Anuario 2003
Paraguay
"Duarte se alza con la victoria en las presidenciales y aplica reformas clave en los poderes Legislativo y Judicial"
Xènia Plaza

Nicanor Duarte, candidato del centrista Alianza Nacional Republicana (ANR), se convirtió el pasado mes de abril en el nuevo presidente de Paraguay. Su victoria se vio como una bocanada de aire fresco para Paraguay y el Partido Colorado, partido hegemónico desde la entrada en democracia, en 1989. Pero en lo que lleva de mandato Duarte no lo ha tenido fácil. Lo primero que quiere hacer es dar transparencia, en un país donde pocas cosas lo son, y para eso ha planteado la reforma del Poder Judicial y del Congreso.
La entrada de la democracia en Paraguay no ha sido tan fácil como se esperaba cuando se llevó a cabo el golpe de Estado contra Stroessner, en 1989. A partir de ese momento la inestabilidad política y la corrupción, apoyadas por el monopolio político de ANR frente a unos partidos políticos muy débiles provocaron numerosos problemas al avance de la democracia del país. Los resultados económicos de los últimos años tampoco han ayudado a que las cosas mejorasen.

El Gobierno de Duarte no lo tiene fácil. Una de las preguntas que se ponen sobre la mesa es cuánto aguantará ANR, que en los últimos meses ha sufrido graves crisis internas y un aumento de lo que periodistas del país llaman “faccionalismo”, es decir, la aparición de diferentes corrientes dentro de un mismo partido. Este proceso ha tenido antecedentes: ANR estaba dividido en dos corrientes, los que apoyan al general Oviedo y la que respaldaba al vicepresidente Argaña, asesinado en marzo de 1999. A partir de ese momento, los argañistas empezaron a dominar en el Congreso y relegaron a un segundo plano a los oviedistas.

Siete meses después de convertirse en presidente, Duarte, argañista, recibe el 60,4% del apoyo de sus ciudadanos, aunque hay que puntualizar que el 54,45% cree que el Ejecutivo hace mal o regular sus deberes. Los que más preocupan a los paraguayos, según las encuestas, son la inseguridad, la corrupción y el desempleo. Dicha consulta fue realizada por el Instituto de Comunicación y Arte (ICA). Se ha recordar que el anterior presidente, Gonzalo Macchi, no tenía el apoyo ni de sus compañeros de partido ni de los paraguayos. Macchi, también ex presidente del Senado, fue acusado de presunta implicación en diferentes casos de corrupción. Concretamente, se le acusaba de estar implicado en el desvío de 16 millones de dólares de algunos bancos paraguayos a bancos extranjeros y de haber comprado un vehículo robado. Macchi llegó a la presidencia después de la renuncia de Raúl Cubas, que sólo llevaba ocho meses en el cargo. Macchi también tuvo que dimitir por la presión de los paraguayos, que no aceptaban la gestión realizada por el presidente entre 2001 y 2002.

Por su parte, el Partido Liberal (PLRA), liderado por Antonio “Yoyito” Franco, el Partido de Encuentro Nacional (PEN) y Patria Querida, las tres fuerzas más respaldadas después de ANR y que simbolizan el final de la hegemonía colorada, han tenido que reacomodarse y asumir su rol secundario después de la derrota en las elecciones de abril. Estos partidos, y sobre todo, el Partido Liberal de “Yoyito”, creían que se llevarían la victoria después del aumento de las divisiones en el partido colorado.

El problema que planea sobre Paraguay y que se ha convertido en el blanco de las críticas es la poca eficacia que ha tenido y tiene el Gobierno contra la corrupción, un gusano que se come al poder legislativo y al judicial. Cuando el ministro de Hacienda declara que sólo Superman puede acabar con la corrupción del país y la Iglesia lo pide “por Jesucristo”, se puede intuir que nos encontramos ante una situación complicada.

Pero durante el mandato de Macchi se han descubierto diferentes casos de cleptocracia, no sólo el que le implicaba a él directamente y por el que se le intentó procesar cuando acabó su mandato.

Uno de los casos más indignantes fue el que relacionó a diferentes bancos con el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y el Banco de la Vivienda (BNV) por gestiones hechas durante 2002. Estas dos instituciones permitieron que bancos en quiebra operasen como intermediarias del crédito de 60 millones dólares activado para pagar el subsidio habitacional, subvención del Gobierno para gente con pocos recursos económicos.

