Anuario 2003
Rumania
"La batalla contra la corrupción se queda en agua de borrajas"
Leticia Gonzálvez

Rumania, el país más poblado de los Balcanes, es candidata para la ampliación de la Unión Europea (UE) en 2007. Bruselas no ha dado detalles a Bucarest, pero los rumanos ya saben cuáles son los requisitos para hacer realidad la adhesión: eliminar la corrupción y el nepotismo que se extienden por toda la Administración pública como una plaga, y obtener el estatus de economía de mercado. Ni lo uno ni lo otro ha conseguido Rumania en 2003. El Gobierno del socialdemócrata Adrian Nastase parecía dispuesto a dar la vuelta a la situación. Con la nueva Constitución en camino –y en lista de espera para entrar en la UE y en la OTAN–, Nastase anunció mano dura contra la corrupción y contra el crimen organizado. Pero los cambios parecen no llegar nunca: tres ministros del Gobierno dimitieron en bloque, acusados de sendos escándalos de corrupción.
La entrada de Rumania en la Unión Europea (UE) ha sido pospuesta para el año 2007. La fecha ya se sabía desde la cumbre de Copenhague de diciembre de 2002, pero Bucarest esperaba alguna concreción durante la cumbre de Atenas, el 16 de abril, cuando se firmó la adhesión de diez países para mayo de 2004. No fue así: ni Rumania ni Bulgaria merecieron una mención en el documento final de la ampliación de Europa. Durante el encuentro en la capital griega, el presidente de Rumania, Ion Iliescu, aseguró que el presidente francés, Jacques Chirac, le había certificado personalmente que la adhesión de Rumania a la UE en el 2007 era un “objetivo común” de los 25 miembros de la Europa ampliada.

Iliescu parecía olvidar las advertencias que Chirac, en febrero, había dirigido a los europeos del Este –y, sobre todo, a rumanos y búlgaros–, en las que les reprochaba una “falta de inspiración” y “ser maleducados” a raíz del apoyo prestado a Estados Unidos durante el conflicto de Irak. Los comentarios del presidente francés molestaron a la clase política rumana, y en especial al presidente Iliescu, quien dijo que eran “comentarios marcados por la arrogancia”. Iliescu destacó el hecho de que ni Francia ni Alemania hubieran pedido permiso antes de “erigirse en árbitros”, aunque respondió con moderación y bonhomía a las acusaciones de su homólogo francés, “de entrada, un buen amigo de Rumania”, quien tuvo “una reacción emocional”.

A propósito de las declaraciones reprobatorias de Chirac, el primer ministro rumano, Adrian Nastase, explicó: “Estamos ante una situación en la que debemos elegir entre la UE y la OTAN, entre Europa y América, cuando la realidad de Occidente tiene valores comunes”. Es una frase que refleja el sentir de la política rumana. Rumania no sólo es candidata a entrar en la UE, sino también en la Alianza Atlántica. Rumania no dudó en colaborar con EE.UU. Primero, firmó en febrero una declaración conjunta por la que diez países de Europa del Este manifestaban su apoyo al ataque a Irak, sumándose así a Reino Unido, España, Italia, Portugal, Dinamarca, Polonia, Hungría y República Checa. A continuación, el Parlamento aprobó la ayuda logística a las fuerzas norteamericanas en caso de ataque a Irak, antes de que la ONU adoptara ninguna resolución al respecto. Es paradójico que Rumania hiciera caso omiso de la actuación de la ONU, porque en octubre fue nombrada miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la organización. Rumania envió un contingente militar a Irak, desplegado bajo los mandos polaco y británico.

Rumania ansía recibir críticas favorables desde Bruselas. Las negociaciones van cumpliendo el calendario previsto, con 22 capítulos resueltos. El objetivo es que los ocho restantes –entre ellos los siempre complicados de agricultura, política regional y fondos estructurales y medio ambiente– queden zanjados en 2004. Sin embargo, los informes de la Comisión Europea han subrayado la lentitud de los progresos en el sistema judicial y en la Administración pública. La dimisión en octubre de tres ministros por sendos escándalos de corrupción no ha hecho más que poner de relieve lo que es el primer problema político y económico del país. Y Bucarest sabe qué dos condiciones imprescindibles tiene que cumplir el país para acceder a la Unión: eliminar la corrupción y el nepotismo en el sector público, y obtener el reconocimiento de “economía de mercado”.

Un año más, Rumania sigue sin haber obtenido el estatus de economía de mercado. Lo hizo público la Comisión Europea en un informe el 5 de noviembre, en el que indicaba que el país se acerca a este estatus, pero que aún no es una economía de mercado. Los altos funcionarios de Bruselas contradijeron así al primer ministro Nastase y al presidente Iliescu, que consideraban que Rumania es ya una economía capitalista que funciona. Según la Comisión Europea, tres cosas son esenciales para que el país adquiera este estatus: debe reducirse la inflación, deben resolverse los problemas de la lentitud de las reformas institucionales y económicas, y necesita una nueva política fiscal “realista”, que tenga en cuenta la gran evasión fiscal que existe en el país debido a la economía sumergida. Asimismo, debe seguirse con la privatización de las empresas públicas, colectivizadas durante el comunismo.

El Gobierno afirma que el coste de la ampliación será menor al de “no integración”, en términos económicos. Pero los ciudadanos están decepcionados: los precios de los servicios básicos suben, pero no los salarios. Los precios en 2003 han subido en torno al 14 por ciento, aunque la hiperinflación de los noventa está controlada. El sueldo medio de un trabajador rumano ronda los 150 dólares al mes, frente a los 200 dólares mensuales que se cobraban en 1989. Casi el 40 por ciento de los trabajadores viven de la agricultura, muchos en régimen de subsistencia. Pasar a un sistema competitivo como el que exige la UE no será fácil y la agricultura podría ser aplastada por la comunitaria.

Como miembro del Grupo de Vilna (candidatos al acceso a la OTAN, que se efectuará en 2004), Rumania debe cumplirse algunos requisitos destinados a acabar con la corrupción: el proceso de integración requiere la adopción de nuevas leyes y la reestructuración integral de las instituciones. Los costes que implicarán estos cambios han hecho mella en los grupos extremistas y nostálgicos y entre las grandes redes mafiosas, que no podrán seguir actuando impunemente. Sin embargo, el Gobierno argumenta que cualquier gasto en la reforma institucional para acabar con la corrupción será inferior a las pérdidas que ha provocado el crimen organizado. Millones de dólares han sido robados de los bancos o a través de los fondos de inversión; millones de dólares no han llegado nunca al presupuesto nacional, perdidos en grandes operaciones de contrabando o de evasión fiscal, o de tráfico de armas y de droga. El Gobierno asegura que la integración en la OTAN y en la UE significará para Rumania la entrada en un espacio donde la acción de las mafias y de la corrupción ya no será posible.

El primer ministro, Adrian Nastase, quiere demostrar que está dispuesto a acabar con el problema endémico de la corrupción, la mafia y el crimen organizado en Rumania. En marzo el Gobierno presentó el proyecto de ley anticorrupción ante el Parlamento. Nastase quería llegar lejos y afirmó que asumía su “responsabilidad ante el Parlamento” y que el Gobierno estaba decidido a no continuar su mandato (iniciado en 2000) si la Cámara no daba su acuerdo para el proyecto de ley. “El Parlamento puede mantener su confianza acordada en el Gobierno o bien puede intentar obtener la dimisión de éste por una moción de censura. Sin embargo, estoy convencido de que los miembros del Parlamento van a juzgar de manera objetiva la ofensiva contra la corrupción”, explicó Nastase. La moción de censura fue iniciada por los partidos de la oposición Partido de Rumania Grande, Partido Nacional Liberal y Partido Demócrata, pero no progresó. El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento.

En línea con las exigencias de la UE, el Parlamento rumano decidió aprobar la reforma de la Constitución, de forma que ésta reforzara el poder judicial y la separación de poderes, así como que garantizara el correcto funcionamiento de la Administración del país. Estos tres aspectos deberían servir para acabar con la corrupción y para recuperar la poca confianza que los rumanos tienen en sus instituciones democráticas, como el Parlamento o los tribunales. La reforma consta de 26 modificaciones, en todos los ámbitos. La Carta Magna de Rumania fue muy criticada tras su adopción en 1991 porque no hacía de la propiedad privada un derecho. La reforma la pone al día: la propiedad privada es garantizada y protegida por ley, sea cual sea su titular. También cambia el mandato presidencial: se aumenta de cuatro a cinco años. Se han introducido conceptos como la competencia. La situación es tan precaria que entre las enmiendas constitucionales está la de que “todas las partes tendrán derecho a un juicio justo y a la solución de las causas en un plazo razonable de tiempo”, que se completa con la modificación del artículo 13, que ahora incluye que “la justicia es única, imparcial e igual para todos”.

La reforma de la Constitución fue definitivamente aprobada tras ser sometida a referéndum. La consulta popular se convirtió en un “sí” a la Constitución, pero en un gran “no” para la clase política. Poco más de la mitad de los electores acudieron a las urnas los días 18 y 19 de octubre. Vistos los resultados del primer día de votaciones, con una participación de menos al 15 por ciento, el Gobierno tuvo que tomar medidas para evitar que las elecciones fueran anuladas por falta de participación. Sorprendido por el desinterés popular, el partido de Gobierno convocó a los políticos locales a una videoconferencia. El mensaje único e imperativo era hacer votar a la gente mediante cualquier estrategia. A partir de ese momento nada más tuvo importancia. Los alcaldes organizaron urgentemente tómbolas dentro de los colegios electorales, inauguraron “Copas de fútbol de la Constitución”, prometieron a la gente que les pagarían los gastos, hicieron regalos... Forzando la ley, los organizadores sacaron urnas móviles a las calles y a los mercados, ya que este método sólo es legal para permitir votar a personas con movilidad reducida.



