Anuario 2001
Sudáfrica
"El presidente Mbeki aplica recetas liberales y consolida las desigualdades"
Roger Pi

En Sudáfrica todavía conviven dos mundos: el primero, rico y desarrollado, integrado por la minoría blanca; y el segundo, integrado por negros que no han accedido al reparto de la riqueza que prometía el final del “apartheid” y que viven en condiciones de subdesarrollo. Las iniciativas del presidente Mbeki, sucesor de Mandela desde que éste abandonó el cargo en 1997, de crear una clase media negra y de reducir la pobreza que asola la población, contrastan con su firme adhesión a las políticas neoliberales y a la adopción de medidas restrictivas respeto al gasto público.
El principal de sus objetivos, el de la reforma agraria para que los negros puedan encontrar su sitio en la nueva economía de mercado sudafricana, todavía no se ha alcanzado. El Gobierno se había fijado como objetivo distribuir, hasta el 2014, el 30 por ciento de las tierras del país entre la población negra a través de la compra o de la expropiación de las granjas de los blancos, pero a pesar de la disposición de los blancos a vender o ceder el 6 por ciento de la tierra, la reforma no avanza.
Mbeki tampoco ha sabido hacer realidad el llamado “Black Empowerment”, unas medidas para incentivar empresas destinadas a la población negra que no han obtenido ningún éxito. Y mientras la mitad de los sudafricanos viven en la miseria, los blancos abandonan el país por la carencia de estímulos o desesperados ante la oleada de ocupación de tierra. El empobrecimiento generalizado también ha comportado un incremento de la violencia y de la inseguridad, y Sudáfrica se sitúa ahora en uno de los primeros lugares del “ranking” de países más peligrosos del planeta. Este fenómeno deriva de la violencia heredada del “apartheid” y de la pobreza que alimenta los sentimientos xenófobos contra las oleadas de inmigrantes procedentes de otros países del área sudafricana mucho menos desarrollados. Aun así, Sudáfrica, contrariamente al resto de países africanos, ha construido estructuras estatales sólidas dotadas de medios legales para proteger los derechos humanos. Su Estado federal, estructurado en nueve provincias, se caracteriza por el respeto a las minorías y las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas.

Las promesas olvidadas
Nelson Mandela puso en marcha en 1996 un plan de redistribución de la riqueza para desarticular la estructura financiera que había construido el “apartheid”, e intentó solucionar los graves problemas de desocupación y de déficit del Estado. Estos programas, que eran una interpretación autóctona de los de ajuste estructural (PAE) del Banco Mundial, se llamaron Planes de Estrategia de Crecimiento, Ocupación y Redistribución (GEAR). Se basaban, sobre todo, en la búsqueda de una nueva manera de plantear el sistema económico del país, basado en una estricta disciplina fiscal y un alto crecimiento nacional.
Pasados cinco años y con la llegada al poder de presidente Mbeki, los GEAR no han cumplido ninguna de las promesas de desarrollo social, ni ha conseguido los hitos fiscales que se proponían. Los diseñadores de los GEAR auguraban la creación de 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo para el año 2000, pero en realidad la economía creó más de medio millón de nuevos desocupados. A la vez, la distancia entre clases sociales ha aumentado, y en 2001 el 20 por ciento de la población recibió más de la mitad de la riqueza, mientras que el 20 por ciento más pobre tan sólo el 3,1.
Las campañas neoliberales impuestas por los GEAR, fruto de las condiciones del Banco Mundial, lejos del propósito de los primeros arquitectos económicos, han ayudado a perpetuar el sistema económico del “apartheid”, y los granjeros blancos todavía mantienen los privilegios heredados en forma de tierras. En la Sudáfrica rural, 19 millones de personas viven en una tierra que legalmente no les pertenece, y la mayoría de las tierras de cultivo, donde habita la mitad de la población sudafricana, pertenecen a 60 mil granjeros blancos.
El 1994, el Gobierno creó un programa de reforma agraria en tres etapas para redistribuir estas tierras, pero en 2001, sólo un 1 por ciento de los casos ha finalizado con éxito. Fracasados los intentos, el Gobierno prueba ahora una fórmula que tiene que servir para hacer que las tierras pasen a manos negras, e intenta crear una nueva clase de elite de agricultores negros que no mejorará nada y dejará en la misma situación a la masa agrícola del país. El plan exige que el granjero disfrute de "contribución propia", es decir, que demuestre que tiene recursos, para poder acceder a los subsidios estatales de la reforma agraria, lo cual discrimina a la mayoría de la población.
Fruto de esta situación Sudáfrica vive una oleada de ocupaciones de tierra. Ante la carencia de progresos en las iniciativas de reparto, miles de sudafricanos, desesperados por la pobreza y animados por el partido de la oposición, el Congreso Panafricano (CPA), ocupan los terrenos gubernamentales y particulares en los alrededores de las capitales del país. El CPA, que en 2001 inició una campaña basada en cobrar a cada una de las familia, que se instala en los territorios tres dólares para poder registrar el trozo de tierra a su nombre, ha pedido repetidamente al Gobierno que convoque una reunión urgente con todas las facciones políticas para que el proceso avance. Con el dinero que recoge, el CPA asegura que pagará los gastos legales que derivan de las órdenes gubernamentales de desalojo, y que se hará cargo de hacer llegar la red hidrológica a los terrenos ocupados.
Las iniciativas para traer agua potable a la población han seguido el mismo camino que las de redistribución de la riqueza. Después de que Mandela consiguiera que la red de agua potable llegara a un 80 por ciento de las poblaciones, el Gobierno de Mbeki ha aplicado una política para cobrar el suministro y ha privatizado los servicios de agua y gas. El hecho de que la población no pueda pagar las tasas ha provocado una grave epidemia de cólera que se propaga hacia las fuentes y estanques de agua gratuitos. Paradójicamente, algunas comunidades negras, que durante el “apartheid” disfrutaban de agua potable gratuita, la han tenido que pagar durante el año 2001.

