Anuario 2003
Perú
"El Gobierno de Toledo hace aguas y pierde credibilidad ante los peruanos"
Xènia Plaza

La crisis institucional de Perú, que se lleva arrastrando desde la época de Fujimori, se ha transformado, durante 2003, en crisis social. La culminación de este proceso se vivió en el mes de mayo, momento en que el presidente de la nación, Alejandro Toledo, decidió declarar el estado de excepción. Después vino el cambio de primer ministro, que dejó paso a Beatriz Merino, que se convirtió en la primera mujer en los casi doscientos años de Perú, que dirige el Ejecutivo.
Por otra parte, la economía ha vivido una época de contracción que ha ayudado a incrementar el descontento de los ciudadanos, en un país donde el 45% de la población está por debajo del nivel de pobreza.

La crisis gubernamental ya se entreveía desde principios año, fecha en la que empezaron los rumores de enfrentamientos dentro del equipo de Gobierno y dentro del partido dominante, Perú Posible. A mediados de febrero, algunos medios de la prensa peruana denunciaron que se había organizado una campaña para desprestigiar al Ejecutivo y al presidente. Según el propio presidente y el que fuera primer ministro en esos momentos, Luis Solari de la Fuente, la conspiración implicaba a funcionarios de segundo nivel dentro del Ejecutivo. Estos empleados distribuían información errónea a los medios de comunicación.

Toledo es presidente de Perú desde mayo del 2001, en una elecciones en las que los peruanos tenían como candidatos, entre otros, a Alan García, presidente socialdemócrata del país entre 1985 y 1990, que llevó el país a la ruina. Toledo, economista de raíces indígenas y nacido en las provincias, representaba una alternativa a lo que se llamó fujimorismo. En esa época, la figura del presidente quedó reducida, ante los ojos de los peruanos, a la corrupción y el autoritarismo. En los últimos años, Toledo se había erigido como el miembro clave de la oposición peruana, pero la aparición de García, gran orador y persona con un gran poder de convocatoria, parecía que le iba a complicar el acceso a la presidencia. No fue así y la formación centrista Perú Posible y su candidato fueron los elegidos en abril de 2002.

El candidato y su Gobierno no tardarían mucho en empezar a sufrir el descontento de sus conciudadanos. Toledo había prometido nuevas medidas sociales para reducir los niveles de pobreza, planes para mejorar el empleo y nuevas estrategias para activar la economía, pero los peruanos no veían progresos. Desde ese momento, las críticas al equipo de Gobierno no han cesado, como tampoco lo han hecho las crisis internas del Gabinete.

El primer contratiempo con el que se encontró el nuevo Gobierno de carácter centrista fue el maquillaje que hizo la anterior Administración de las cuentas del Estado y de los índices macroeconómicos. Durante los anteriores gobiernos de Fujimori se variaron los datos de la deuda externa, de la inflación y del crecimiento de la economía, según explicaba la revista “Caretas” en un número de 1999. Eso provocó que las previsiones anunciadas en la campaña electoral por Toledo no se pudieran cumplir. Esta decepción comenzó a hacer pensar a los peruanos que se encontraban otra vez ante falsas promesas y soluciones que no iban a llegar, al menos no a corto plazo.

En 2003, la paciencia de los ciudadanos llegó a su fin y a principios de año se empezaron a organizar huelgas en diferentes sectores productivos, que aumentaron la desestabilización y el nerviosismo en el equipo de Gobierno. Los primeros en actuar fueron los agricultores cocaleros, movilizados por la detención de uno de sus líderes más importantes, Nelson Palomino la Serna. Los cocaleros protestaban porque la reducción del cultivo de hojas de coca era la ruina para ellos. Los planes alternativos ideados por el Gobierno para redirigir el cultivo a productos como el café, el cacao o el ajonjolí fracasaron y lo único que les queda es volver al cultivo de coca.

Las marchas de los cocaleros acabaron con nuevos compromisos por parte del Gobierno de crear un dispositivo oficial que reconoce la existencia de cultivos legales de coca y los agricultores aceptaron la reducción progresiva de los cultivos. Aun así las protestas se alargaron durante más de dos meses. El momento culminante fue la manifestación en Lima, la capital, de 10.000 agricultores cocaleros.

Pero las protestas sociales no se quedaron aquí. Transportistas y profesores organizaron huelgas indefinidas paralelas que colapsaron el país. La primera de las huelgas dejó sin abastecimiento a muchas regiones, incluida Lima. Había falta de alimentos y de combustible. Los transportistas de carga reclamaban la normalización del sector, en el que un 90% de los integrantes forman parte de la economía sumergida de Perú. Los de pasajeros reclamaban que el transporte interprovincial pasara a ser de titularidad pública.

Por otra parte, los maestros dejaron las escuelas vacías e iniciaron marchas por todo el país. La reclamación más importante de este sector fue el incremento de los sueldos. Pese a un primer acuerdo con el Gobierno, la huelga se radicalizó y se produjeron incidentes graves, como el de la región de Puno, donde las Fuerzas Armadas reprimieron una manifestación que se saldó con la muerte de un estudiante, decenas de heridos y centenares de detenidos. Por estas fechas y debido al caos que reinaba en todo el país, Toledo decidió declarar el Estado de Emergencia y dar el control de carreteras y calles a las Fuerzas Armadas. Según el propio presidente, el país “no puede detenerse”. El punto culminante de la huelga se produjo cuando la Federación Nacional de Trabajadores del Perú (FNT) anunció un paro nacional como señal de protesta por la declaración del Estado de Emergencia.

A mediados de junio, la situación empezaba a normalizarse pero no sin obstáculos. La huelga de los transportistas acabó y los maestros volvieron a las escuelas, aunque tardaron unos días en volver a dar clases. Hubo diferencias entre los dirigentes de su sindicato y los miles de profesores que seguían haciendo huelga aunque los sindicatos hubieran llegado a un acuerdo con el Gobierno. Por si fuera poco, en medio de todo este proceso, EsSalud, la compañía encargada de la asistencia sanitaria, pasó a ser un ente autónomo. El Congreso aprobó por unanimidad que el organismo recuperara la autonomía presupuestaria, financiera y administrativa, y que no tuviera que ceñirse a las normas ni los procedimientos que rigen todas las compañías propiedad del Estado.

Como era de prever, la crisis afectó al Gobierno, que empezó a tomar medidas para apaciguar los ánimos de los peruanos. En primer lugar, Toledo prometió una reducción de los sueldos de los ministros y del presidente (18.000 dólares al mes) y no le quedó otro remedio que aplicarla ante las críticas que suscitaba la remuneración. Pero la rebaja que se aplicó al presidente (30% de su sueldo), no fue tanta como la que se aplicó a los funcionarios, que se situó en un 55%.

Pero esto era una medida menor. El Gabinete tenía que dar la sensación de cambio a los peruanos. Y reformó el Ejecutivo, al menos en cuanto a cambio de personas. El cambio más destacado fue el de primer ministro, que permitía a Beatriz Merino convertirse en la primera mujer en llegar a ese cargo. Lo primero que intentó Merino fue aclarar que no sería ningún “elemento decorativo” y que cogobernaría con el jefe de Estado. Merino no era la candidata esperada porque los principales medios de comunicación y algunos rumores dentro del Congreso apuntaban al presidente del Congreso, Carlos Ferrero, como sucesor de Solari. Aunque ésta no fue la única novedad. Los ministros de Energía y Justicia también renunciaron.

Sin embargo, estos cambios no han causado el efecto que se esperaba. A estas alturas, después de cinco meses al frente del Gabinete, Merino no ha obtenido la confianza del Gabinete. Por otra parte, la crisis dentro de Perú Posible se ha hecho evidente. El segundo vicepresidente del Gobierno afirma que es “ninguneado” dentro de la organización del PP. El propio presidente Toledo ya afirmó que sentía que no se le tenía en cuenta dentro del partido. El último golpe para PP ha sido la expulsión de 12 de sus congresistas por utilizar para su interés personal sus cargos en el Gobierno. El cambio de ministros, un Perú Posible desunido y una economía inestable han provocado, entre otras cosas, que la popularidad del presidente Toledo cayerá hasta 11%, después de dos años en el mandato.

Por su parte, la oposición ha aprovechado relativamente la descomposición de Perú Posible y del Gobierno, y el único que parece hacer oposición es el ex presidente Alan García, del izquierdista APRA, el partido que era más votado hasta la década de los noventa. Partidos como Somos Perú o Acción Popular, de centroderecha, han desempeñado un rol secundario en la actividad política de este año.

En medio de toda esta crisis gubernamental, la satisfacción de las demandas sociales de los peruanos no se ha producido. El Gobierno ha anunciado reiteradamente que aumentará las medidas sociales contra la pobreza. Toledo afirmó que necesitaba 752 millones de dólares para poner en marcha estas medidas y, después de estos meses, ese dinero no está a disposición del Gobierno. Para intentar reducir los niveles de pobreza, Toledo anunció a finales de año que se ejecutaría el “Plan de Paz y Desarrollo”, que costará 817 millones de dólares y cuya mayor parte se destinará las regiones que han sido más castigadas por la pobreza y la falta de inversiones: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Cuzco.

Toledo, que apuesta por un modelo de mercado pero con amplias medidas sociales, no ha conseguido sus objetivos, y los datos económicos no le ayudan. Entre el año 2000 y el 2001, se produjo una fuerte recesión económica. El indicador que más perjudica al Gobierno y a la población es el de pobreza. Por otra parte, Perú tiene compromisos financieros con el FMI, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Iberoamericano que en 2006 podrían llegar a los 29.000 millones de dólares.

Este año la inflación ha seguido los pasos de los últimos años y se ha controlado. La subida ha sido de un 1,9%, hasta noviembre del 2003. La tasa de desempleo hasta mayo, según el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en el 10,2%.

El último proceso clave que se está intentando poner en marcha es la descentralización del país. Desde hace décadas las diferentes provincias piden más recursos ante el olvido del Gobierno central. Con la creación del Consejo Nacional de Descentralización (CND) se abría una puerta para el desarrollo y la financiación de las regiones. El presidente del Consejo, Luis Thais, ya ha recibido quejas de algunos de los presidentes regionales porque “no conoce la realidad de las provincias, ya que se ha pasado toda la vida viviendo en el extranjero”. Thais había sido consejero internacional durante muchos años, por lo que casi no había permanecido demasiado tiempo en Perú. Aun así, la labor que está realizando el Consejo ha sido reconocida internacionalmente.


La reaparición de Sendero Luminoso

LA REAPARICIÓN DE SENDERO LUMINOSO Por otra parte, Sendero Luminoso (SL), la organización terrorista que empezó su actividad a principios de los 80, ha vuelto a la actualidad este año, después de la desactivación prácticamente total del movimiento subversivo durante la presidencia de Fujimori. La acción más importante que realizaron fue el secuestro de 71 trabajadores de la empresa argentina Techint, situada en los Andes. Aunque en principio las autoridades pensaban que la acción no fue llevada a cabo por miembros de esta organización porque no seguía los métodos utilizados por Sendero Luminoso, investigaciones policiales revelaron que el grupo estaba detrás del secuestro. El incidente, que en primer momento se vio como un nuevo golpe para el Gobierno de Toledo, se convirtió en la constatación de que Sendero Luminoso aún está activo aunque muy debilitado después de la dura política aplicada por Fujimori. Además de este secuestro, una columna de la organización mató a cinco militares y a dos civiles en un enfrentamiento en la zona de Ayacucho, al sur de Lima, a mediados de agosto. De hecho, los organismos de espionaje peruanos afirman que el comandante jefe de la organización, Abimael Guzmán, detenido en el 1992, está reorganizando el grupo desde la prisión militar de Callao, donde se encuentra recluido. Guzmán ha negado cualquier relación con los miembros activos del grupo. Por otra parte, hay investigaciones periodísticas que relacionan a estas columnas de Sendero Luminoso con los traficantes cocaleros de los valles de Ene y Apurímac, zonas donde empezó a actuar Sendero. Estas columnas estarían dirigidas por Víctor Quispe Palomino y Leonardo Huamán Zúñiga, conocidos como “José” y “Alipio”, respectivamente. Las columnas de “José” y “Alipio” serían la que habría realizado el secuestro de los 71 trabajadores de Techint. Según la Dirección de Operaciones Antidrogas de la Policía Antinarcóticos (Diropandro), la seguridad que brindran estas columnas a los cultivadores y traficantes ha hecho aumentar los cultivos y ha provocado que los campesinos instalen laboratorios de procesamiento de pasta básica y lavado de cocaína, para aumentar así sus ganancias. La reacción del Gobierno ante la reactivación de SL no se ha hecho esperar. De momento, se ha detenido a uno de los cabecillas del grupo, Florentino Cerón Cardozo, hecho que la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) calificó en su momento de “severo golpe” contra el movimiento armado. Aun así, también admitieron que la manera más eficaz para acabar con la reaparición de Sendero Luminoso es la eliminación de los privilegios de los que dispone Abimael Guzmán en la prisión, que le permiten estar en contacto con otros presos. Además, el Ministerio de Defensa decidió otorgar 170.000 dólares a quien proporcionara información para detener a doce mandos de la organización, que sigue teniendo su centro de operaciones en los valles cocaleros de Ene y Apurímac.

Fujimori se libra, por el momento

Pese a que Fujimori dejó de ser presidente de Perú hace dos años, el ex mandatario sigue estando de actualidad. Desde su exilio forzado en Japón, el ex dirigente sigue con sus corruptelas. El actual Gobierno quiere que Fujimori sea extraditado, pero el Ejecutivo nipón parece hacer oídos sordos a la petición del equipo de Toledo. Su ex consejero, Montesinos, ha sido juzgado en Perú, después de que fuera arrestado en Venezuela a finales de 2002. El ex presidente fue acusado por primera vez el 13 de febrero de 2001 por la Fiscalía de la Nación, que lo relacionaba con los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Seis días más tarde, la comisión investigadora del Congreso acusaba a Fujimori de no hacer cumplir las leyes y la Constitución peruanas, y de usurpación y abandono de un cargo público. Cinco días más tarde, el mismo Congreso lo inhabilitaba durante 10 años para ejercer un cargo público. Pero estas no han sido las únicas acusaciones que ha recibido Fujimori, ni tampoco son las que utilizado el Gobierno peruano para reclamar su extradición. El ex presidente ha sido acusado de presunta participación en homicidios, desapariciones forzadas y torturas. Estas acusaciones están respaldadas por el testimonio de tres miembros de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentra el general Nicolás Hermoza Ríos, que ha declarado que Fujimori estaba al corriente de todas las actividades del Grupo Colina, grupo de mercenarios que participó en diferentes asesinatos. Por su parte, Japón ha recibido con escepticismo la petición de extradición del ex mandatario. Pocas horas después de presentar el documento, el ministro portavoz del Gobierno nipón, Yasuo Fukuda, declaró que por norma general no se acepta la extradición de un ciudadano japonés, como es el caso de Fujimori, que tiene la doble nacionalidad. El Gobierno peruano no es el único que desea capturar a Fujimori. La Interpol ha interpuesto una orden de detención (que incluye la extradición) a los 181 países que forman parte de este organismo. La petición la han hecho por crímenes contra la humanidad y por secuestro. Por otra parte, Montesinos sí que ha sido juzgado en el último año. El primer juicio se realizó a principios de febrero y, aun con los intentos de Montesinos de retrasarlo (un desmayo durante su declaración), se llegó a un veredicto. El proceso no empezó exento de polémica, ya que el juez que instruía el caso, Barreto, dejó libre a Montesinos antes del inicio del juicio por haber estado recluido ilegalmente, según él. Finalmente, Montesinos fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de tráfico de influencias. Al acusado se le aplicó la pena máxima por ese tipo de delitos. Además, fijó la “reparación civil” de los daños causados por Montesinos en 142.000 dólares, la pena que pedía el fiscal. Esta fue la segunda sentencia que recibía el ex asesor, que está pendiente de otras causas abiertas contra él. En relación a las matanzas realizadas por el Grupo Colina, Montesinos podría recibir la condena de 25 años de prisión por homicidio.

El esperado informe de la Comisión de la Verdad

A finales del mes de agosto de este año, el día 28, Perú dio un paso fundamental hacia el reconocimiento de las víctimas de la violencia política durante las dos últimas décadas. La encargada de hacer este recuento fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El cómputo total: 69.280 personas muertas a lo largo de estos últimos veinte años. El resultado triplica las cifras que se habían manejado hasta ahora. De éstas 69.280 víctimas, el 75% son quechuahablantes mientras que el 50% fueron muertos en la zona andina de Ayacucho, el departamento donde empezaron los enfrentamientos. En sus páginas, se tacha al grupo terrorista Sendero Luminoso como el principal violador de los derechos humanos, con un 54% de las muertes. Pero Sendero Luminoso no es el único que queda mal parado en este informe. Los presidentes Alan García y Fernando Belaúnde son acusados de responsabilidad política porque no aplicaron el control necesario sobre algunos sectores de la Fuerzas Armadas, que “se excedieron”. Alberto Fujimori y su famoso asesor, Vladimiro Montesinos, tienen responsabilidad penal. En concreto, se hace referencia al autogolpe de abril de 1992 y a la creación de un escuadrón de la muerte: el grupo Colina. En este caso se implicaría de forma directa al ex presidente, a Montesinos y altos funcionarios el Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE). El Grupo Colina, según descubrieron las investigaciones periodísticas, formaba parte del SIE y no era un grupo clandestino o paramilitar como se llegó a afirmar. A este grupo se le responsabiliza de las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, donde murieron una veintena de personas, en Lima. Las pruebas de estas implicaciones se encontraron en los mismos archivos del servicio de inteligencia, donde se nombraba tanto a suboficiales como a altos cargos del Ejército. El semanario “Caretas” fue el que sacó a la luz todo el escándalo en abril de 1993. La Comisión de la Verdad también ha investigado a militares y civiles. De hecho, pocos días después de la publicación del informe, se entregó un sobre cerrado con diferentes nombres a la Fiscalía de la Nación. Unas declaraciones del presidente de la comisión, Salomón Lerner, resumen el trabajo y el resultado de los 22 meses que duraron las labores del organismo: “Las dos décadas finales del siglo XX son una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos”. Meses después de la presentación de este informe, el presidente Toledo pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas de la violencia política ya que “no podía sustraerme a una responsabilidad que sí me toca a pesar que no fuimos gobierno (…) Pido perdón a quienes han sufrido”. Pero grupos representantes de la Iglesia católica y de defensores de los derechos humanos dieron un toque de atención al presidente para no hacerle olvidar que cada el informe solicita indemnizaciones individuales para los afectados por la violencia política.


Cronologia año  2003
24 de febrero. Protestas sociales en el valle de Apurímac por la detención del líder cocalero Nelson Palomino la Serna.

21 de marzo. Se anula la cadena perpetua al máximo dirigente de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán.

25 de marzo. El ex consejero de Fujimori, Vladimiro Montesinos, condenado a cinco años de cárcel por tráfico de influencias.

27 de marzo. Japón no seguirá la orden de detención de Fujimori que ha presentado la Interpol. El Gobierno japonés afirma que no lo va a extraditar.

10 de abril. Cocaleros de la región de Ayacucho inician una marcha de protesta hasta LIma para impedir que se desmantelen los cultivos de hoja de coca.

21 de abril. 10.000 cocaleros llegan a a la capital, Lima.

6 de mayo. Los transportistas inician una huelga. Los transportistas interprovinciales piden que el sector sea público y los de carga reclaman que el sector se normalice, ya que el 90% de sus miembros están dentro de la economía sumergida del país.

9 de mayo. La huelga de transportistas paraliza al país.

11 de mayo. Transportistas y Gobierno firman un acuerdo y se desconvoca la huelga.

14 de mayo. Un juez de la Corte Suprema declara a Fujimori como responsable de las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta de 1993.

Los maestros también inician una huelga general para pedir una mejora del salario.

26 de mayo. Algunos colectivos de agricultores también empiezan huelga, mientras trabajadores de otros sectores advierten que también podrían convocar una huelga.

27 de mayo. Miles de agricultores se dirigen a Lima mientras las protestas se extienden a 21 regiones del país.

28 de mayo. El presidente Toledo declara el Estado de Emergencia. El presidente cede a las Fuerzas Armadas el control de las carreteras.

30 de mayo. Fuerte represión militar en la región de Puno. un estudiante muerto y cinco heridos más. Por otra parte, decenas de maestros son heridos y casi un centenar son detenidos en las protestas del sector educativo.

5-13 de junio. Termina la huelga de profesores.

11 de junio. Sendero Luminoso reaparece con el secuestro de 71 trabajadores de la empresa Techint en Ayacucho.

24 de junio. El Gabinete renuncia en pleno y abandona a Toledo.

29 de junio. Beatriz Merino es elegida como nueva primera ministra.

31 de julio. La justicia peruana reclama al expresidente Fujimori a Japón por los delitos de homicidio, desaparición forzosa y lesiones graves.

28 de agosto. la Comisión de la Verdad y la Reconciliación responsabiliza a terroristas, militares y políticos de 69.000 muertes a lo largo de los últimos 20 años. La mayoría de las víctimas son indígenas y el 50% vivía en la zona de Ayacucho.

15 de octubre. Expulsan a 12 congresistas de Perú Posible (PP) por utilizar de forma personal sus cargos en el Gobierno.


 


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