Ya en 2003 encontramos más casos, que podríamos calificar de surrealistas. Por ejemplo, El Sindicato de Personal de la Entidad Binacional Yacycretá de Asunción (empresa hidroeléctrica argentino-paraguaya) reclamó a su director, Luis Fretes Escario, el compromiso de combatir la corrupción. Para hacerlo Fretes abrió una oficina, en la que hasta este momento no ha trabajado nadie: es una oficina con más de 300 funcionarios “fantasma”. Gracias a estos “espectros” cada mes se roban unos 175 millones de dólares a través de este organismo, según apunta a diario “ABC” de Asunción.

Estos son ejemplos de los numerosos casos que se ha descubierto en la última legislatura y en la actual, en los que se ha implicado al propio presidente, Nicanor Duarte. Aun así, se ha de decir que estas acusaciones no han sido probadas y que el descubrimiento de la supuesta implicación de Duarte se realizó a través de un programa televisivo que utilizó cámaras ocultas. La grabación reproducía una conversación entre Miguel Larreinegable, presidente del Banco Corporación, y el presidente de una inmobiliaria, Arístides Dávalos, en la que hablaban del desvío de fondos que Duarte había hecho supuestamente en el Instituto de Previsión Social, órgano vinculado a la Seguridad Social, del Banco Social de Fomento y de Petropar, la empresa que controla el petróleo en Paraguay.

El último caso de corrupción que se ha producido sucedió el 12 de octubre y fue el primero de la “era Duarte”. El ministro de Interior y el director de Aduanas dimitieron por la “vista gorda” que hicieron cuando 3.000 cd de contrabando pasaron la frontera.

Sin embargo, Duarte es un presidente inteligente y un mes después, empezó la reforma de la Corte Suprema del Poder Judicial, que pasó a ser la primera página de la actualidad paraguaya, y que hizo olvidar cualquier sospecha sobre la gestión del presidente.

Con todo esto, la coalición liderada por Duarte aun tiene más obstáculos y dificultades que superar. Entre ellos está la pobreza casi estructural del país y la deuda externa, que en diciembre de 2002 alcanzaba los 2.280 millones de dólares. El rotativo inglés The Economist señalaba que en el 2002 el PIB del país disminuyó un 4% y que las previsiones para el próximo año no eran más alentadoras. El diagnóstico del periódico era que Paraguay estaba en “bancarrota”.

Ante esta situación, el nuevo equipo del presidente ideó un plan económico de emergencia para intentar que Paraguay hiciera frente a sus deudas. La intención de Duarte y de su equipo era conseguir aplazar los plazos pendientes con el Fondo Monetario Internacional, en un momento en que Hacienda se había visto obligada a pedir un crédito de 39 millones de dólares al Banco Central para cumplir con ese organismo. Uno de los escollos para alcanzar un acuerdo era el proceso de privatización.

A mediados de julio, el Gobierno debía hacer frente a una deuda externa inmediata, según el Ministerio de Hacienda, de 274 millones de dólares, que se debería pagar antes de fin de año. Otra de las complicaciones que le esperaba a Duarte era la evasión fiscal. En este país, y según datos oficiales, el 73,5% de la población o paga sus impuestos.

Otro de los datos clave es el aumento del desempleo, uno de los signos del estancamiento de la economía. En el 2002, el porcentaje de población afectada por el paro aumentó hasta el 18,2%.

Ante este panorama, la solución por la que se ha optado, no sólo en Paraguay, sino en muchos otros países es depender de los créditos que los bancos internacionales aporten al Gobierno de turno. Así se ha llegado a unos compromisos financieros durísimos con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las obligaciones con cada uno de ellos se van cumpliendo aunque sea con retraso, pero las arcas del país se quedan vacías a la espera de nuevos préstamos. Esta situación se ha aliviado después del preacuerdo con el FMI, que debería ser ratificado en diciembre.

De hecho, si el Gobierno no hubiera conseguido este acuerdo, se entraría en una fase de suspensión de pagos, según afirmó el propio ministro de Hacienda, Dionisio Borda. Pero para recibir el stand by de este organismo internacional de crédito, el FMI ha dispuesto tres condiciones: el equilibrio de las finanzas del Estado, racionalizando los gastos e incrementando las recaudaciones; eliminación paulatina de las obligaciones en cuanto deuda externa e interna, una política más cuidada en la petición de préstamos y, por último, estabilizar el sector financiero. El stand by se refiere a la concesión por parte del FMI de un período de espera para saldar la deuda entre el FMI y un país.