La GEAR: una marcha atrás
Durante los primeros años de funcionamiento de la nueva Constitución sudafricana, redactada por todos los grupos étnicos y partidos políticos entre 1990-1993 y adoptada en 1995, el Gobierno de Mandela se dedicó principalmente a construir instituciones que se encargaban de la transformación del sistema racista.
La primera política en este sentido fue un efímero Programa de Reconstitución y Desarrollo, que fijó objetivos ambiciosos para erradicar las desigualdades. Según el Gobierno, este plan todavía sigue en marcha, pero los analistas coinciden en asegurar que la entrada en vigor de los GEAR ha de conseguir que disminuya la intervención del Estado en proyectos para el desarrollo, y ha hecho que se inicie una oleada liberalizadora de la economía que deja casi toda la iniciativa al capital privado. El Gobierno de Mbeki ha apostado firmemente por los GEAR como receta milagrosa para la creación de un mercado moderno de estilo occidental que, teóricamente, debe corregir de forma natural los desequilibrios del colonialismo y del “apartheid”.

La guerra del sida
Pero uno de los problemas que afectan más gravemente al desarrollo de Sudáfrica es la expansión del sida. El 6 por ciento de la población de edad activa, entre 15 y 29 años, es seropositiva, y la perspectiva para los próximos años es muy preocupante. Se estima que el año 2008 la esperanza de vida se habrá reducido de 60 a 40 años, y en el año 2010 habrá dos millones de huérfanos. Según estos cálculos, muchas de las empresas, sobre todo las mineras, habrán perdido el 50 por ciento de su mano de obra en 10 años. En Sudáfrica, 5 de los 43 millones de habitantes son seropositivos, y cada día hay 1.500 nuevas infecciones.
La lucha del Gobierno contra la expansión de la enfermedad se inició a principios de los años 90, cuando varios grupos de presión empezaron a exigir medicamentos contra el virus gratuitos, para las embarazadas y las víctimas de violaciones portadoras del virus que causa el sida (VIH) con la idea de impedir las 20.000 nuevas infecciones en recién nacidos cada mes. La reacción del Gobierno fue esquizofrénica. Por un lado, inició acciones contra las compañías farmacéuticas que hacían el agosto vendiendo medicamentos contra el sida en Sudáfrica, pero de otra se negó a suministrar de manera gratuita los fármacos e incluso clausuró proyectos civiles que ofrecían tratamientos a los hospitales públicos. La oposición al tratamiento gratuito no se basa, decían, en los gastos que debería afrontar el Estado, sino en la opinión de una minoría científica sudafricana, próxima al Gobierno, que considera que el VIH no es la causa del sida, y que los medicamentos contra este no son nada beneficiosos para el cuerpo humano.
Finalmente, tras una larga y amarga batalla judicial contra las farmacéuticas, que finalizó en las postrimerías de 2001, y en la que las multinacionales defendieron sus patentes con ahínco, el Gobierno consiguió el derecho de suministrar las vacunas contra el virus. En parte la victoria se debió a la presión internacional contra las farmacéuticas, que consiguió que estas retiraran las iniciativas judiciales para derogar la ley contra las patentes.
Aun así, Mbeki -que siempre luce un lazo rojo en la solapa- no inició la campaña de reparto gratuito. La versión oficial aseguraba que el presidente había leído en Internet que los medicamentos contra el VIH no eran efectivos. La verdad, sin embargo, es que el Gobierno sudafricano no se puede hacer cargo de los gastos médicos de seis millones de infectados. En diciembre de 2001, otra sentencia judicial del Tribunal Supremo de Pretoria, fruto de la denuncia de varias ONG contra el Gobierno, forzó al Ejecutivo de Mbeki a distribuir los medicamentos de forma gratuita a las embarazadas seropositivas. De esta manera, las ONG quieren evitar que nazcan cada año 70.000 bebés infectados, que a la larga multiplican el problema y los gastos.
