Anuario 2003
Angola
"Angola estrena los nuevos símbolos nacionales, y pone en marcha su proceso de reconstrucción"
Jordi Borràs

Un año y medio después de los acuerdos de Luanda, que significaron el fin de casi tres décadas de guerra civil, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, presidido por José Eduardo dos Santos, del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ha dado los primeros pasos para consolidar la pacificación del país, y ha emprendido una serie de iniciativas con el fin de restaurar sus instituciones políticas, dar un nuevo impulso al crecimiento económico, reparar las infraestructuras dañadas por la guerra e iniciar el proceso de reconciliación social. Asimismo, con el apoyo de las ayudas internacionales, ha lanzado campañas para la lucha contra las epidemias que afectan a la población.
La muerte en combate, el 22 de febrero de 2002, de Jonas Savimbi, líder del grupo armado UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), que durante los años de guerra civil contó con el apoyo de los Estados Unidos, precipitó el encuentro de esta formación con las fuerzas socialistas del MPLA (Movimiento Popular para la Liberación de Angola), oficialmente al gobierno de la nación des de la independencia de 1975, y el 4 de abril de 2002, en presencia de la troica de observadores internacionales, constituida por la antigua metrópoli (Portugal), los Estados Unidos y la Federación Rusa, ambos bandos firmaron un acuerdo de paz en Luanda, que fue el principio del fin de la lucha armada. Des de entonces, UNITA inició una retirada progresiva de sus fuerzas, y el mes de agosto de 2002 se anunció oficialmente la disolución del brazo armado de este movimiento, que pasó a ser entonces un partido político.

Sin embargo el proceso de pacificación ha encontrado un grave obstáculo en Cabinda, frente a l’actividad de las guerrillas de las FLEC (Fuerzas de Liberación del Estado de Cabinda), que fueron neutralizadas por las Fuerzas Armadas angoleñas, acusadas por otra parte, por diferentes asociaciones de derechos humanos, de cometer abusos en su acción en la zona.

El 8 de junio, las FLEC sufrieron un fuerte revés militar, y su líder, Francisco Luembo, junto a seis de sus oficiales, fueron obligados a deponer las armas y a rendirse al ejército gubernamental.

Cabinda, separada de Angola, al norte, por una cuña costera de la República del Congo (Brazzaville), fue ocupada por las fuerzas del MPLA con la ayuda de tropas cubanas durante la guerra civil, por la abundancia de la región en recursos minerales, sobretodo petróleo, que constituye la principal fuente de ingresos del país y cuyo principal cliente importador son los Estados Unidos.

Antonio Luís Lopes, presidente del gobierno en el exilio de la República de Cabinda, con sede en París, mantiene vigentes sus demandas de soberanía para la región, dado el hecho de que la Constitución portuguesa de 1933 establecía como distritos coloniales diferentes Angola y Cabinda. Ambas fueron declaradas independientes en 1975, en sendas fechas, el 11 y el 8 de noviembre respectivamente. Asimismo Lopes acusa al Gobierno de Dos Santos de llevar a cabo una política de empobrecimiento y de limpieza étnica del pueblo cabindés, que vive en condiciones de miseria a pesar de la riqueza de la región en recursos naturales.

En septiembre, el jefe de las fuerzas armadas destinadas a Cabinda, el coronel Antonio José da Conceiçao anunciaba en Luanda la situación de “relativa calma” en la zona, pero lo cierto es que el mantenimiento del orden a la región no está siendo posible sin la presencia militar.

Tanto el MPLA como los otros partidos políticos han expresado su disposición para encontrar una solución pacífica al problema de Cabinda, concediéndole un mayor grado de autonomía, pero bajo ninguna circunstancia quieren plantear en la mesa de negociaciones la posibilidad de independencia de este territorio.

La acción del Gobierno de Transición se ha centrado en la consolidación de la democratización del país hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional. Tanto el MPLA como las principales facciones políticas de la oposición –el Frente Nacional de Liberación de Angola (FLNA), el Partido Republicano de Angola (PRA), el Partido para el Desarrollo Social (PDS), el Partido Demócrata Liberal (PDL), el Partido Nacional Demócrata de Angola (PNDA) y el Movimiento para la Defensa de los Intereses de Angola-Partido de la Conciencia Nacional (MDIA-PCN)– , incluida UNITA, convertida en partido político después de los acuerdos de Luanda, han preparado sus respectivas candidaturas. Algunos de ellos lo han hecho en el marco de sus respectivos congresos nacionales que han celebrado en el transcurso del año.

El Bloque de Partidos de la Oposición Civil de Angola ha pedido que la convocatoria de las elecciones fuese para 2004, y han presionado al Gobierno de Transición para que fije un calendario al respecto, pero José Eduardo dos Santos y los miembros de su gabinete no creen que Angola esté preparada para los comicios hasta el 2005.

El MPLA proclamó a Dos Santos como candidato a la reelección, durante la celebración del V Congreso Nacional del partido, que tuvo lugar en Luanda el 9 de diciembre bajo el lema “MPLA: paz, reconciliación nacional y desarrollo”. El evento contó con la asistencia de delegaciones de países como China, Guinea Bissau, la República Árabe Democrática Saharaui, Mozambique, y de partidos socialistas de países como Portugal y Alemania.

Durante el congreso, el MPLA presentó su proyecto de reconciliación y desarrollo para Angola, no sólo como acción del Gobierno de Transición, sino también como programa para las elecciones.

UNITA celebró entre el 24 y el 27 de junio su 9º Congreso, en el cual fue elegido Isaías Samakuva como nuevo líder, en sustitución de Jonas Savimbi, desde la muerte de éste en 2002. Hasta el momento de la elección, Paulo Lukamba Gato había asumido la presidencia del partido, y en las votaciones obtuvo 277 sufragios frente a los 1067 de Samakuva. Un tercer candidato, Eduardo “Dinho” Chingunji, obtuvo tan sólo veinte votos.

Entre los miembros de UNITA la candidatura de Samakuva era la que se consideraba más adecuada para unificar la formación. Ésta había acabado dividiéndose durante los últimos años de guerra, ya que algunos de sus líderes desertaron del grupo por discrepar de las intenciones de mantener la lucha armada. Intenciones que condujeron, a su vez, a la reanudación de las hostilidades, lo cual supuso una violación, tanto de los resultados de las elecciones de 1992 –Savimbi no reconoció la legitimidad de la victoria del MPLA– así como los acuerdos de Lusaka, firmados en 1994.

Por otro lado, la candidatura de Lukamba Gato no era muy bien vista por algunos sectores de UNITA, ya que corrían rumores sobre su estado de salud, y además se sospechava de su implicación en un caso de malversación de fondos del partido, lo que se desmintió después de la auditoría a la que Gato se sometió el 5 de junio.

Así pues, la previsión del calendario electoral para 2005 favorecerá por igual a los partidos de la oposición, que podrán prepararse sin prisas para los comicios, y a José Eduardo dos Santos, que espera ganar tiempo para aplicar su programa de reformas institucionales y de desarrollo social y económico del país, al mismo tiempo que se asegurará de la buena marcha del proceso de democratización.

De forma simbólica el Gobierno de Transición ha querido recoger el espíritu de reconciliación de los angoleños con la adopción de una nueva bandera. A pesar de las críticas recibidas, ésta fue presentada oficialmente el 27 de agosto.

La enseña nacional está formada por la imagen de un sol sobre un fondo rojo, entre dos bandas de dos líneas paralelas (una azul y otra blanca). Aún así, Angola no se ha desprendido de los símbolos socialistas del machete y la rueda dentada (la lucha y el trabajo), que se conservan todavía en otros emblemas nacionales.

La iniciativa de adopción de los nuevos símbolos ha sido para el Gobierno la fase preliminar de la redacción de una nueva Constitución. Tanto UNITA como el MPLA están de acuerdo con que la reformulación de la Carta Magna preserve las instituciones actuales, como la Asamblea unicameral, y reforzar el papel de la figura del presidente, especialmente sus competencias en el nombramiento de cargos como el de primer ministro y los de los gobernadores provinciales. Éstos, según el criterio de los dos grandes partidos, tendrían que ser nombrados por la mayoría de los votos obtenidos en cada una de las dieciocho provincias en que se divide Angola administrativamente. La Comisión Constitucional, instituída en 1998 y formada por 44 miembros del Parlamento, presididos por el líder del MPLA, Joao Lourenço, se reunió en el mes Enero en Luanda con el fin de debatir estos puntos.

El portavoz del Gobierno, Roberto Almeida, anunció que la celebración del referéndum constitucional es condición necesaria para los próximos comicios al Parlamento y a la Presidencia del Gobierno. Según Almeida, aunque a principios de año la Comisión Constitucional llegó a un punto muerto en su trabajo, finalmente logró encontrar varios puntos de consenso que han permitido la buena marcha en la redacción del texto.

En el marco de las medidas del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional para fijar los cimientos de la democratización de Angola, en marzo el Consejo de Ministros alzó el proyecto de ley de régimen interno de la Asamblea Nacional, que lo aprobó al cabo de cuatro meses, así como la creación de un tribunal de auditores, cuya misión será la de fiscalizar las tareas del Parlamento. Así, el próximo curso legislativo 2003-2004 se regirá por esta nueva normativa que cambia doce artículos respecto de la de 1993, e incide especialmente en la concesión de pensiones vitalicias a los exparlamentarios.

Por otra parte, en agosto el ministro de Justicia, Paulo Tjipilica, abrió el proceso de revisión del Código Penal en el programa de revisión del sistema judicial, que tiene como uno de sus principales objetivos la lucha contra la corrupción, uno de los obstáculos más graves para la reconstrucción social y económica del país.

El proyecto de reformas del Gobierno también ha llevado a la aplicación de medidas para la reorganización de las Fuerzas Armadas angoleñas. Su jefe, Armando da Cruz Neto, fue cesado del cargo por el presidente José Eduardo dos Santos, que nombró en su lugar a Agostinho Fernandes Nelumba para el mando del Ejército, del que se está llevando a cabo la modernización del armamento y varios programas de formación para sus efectivos.

En la renovación del Estado Mayor también fueron nombrados excombatientes de UNITA, así como también los líderes de las guerrillas FLEC de Cabinda, que se rindieron a las tropas gubernamentales en el mes de agosto y aceptaron participar en el proceso de reconciliación nacional.

La misión del Ejército y de las fuerzas de seguridad policiales en el mantenimiento de la paz en Angola, se ha centrado en el control de las fronteras con los países vecinos, a los que el ministro de Defensa, el general Kundi Payhama, acusó de obstaculizar la pacificación de estas áreas.

En este sentido las relaciones con Zambia han sido especialmente tensas, ya que en el seno de la Comisión Permanente Zambiana-Angoleña corrían voces sobre las incursiones de tropas angoleñas con el pretexto de defender la seguridad en las fronteras. El temor del Gobierno zambiano es de que estas incursiones acaben convirtiéndose en una invasión a gran escala.

Pero para asegurar el mantenimiento del orden en todo el territorio angoleño, los cuerpos y fuerzas de seguridad del país, a instancias del Gobierno, han trabajado en el desarme de la población. A lo largo de todo el año, bien por ser confiscadas, o porque los civiles las han entregado voluntariamente a las autoridades, se han recogido miles de armas que la guerra había dejado esparcidas por todo el territorio angoleño.

Estas armas habían propiciado la actividad de bandas de delincuentes comunes que operan sobretodo en la capital, Luanda, y su entorno.

Las autoridades angoleñas se han visto obligadas a atender la situación de los excombatientes de UNITA. Después de su desmobilización con la firma de los acuerdos de paz, este colectivo se ha convertido un sector de la población en riesgo de contribuir al aumento del crimen organizado, dadas las condiciones de pobreza y de hambre a las que tendrán que hacer frente muchos de los antiguos soldados de la facción rebelde, que con sus familias han iniciado un éxodo hacia sus lugares de origen.

Para atender las necesidades de este grupo de población, Dos Santos ha tenido que emprender una serie de medidas para su asentamiento y reinserción social. Entre estas medidas está la integración de parte de los excombatientes en las filas del Ejército, la creación de cursos de formación profesional para facilitarles el acceso al mercado laboral, y la distribución de herramientas y material agrícola, así como la concesión de microcréditos.

El Gobierno también ha tenido que gestionar el retorno de más de un millón de personas, desplazadas o refugiadas en países vecinos durante la guerra. El número de ellos que esperan el retorno a sus lugares de origen, a criterio de las autoridades angoleñas, supera las capacidades para su absorción y recolocación.

Además del control administrativo, para poder asimilar la riada humana que está cruzando las fronteras del país, a parte de las medidas para proveer a los recién llegados de documentación, inscribir-los en el censo de la población y atender sus necesidades más básicas, el Ejecutivo angoleño ha tenido que plantearse la reparación mínima de parte de las infraestructuras de la red de comunicaciones, y el proceso de eliminación de los miles de minas que aún permanecen esparcidas desde el final de la guerra, y que suponen un grave inconveniente para el desarrollo de la producción agrícola.

El ministro de Transportes, Higinio Carneiro, anunció que hacían falta cuatro mil millones de dólares para la rehabilitación de la red ferroviaria. Asimismo, se han estimado costes del orden de los dos mil millones de dólares para la reparación de carreteras, puentes y aeropuertos. Un informe del mismo ministerio reveló que serán necesarios once años para que el sistema de comunicaciones entre en pleno funcionamiento.

En una primera fase se han construido los puentes situados en los principales puntos de enlace entre las diferentes regiones del país. Así, el 24 de enero el presidente dos Santos inauguró el puente sobre el río Kwanza, al sur de Luanda, que une las comunicaciones entre las provincias centrales y del sur, así como también se completó a principios de año la reconstrucción de puentes que unen capitales provinciales.

Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos entregó a principios de año una ayuda de 2.200.000 de dólares para la construcción de puentes provisionales en diferentes puntos del país, y de esta manera permitir el paso de los refugiados que regresaban a sus lugares de origen.

El otri sector que requiere la acción immediata del Gobierno en la rehabilitación de las infraestructuras es la red de saneamiento y abastecimiento de agua potable a las principales capitales del país, sobretodo Luanda, donde aún persisten los problemas higiénicos de la población, con el consiguiente peligro de que aparezcan epidemias. Los daños en los conductos de las plantas de abastecimiento, y los fallos del sistema eléctrico ocasionan la pérdida de gran cantidad de agua, y el volumen que llega de ésta a la ciudad es insuficiente.

Por otra parte también se inició la reparación de las estructuras básicas de las ciudades de Huamba y Kuito, sitas al centro del país y las más afectadas por la guerra. Este proyecto priorizará la reedificación de los edificios de la administración, en especial las escuelas.

Para hacer frente a los multimillonarios costes que hay que asumir en los próximos años para una plena rehabilitación de las infraestructuras, José Eduardo dos Santos no puede contar sólo con los presupuestos estatales y las ayudas de la Comunidad Internacional. Es por eso que ha ofrecido una serie de incentivos, como la reducción de las tasas de importación de productos necesarios para la reconstrucción de carreteras, puentes, ferrocarriles y sistemas de saneamiento, y de esta manera atraer las inversiones del sector privado.

Pero esta reducción de tasas puede contribuir al aumento de la inflación, que el Gobierno preveía reducir del 100% de 2002 al 65% para 2003.

Por otra parte, el incremento de los precios del combustible en un 50% en lo que va de año ha llevado el sector de los transportes del país a una grave crisis . Crisis que se ha visto agravada por las huelgas y la incapacidad de las empresas nacionales de transportes para hacer frente contra la quiebra económica.

El Gobierno de Dos Santos ha centrado su plan para la lucha contra la pobreza, tanto en el impulso del sector agrario como en la asociación de las empresas nacionales mineras y de infraestructuras con la iniciativa privada, en vez de recurrir a la liberalización de estos sectores. De hecho, la legislación angoleña ha vivido una serie de reformas para regular la participación de las firmas privadas, nacionales y extranjeras, en la reconstrucción del país y en su desarrollo económico.

A pesar de la aportación de las organizaciones internacionales, el mantenimiento de las empresas nacionales pasa por una situación crítica, ya que el Gobierno de Dos Santos ha tenido que destinar, hasta ahora, casi la totalidad de su presupuesto en la aplicación de programas de emergencia para la recuperación de las infraestructuras básicas y la atención a la población hambrienta, en la lucha contra las epidemias y su prevención, así como también en la consecución de los programas para la reforma del sistema educativo.

Con este fin, la Administración angoleña tiene previsto destinar cuatrocientos millones de dólares de los ochocientos que se necesitan para llevar a cabo la reconstrucción de escuelas, la formación de maestros y la escolarización de niños.

Sin embargo, la falta de ayuda internacional está obligando al Tesoro Nacional a soportar una carga que está llevando el país a incrementar la deuda exterior. Muchos países que han prometido ayudas no las han materializado, utilizando como pretexto sus temores de que las cantidades multimillonarias destinadas a la reconstrucción de Angola se disuelvan en el incremento de los presupuestos de defensa y a la pérdida de muchos de los beneficios que genera la explotación de petróleo y de diamantes, debido a los altos niveles de corrupción política y administrativa.

En términos generales, la Comunidad Internacional no se ha implicado en la extensión de sus ayudas a un país que necesita su apoyo para hacer frente a su reconstrucción. Los fondos que ha recibido Angola son realmente insignificantes, del orden del 3%, respecto a los que se han destinado a otros países en vías de desarrollo.

Angola tenía la esperanza de que su presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante el debate sobre un posible ataque a Irak, le confiriese una posición fuerte en el momento de presentar sus demandas de ayuda. Pero la decisión unilateral de los Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, disipó cualquier posibilidad de que el país africano pudiese imponer sus condiciones.

Sin embargo el Banco Mundial ha manifestado su compromiso de aplicar la Estrategia de Asistencia Transicional (TSS) para Angola, en un programa de 15 meses destinado a apoyar la lucha contra el SIDA, la recuperación de la capacidad institucional y administrativa del Gobierno, así como un paquete adicional de ciento ochenta millones de dólares para la reintegración social de los excombatientes de la guerra civil.

Del mismo modo, el Banco de Desarrollo Africano anunció que destinará treinta y tres millones de dólares en inversiones para la rehabilitación del sector de la pesca y de las infraestructuras sanitarias, y la Agencia de Apelación para Angola de las Naciones Unidas consiguió setenta y cuatro millones de dólares para las operaciones del Programa Mundial de Alimentos en Angola, así como también emitió un informe, dirigido a la Comunidad Internacional, sobre los fondos destinados a Angola en relación a otros países como Afganistán o Irak, y en relación también a los que realmente necesita para la rehabilitación de sus infraestructuras básicas, teniendo en cuenta que desde el final de la guerra tan sólo había recibido una tercera parte de estos fondos.

Los ministros de Asuntos Exteriores europeos, reunidos el 13 de octubre en Luxemburgo, condicionaron la donación de fondos, que por el momento se han limitado a apoyar los planes de emergencia, a que el Gobierno de Angola garantice la consolidación de las instituciones democráticas y se comprometa a adoptar una política transparente frente a la corrupción en la industria del petróleo, y así normalice sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Relaciones que se volvieron especialmente tensas después de que la organización británica Christian Charity emitiera un informe en el que se calificaba el Gobierno de Angola como uno de los más corruptos en la gestión de los beneficios generados por la extracción de petróleo.

Este informe, con el título Fuelling Poverty-Oil, War and Corruption (Alentando la pobreza– petróleo, guerra y corrupción), dedica un apartado a Angola, en el que responsabiliza al Gobierno de esta nación de la volatilización anual de mil millones de dólares de las transacciones en la industria del petróleo, que podrían utilizarse para la reconstrucción del país, y atender a una población empobrecida, sin necesidad de recurrir a la ayuda de la Comunidad Internacional.

José Eduardo dos Santos emitió un informe sobre el “diagnóstico” de la industria del petróleo. Dicho informe, del que había sospechas de manipulación de datos, resultaba contradictorio con el que elaboró el FMI, y presentaba un alto nivel de confusión en las relaciones de cuentas de las diferentes entidades entre las que se llevaban a cabo las transacciones –básicamente la empresa nacional petrolera SONANGOL, el Tesoro Nacional y el Banco Nacional de Angola– , debido a la utilización de divisas diferentes en los respectivos libros de contabilidad, por una parte el dólar, y por otra el kwanza, y también por las continuas fluctuaciones de la moneda nacional respecto al dólar.

Al margen de los efectos que esta situación haya podido causar a la reputación del Gobierno de Angola, José Eduardo dos Santos ha conseguido establecer pactos puntuales para el desarrollo con países como Polonia o Rusia, a la vez que ha reforzado los lazos de cooperación bilateral con los demás estados de la Comunidad de Países de Habla Portuguesa (PALOP), como Mozambique, Sao Tomé, Cabo Verde o Brasil, bajo el paraguas de la antigua metrópoli, Portugal, que, entre otros acuerdos, decidió perdonar la deuda de Angola a cambio de la importación de crudo. A modo de pago y señal, durante este año el Gobierno portugués ha ofrecido ayudas concretas, como la distribución de material sanitario en el marco de la campaña para combatir la malaria, y ha contribuido al proyecto de modernización y reorganización de las Fuerzas armadas angoleñas, enviando asesores militares y oficiales para apoyar a los diferentes programas de formación que han impartido en el Ejército.

Por otra parte, Angola ha querido armonizar sus relaciones con sus vecinos mediante acuerdos para la defensa de intereses comunes, como es el caso de Sudáfrica, en la explotación de diamantes, o procediendo a la retirada de tropas que, en el caso de la República del Congo (Brazzaville), habían invadido su territorio durante la guerra civil con el pretexto de neutralizar las fuerzas de UNITA y las guerrillas independentistas de Cabinda, que utilizaban las zonas fronterizas como base de sus operaciones.



La amenaza de las minas

La explosión de minas diseminadas por todo el país provocó, durante el pasado año 2002, 42 muertes y heridas graves a 144 personas, según el INAROEE (Instituto de Eliminación de Obstáculos y Dispositivos Explosivos).

Se considera que Angola es el país más infestado de minas, y a pesar de ello el Estado no dispone de suficiente presupuesto en ayudas exteriores para llevar a cabo, en el marco del proyecto de reconstrucción y mejora de las infraestructuras, programas de desminización y de formación, dirigidos a la población civil, para evitar los accidentes y para el tratamiento de las personas que han sido víctimas de estos artefactos, resultando muchas de ellas con amputaciones o lesiones que les producen serias discapacidades.

El Ejército angoleño y varias ONG, como la alemana Santa Bárbara, han trabajadp en el proceso de desminización de diferentes zonas del país, especialmente aquellas más vulnerables a los accidentes, donde la población se dedica a la explotación agrícola, y en aquellas donde se está reconstruyendo la red ferroviaria.

El Gobierno destinó un presupuesto de quince millones de dólares del presupuesto de 2003 para el programa de desminización, nueve para el Instituto de Desminización Angoleño (INAD), y seis para las brigadas de desminización. No obstante, las autoridades angoleñas han insistido ante la Comunidad Internacional sobre la necesidad de recibir ayudas para la continuidad del programa, y hacer posible de esta manera que la población pueda desarrollarse con normalidad después de la guerra.

La Unión Europea anunció a principios de diciembre la concesión de una ayuda de siete millones de dólares al proceso de desminización, y la ONU presentó un paquete de proyectos, para 2004, para la desminización de Angola y otros 35 países afectados por este problema. En el caso de Angola, el informe prevé un programa de 247 millones de dólares para la aplicación de estrategias con el objetivo de acabar con la amenaza de las minas.



Más de dos tercios de la población de Angola viven bajo el umbral de la pobreza

A pesar del nivel e crecimiento económico de Angola, que fue del 17’1% en el año 2002, sobre el 3’2% de 2001, según datos del Banco Mundial, y que los expertos prevén que vaya en aumento gracias al incremento de la producción, tanto de recursos minerales, sobretodo petróleo y diamantes, como en el sector agrícola, la pobreza en el país afecta a más de dos tercios de la población, según un informe de la ministra de Planificación, Ana Dias Lourenço, que situaba el índice en un 69% a principios de año.

Angola, después de Nigeria, es el segundo país africano productor de petróleo, pero casi el setenta por ciento de angoleños tienen que sobrevivir con menos de un dólar diario.

