Anuario 2000
Francia
"Jospin desafía la tradición centralista e impulsa un poder legislativo para Córcega"
Gustavo Da Silva

El socialista Lionel Jospin está decidido a dejar su impronta en su paso por la Jefatura del Gobierno francés. En una apuesta de gran valentía política, el primer ministro ha abierto la puerta a que la isla de Córcega tenga capacidad legislativa a partir del 2004. Esta potestad, que en el resto de Europa está en mayor o menor grado reconocida, adquiere una especial significación en Francia, el país más centralizado de la UE.
La iniciativa ha conmocionado a los centinelas del espíritu jacobino de la República –defensor a ultranza de la libertad e igualdad entre ciudadanos, por encima de las aspiraciones nacionalistas de alguna comunidad–, hasta el punto de provocar la dimisión del ministro de Interior, Jean-Pierre Chevènement.

Ésta no ha sido la única baja en el Gabinete multicolor de Jospin –llamado de la izquierda plural–, quien ha consumado otras dos remodelaciones. El cambio más destacado ha sido el aterrizaje en la cartera de Economía de Laurent Fabius. El que fue primer ministro en los años ochenta ha patrocinado una gran reforma fiscal que pretende ganarse el favor de las clases medias. Un guiño con la vista puesta en las elecciones legislativas y presidenciales del 2002, donde Jospin parece estar dispuesto a medirse a Jacques Chirac para intentar poner fin a la cohabitación. De acuerdo con este objetivo, el primer ministro ha cambiado el calendario electoral y su probable duelo con Chirac en las presidenciales se celebrará un mes antes que las legislativas.

La esperanza corsa

La pequeña isla mediterránea de Córcega, de 260.000 habitantes, finalmente se ha hecho escuchar en París. No a través del eco de la violencia, sino gracias a una paciente negociación política a tres niveles. El primero, entre el atomizado movimiento nacionalista, que consiguió converger en una sola voz: la coalición Corsica Nazione. El siguiente, entre la mayoría de partidos representados en la Asamblea regional –desde las formaciones de izquierda y de derecha de obediencia estatal, a los nacionalistas–, que consensuaron una reivindicación a favor de más autonomía. Y el último nivel, el más relevante, entre los políticos corsos y el Gobierno francés.

El balance deja lugar a la esperanza: el compromiso de acometer, en el 2004, las necesarias reformas constitucionales para que las instituciones insulares tengan la prerrogativa de enmendar leyes de la Asamblea Nacional (Parlamento francés) y adaptarlas a la realidad corsa. Estas modificaciones, limitadas a algunas áreas, serían definitivas y no necesitarían pasar el filtro de París. Entre el 2002 y el 2004, este sistema será experimental para que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional comprueben la diligencia de la Asamblea corsa en la gestión de sus competencias. El Estado se reserva el derecho a suspender unilateralmente la aplicación de esta fase de prueba. Todas las partes condicionan la nueva etapa al establecimiento de una “paz civil duradera”. En este sentido, siete grupos terroristas mantienen, desde el inicio del proceso en diciembre de 1999, un alto el fuego indefinido.

La lucha armada se remonta a 1976, con la creación de la principal banda paramilitar, el Frente Nacional de Liberación Corso. Desde entonces, han proliferado facciones clandestinas que evolucionaron hacia la delincuencia organizada. Una dinámica mafiosa que se recrudeció entre 1993 y 1996, causando 20 muertos. Paralelamente, los atentados contra edificios oficiales se multiplicaron, pero el punto de inflexión de esta escalada violenta lo marcó el asesinato del prefecto –delegado del Gobierno– Claude Erignac, en febrero de 1998. Su sustituto, Bernard Bonnet, designado por Chevènement, alentó una guerra sucia, descubierta tras la quema de comercios ilegales por parte de la policía. La respuesta fue una oleada de acciones armadas –unas 150, en 1999– que, sobre todo, causaban desperfectos materiales.

