Anuario 2002
El Salvador
"Una prolongada huelga de los médicos de la Seguridad Social refleja el descontento de El Salvador con su clase política"
Miguel Sánchez

Una huelga indefinida de los médicos del Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social (ISSS), en protesta por la intención del Gobierno de privatizar esta institución, marcó el final de un año en el que el país fue sede de los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en el que las heridas aún abiertas de la guerra civil por momentos fueron cicatrizadas y por momentos recordaron al país que los acuerdos de paz de 1992 no han sido aplicados por completo.
El año despertó con los masivos despidos de empleados públicos, mientras se ha mantenido el nivel de delincuencia que ha hecho de El Salvador uno de los países más peligrosos de América.

El personal sanitario del ISSS iniciaba el 18 de septiembre una huelga que se prolongaría hasta finales de año. El Gobierno propuso privatizar parcialmente la Seguridad Social, es decir, no vendería los bienes patrimoniales de la institución, pero crearía unidades privadas para atender a los pacientes. Como respuesta, el Parlamento, con el voto de los partidos de la oposición, aprobó un decreto en el que se prohibía la privatización, de cualquier tipo, del ISSS. Sin embargo, poco después, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, advertía de que podía vetar ese decreto en cualquier momento. Entonces se disparó la alarma social y, con el apoyo de los partidos de la oposición, los sindicatos y distintos movimientos estudiantiles, se iniciaron diferentes protestas con el fin de dejar claro al Gobierno que no se aceptaría ningún tipo de negociación si no se aseguraba la continuidad del decreto aprobado en el Parlamento. Entre todas las manifestaciones destacó la llamada "marcha blanca", un acto de protesta que reunió a unos 60.000 salvadoreños, según los medios locales, que reclamaron a Flores “no al veto” y “no a la privatización”.

Por otra parte, los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunieron a unos 5.000 deportistas de 31 países. A los inconvenientes a los que se enfrentó El Salvador para organizar los Juegos, entre los que destacan los dos seísmos de gran intensidad 16 meses antes del inicio del acontecimiento y las dificultades de un país que difícilmente puede organizarse política e institucionalmente a sí mismo, se unió la negativa de la delegación cubana a asistir a la cita, alegando falta de seguridad para sus deportistas.

En cuanto al índice de delincuencia, diversas organizaciones humanitarias y el Instituto de Medicina Legal han denunciado durante el año datos escalofriantes, como es la media de cinco muertes diarias sólo por disparos, o la existencia en el país de 450.000 armas, de las cuales únicamente un tercio tienen permiso. En este mismo sentido, la Universidad Centroamericana y la Fundación Guillermo Manuel Ungo presentaron un informe en el que detallaban las consecuencias del sentimiento de inseguridad que recorre el país. Un 15% de los hogares salvadoreños declararon que algún miembro de su familia había sido víctima de un hecho violento en los últimos cuatro meses. Además, el estudio señala que más de un 80% de la población expresó sentirse inseguro en lugares públicos, mientras el 61,5% ha limitado sus salidas a la calle por temor a la delincuencia. En cualquier caso, otro dato llama también la atención: tres cuartas partes de los incidentes no son denunciados porque las víctimas “piensan que no servirá de nada” y más de la mitad de los delitos denunciados acaban con sentencias favorables al acusado.

Los partidos de la oposición, entre ellos el principal, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), relacionan el alto índice de la inseguridad ciudadana con el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados por este partido y el Gobierno en 1992. Entre los puntos que no se han cumplido destaca, según los ex revolucionarios, el de la Policía Nacional Civil (PNC), que sutituyó a la Policía Nacional, acusada de crímenes de guerra. La PNC debe ser revisada y formada, según la ley, por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), un órgano que debe ser designado con el acuerdo de todas las formaciones políticas del Parlamento, pero, desde abril de 2001, el presidente Flores no ha designado al Consejo de Gobierno de la ANSP. Además, numerosas instituciones han denunciado la "poca responsabilidad" del Ejecutivo de Flores a la hora de tratar de esclarecer datos acerca de los 12 años de guerra civil. Así, la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos criticó la falta de voluntad del Gobierno para investigar los casos de las personas desaparecidas durante la guerra (1980-1992). Posteriormente, esta organización decidió dejar de colaborar con la Procuraduría General de la República por considerar que el avance en las búsquedas era “nulo”. El inconformismo del FMLN con la actuación del Gobierno en todo lo relacionado con el sangriento pasado del país provocó que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, anulara finalmente una visita programada para el 15 de marzo en la que tendría que haber dado por finalizado el cumplimiento de los acuerdos de paz.

