Anuario 2003
Guatemala
"La candidatura presidencial de Ríos Montt marca la vida política de Guatemala en una de las elecciones más violentas de la historia del país"
Alèxia Peláez

“Ojalá que esto sea el final de la crisis del genocidio en Guatemala y que consigamos empezar a construir un país libre y democrático donde se pueda hablar de cultura, del valor de nuestra identidad, de nuestros progresos y de las perspectivas que espera nuestra población para el futuro”. Con estas palabras, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en el año 1992, manifestaba el sentir de todo un pueblo ante la celebración de las elecciones el 9 de noviembre; unas elecciones que organismos internacionales definieron como una de las más violentas de la historia de Guatemala; unas elecciones llenas de polémica, de violencia, de irregularidades, de miedo, en definitiva, al posible retorno a la presidencia del ex dictador Efraín Ríos Montt (del Frente Republicano Guatemalteco, FRG), que había presidido el país desde marzo de 1982 a agosto de 1983 dejando un rastro de muerte con 16.000 personas asesinadas.
Ríos Montt ocupaba en el año 2003 el cargo de presidente del Congreso, es decir, que aunque ya no presidía el país, seguía teniendo un cargo de importancia y un elevado poder en Guatemala. Para incrementar este poder Montt presentó su candidatura a presidente de la República en las elecciones de noviembre. La candidatura no obtuvo los votos necesarios para pasar a una segunda vuelta y Ríos Montt salió derrotado. Por delante quedaron Óscar Berger, del partido GANA (Gran Alianza Nacional) y Álvaro Colom, de UNE (Unidad Nacional de la Esperanza). Sin embargo, Montt continúa jugando un papel imprescindible en el entramado político del país, tal y como lo demuestran unas declaraciones suyas hechas antes de saberse el resultado de las elecciones: “si no ganamos, daremos nuestro voto al segundo. Negociaremos con el más débil, que será quien más nos necesite”.

Veinticuatro horas antes de las elecciones se temía un ataque de los ex paramilitares del PAC (Patrullas de Autodefensa Civil), cosa que hizo encender la alarma en las instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Los ex paramilitares utilizaron la campaña electoral para ejercer presión sobre el Gobierno, del FRG, para que el partido de Alfonso Portillo cumpliera con el pago a unos 600 ex paramilitares por los servicios prestados durante la guerra civil de 1960 a 1996, en lo que se conoce como el conflicto más largo de América Latina, que dejó unas 200.000 víctimas. Ante este temor y ante la posibilidad de un fraude electoral, marcado por los problemas con el empadronamiento y las presiones recibidas por la población, más de 4.000 observadores nacionales y extranjeros se desplegaron por la zona. La Procaduría de los Derechos Humanos (PDH) puso en duda el proceso electoral y dos días antes realizó inspecciones en “lugares estratégicos”. Visitó, entre otros, la Dirección General de Transportes y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para comprobar que el servicio de transportes y el subministro de energía estaban garantizados –ante los rumores que apuntaban lo contrario- y acudió también al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para verificar que las papeletas estaban empaquetadas. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) e Intermón Oxfam denunciaron, por separado, la dificultad para conseguir celebrar unas elecciones democráticas. “Las numerosas irregularidades jurídicas y el clima de violencia política –que causó 27 muertes vinculadas a les elecciones, según la OEA (Organización de Estados Americanos)- pone en riesgo la democracia de Guatemala”, según Intemón Oxfam. En este sentido se expresaba también Álvaro Pop, jefe de la misión de observación electoral indígena, una entidad que acoge a cuarenta dirigentes indígenas del país. “Este proceso electoral demuestra el agotamiento del sistema político, la utilización oportunista de las necesidades de la población, la manipulación y la coerción, no sólo contra los indígenas, sino contra toda la población”, sentenciaba.