Ahora el Gobierno se ve obligado no sólo a suministrar los medicamentos, sino a pasar cuentas sobre el desarrollo del proyecto de suministro público a la justicia durante el próximo mes de marzo de 2002. Ante esta situación, en noviembre, el Ministerio de Sanidad se vio obligado a reconocer públicamente que no tiene los suficientes recursos humanos, sanitarios y financieros para generalizar el suministro.
La sentencia llegó en un mal momento para Mbeki. El presidente se vio envuelto en un escándalo de corrupción por la compra de armas por valor de más de un billón de pesetas, mientras la moneda se devaluaba. Para dar más dramatismo a los problemas, uno de los líderes del TACO, la organización antisida, contrajo la enfermedad y se niega a tomar medicamentos hasta que el Gobierno no los distribuya de manera gratuita a toda la población.

Xenofobia en el país de la privatización
El racismo blanco sigue siendo el principal obstáculo social, pero el crecimiento de una pequeña elite negra, que es la principal beneficiada del fin del “apartheid”, ha hecho más profunda la fractura entre ricos y pobres. Conforme las elites, tanto negra como blanca, se reparten la riqueza del país, la mayoría de la población, sobre todo los pobres, recurren al nacionalismo para explicar las causas de su padecimiento. Este hecho agrava la división existente entre los 11 grupos lingüísticos del país y alimenta la xenofobia contra los inmigrantes de los países vecinos.
Como los gobernantes pretenden reinsertar el país en el mapa mundial, muchas de sus políticas nacionales, así como la hostilidad de su población, generan la percepción de que Sudáfrica se está convirtiendo en un país con una economía agresiva que busca explotar el resto del continente.
En la Administración sudafricana también hay quien considera que Pretoria tendría que dar prioridad a los asuntos internos del Estado más que buscar soluciones globales para los países del alrededor o gastar recursos propios para el desarrollo de los vecinos. La política de Thabo Mbeki coincide plenamente con esta opinión, y va abandonando paulatinamente los esfuerzos para recuperar toda la zona de influencia de Sudáfrica. Con la economía del país sumida en una de las peores crisis desde el fin del “apartheid”, Mbeki sabe que antes de iniciar aventuras continentales tiene que solidificar las bases de su Administración y, para ello, poner en marcha los nuevos sectores económicos del país, es decir, la creación de una clase media y trabajadora con buenas condiciones de vida. En caso contrario, Sudáfrica puede convertirse en un país más de la lista de países subdesarrollados de África, porque sin clase media sus industrias no tienen mercado para colocar la producción, y si dependiera exclusivamente de la venta de materias primas, el país podría padecer los efectos más sangrantes de la globalización.
La cada vez más numerosa colonia inmigrante, que ve en Sudáfrica -un país semidesarrollado en medio del Tercer Mundo- oportunidades de oro, padece la enfermedad del odio. Los ataques xenófobos de la mano de la población trabajadora pobre son cada vez más frecuentes, mientras que los Estados limítrofes se preocupan al ver cómo despierta un gigante comercial que puede desestabilizar y, si quiere, hundir sus economías basadas en la venta de materias primas.
Por eso Sudáfrica ha intentado, durante los últimos años, emitir un discurso menos prepotente, de manera que no se enciendan los recelos de los países que dependen de su bonanza económica pero que pueden desestabilizar la zona. En este contexto, Sudáfrica, por un lado, actúa activamente para encontrar soluciones políticas a los conflictos armados del continente, pero, por otro lado, es enormemente reticente a enviar tropas a otros países o a participar en misiones de paz. Al fin y al cabo, lo que Sudáfrica evita es un examen militar que muestre sus debilidades, tal y como pasó en una operación en Lesotho, en 1998, para evitar un golpe de Estado.
(Texto traducido del catalán por Juan Salvador Martínez)