En el terreno económico, los despidos masivos marcaron el inicio del año. En total, unos 7.500 puestos de trabajo en instituciones públicas fueron suprimidos. Los trabajadores despedidos exigían que se les pagase la indemnización de una sola vez para, así, poder empezar a trabajar por cuenta propia, pero el Gobierno se negó y sólo accedió a conceder los finiquitos mensualmente. Además, la crisis por la que ha pasado

el sector de la construcción ha dejado a otras 25.000 personas sin empleo. Estos datos ratifican uno de los mayores problemas de la sociedad salvadoreña, ya que un estudio de la Universidad Centroamericana revela que más del 36% de la población cree que el paro es la causa principal de la delincuencia del país.

En cuanto al dinero enviado por los salvadoreños residentes en EE.UU., se mantuvieron en el nivel de 2001, es decir, significaron alrededor de un 14% del PIB de la República. Los precios a los que los ciudadanos se han tenido que enfrentar este año han variado según el sector y, mientras los alimentos, el tabaco y las bebidas sufrían un ligero descenso (0,26%), la vivienda o los servicios de energía subieron un 0,44 y un 1,86%, respectivamente. Al concluir el segundo trimestre del año, el Gobierno esperaba que la economía cerrara en diciembre con un aumento del 3%. Pese a la desocupación laboral de una parte de la población, los tratados de libre comercio firmados con México o la República Dominicana empezaron, según el Gobierno, a dar sus frutos en 2001 y se consolidaron en 2002. Sin embargo, esto únicamente ha significado un aumento en las exportaciones del 0,5%. Así, la balanza comercial a mediados de años se situaba en un déficit de 1.221 millones de dólares. La prórroga del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que concedió EE.UU. a 265.000 refugiados de El Salvador fue recibido gratamente por la sociedad. Dicho programa otorga a ciudadanos de regiones con problemas bélicos o de catástrofes naturales la residencia temporal en Norteamérica. Así, EE.UU. ha acogido, además de a los salvadoreños, a 100.000 hondureños y a 6.000 nicaragüenses.



Cronologia año  2002
1 de enero. Se cumple un año del inicio del proceso de dolarización.

3 de enero. Cientos de trabajadores públicos se manifiestan por los numerosos despidos (7.499) y exigen indemnizaciones.

13 de enero. El salvador y Panamá firman acuerdo para el libre comercio.

28 de marzo. Numerosas marchas en contra de la medida que propone el Gobierno para retirar los transportes con más de 15 años.

23 de abril. Un informe del Instituto de Medicina Legal revela que cinco personas mueren al día por armas de fuego.

24 de abril. Francisco Flores confirma que seguirá sin establecer relaciones diplomática con Cuba por considerar a Fidel Castro “irresponsable e irrespetuoso”.

14 de junio. El Ejecutivo declara estado de emergencia y calamidad por una epidemia de dengue.

9 de julio. EE.UU. prorroga el TPS para más de 265.000 refugiados de El Salvador.

6 de septiembre. Secuestran a la hija del alcalde del municipio de Guaymango.

18 de septiembre. Se inicia huelga en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por la intención del Gobierno de privatizar la institución.

27 de septiembre. El Parlamento aprueba una reforma que permite no divulgar los informes de la Corte de Cuentas hasta que haya una sentencia.

30 de septiembre. Un informe del Ministerio de Gobernación advierte que la mayoría de la población tiene miedo a salir a la calle.

8 de octubre. Un juzgado declara ilegal una manifestación convocada por los sindicatos en contra de la privatización del ISSS.


 


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