Al contrario de anteriores Ejecutivos, que incluso llegaron a pactar en secreto el cese eventual de las hostilidades a cambio de entregar dinero y dejar en libertad a activistas detenidos, Jospin afrontó el problema con ánimo resolutivo. Consciente del enquistamiento del conflicto, la actitud caciquil de los funcionarios públicos enviados desde París y la decadencia económica de la isla, decidió inaugurar un nuevo periodo de distensión que ha conducido al llamado Acuerdo de Matignon (sede del primer ministro).

La referida capacidad parcial de legislar sólo es factible en la política de ordenación territorial, desarrollo económico, turismo, medio ambiente, transportes, infraestructuras y quizás, la más importante, educación. Por primera vez, la enseñanza del corso –dialecto italiano– se va a impartir en la escuela primaria. El corso, usado mayoritariamente en la comunicación oral, es una lengua regional que, como el bretón, el alsaciano, el euskera o el catalán, ha padecido una asfixia histórica por parte de las autoridades francesas. Asimismo, los términos del acuerdo incluyen la instauración de una “colectividad territorial única”, esto es, una unidad administrativa para toda la isla, ya que actualmente se divide en dos departamentos. También se prevé la elaboración de un plan de inversiones públicas a 15 años vista. Los representantes corsos creen que las reformas institucionales deben complementarse con el reflote de la economía local, basada en el sector turístico y la agricultura, y condicionada por un alto índice de paro del 12%.

La operatividad de algunas células disidentes del terrorismo corso constituye la principal amenaza al proceso de autonomía y pacificación. A pesar de este obstáculo, en el 2004 la cesión de soberanía o la unidad administrativa comportarán la reforma de la Constitución, que deberá ratificar un referéndum. El alcance histórico de la nueva aventura corsa ha soliviantado a los adalides de la homogeneidad de la República, que temen un efecto dominó. La oposición radical a la iniciativa unió a la gaullista Unión por la República (RPR) –el partido de Chirac– y al ministro Chevènement, que para no traicionar sus convicciones presentó la renuncia.

La salida de Chevènement dejaba al Gobierno de la izquierda plural –socialistas, comunistas, verdes y radicales– sin ningún miembro del minoritario Movimiento de los Ciudadanos –garante del jacobinismo–. Pero lejos de debilitarlo, los relevos de Jospin en su Gabinete (ver Cronología) han corroborado su habilidad para vertebrar distintas sensibilidades políticas. La incorporación más destacada ha sido la de Laurent Fabius al Ministerio de Economía; en la práctica se convertía en número dos del Gobierno. La decisión presentaba dos lecturas de fondo: una, partidista, ya que Fabius está forjado en el socialismo del ex presidente François Mitterrand, una corriente marginada hasta ese momento por Jospin; la otra, ideológica, porque el ministro predica un talante social liberal.

El estreno de Fabius trajo consigo la aprobación de una reforma tributaria que pretende rebajar los impuestos en 3 billones de pesetas entre el 2001 y el 2003. Amparado en las previsiones de crecimiento de la economía, el Ejecutivo pretende compatibilizar la reducción de los tipos impositivos con el incremento del gasto público –sobre el 1’5% al año–.


Una nueva semana laboral con la meta en el pleno empleo

Tras dos años y medio de negociaciones, Francia se ha convertido en el primer país del mundo en aplicar por ley la semana laboral de 35 horas. Esta fue la gran propuesta del programa electoral que llevó al socialista Jospin a Matignon, en junio de 1997. Su puesta en práctica va a acarrear un desembolso de 1’6 billones de pesetas para la Administración, 1’14 billones financiados a través de los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco. El 2000 ha sido un año experimental en el despliegue de esta pionera legislación. Las empresas involucradas –por ahora sólo las de más de 20 trabajadores– que han adoptado la nueva norma han sido una minoría. El grueso de sociedades ha mantenido la semana laboral de 39 horas, a costa de tener que pagar cuatro de éstas como horas extra y de aumentar un 1% el sueldo anual de sus asalariados; éste deberá ascender un 25% a partir del 2001 de persistir las 39 horas. Según los primeros informes oficiales, el sobrecoste para los empresarios sólo se ha encarecido un 0’5%, gracias, entre otros, a los incentivos fiscales a la contratación y al incremento de la productividad. Las buenas perspectivas del mercado laboral están siendo avaladas por la progresiva reducción del desempleo –en mayo del 2000, tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la tasa de paro era del 9’8%, cuando Jospin heredó un 12’6%–. El porcentaje de desocupados sobre la población activa es el más bajo desde 1991.