Los escándalos de Winnie Mandela

Winnie Nadikizela Mandela, ex mujer del máximo artífice de la caída del sistema racista en Sudáfrica, volvió a aparecer en los medios de comunicación internacionales por otro caso de corrupción. Un tribunal de Pretoria ordenó su detención en el mes de octubre tras acusarla de 60 casos de fraude y 25 de robo, por un valor de 120.000 dólares. Winnie Mandela, presidenta de la Liga de Mujeres del Congreso Nacional Africano (LDCNA), respondió por su implicación en varios delitos comerciales. Según el fiscal, tanto Winnie como otros cómplices habían cobrado créditos bancarios a nombre de trabajadores de la Liga de manera fraudulenta. La antigua “madre de la nación”, nombre honorífico con que la población sudafricana denominaba a la mujer de Mandela durante los años de la lucha por la liberación, ya se había encontrado con los tribunales en otras ocasiones. En 1991 fue condenada a seis años de prisión por el secuestro de cuatro activistas jóvenes de la oposición al partido de su marido. No obstante, un año más tarde la pena le fue conmutada por una multa simbólica. Winnie está considerada como una de las políticas con más carisma de Sudáfrica y cuenta con fuerzas seguidoras en los sectores más extremos del CNA, aun cuando los escándalos han hecho que fuese destituida en numerosas ocasiones de sus cargos políticos.

El partido del “apartheid” no tiene sitio en la nueva Sudáfrica

El Partido Nacional (PN), que monopolizó el Gobierno durante el “apartheid” (1958-1994), no encuentra su sitio en la nueva Sudáfrica y está a punto de desaparecer. La antigua formación segregacionista sólo ha conseguido desastres electorales desde hace siete años, y ahora se debate entre unirse a sus viejos enemigos de la liberación negra o cerrar filas con los rivales de la oposición blanca, en un último intento de sobrevivir. La crisis, que puede conducir a la desaparición del partido de De Clerk, se desencadenó en noviembre pasado después de que algunos de sus máximos dirigentes se enfrentaran a la dirección. En ese momento, el actual líder, Marthinius Van Schalkwyk, anunció su intención pactar con el Gobierno. Creado en 1912 por el general Barry Hertzog, el PN ha simbolizado durante el siglo XX la mentalidad segregacionista de los sudafricanos de origen europeo. En 1958, el presidente Hendrik Verboerd, institucionalizó el “apartheid” con el propósito de que la minoría blanca no perdiera su identidad y su poder. El voto de negros, mestizos y hindúes se prohibió, y sólo la minoría blanca podía decidir en las urnas. Este hecho significó la consolidación durante décadas del poder del PN, que creó un Estado caracterizado por la opresión racial. El principio del fin del “apartheid” llegó en 1989, cuando el jefe del Estado, Pieter Botha, abandonó la política por motivos de salud, y cedió la presidencia a De Clerk, que se encargó de suprimir lentamente las leyes segregacionistas. La transición concluyó con la llegada de Mandela al poder.

