Anuario 2002
Guatemala
"La impunidad gobierna la transición de Guatemala"
Victòria Miró Julià

Guatemala cierra el año con un debilitamiento manifiesto de su incipiente democracia. Mientras algunas organizaciones internacionales alertan sobre lo que ya llaman una fractura de la transición democrática, la MINUGUA (United Nations Verification Mission in Guatemala) hacía público el 28 de agosto un informe en el cual aseguraba que la situación del país había empeorado ostensiblemente. Este órgano de estudio, creado en el marco del proceso de paz, en 1994, a petición del Gobierno y de la guerrilla, la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), verificaba en este análisis que los defensores de los derechos humanos están siendo perseguidos y que los linchamientos han aumentado durante los tres años que lleva el FRG (Frente Republicano Guatemalteco) en el Gobierno.
El partido fundado por el antiguo dictador Efraín Ríos Montt está llevando a cabo una remilitarización del Estado y de la sociedad. Su objetivo se aleja de la defensa de la soberanía del país, según señala MINUGUA. Así, la represión que ejerce el Estado y el Ejército ha aumentado mientras que los derechos de los guatemaltecos han sido cada vez menos respetados.

El Gobierno del FRG, que tiene como presidente a Alfonso Portillo, no pudo presentar en el momento de celebrarse las elecciones, en 2000, al general Ríos Montt, el auténtico líder del partido, porque éste no podía optar al cargo por su condición de golpista sobre el cual recaía una acusación de genocidio. Sin embargo, tras presentarse como diputado y salir elegido, Efraín Ríos Montt, autor del golpe de Estado del 23 de marzo del 82, que le mantuvo en el poder hasta agosto del 83, es actualmente el presidente del Congreso. Y ya nadie duda de que es él quien está llevando las riendas del país, después de establecer un nuevo poder económico con un grupo de industriales que han amasado unas enormes fortunas en unos pocos años, y que explica por qué diariamente son descubiertos más escándalos de corrupción. Además, a inicios de este año, Ríos Montt dio a conocer su ambición de presentarse como candidato presidencial para 2003. Ante el anuncio, el Centro de Defensa de la Constitución (CEDECON) le hizo un llamamiento público para que se abstuviera. La solicitud del CEDECON se basó en el artículo 186 de la Constitución, que le prohibe presentarse por haber asumido la jefatura de Gobierno tras un golpe de estado. Sin embargo, los magistrados de la Corte Constitucional, que tendrán que decidir la legalidad o no de su candidatura, han sido elegidos durante la administración del FRG, que no ha cumplido la promesa de reformarlo. En este contexto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral anunció su renuncia por “motivos personales”, pero la prensa del país ha denunciado que su decisión se debe únicamente a las presiones ejercidas por el mismo Montt. Mientrastanto, Montt ha conseguido colocar a su hijo como jefe del Estado Mayor de Defensa. Por todo ello, la posibilidad de que Ríos Montt sea el próximo candidato del FRG es un peligro real.

Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que culminó el proceso el 29 de diciembre de 1996, tras dos años y medio de negociaciones y once acuerdos firmados, Amnistía Internacional (AI) denunció el pasado febrero que el país vive en un clima de impunidad, en el cual actuan mafias policiales en connivencia con las grandes multinacionales instaladas en el país. Empresas de Canadá, Suiza, Alemania, Italia o Francia están involucradas, a través de sus filiales, en operaciones que han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, como ataques a empresarios locales a los que consideraban competencia, o operaciones ilegales de extracción de petróleo o talas ilícitas. AI además aseguraba en el informe “El legado mortal de Guatemala: el pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos” que el mal funcionamiento del sistema judicial, y las intrusiones de los poderes económicos en la toma de decisiones llegan a provocar un “Estado de mafia corporativa”. En el mismo sentido, encontramos datos como que de los 390 linchamientos denunciados por MINUGUA entre los años 1996-2001, en el 97% de los casos ningún responsable ha sido llevado a la justicia. La incapacidad de alcanzar un Estado de derecho que afronte las atrocidades cometidas durante los 36 años de guerra civil entre la guerrilla y el Gobierno ha contribuido a que el país de nuevo se hunda en la violencia y el miedo.

En este sentido, los calendarios que se habían marcado para el desarrollo del proceso de paz han caducado sin conseguir sus objetivos. La Secretaría de la Presidencia de la República para la Paz (SEPAZ) -que se creó como la MINUGUA para facilitar la paz, y que en el 2001 se constituyó legalmente como entidad de apoyo, asesoría y coordinación para el cumplimiento de los compromisos alcanzados- sólo consiguó alcanzar los objetivos previstos en el primer plazo. Así, aunque la primera fase, que implicaba bàsicamente la desmovilización de la guerrilla y la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), quien firmó los acuerdos de paz del 96, la constitución de las comisiones de paz, y el inicio del establecimiento de la Policía Nacional Civil, se pudo llevar a cabo en el plazo previsto, la segunda fase ya fue más lenta. El repliegue del Ejército, y el resarcimiento de las víctimas, de hecho, no se llevó a cabo. La tercera fase, que tenía que finalizar en diciembre de 2000, está aún por concluir. Aunque se dieron pasos muy importantes como la presentación del informe “Guatemala Memoria del Silencio” por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), en 1999, el Gobierno no ha tenido en cuenta los resultados de las investigaciones y las recomendaciones que exponía el documento. Es más, aunque Portillo proclamó durante la campaña electoral que el cumplimiento de los acuerdos de paz iba a ser la base de su gobierno, Ríos Montt ha declarado a la prensa repetidas veces desde en 2000 que desconoce el proyecto de la CEH, que forma parte de los acuerdos y fue creado por ellos. En este sentido, Alfredo Balsells, uno de los tres integrantes de la Comisión, declaró, en una entrevista en el diario “La Hora”, que no se estaban cumpliendo los acuerdos de paz, ya que no se ha aprobado ningún decreto que haga obligatorio la búsqueda de personas desaparecidas, la exhumación en cementerios clandestinos, la dignificación de la memoria de las víctimas, y el resarcimiento. Pero el hecho es que el propio informe del CEH señala como responsable de eliminar 400 aldeas indígenas, en las que se contabilizaron al menos 10.000 víctimas, al presidente del Congreso, Efráin Ríos Montt. El presidente ha llegado a declarar que desconoce la existencia de este informe y su contenido.

Pero la Comisión para el Esclarecimiento Histórico no es el único que ha atribuido a Ríos Montt el delito de genocidio. La Fundación Rigoberta Menchú presentó el 2 de diciembre de 1999 ante la justicia española una querella por genocidio, torturas y terrorismo de Estado contra los ocho principales militares y dirigentes políticos que gobernaron en Guatemala durante los 36 años de conflicto armado, entre los que estaba Ríos Montt.

El inicio del caso Pinochet y el hecho de que varias de las víctimas que ha identificado la Fundación eran de nacionalidad española hicieron despertar esperanzas. Pero este año, el proceso se ha paralizado porque los miembros que tenían que admitir o rechazar el recurso solicitaron que fuera toda la sala quien se pronunciara. Los procesos judiciales que ha de superar una querella de este tipo son muchos y, desde el inicio, sólo en una ocasión, en 1998, la sala se ha pronunciado a favor de la competencia, aunque posteriormente, otra apleación invalidó la decisión. Y, aunque la querella en 2000 fue admitida por un juez, Ruiz Polanco, la justicia española siempre ha declarado que la querella no entra dentro de su competencia.

Pero si en España la querella de la Fundación Rigoberta Menchú puede ser finalmente rechazada, en Guatemala, donde la impunidad es una constante dentro del sistema judicial, otro caso importante, el del asesinato de Monseñor Gerardi, ha vuelto a la actualidad. Después de que en junio de 2001 se condenara a 30 años de prisión a tres militares y 20 a un sacerdote, tras hallarlos culpables del asesinato en 1998 de monseñor Gerardi, este octubre de 2002 la Corte de Apelaciones de Guatemala ha anulado la condena y ha adoptado el recurso de apelación presentado por la defensa, tras alegar “vicios de forma”. El asesinato de Juan Gerardi no ha sido un hecho aislado, pero su caso fue convertido en bandera por parte de la sociedad civil al ser el primer asesinato cometido contra una persona con un alto grado de reconocimiento público después de la firma de los Acuerdos de Paz. El asesinato, además, fue cometido días después de que Gerardi presentara el informe sobre la reconstrucción de la memoria histórica: “Guatemala nunca más (REMHI)”, en el que quedaba clara la implicación de la Intitución Armada en los crímenes que detallaba. Durante el juicio, que finalmente ha sido anulado, el fiscal Otto Zeissig y sus colaboradores habían denunciado al Ministerio Público que eran objeto de hostigamiento, después de que los dos anteriores fiscales hubieran renunciado, uno de ellos incluso abandonando el país amenazado de muerte. Ahora, después de la anulación de las sentencias, la Corte ha ordenado la realización de un nuevo juicio.

La firmeza de la Iglesia Católica en Guatemala a favor del cumplimiento de los acuerdos de los Acuerdos de Paz, de los derechos del pueblo guatemalteco y de los indígenas en particular ha sido constante. Por ello, muchos sacerdotes han sufrido persecuciones, torturas o el asesinato. Con el documento del REMHI, la Iglesia ha actuado en el mismo sentido que el CEH, en su empeño por descubrir la verdad, por ofrecer al mundo la explicación de lo sucedido durante el conflicto armado, de las masacres injustificadas, de la violación de las leyes constitucionales, de la financiación de los grupos paramilitares, de la militarización forzada de la población civil, del genocidio planificado del pueblo maya, de la violación sexual de las mujeres como práctica de guerra, y de la destrucción de más de 4.000 aldeas, entre otras acciones que forman parte de la barbarie. En una población en la que el 87% de la población es católica, mientras que el 13% restante siguen otros cultos cristianos y no cristianos, el papel que tiene la Iglesia en Guatemala es fundamental. Por ello, sacerdotes, periodistas o militares críticos son objeto de amenazas y persecuciones continuas. Este año, uno de los 58 periodistas muertos en el mundo a causa del ejercicio de su profesión ha sido guatemalteco. Jorge Mynor Alegría Armendáriz fue asesinado a balazos después de efectuar denuncias a través de la radio contra algunos políticos. Por otro lado, la libertad de expresión tampoco se ha permitido a militares prestigiados que como Pérez Molina, que escribía una columna semanal expresando su posición crítica hacia el Gobierno. Pérez Molina, que había pedido permiso de ausencia a la institución militar tras la llegada al poder de Ríos Montt al gobierno, fue víctima de un ataque planeado contra su mujer y su hija el mismo día que quería inaugurar su propio partido para acceder a las elecciones.

Sin embargo, Guatemala, en la reunión de la ONU que tuvo lugar en Ginebra en abril, votó a favor –junto a 23 países más- de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos que invitaba a Cuba a realizar progresos en el campo de los derechos humanos, que fue aprobada.


Corrupción dentro del sistema

Las irregularidades del sistema son visibles en todas las facetas del Estado, pero todas señalan hacia un mismo punto. Guatemala, que según un informe del 2001 estaba en el puesto 68, en el 2002 se ha situado en el número 81 de los países menos corruptos, sobre los 102 países examinados.

En este sentido, el pasado agosto, el presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Lizardo Sosa, quien a principios de año fue protagonista de un secuestro por tres días del que aún no se han dado explicaciones claras, anunció que el Estado no recuperará la mayor parte del dinero entregado a los bancos Promotor y Metropolitano. Según el titular del tesoro, el BANGUAT invirtió 1,930 millones de Quetzales (el cambio de la moneda quetzal está a 7,80Q por dólar) en dichos bancos, pero más de 1,500 millones no se recuperarán jamás, según estimacones de las autoridades monetarias. Al parecer, más del 90% de los préstamos que estos bancos otorgaron estaban dirigidos a empresas y accionistas con bienes inmuebles cuyos datos aparecen alterados en el Registro de Propiedad. El caso, que parece tratarse de una estafa económica al país, tiene sin embargo un nombre visible: el de Francisco Alvarado Macdonald, cuyas empresas son las que recibieron los préstamos mayores. Pero Francisco Alvarado Macdonald, que llevó las cuentas de la campaña electoral del partido gobernante, asegura a través de su abogado que no tiene grandes deudas con las entidades financieras y que, por tanto, no existen evidencias suficientes para liquidar los bancos intervenidos.

El caso, que fue llevado al pleno del Congreso, y que aún sigue en investigación, motivó una interpelación durante días a Eduardo Weymann, ministro de Finanzas, por parte de diputados de la oposición. Durante el transcurso de la misma, se descubrió que Weymann no tiene título universitario strictu sensu, sino unos estudios que “todavía no se han reconocido como equivalentes a una licenciatura” según respondió el ministro, y para los que además tendría que hacer una tesis. Sin embargo, la cuestión más relevante que se trató fue la emisión de eurobonos el 6 de agosto. Los eurobonos son instrumentos de deuda que utilizan los gobiernos para ayudar a las multinacionales, a los bancos o a las empresas a superar una crisis. Sin embargo, estos eurobonos irían destinados, en principio, a compensar a las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) por los servicios prestados durante la guerra civil. El Centro de Defensa Constitucional y los analistas del Centro de Investigación Económica Nacional se manifestaron en contra. Pero la impugnación legal que llegó el 6 de noviembre, presentada principalmente por la Cacif y la CEDECON, no consiguió que se suspendiera la medida. Estas patrullas, que actuaron durante los años de conflicto como auxiliares del Ejército y bajo sus órdenes, participaron en 342 matanzas, según lo que se ha conseguido documentar. El Ejército obligava a integrarse dentro de las PAC a todos los hombres, como servicio obligatorio. Sin embargo, fueron los campesionos pobres los que básicamente lo acabaron cumpliendo, sufriendo coacciones y amenazas de muerte si decidían desertar. Con estos métodos el Ejército, consiguió que las PAC tuvieran entre 500.000 y un millón de personas durante los años de 1981 a 1995.

Pero junto con la corrupción política y la impunidad judicial, la desigualdad social sigue siendo el problema más importante del país. Los analistas denominan el modelo económico y social de Guatemala “de exclusión”. Una exclusión que se basa en la tradición de gobiernos autoritarios corruptos que han empleado la violencia para imponer el orden. La pobreza generalizada del país, además, se agudiza entre la población indígena. Así, si la población indígena, mayoritariamente maya, representa el 60% del total, en ella se concentran los mayores porcentajes de analfabetismo y pobreza. Más del 50% de los indígenas es analfabeto, y un 91,3% de ellos son considerados pobres. En cambio, entre los no indígenas el índice de pobreza es del 55,6% y su tasa de alfabetización es del 68,1%. El desequilibrio social se puede explicar históricamente por el no reconocimiento de los derechos de los indígenas, que tuvieron que luchar durante muchos años para que un documento oficial hablara de Guatemala como “un país multiétnico y multilingüe”.

Pero pese al reconocimiento oficial alcanzado, se calcula que durante los años de conflicto fueron más de un millón de personas las que se desplazaron, mayoritariamente poblaciones indígenas que dejaron tras de sí sus tierras y a los que les fueron destruidos sus documentos de identidad. Actualmente, tras los acuerdos de paz, muchos han podido volver, pero es difícil calcular cuántos aún no lo han hecho. El Comité para los refugiados de EE.UU. estima que aún hay unos 250.000 desplazados que no tienen ningún tipo de asistencia. Muchos de ellos viven en ciudades de México en viviendas abandonadas, y han expresado que no desean volver si no pueden recuperar sus tierras en Guatemala. La distribución de las tierras del país es sumamente irregular puesto que las mejores son propiedad de una oligarquía que las explota para la exportación, mientras que los campos dedicados a la producción para el consumo interno son los menos productivos y están estructurados en minifundio y constantemente acechados por las sequías cuando no por los huracanes.

Guatemala forma parte del denominado “corredor de la sequía”, que atraviesa Nicaragua, Guatemala, Honduras y el Salvador. En marzo de este año, misioneros del país denunciaban la hambruna que ha vaciado las reservas alimenticias al nordeste del país, y que amenazaba con matar de hambre a miles de niños. En el momento de hacerse público el llamamiento, el Programa Mundial de Alimentos estaba a la espera de un envío de ayuda exterior. Las tasas de malnutrición se estiman por encima del 25%, y se calcula que el déficit medio de energía de las personas subnutridas es de 250 kilocalorías por persona al día. Una gran mayoría de personas sólo come una vez al día. Por otro lado, varias organizaciones latinoamericanas denunciaron durante la cumbre romana de la FAO del pasado junio, que la ayuda humanitaria proviniente de EE.UU. era de productos trangénicos que habían distribuido sin prestar la menor atención a las restricciones del mercado, ni a sus probables efectos secundarios. Según la denuncia, EE.UU habría exportado a Guatemala maíz Starlink, cuyo consumo está prohibido en norteamérica, y cuyo comercio tiene restricciones tanto en Japón como en la U.E.

En el campo, las condiciones de trabajo en los cafetales son inhumanas. Los trabajadores de los cafetales de Guatemala son custodiados por hombres armados, y trabajan en unas condiciones de esclavitud, por un dólar diario. Además, las mujeres pueden ser violadas por sus capataces, o por cualquiera de los hombres al servicio del capataz. Aunque desde la Conferencia Episcopal de Guatemala se ha intentado buscar un punto de acuerdo con el Gobierno para imponer la ley, desde dentro mismo de la Conferencia Episcopal se afirma que “todo el desgaste que supone negociar con las autoridades después no sirve para nada”. Y desde la llegada de la crisis del café la situación ha empeorado, puesto que muchos niños, cuyos ingresos son indispensables para las familias, han perdido su trabajo. A nivel estatal se calcula que 500.000 trabajadores perdieron su empleo sólo durante el primer trimestre del año. Y aunque en septiembre, durante el congreso de Caficultura celebrado en Guatemala con representantes de México, República Dominicana y Colombia, decidieron crear una bolsa regional para granos de alta calidad con el objetivo de conseguir que les paguen mejores precios que en la bolsa de Nueva York, entre otras medidas para superar la crisis, dificilmente estas bolsas regionales podrán encontrar un mecanismo alternativo.

Por otra parte, la explotación descontrolada de los recursos del país está produciendo un aumento preocupante de la desforestación, de la pérdida de subsuelo, y de la contaminación, amenazando el futuro del país. En este sentido, un estudio realizado durante el pasado año por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y el Centro Guatemalteco de Producción más Limpia, explicaba que las empresas que generan más beneficios del país, las de café, las del procesamiento de la caña de azúcar, las tenerías (industrias peleteras), las textileras y las procesadoras de alimentos, son las industrias que generan los más altos niveles de contaminación en Guatemala. Además de estas, los productores de jabones, aceites y lácteos también son catalogados como industrias altamente contaminantes.


Endeudamiento sin expectativas de mejora

Pero, además, Guatemala este año no ha cumplido las expectativas, y el Banco de Guatemala se ha embarcado en un endeudamiento del que no se pueden predecir las consecuencias. Aunque apoyada por el FMI, la economía de Guatemala ha visto crecer su deuda externa este año, mientras que su gasto público supera en mucho lo previsto debido a la corrupción de la misma Administración, cuyo funcionamiento resulta muy caro al Estado. Además, en el contexto de un mundo global, Guatemala ha solicitado este año, durante la II Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en mayo en Madrid, que se incluyera en el documento de conclusiones un compromiso para lograr un futuro acuerdo de libre comercio. Guatemala, así, junto con el bloque andino y el centroamericano, querrían emular a la economía mexicana, a la que ven como su modelo en la zona. Sin embargo, aunque el Tratado de Libre Comercio de México fue promulgado como un gran beneficio para el país mexicano, sus resultados han sido funestos tanto para la economía como para la sociedad porque la entrada masiva de productos norteamericanos la ha empobrecido más.

Y sin embargo, la propuesta de desarrollo presentada por México este año ha sido desestimada o paralizada por Guatemala. El llamado Plan Puebla Panamá, que prevé la creación de infraestructuras como electricidad y la creación de carreteras, en los estados de Centroamérica comprendidos entre Puebla y Panamá y que, por tanto, incluye los pueblos de Guatemala, tendrá que esperar a que el Estado de Guatemala tenga mayor presupuesto. La dependencia del país respecto a los dictámenes del FMI, que impone al país, entre otras condiciones para apoyar su política económica, el control del gasto público, provoca que el Gobierno haya decidido paralizar el desarrollo del plan en Guatemala para estudiar antes qué gastos comporta ya que temen que un nuevo endeudamiento podría arruinarles.

Sin embargo, sin inversión en desarrollo es dificil que el país pueda salir adelante. Porque, además, las misiones de control que lleban a cabo la MINUGUA y la Secretaría para la Paz terminan sus plazos en el 2004, por lo que la Secretaría para la Paz, en un intento para desbloquear los avances y poder terminar su misión, ha adquirido como meta el cumplimiento de 119 compromisos antes de diciembre 2004. El deseo de la Secretaría para la Paz sería que tras finalizar su actividad los Acuerdos de paz se puedan seguir, se institucionalicen y pasen a formar parte desde el 2004 de la acción regular del Estado; sin embargo, en las actuales condiciones, es muy dudoso que esto se pueda llevar a cabo.



Cronologia año  2002
1 de marzo. Amnistía Internacional acusa a las multinacionales de cometer abusos en Guatemala e inicia una campaña mundial para denunciar "el clima de impunidad" que, a su juicio, sufre el país centroamericano.



16 de abril. Fallece Ramiro de León Carpio, expresidente guatemalteco, en Miami, dónde residia actualmente. Elegido presidente en 1993, después del fracaso del autogolpe de Jorge Serrano, aprovechó el espíritu de consenso para reformar la Contitución, hacer contactos con la guerrilla, impulsar las negociaciones y sustituir a mandos militares. La guerrilla (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) anunció entonces un primer alto el fuego y la reanudación del diálogo en un gesto de buena voluntad. La paz definitiva la firmó su sucesor Alvaro Arzu, en 1996.



17 de mayo. Se celebra la II Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en Madrid. El bloque centroamericano (Guatemala entre ellos) y el andino reclaman a la UE que el documento de conclusiones incluya un compromiso para lograr un futuro acuerdo de libe comercio como el que ya tiene México, o como el que firman el mismo día 17 con Chile. Se tratan también temas como el narcotráfico, la corrupción o el terrorismo.



11 de junio. Durante la Cumbre romana de la FAO, varias organizaciones latinoamericanas denuncian que EE.UU. ha distribuido productos transgénicos bajo la cobertura de la ayuda humanitaria sin prestar la menor atención a los efectos secundarios ni a las restricciones de mercado. Guatemala, junto a Bolívia o Nicaragua, resulta afectado.



30 de julio. El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, suspende la pena de muerte de 36 personas ante la visita del Papa.



8 de octubre. Guatemala anula la sentencia contra tres militares y un sacerdote por el asesinato de Juan Gerardi (obispo auxiliar se la capital)y se ordena la realización de un nuevo juicio.

 


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