Aun así, desde el Gobierno se afirma que ha habido cierta mejora en algunos de los indicadores económicos. Según las últimos datos, el crecimiento de la economía se ha situado en el 2,5%, una cifra que supera a todo lo realizado en los últimos 6 años. La inflación ha conseguido bajar de los dos dígitos, y ha llegado hasta el 9%. Por otra parte, las cuentas del Estado han mejorado: se ha pasado de un 3,1% del déficit al 0,8%, según datos oficiales. Por otro lado, se ha proyectado un crecimiento del PIB de entre el 3 y el 4% para el 2004.



El desgaste del poder judicial

Este año también ha sido el de la lucha por cambiar la organización actual del Poder Judicial, una reforma que abogados y congresistas llevan pidiendo desde hace años. A finales de año, el cambio se empezaba entrever, hecho que proporcionaba un nuevo elemento para confiar en el presidente Duarte. El presidente prometió durante su campaña electoral una reforma total del Congreso y otra reforma del Poder Judicial, que debía “depurarse”. A finales de año esta reforma se hizo realidad: los nueve ministros de la Corte Suprema eran reemplazados. Siete habían renunciado y los otros dos se vieron forzados a hacerlo. Para abogados y políticos este cambio debe ser el primero pero no el último. Según este colectivo, no se tiene que cambiar únicamente a los más altos dirigentes del poder judicial, sino que la reforma tiene que llegar a los funcionarios de segundo orden y a los juzgados provinciales. Y no sólo eso. Además se insta a que los ya ex ministros sean juzgados por la justicia ordinaria si han cometido alguna acción tipificada como delito. En definitiva, se reclama un cambio de estructura, no de personas. Por último, se pide una auditoría de todas las actividades económicas y financieras que se han realizado en este organismo desde 1995.

La ineficacia y la connivencia con acusados, sobre todo con los que son ex funcionarios del Estado y empresarios, han sido las principales recriminaciones que se le han reprochado al Poder Judicial.

Diferentes analistas culpan de la actual crisis y desconfianza en el Poder Judicial al Código Penal redactado en 1999. Pero las dificultades vienen de antes. Desde 1992, el poder judicial se ha convertido en un órgano totalmente politizado, tanto si hablamos de la Corte Suprema como del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de controlar a los integrantes y las decisiones de la Corte Suprema del poder judicial paraguayo. La Constitución de 1967 ya crea establece una Corte Suprema dependiente del presidente y del Senado, pero sobre todo del presidente, ya que hacía coincidir los mandatos de los ministros de la Corte Suprema Judicial (nombre que tenía entonces), con los del presidente. Con la Constitución de 1992, la posición de este organismo parecía que iba a mejorar, pero el presidente Juan Carlos Wasmosy también la utilizó políticamente.



Cronologia año  2003
6 de enero. Nicanor Duarte se erige como candidato de Alianza Nacional Republicana (ANR), el partido dominante desde la deécada de los cincuenta.

17 de enero. El expresidente Macchi podría ser juzgado por el desvío de 16 millones de dólares al extranjero durante su mandato. Em proceso empezaría en agosto.

3 de abril. Hacienda afirma que Paraguay está a punto de entrar en la suspensión de pagos

11 de abril. Funcionarios denuncían que el 70% de los impuestos recaudados por el Estado van a parar a manos de “corruptos” y no a proyectos gubernamentales.

28 de abril. Nicanor Duarte se alza con la victoria en las elecciones presidenciales.

30 de abril. Duarte presenta un plan económico de emergencia ante la grave situación económica de Paraguay, donde la pobreza es casi estructural.

8 de mayo. El nuevo Ejecutivo recibe el apoyo del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

29 de mayo. Brasil afirma que Paraguay recibirá nuevos créditos si combate la corrupción. Paraguay es, según la organización Transparencia, el segundo país más corrupto del mundo

1 de junio. El Estado debe pagar antes de fin de año unos compromisos de deuda externa e interna de 225,3 millones de dólares, según Hacienda.

15 de julio. Duarte afirma que depurará el poder Judicial antes de fin de año.

21 de julio. El índice del paro sube hasta el 16% según la Dirección General de Estadísticas.

28 de agosto. Comienza el proceso al expresidente Macchi por un caso de corrupción en su etapa como máximo dirigente paraguayo.

11 de septiembre. El Congreso y el Ejecutivo reclaman la renuncia de los miembros de la Corte Suprema del poder Judicial.

29 de septiembre. Los jueces de la Corte Suprema podrían ser enjuiciados por lesión de confianza.

6 de octubre. Sobreseen a los 68 militares supuestamente implicados en el intento de golpe de Estado del año 2000.

15 de noviembre. Duarte empieza la reforma del Poder Judicial con el cambio de los ministros de la Corte Suprema. Siete de ellos renunciaron y los otros dos se vieron obligados a hacerlo.


 


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