Sudáfrica aspira a liderar el continente

Sudáfrica se ha convertido en un símbolo del renacimiento africano, y esto es debido, en parte, a la lucha contra la segregación racial que ha protagonizado durante la última década, pero también a una superioridad económica que proviene de los tiempos del “apartheid”. Durante la guerra fría, Sudáfrica se convirtió en un constante factor desestabilizador para los gobiernos vecinos, hecho que provocó, a partir de 1975, la creación de un “front line” que luchaba contra el poder económico de la vecina del sur y contra los regímenes racistas de Pretoria y Zimbabue. Un cuarto de siglo después, la nueva Sudáfrica, consciente de su superioridad económica y exitosa en su proceso de democratización, tiene ganas de liderar el continente. Es por eso por que impulsó y se adhirió a la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur. El país, que fue el paradigma de la violación sistemática de los derechos humanos, quiere ser hoy uno de los defensores de la multiculturalidad y de la justicia social. Pero la nueva y gran Sudáfrica tiene dilemas importantes a los que se ha de enfrentar. De un lado, tiene que mantener el equilibrio entre sus anhelos de democratizar el continente y las relaciones externas que mantiene, a veces, con países dirigidos por dictadores sanguinarios y déspotas. Estos serían los casos de Nigeria hasta el año 1995, cuando la represión del general Abacha ya no se podía justificar de ninguna forma y Mandela encabezó la oposición externa al régimen. O como Zimbabue, país gobernado por Mugabe, un personaje que ha olvidado el significado de conceptos como “elecciones libres” u “oposición” y preside un régimen dictatorial y corrupto. El otro reto de Sudáfrica es el equilibrio entre las relaciones comerciales con el norte desarrollado, como lo demuestran las fuertes inversiones del Reino Unido, y el liderazgo de una política económica propiamente africana. La campaña contra las patentes farmacéuticas para facilitar la lucha contra el sida es un ejemplo del papel de responsabilidad que ejerce en un continente especialmente afectado por esta enfermedad. Por otro lado, Sudáfrica también aspira a crear un cinturón de países económicamente fuertes que puedan convertirse en un mercado estable y próspero. El futuro de estas políticas es incierto, porque Sudáfrica puede optar por fortalecer las relaciones con los gobiernos africanos o tratar de articular una política interna y externa autónoma, basada en el compromiso con un verdadero renacimiento africano.


Cronologia año  2001
14 de febrero. Los residentes de Pretoria encabezan una multitud de protestas contra la intención del Gobierno de privatizar el agua. Este hecho se enmarca dentro de la oleada de privatizaciones impuestas por el FMI que tienen como fin conceder créditos para el desarrollo. El Gobierno de Mbeki ha optado por ceder los derechos de la explotación a la compañía Suez-Lyonnaise, lo cual todavía ha levantado más protestas. Mientras tanto, los ocupas de tierras mantienen su pulso particular con el Gobierno.



4 de abril. La presión internacional y del propio Gobierno sudafricano hacen que las compañías farmacéuticas, muy preocupadas por su imagen exterior, retiren las querellas que habían presentado contra la decisión gubernamental de no respetar sus patentes sobre el territorio de la República y fabricar medicamentos genéricos.



3 de mayo. La policía se prepara ante una nueva oleada de ocupaciones tal y como se producen en Zimbabue. La oposición del Congreso Panafricano no sólo apoya la acción, sino que recoge fondos para hacer frente al Gobierno y a los granjeros blancos en los tribunales. Además, la oposición promete ayudas económicas y en infraestructuras a los nuevos granjeros.



3 de octubre. Uno de los líderes del CNA (Congreso Nacional Africano), Tony Yengeni, que encabeza el Departamento de Defensa, protagoniza un escándalo de fraude de dinero público y de tráfico de influencias que afecta a buena parte del partido gubernamental. Yengeni fue descubierto porque tenía, entre otros, un coche de lujo de la compañía DaimlerChrysler, que había resultado beneficiaria de un concurso billonario para fabricar armamento de alta tecnología.



5 de diciembre. El presidente Mbeki da un toque de alerta al máximo dirigente de Zimbabue, Robert Mugabe, para que agilice el proceso de democratización y celebre elecciones limpias. Mbeki cierra de esta manera una peculiar política de no intervención con respecto a su vecino que no ha servido para estabilizar la situación.



14 de diciembre. El Tribunal Supremo de Pretoria falla a favor de las ONG y obliga al Gobierno a facilitar de manera gratuita medicamentos contra el sida a las mujeres embarazadas. Al cabo de pocos días, el Gobierno recurre la sentencia y el Ministerio de Sanidad anuncia que no tiene fondos suficientes para atender a los afectados por la enfermedad.

 


Periodismo Internacional © 2019 | Créditos
Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull