideológicos frente al brazo político de ETA, Herri Batasuna –refundado en la coalición Euskal Herritarrok (EH)–, se ha hecho añicos desde la firma del Pacto de Lizarra, en septiembre de 1998. Una alianza independentista entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) –en el Ejecutivo autónomo desde la recuperación del autogobierno–, Eusko Alkartasuna (EA) –escindido del PNV en 1986–, EH, Izquierda Unida (IU) y un conjunto de sindicatos y organizaciones cívicas.
Lizarra, junto a un acuerdo previo y secreto entre ETA, PNV y EA, hicieron posible un alto el fuego de la banda armada durante catorce meses. Los terroristas acabaron con el periodo de distensión con el pretexto de que el Gobierno del PNV y EA había congelado el proceso soberanista. En esta línea, EH dejó en minoría al Gabinete del lehendakari (presidente), Juan José Ibarretxe, al decidir abandonar nuevamente el Parlamento vasco y retirar el apoyo de sus diputados. Desde entonces, el bloqueo institucional y legislativo en Euskadi ha agravado aún más la tensión social y el enfrentamiento político. Los partidos estatales y constitucionalistas, PP y PSOE, presentaron sendas mociones de censura que, aunque ganaron la votación, no prosperaron al no conseguir la mayoría absoluta de la Cámara autonómica. Ambas formaciones reclaman la urgente convocatoria de elecciones anticipadas.
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, todavía consideran válidos los postulados del Pacto de Lizarra, que implícitamente reconocen que en la causa de la violencia de ETA late un conflicto político; un salto hacia el independentismo que llevaba aparejado la atracción de EH hacia el pleno ejercicio de la política democrática como prólogo de una futura disolución de ETA. No obstante, el precio a pagar ha sido demasiado alto: romper los lazos con PP y PSOE, que representan el 37’6% del Parlamento, una muestra de la pluralidad de la sociedad vasca, y dar un brusco golpe de timón a la posición histórica del PNV, que en la transición a la democracia consensuó con Madrid la renuncia al derecho de autodeterminación a cambio de reinstaurar un amplio sistema competencial y financiero para el País Vasco –llamado de régimen foral–. La cota de autogobierno es, junto a la de Navarra, la más alta respecto al resto de comunidades autónomas (regiones) de España. Las prerrogativas de las instituciones vascas fueron plasmadas en el Estatuto de Gernika, ratificado por un 90’3% de la población en 1979.
Arzalluz, líder del PNV desde hace más de 20 años, defiende esta apuesta con un discurso público incendiario, que en ocasiones recurre a la raíz etnicista de la doctrina fundacional del partido, creado en 1894. A pesar de que ETA decretó el final del alto el fuego, el PNV mantuvo durante unos meses la alianza parlamentaria y los pactos locales con EH. Asimismo, la Administración vasca continuó financiando la asamblea que congrega a los electos de los municipios de Euskal Herria, representantes de los partidos firmantes de Lizarra, denominada Udalbiltza. El Gobierno de Ibarretxe decidió más tarde retirar los fondos públicos a este organismo y el PNV y EA excluyeron a EH de la dirección del mismo.
La posición del PNV ha roto el equilibrio tácito respetado desde la recuperación de la democracia que, por ejemplo, otorgó la figura del lehendakari a un nacionalista a pesar de que los socialistas ganaron las elecciones de 1986. No obstante, el Ejecutivo del PP ha pretendido dogmatizar su política ante el problema vasco. Obstinadamente, Aznar ha sumado a la indiscutible firmeza policial y judicial contra el terrorismo, la estrategia de satanizar al nacionalismo democrático vasco, que como fuerza mayoritaria siempre será clave a la hora de buscar la normalización de la convivencia en Euskadi. El PP ha intentado instrumentalizar de manera partidista la lucha contra ETA, el dolor de las víctimas y las movilizaciones sociales, compaginando la repulsa a la violencia y la defensa de las libertades con la identificación del Gobierno vasco y de las formaciones nacionalistas con ETA. Desde que el lehendakari gobierna en minoría, el País Vasco vive en un clima preelectoral. En este contexto, Aznar ha designado como candidato virtual del PP al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, a la sazón el máximo responsable de la política antiterrorista y látigo del PNV.
Rompiendo con el inmovilismo y ante la ausencia de un foro que reuniese como antaño a los partidos demócratas, el nuevo líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha impulsado el  Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Los socialistas y el PP elaborarán conjuntamente la estrategia antiterrorista, alejándola de la confrontación partidista, y proclaman que “ETA no extraerá de la violencia ningún rédito político”. El PNV y el lehendakari se apresuraron a rechazar el pacto por “excluyente”, ya que los dos partidos estatales no colaborarán con los nacionalistas hasta que no renuncien explícitamente a Lizarra. Aunque el acuerdo está abierto a otros partidos, IU y los nacionalistas catalanes no lo han suscrito porque se negoció bilateralmente y hace muy difícil la adhesión del PNV.


Un triunfo del voto pragmático sobre el voto del miedo

La inesperada mayoría absoluta del PP se fraguó durante una legislatura marcada por el éxito de la política económica del Gobierno de José María Aznar. La sociedad española valoró positivamente la oferta continuista de los conservadores, que abanderaron el pragmatismo de su gestión y la frialdad de los números. Por ejemplo, una progresiva reducción del desempleo, que se situó en el 13’7% en septiembre del 2000, según la Encuesta de Población Activa, la tasa más baja en 20 años. Este dato, unido al buen ritmo de la economía –un crecimiento del 4’1% en el 2000–, facilitaron la rebaja del impuesto sobre la renta o de los tipos de interés de las hipotecas, la subida de las pensiones y, en último término, la entrada de España en el euro. Tras el veredicto de las urnas, se ha extendido la opinión de que los españoles votaron más pensando en el bolsillo que en las opciones ideológicas. Desde el final de la dictadura, la modernización del país y la expansión del bienestar han alumbrado una gruesa clase media. El recurrente discurso de la izquierda apelando al voto del miedo, referente a la amenaza que suponía el ascenso de la derecha reaccionaria heredera del franquismo, perdió su efectividad ante el meritorio balance del primer mandato del PP. La apresurada y poco convincente alianza entre PSOE e IU para formar Gobierno tras los comicios tampoco logró movilizar al electorado progresista.


Cronologia año  2000
15 de enero. La Asamblea General del PNV aprueba por unanimidad su objetivo político para los próximos años: el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria, a partir del marco legal vigente, y su ejercicio mediante un referéndum.

21 de enero. ETA hace efectiva la ruptura del alto el fuego, anunciada dos meses antes, y asesina a un militar en Madrid.

22 de febrero. ETA asesina en Vitoria al portavoz socialista en el Parlamento vasco y a su escolta. En medio de la campaña electoral, la división entre los partidos demócratas se escenifica con la celebración de dos manifestaciones de condena distintas: una, convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y la otra, por PSOE y PP.

12 de marzo. Elecciones legislativas: Partido Popular (PP), 44’5% de votos y 183 escaños –27 más que en 1996–; Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 34’1% y 125 escaños –16 menos–, el candidato Joaquín Almunia dimite como secretario general; Convergència i Unió (CiU) –nacionalistas moderados catalanes–, 4’2% y 15 escaños –uno menos–; Izquierda Unida (IU) –ex comunistas–, 5’5% y 8 escaños –13 menos–; Partido Nacionalista Vasco (PNV), 1’5% y 7 escaños –dos más–; otros, 12 escaños. Participación: 70% –siete puntos menos que en 1996–. Resultados en Euskadi: PNV, 30’4% –sube un 5’4%–; PP, 28’2% –sube un 9’9%–; PSOE, 23’3% –baja un 0’4%–; Eusko Alkartasuna (EA), 7’6% –baja un 0’6%–; IU, 5’5% –baja un 3’7%–. Participación: 64’4% –siete puntos menos que en 1996–. Euskal Herritarrok (EH) no presenta candidaturas y promueve la abstención.

7 de abril. EH retira su apoyo parlamentario al Gobierno vasco, dejándole en minoría.

22 de julio. José Luis Rodríguez Zapatero, nuevo secretario general del PSOE.

13 de septiembre. El juez Baltasar Garzón dirige una operación policial que detiene a 20 dirigentes y colaboradores de EH, acusados de formar la estructura política de ETA en España, el colectivo Ekin.

15 de septiembre. Detenido en el sur de Francia Iñaki de Rentería, el número uno de ETA, según el Ministerio de Interior.

16 de noviembre. El Congreso de los Diputados (Cámara Baja del poder legislativo) aprueba una ampliación de la legislación antiterrorista. El Código Penal aumenta determinadas condenas y contemplará como nuevos delitos la violencia callejera, así como enaltecer o justificar las acciones terroristas para humillar a las víctimas o a sus familiares. PP y PSOE votan a favor; PNV y EA, en contra.

21 de noviembre. ETA asesina en Barcelona al ex ministro socialista Ernest Lluch, una personalidad destacada de la esfera política y académica, con vínculos de amistad en Euskadi. Una manifestación de repulsa al atentado reúne a un millón de personas que reclaman, ante Aznar e Ibarretxe, que los partidos demócratas reanuden el diálogo, tal como defendía el propio Lluch.

24 de noviembre. El Congreso aprueba con los votos favorables del PP, CiU y Coalición Canaria, y los votos en contra del PSOE, IU, PNV y el Grupo Mixto, la reforma de la Ley de Extranjería (Inmigración). El Gobierno no alcanza el consenso con la oposición de izquierda al no reconocer en la nueva legislación algunos derechos fundamentales –manifestación, sindicación y huelga– a los inmigrantes irregulares. La reforma, auspiciada por el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, endurece los procesos burocráticos de regularización y, a su vez, aligera los procedimientos de expulsión, lo que en la práctica dificulta el derecho a la tutela judicial efectiva de los inmigrantes clandestinos. Durante el 2000, murieron unas 50 personas procedentes de África que trataban de cruzar el Estrecho de Gibraltar para entrar en España y un millar fueron rescatadas.

12 de diciembre. PP y PSOE firman, ante José María Aznar, el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo.

 


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