Anuario 2003
Jordania
"El alambre de espino"
Héctor García

Tras la muerte del rey Hussein, se esperaba que su hijo Abdullah II acercara la monarquía y el Gobierno al pueblo. Su enlace con la princesa Rania pretendía dar a entender que no olvidaba el origen palestino de sus súbditos. Pero una vez más la monarquía jordana se empeña en trazar una línea divisoria entre la institución y el país, por temor a ver perjudicada su permanencia en el poder. El estallido en 2000 de la Segunda Intifada palestina hizo que el rey Abdullah, haciendo uso del método que caracterizó el reinado de su padre, postergara las elecciones de 2001 hasta dos años más tarde, porque las protestas populares por la alianza con Israel se iban tornando más vehementes, y el prohibido Frente de Acción Islámica iba ganándose la confianza del pueblo. Durante esos tres años, en ausencia del Parlamento, el nuevo primer ministro, Ali Abdul Ragheb, y su equipo de gobierno, designado para acometer lo que restaba de la reforma económica, aprobaron una cantidad récord de leyes relacionadas con la liberalización de la economía, tales como la ley de competencia, sin ninguna supervisión parlamentaria. Tujan Faysal, la primera mujer parlamentaria en Jordania, acusó al primer ministro de beneficiarse con la ley sobre los seguros que había sido aprobada por su Gabinete. Fue encarcelada y aunque liberada después de un mes, su condición de ex convicta le impidió presentarse a las elecciones de 2003.
Lo que quedaba de libertad democrática en el país ha sido barrido también durante los últimos tres años de reinado de Abdullah II por toda otra serie de leyes mucho más restrictivas que las que ya existían durante el mandato de su padre. Después del 11 de septiembre y del asesinato del diplomático estadounidense Laurence Foley en Ammán en octubre de 2001, el rey Abdullah dio su aprobación para que la ley antiterrorista fuera sustancialmente modificada, de forma que la nueva ley criminaliza las actividades políticas pacíficas y acentúa el papel represor del Estado, limitando el derecho de libre asociación y resucitando la censura en los medios de comunicación. La ley 54 viola el artículo 7 de la ONU para el Trato a los Prisioneros, ya que no permite que los detenidos por delitos de terrorismo según esa ley sean provistos de asistencia legal en un plazo de 24 horas, y en cambio permite que los detenidos sean retenidos sin acusación durante largos periodos, en ocasiones en arresto incomunicado, durante el cual existen pruebas de que los detenidos corren riesgo de ser torturados física y psicológicamente, según un informe de Amnistía Internacional de noviembre de 2003. La ley antiterrorista jordana anula el poder de los jueces para atenuar las penas por ofensas políticas al Estado, dejando todo el poder en manos del Tribunal de Seguridad del Estado. Este es un tribunal constituido por jueces militares, que no contempla la apelación de las sentencias que dicta. Una situación extrema si se tiene en cuenta que la ley 54 establece como delito “constituir un colectivo para cambiar la naturaleza económica o social del Estado” o prohíbe el uso de “eslóganes, símbolos, cantos, expresiones que hieran la soberanía del Estado, la unidad nacional y la seguridad y el orden público”, y pena el daño al mobiliario urbano o la convocatoria de una manifestación pacífica como un delito de terrorismo. Durante la guerra en Irak el Gobierno aplicó esta ley, y reprimió duramente las manifestaciones espontáneas del pueblo, mientras que usaba una retórica contra la guerra en los foros internacionales que se contradecía con su mano dura en el país. La sociedad jordana no encuentra ningún canal para expresar su frustración.

Pero esa frustración popular no sólo deriva de las relaciones políticas del Gobierno con Israel y Estados Unidos. La liberalización económica, aunque aplaudida y auspiciada por el Banco Mundial y el FMI, se ha realizado sin atender a las consecuencias primeras sobre la población, y sin el consenso político que estas decisiones requieren por su complejidad. Seis de las cuarenta empresas que eran propiedad del Estado, entre ellas el Ferrocarril de Aqba y la Autoridad Jordana del Agua, además de la Comisión Jordana de Telecomunicaciones, han sido privatizadas, pero el Gobierno ha sido incapaz hasta el momento de encontrar una solución al desempleo que la venta de las empresas nacionalizadas ha generado. Las Zonas de Alto Rendimiento Industrial (QIZ), que debían generar cuantiosos ingresos para el Estado, son un ejemplo del problema: las firmas norteamericanas que, según el convenio establecido con el Gobierno jordano, compraron las empresas textiles que forman estas zonas industriales, se han dedicado a emplear a personal extranjero (europeo o norteamericano) y sólo contratan a un 30% de trabajadores jordanos, a los que mantienen con sueldos muy bajos. El Gobierno jordano escogió en 1998 afrontar los pasos decisivos de la liberalización sin estudiar primero el alcance que el nuevo orden económico iba a traer inevitablemente, según un informe del FMI. Y ahora en 2003 se enfrenta las consecuencias: el 20% de la población activa se ve en el paro, un tercio de los jordanos vive bajo el umbral de la pobreza y un 12% vive en la indigencia absoluta. La guerra de Irak ha tenido un coste elevado en el desarrollo de la economía. La inversión extranjera, a pesar de contar con las beneficiosas oportunidades que ofrecía el panorama del país, ha decaído hasta la mitad de lo que era en 2001 (334 millones de euros en 2003, respecto a los 973 millones de euros en 2001) A pesar de que el país crece un 3% del PIB, esta cifra no es indicativa de la situación de ralentización que sufre la economía jordana.

Las elecciones de junio de 2003 han sido las más abiertas y democráticas de Jordania desde 1989. Aunque dominado por una mayoría monárquica, por primera vez el Parlamento incluye una oposición con voz propia, los 17 representantes del Frente de Acción Islámica y la representación femenina más alta en la historia de un Gobierno jordano, 6 mujeres. Pero no se trata de un cambio de actitud del Gobierno a favor de una total apertura democrática. Aunque se ha permitido el retorno de partidos prohibidos, el Gobierno y la monarquía jordana han echado el cierre a las reformas profundas, amparándose en la prioridad de la “seguridad nacional”. El desarrollo de la campaña Jordania Primero, una iniciativa del Gobierno, anunciada en octubre de 2002 como gran solución para activar la participación de la sociedad en la construcción del país, ha puesto en evidencia el escaso interés gubernamental y de la monarquía para compartir las decisiones según las reglas democráticas, y su interés en permanecer tras una barrera infranqueable de servidores leales. Según entiende el Gobierno, la “seguridad nacional” es mucho más importante que el respeto de las libertades de los ciudadanos. Los comités formados bajo ese lema de Jordania Primero, que agrupan a miembros de la sociedad civil, conocidos por su compromiso con la reforma democrática, se reúnen todavía hoy bajo la estricta supervisión gubernamental sin poder dedicarse a las cuestiones que tenían como propósito (la reforma de la Constitución, la creación de un Tribunal Constitucional, la reforma de la ley de los partidos políticos, las restricciones a la libertad de prensa, expresión y asociación, el acceso a la escuela, el acceso y la educación en la universidad, la formación de los jueces), porque el Gobierno se niega a cambiar las leyes que promulgó por decreto en ausencia del Parlamento, que fue disuelto en 2000, las cuales giran en torno a una visión excluyente de la identidad social y económica del país y no admiten el sesgo democrático que proponen los comités para poder trabajar en las cuestiones que los ocupan. Los comités de Jordania Primero se ven todavía obligados a negociar las atribuciones que les han sido otorgadas, pero cuidando de no pisar la línea trazada, que el mismo Gobierno se encarga de ir retirando a su campo. El Gobierno franquea a placer, eso sí, la legalidad, puesto que la Constitución jordana especifica que las leyes promulgadas en ausencia del Parlamento son temporales, y deben ser revisadas. Pero la nueva distribución del poder arroja alguna esperanza de que el Estado salve por fin la zanja que lo separa de la realidad del país.