Durante todo el año Guatemala vio como su actualidad política quedaba reducida a la nueva aparición en escena de Ríos Montt, si es que alguna vez el antiguo represor había conseguido desaparecer de la vida de las víctimas y de los familiares de las víctimas que dejó su genocidio. Ríos Montt era el presidente del Congreso y a mediados de año se supo que su candidatura a las elecciones generales era una propuesta viable que pronto se convirtió en realidad. Su afán por llegar de nuevo a la presidencia del país no se había disipado nunca pero hasta entonces parecía no prosperar. En el año 2000 el FRG no había presentado a Montt como candidato porque el artículo 186 de la Constitución lo prohibía. Este artículo explica que “no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni aquellos que como consecuencia de estos hechos asuman la Dirección del Gobierno”. Ríos Montt cumplía todos estos requisitos (había impulsado un golpe de Estado, se había convertido en dictador de la República y, por lo tanto, había alterado el orden constitucional para situarse a la cabeza del país), con lo cual parecía más que evidente que no podía presentarse como candidato a las elecciones. Pero en 2003 esta situación cambió. Un día antes de finalizar el mes de julio la Corte Constitucional (CC) aprobaba la papeleta de Montt. Cuatro de los siete magistrados –próximos al ex golpista- alegaban que la Constitución había sido aprobada una vez el ex dictador ya no presidía el país y que, en consecuencia, no podía ser aplicada en su caso. Esta resolución ponía en evidencia el dudoso funcionamiento del sistema judicial, la separación de poderes, la corrupción interna y el elevado grado de influencia de Ríos Montt –que en 2003 siguió moviendo des de su cargo de presidente del Congreso los hilos del Gobierno, a pesar de no presidirlo-. Un ejemplo de su poder aparece el 24 de julio, cuando un numeroso grupo de seguidores del ex general entró en la capital, Ciudad de Guatemala, provocando el pánico entre la población, en lo que pretendía ser un acto de presión para conseguir la inscripción oficial de Montt. Pero finalmente el temor a un posible regreso de Ríos Montt a la presidencia se esfumó el 9 de noviembre, día de las elecciones, cuando quedó fuera de la segunda vuelta, con un 16,95% de los votos. Por delante quedaron los dos empresarios que sí pasarían a esa segunda vuelta: Óscar Berger, de GANA (derecha) con un 37,19% y Álvaro Colom (centroderecha) con un 27,27%. Como ninguno de los once candidatos que se presentaron a las elecciones obtuvo más del 50% de los votos se convocó una segunda vuelta prevista para dos días antes de finalizar el año. De esta forma, Montt desaparecía de la cursa presidencial pero no del mundo de la política guatemalteca, ya que después el FRG destacaba que, si bien el partido aceptaba los resultados, el ex candidato no pensaba en retirarse. De estos comicios, que renovaban la presidencia, la vicepresidencia, los 158 escaños del Congreso y las 331 alcaldías del país, los medios de comunicación de Guatemala destacaron la alta participación, alrededor de un 70%. A pesar de la movilización del electorado, las aglomeraciones y la lentitud del proceso causaron la muerte por asfixia a dos mujeres indígenas mientras esperaban para depositar su papeleta. Además, los colegios electorales abrieron con la noticia de un atentado contra un dirigente del partido de Colom cuando iba a entrar en su casa la noche antes de los comicios.



Una pseudodemocracia empobrecida

El año finalizó con un país en retroceso en lo que se refiere al cumplimiento de los Acuerdos de Paz Duradera –firmados en 1996 para poner punto y final a la guerra civil-, a pesar de las declaraciones de Portillo que, al llegar a la presidencia en el año 2000, manifestaba su voluntad de aplicar las medidas pactadas en los Acuerdos y de seguir los consejos de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico (CEH), que proponía cambios estructurales, políticos, económicos y sociales –destinados estos últimos a acabar con la discriminación étnica de la población indígena (más del 60% de la población total de Guatemala).

También se apostaba por una investigación de todos los casos de desaparecidos durante la guerra –así como el pago de una indemnización a los supervivientes-, una reforma en la educación y una reforma de las relaciones entre la sociedad civil y los militares. Sin embargo, cuatro años después de esta declaración de intenciones, Guatemala acabó 2003 con una militarización del Estado que desembocó en una represión de las libertades y unos derechos cada vez más debilitados. Prueba de ello es el secuestro de cuatro periodistas por parte de ex paramilitares mientras cubrían la campaña electoral de Ríos Montt. Otro ejemplo es la marginación de la población indígena (un 60%), que continuó marginada de la Guatemala oficial, discriminada económica, cultural y socialmente. En marzo de 1997 había tomado forma el proyecto UNESCO-DANIDA, que quería fomentar la participación de la población indígena –formada por mayas, garífunas y xinkas- en la consolidación de la democracia. Pretendía, del mismo modo, hacer cumplir los acuerdos de paz y “concienciar a la población sobre el respeto de los derechos humanos, además de dotar a los pueblos indígenas de los medios necesarios para participar en el proceso de democratización y en las actividades para el desarrollo”, según manifestaban los coordinadores del proyecto. Pero oficialmente todo siguió igual durante el 2003 y el Gobierno siguió desatendiendo a esta población, el 89,5% de la cual vive en la más extrema pobreza y sin poseer ninguna tierra. Ante esto –y ante el descontento de parte de la población en general- 2003 se convirtió en un año de protestas en contra de la acción, o inacción, del Gobierno. A principios de enero los maestros iniciaron una huelga y los empresarios comenzaron una batalla para frenar el aumento de los impuestos. El 3 de marzo más de 20.000 personas se manifestaron delante del Congreso para pedir respuestas al Gobierno sobre la situación de la vivienda, la agricultura y la escuela, y un mes después más de 25.000 trabajadores volvieron a salir a la calle para pedir que se respeten sus derechos. Ante la creciente situación de violencia en las calles, días después, en una jornada celebrada por el Grupo de Diálogo (GD), formado por Noruega, Canadá, EUA, Suecia, España, Alemania, Holanda, Japón, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala (MINUGUA), los representantes de la comunidad internacional –cuyo objetivo era acelerar la implementación de los acuerdos firmados en 1996- ponían sobre la mesa el incumplimiento del proceso de paz, el deterioro de los derechos humanos y la seguridad pública. Con todo, este grupo consultivo, resaltó una mejora del sistema financiero, una cierta apertura económica y una descentralización del Estado. En lo referente a la economía, ésta creció un 2,4% en 2003 y la inflación llegó al 5,9%. Por su parte, las exportaciones se incrementaron un 6% respecto al año pasado y se situaron en los 3.963 millones de dólares. En cambio, las importaciones ascendieron hasta los 6.797 millones de dólares. Sin embargo, el GD determinó que la situación de Guatemala había empeorado en los últimos tiempos y señaló como posibles culpables, el Gobierno y a los partidos políticos de la oposición –por haber frenado en ocasiones la promulgación de leyes importantes–, y a los empresarios, que según el Grupo, habían mostrado poco interés en que el Estado promoviera reformas.

Ante la frágil situación del país, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recomendó –en un informe sobre la MINUGUA- alargar esta misión hasta el 31 de diciembre de 2004, a pesar de estar prevista hasta finales de 2003. Annan manifestaba así su preocupación “por una posible quiebra de las expectativas y de las urgentes necesidades del pueblo”, debido al “empeoramiento de la condición de seguridad, la corrupción persistente y la actual persecución de activistas de los derechos humanos”. Por su parte, EUA continuaron considerando a Guatemala –igual que el año anterior- como uno de los 23 países productores de drogas que no colaboran en la lucha contra el narcotráfico. A pesar de esto, a mediados de septiembre, el presidente de EUA, George Bush, declaraba que “el Gobierno de Guatemala había hecho esfuerzos para mejorar sus capacidades institucionales, adherirse a sus obligaciones en los acuerdos antinarcóticos internacionales, y tomar medidas establecidas por la ley de EUA”. EUA también estuvo presente en Guatemala durante todo 2003 por las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica, que se negocia con Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Las negociaciones se siguieron con normalidad hasta la IV ronda en que surgieron discrepancias entre Guatemala y el resto de países centroamericanos. La tensión creció hasta el punto que representantes de Honduras amenazaron a Guatemala con dejarla fuera del Tratado, porque ofrecía a EUA una apertura de su mercado de productos industriales y agropecuarios diferente al del resto de países centroamericanos. La propuesta de Guatemala era una apertura del 93% de sus productos, cifra que, después de las críticas recibidas por parte de los otros países bajó hasta el 75%. Esta propuesta de Guatemala también causó problemas en el interior del país. Por una parte, el representante guatemalteco en las negociaciones, Salomón Cohen, expresaba que con esta iniciativa “Guatemala también había proporcionado un acceso inmediato más amplio de productos americanos al mercado nacional” y que “no se pretendía dañar a los productos nacionales”. Pero, por otra parte, los empresarios del país pedían que “reconsiderara” y “armonizara” su postura. A finales de año la situación aún seguía igual. Así las cosas, con el TLC en peligro, los derechos humanos olvidados, la salud pública y la pobreza en situación extremadamente preocupante, la poca seguridad interna –que benefició la aparición del crimen organizado y la formación de estructuras mafiosas paralelas-, y el aumento de los asesinatos respecto de años anteriores –incluso respecto de los años de guerra civil-, Guatemala clausuró el año en una situación de pseudodemocracia empobrecida cada vez más angustiosa.