Una huella de corrupción que apunta al Elíseo

Negros nubarrones se ciernen sobre el Elíseo, residencia del presidente de la República, Jacques Chirac, al tiempo que las investigaciones judiciales desentrañan la red de financiación irregular del partido que fundó, el RPR. Beneficiado hasta ahora por la inmunidad de su cargo, Chirac ve comprometida su carrera hacia la reelección. El RPR habría ingresado en sus arcas millones de francos a través de comisiones ilegales durante la etapa de Chirac como alcalde de París. Generosas donaciones denunciadas por una ex recaudadora del partido gaullista. Según su testimonio, estos fondos eran las compensaciones que las empresas abonaban tras haberse adjudicado las obras públicas para construir y restaurar viviendas sociales de la capital francesa. La polémica creció abruptamente cuando la prensa publicó la confesión de un intermediario registrada en un video póstumo. El comisionista afirma haber entregado unos 900 millones de pesetas al RPR durante siete años; de este montante, 127 millones en el Palacio de Matignon, en presencia del propio Chirac, quien compaginaba la Jefatura del Gobierno con la alcaldía de París. La justicia también indaga otra presunta vía de ingresos fraudulentos de los gaullistas: el pago de sueldos, procedentes del Ayuntamiento y de compañías constructoras, a trabajadores del partido por tareas ficticias. En este sumario abierto está imputado el ex primer ministro Alain Juppé, que entonces era responsable de finanzas del consistorio y secretario general del RPR, y Michel Roussin, ex jefe de Gabinete de Chirac.


Cronologia año  2000
28 de enero. El ex ministro de Economía del Gobierno de Jospin, Dominique Strauss-Kahn, procesado por el caso Elf, un macrosumario sobre la entrega de comisiones ilegales que involucra a miembros de la clase política francesa de la etapa del socialista François Mitterrand.

1 de febrero. Entra en vigor la ley sobre la semana laboral de 35 horas.

1 de marzo. Roland Dumas dimite como presidente del Tribunal Constitucional. Estaba procesado desde abril de 1998 por el caso Elf.

27 de marzo. Jospin remodela su Gabinete. Laurent Fabius releva en Economía a Christian Sautter, desgastado por las protestas de los funcionarios de Hacienda. Jack Lang sustituye en Educación a Claude Allègre, incapaz de terminar con las movilizaciones del profesorado. Los ministerios de Cultura y de Función Pública también tienen nuevos inquilinos, Catherine Tasca y Michel Sapin, respectivamente.

20 de julio. El Gobierno y los representantes de la Asamblea corsa acuerdan en Matignon las líneas maestras del proceso de autonomía.

29 de agosto. Dimite Jean-Pierre Chevènement, ministro de Interior. Le sustituye Daniel Vaillant.

24 de septiembre. Referéndum para reducir el mandato del presidente de la República de 7 a 5 años a partir del 2002. Resultado: a favor, 73’2%; en contra, 26’8%. Participación: 30’5%.

18 de octubre. Martine Aubry abandona la cartera de Empleo y Solidaridad para aspirar a la alcaldía de Lille. Le releva Elisabeth Guigou, hasta entonces titular de Justicia. Su vacante la cubre Marylise Lebranchu.

29 de noviembre. El Gobierno presenta el anteproyecto de ley sobre Córcega. Se tramitará en la Asamblea Nacional a partir de abril del 2001.

8 de diciembre. La Asamblea corsa aprueba por amplia mayoría el anteproyecto del Gobierno. Presenta unas 50 enmiendas parciales.

 


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