Tres ministros dimiten por sendos escándalos de corrupción

Hildegard Puwak, ministra para la Integración en Europa; Mircea Beruan, ministro de la Salud; y Serban Mihailescu, secretario general del Gobierno, implicados en los últimos meses en escándalos de corrupción, presentaron su dimisión el 20 de octubre. Estas dimisiones son las primeras del Gobierno de Nastase, que ya había reemplazado a otros ministros, pero siempre ofreciéndoles otros puestos en el Gobierno o dentro del partido. En esta ocasión, los tres han pasado a la sombra, a la espera de que la situación se aclare y de que, más adelante, “sean de nuevo útiles”, como dijo Nastase. El primer ministro atribuyó la dimisión de los tres miembros de su Gobierno, no a su responsabilidad en sendos escándalos de corrupción, sino al “comienzo de una nueva etapa” para el Gabinete, especialmente después de la aprobación de la reforma de la Constitución.

En efecto, la delegación permanente del Partido Socialdemócrata (PDS), presidida por Nastase, aceptó las dimisiones, coaccionado por la presencia en Bucarest de la Oficina de Lucha Antifraude de la UE (OLAF), que estaba llevando a cabo una investigación sobre el desvío ilícito de fondos europeos. El 11 de septiembre salió a la luz que la ministra para la Integración Europea, Hildegard-Carola Puwak, estaba destinando los fondos del programa europeo “Phare” –una ayuda económica para la transición económica y política de Rumania-, gestionados por su Ministerio, a las sociedades de su marido y de sus hijos. La Comisión de Investigación se formó a principios de octubre, cuando fue expresamente pedida por el director general de la Comisión Europea para la Educación y la Cultura, Nokolaus Van der Pas; esta comisión deberá verificar a cuánto ascienden los fondos desviados –podrían llegar a ser cientos de miles de euros– y deberá obligar a las empresas de los familiares de la ministra a devolver el dinero.

Es significativo el apoyo que el Gobierno ha prestado a sus miembros dimisionarios. Los medios de comunicación independientes pusieron el grito en el cielo cuando el primer ministro Nastase, apoyado por el presidente Iliescu, afirmó que no tenía nada que reprochar a la ministra Puwak. Y cuando opinó que las acusaciones contra el ministro de Salud, Mircea Beuran –que se declaró ante los tribunales culpable de robo intelectual por haber plagiado varias guías médicas– eran “opiniones académicas” de los fiscales.



Cronologia año  2003
5 de febrero. Diez países de Europa del Este, entre ellos Rumania, apoyan el ataque a Irak en una declaración conjunta.

10 de febrero. El Parlamento aprueba ayudar logísticamente a EE.UU. en caso de atacar Irak.

4 de marzo. 3.000 personas se manifiestan en Bucarest pidiendo que se abran los archivos secretos de la policía comunista.

28 de marzo. Rumania retoma las relaciones con Rusia, enfriadas desde hace décadas.

16 de abril. La entrada de Rumania en la UE se pospone oficialmente hasta 2007.

30 de abril. La UE advierte a Rumania que uno de los requisitos de entrada a la Unión es acabar con la corrupción.

6 de mayo. Rumania y Rusia firman un tratado bilateral que esquiva la cuestión del retorno del oro y las joyas enviadas a Moscú durante la Primera Guerra Mundial.

30 de junio. El Parlamento aprueba reformar la Constitución, en línea con los requisitos que exige la UE, y se someterá a referéndum.

4 de julio. El presidente Ion Iliescu se encuentra con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú para la firma de un tratado bilateral histórico.

11 de septiembre. Estalla un nuevo escándalo en el gobierno: la ministra para la Integración en la UE destinaba fondos de un programa comunitario a empresas de su familia.

13 de octubre. Rumania y la Unión de Serbia y Montenegro se encuentran en Bucarest para discutir sobre las fronteras comunes.

15 de octubre. Marcha protesta de 7.000 trabajadores que piden un salario mínimo de cien euros. El primer ministro Adrian Nastase pide una investigación sobre un intento de soborno de la Secretaría del Gobierno por parte de empresarios turísticos.

19 de octubre. El referéndum aprueba modificar la Constitución, aunque sólo participan la mitad de los electores.

5 de noviembre. El país no consigue el estatus de economía de mercado, imprescindible para entrar en la UE.


 


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