Cronologia año  2003
8 de enero. Visita del ministro de economía a EEUU para formalizar la fase inicial del TLC (Tratado de Libre Comercio).

21 de enero. UE exige una reducción y una modernización del ejército.

31 de enero. Guatemala entra, junto a Haití y Myanmar, a formar parte de la lista negra de los países que no cooperan contra el narcotráfico. Los intereses nacionales de EEUU en el país evitan que la medida se acompañe de sanciones económicas.

3 de marzo. Más de 20.000 personas de 120 organizaciones de campesinos, indígenas, sindicalistas y estudiantes, se manifiestan frente al Congreso y piden respuestas al Gobierno sobre la situación de la vivienda, la agricultura y la escuela.

1 de mayo. Más de 25.000 trabajadores piden al Gobierno respeto por sus derechos.

13 de mayo. Jornada en el Grupo de Diálogo (GD): representantes de la comunidad internacional y de grupos civiles señalaron la desaceleración del proceso de paz, el deterioro de los derechos humanos y la seguridad pública, así como los escasos avances en materia legislativa. El compromiso del GD –formado por Noruega, Canadá, EEUU, Suecia, España, Alemania, Holanda y Japón, así como el Banco Interamericano (BID) de Desarrollo y la Misión de la ONU en Guatemala- fue acelerar la implementación de los acuerdos de paz. Contrariamente, el presidente destaca los avances del Gobierno. La reunión finaliza con la exhortativa de la comunidad internacional a impulsar un diálogo nacional.

17 de mayo. Fin de la cuarta ronda de negociación sobre el TLC sin acuerdo. Los resultados del GD y la ronda del TLC reflejan la falta de consenso en la visión de la nación. En la ronda del TLC hubo discrepancias entre el presidente de Guatemala y los empresarios, lo que provocó tensión con otros países de Centroamérica.

24 de mayo. Ríos Montt proclamado candidato a las elecciones, previstas para el 9 de noviembre, por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido gobernante.

13 de junio. El jefe negociador de Guatemala confirma que el país mantendrá inamovible su posición –la apertura total al libre comercio que les permitiría “optar a productos más baratos y tener mejores oportunidades”- durante las siguientes rondas del TLC pese a los reclamos del resto de Centroamérica.

5 de julio. Corte Suprema de Justicia declara que Montt no puede ser, por 6 agravios en su contra como violación del derecho de igualdad, candidato presidencial. Sin embargo la Corte Constitucional (CC) tiene que aprobar la candidatura eferregista (diversos sectores democráticos sospechan que existe una confabulación política para beneficiar al actual presidente del Congreso).

15 de julio. CC permite al ex golpista su candidatura presidencial.

17 de julio. Guatemala acoge a los presidentes de Centroamérica para intentar salvar las negociaciones del TLC y promete flexibilizar su posición.

24 de julio. “Jueves Negro”. Eferregistas encapuchados intimidan a la ciudadanía con machetes y provocan destrozos ante la indiferencia de la policía.

4 de agosto. Más de 50 organizaciones firman el Manifiesto por la Democracia, un frente para garantizar limpieza en las elecciones. Entre los firmantes, Rigoberta Menchú.

29 de septiembre. Grupo del Diálogo dijo que el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno para el 2004 es incongruente con las recomendaciones de la comunidad internacional. Asimismo manifestó que el objetivo de conseguir la paz se está olvidando.

9 de noviembre. Ríos Montt queda fuera de la cursa electoral porque su candidatura no obtiene los votos necesarios para pasar a una segunda vuelta. Óscar Berger del partido GANA (Gran Alianza Nacional) y Álvaro Colom de UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) serán los dos candidatos que se presentaran en las elecciones de diciembre.

29 de diciembre. Óscar Berger gana las elecciones.


 


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