Cronologia año  2003
Enero. Los partidos de la oposición rechazan participar en el Comité de Reforma de la Ley de los Partidos Políticos, aprobada en ausencia del Parlamento en 2001, que ha convocado el ministro del Interior, Qaftan Majali. El Gobierno vende la Academia Real de la Aviación a inversores locales por 5.800 millones de dinares jordanos. UNICEF hace público que destina 11,78 millones de dólares al programa de Transformación Socio-Económica emprendido por el Gobierno.

Febrero. El primer ministro confía en la neutralidad del Comité para la Revisión de la Ley de los Partido Políticos pero rechaza cuatro enmiendas que pretenden introducir los partidos, como la de poder constituir con libertad una red de oficinas y centros de trabajo en el país, y llevar a cabo actividades en países extranjeros. El Gobierno aprueba un presupuesto de emergencia ante la posibilidad de una guerra en Irak, por un total de 2.400 millones de dinares. La Agencia de la ONU para los Refugiados niega que haya llegado a un acuerdo con el Gobierno para instalar campos de refugiados en la frontera con Irak para prevenir una oleada masiva de exiliados. El Gobierno hace balance del programa de privatización y declara que espera obtener 1.500 millones de dinares cuando el programa finalice. USAID envía 30,3 millones de dólares para financiar el proyecto de riego y ahorro del agua de Aqba. El Gobierno anuncia las próximas elecciones para el 17 de junio, y que destinará 309 millones de dinares al pago de la deuda contraída con Francia y Gran Bretaña.

Marzo. 53 mujeres se suman a la lista para conseguir un escaño en el Parlamento jordano. Taghreed Hikmat se convierte en la primera juez de la historia de Jordania. El Centro Nacional Jordano para los Derechos Humanos es inaugurado por la Reina Rania. Manifestaciones contra la guerra autorizadas por el Gobierno se desarrollan con algún que otro incidente por las calles de Ammán.

Abril. El rey Abdallah II afirma que la futura reforma de la legislación sobre los medios de comunicación debe responder a una muestra de “nueva responsabilidad” de los periodistas jordanos. Cinco partidos políticos forman una Coalición para la Reforma Democrática que incluye centristas, izquierdistas e islamistas, pero no anuncian los candidatos, debido a la ley que impide presentarse en coalición. Los Hermanos Musulmanes anuncian que no boicotearán las elecciones y apoyarán a los candidatos del Frente de Acción Islámica. El Gobierno rechaza las enmiendas propuestas por el Comité para la Revisión de la Ley de los Partidos Políticos porque entiende que no tiene facultades para hacer propuestas de calado nacional.

Junio. El juicio por el asesinato del diplomático norteamericano Laurence Foley se aplaza hasta el día 11. En él son condenadas a muerte 11 personas. En las elecciones, gana el Bloque Democrático, encabezado por el antiguo primer ministro Ali Abdul Ragheb. El Frente de Acción Islámica consigue 17 escaños.

Julio. El Parlamento discute los miembros de los 14 comités que deberán acometer las reformas democráticas bajo el nuevo Gobierno.

Agosto. Se abre el debate parlamentario sobre los derechos de la propiedad intelectual, con la asistencia de un juez norteamericano.

Septiembre. El Parlamento espera ver aprobadas las enmiendas propuestas al Código Penal después que la semana pasada fueran rechazadas otras enmiendas. El Gobierno crea una Comisión Especial para solucionar el problema de unas tierras del Estado ilegalmente ocupadas por unos campesinos pobres en Zarq y Ruseifa, y les ofrece el 50% del valor de la tierra a cambio de su devolución. El ministerio del Interior rechaza que el nombramiento de diplomáticos y embajadores se haya realizado sin consultar al Parlamento, como ha denunciado la oposición.


 


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