Un informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Organización Agrícola y de Alimentos (FAO), de la ONU, revela que en el último año la producción agrícola ha aumentado en un 23%, sobretodo debido a las lluvias de la estación húmeda, y a la incorporación a la vida civil de muchos refugiados, desplazados y excombatientes que han regresado a sus lugares de asentamiento. Entre estas personas se hallan muchas familias que siempre habían vivido de la producción en los campos.

A principios de año, la FAO distribuyó herramientas y semillas a más de dos millones de granjeros angoleños. Pero muchos de ellos no pudieron sembrar para las cosechas de este año.

A pesar del incremento de la producción, la población en las áreas rurales sigue viviendo en condiciones de pobreza, sin los recursos sanitarios e higiénicos básicos, y apenas pueden cubrir sus necesidades alimenticias con una agricultura de subsistencia, que ya fue la base de su mantenimiento durante la guerra. El mal estado de las infraestructuras, que dificulta el transporte de productos, y por tanto los encarece, hace que la contribución de los productos domésticos básicos (alimentos, ropa y material de limpieza) en el aumento de precios haya sido como mínimo del 15%. Asimismo, la necesidad de cubrir las demandas de casi un millón y medio de personas que aún padecen hambre, ha obligado a la importación de más de 700.000 toneladas de alimentos, de las cuales tan sólo 300.000 se han obtenido a través de la ayuda exterior.

Los expertos creen que en los próximos años el aumento de la producción agrícola implicará una disminución de la necesidad de asistencia humanitaria. De hecho, durante este año, el PMA ha precisado para la realización de su tarea un 18% menos de alimentos para la población hambrienta que el año anterior, y se espera que así se mantenga para 2005.

La producción minera, en especial el petróleo y los diamantes, también ha experimentado un crecimiento espectacular. La producción del petróleo también supone un 42% del Producto Interior Bruto, y el 90% de las exportaciones del país. A pesar del descenso en la extracción de crudo en los últimos seis meses, se prevé que para 2004 se superará la cifra de 1.400.000 barriles diarios, debido sobretodo a las explotaciones de los nuevos pozos descubiertos. El más importante de ellos se halla en la cuenca del Bajo Congo, cerca de la vecina RDC. El presidente dos Santos llegó a un acuerdo con Joseph Kabila para la extracción de crudo en la región.

La abundancia de petróleo de la que también goza la región de Cabinda, convierte a esta área en algo tan cobijado como pueda serlo el Delta el Níger. Es por esto que tanto el Gobierno del MPLA como los partidos de la oposición han manifestado su intención de evitar que Cabinda pueda convertirse en un territorio soberano, que gestione por sí mismo esta riqueza, también en diamantes.

Para este año, Angola suscribió las condiciones de diamantes tal y como se estableció en el Proceso de Kimberly, en Sudáfrica, en el mes de mayo de 2000, entre los países que participan en el comercio de esta piedra preciosa. De este modo quedaba establecido el control del tráfico que permitía la financiación de grupos armados como UNITA, que se servia del contrabando de diamantes para su abastecimiento en armas y munición.

El esquema de certificación, que entró en vigor el día 1 de enero de 2003, después de las enmiendas introducidas en una reunión de países miembros del proceso de Kimberly en Suiza a finales de 2002, añade la constancia del importador, el exportador, el tallador y un código para cada diamante. De este modo se prevé un control sobre el 60% del comercio de diamantes.

Angola ha querido asegurar su participación en la obtención de beneficios de la extracción de minerales. Para ello ha emprendido medidas para la asociación de las empresas nacionales con los inversores extranjeros. Así, las dos principales empresas angoleñas, SONANGOL (de la industria petrolera) y Endiama (la Empresa Estatal de Diamantes) han unido fuerzas con firmas como British Petroleum (BP), la francesa Elf, por una parte, o, en el caso de Endiama, con la Sudafricana De Beers, con la que firmó un acuerdo de cooperación a principios de 2003. Durante el primer semestre del año, Endiama y sus asociados facturaron trescientos millones de dólares con la venta de más de dos millones y medio de kilates.



La batalla contra las epidemias

En el mes de abril de 2003, con el apoyo de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Gobierno de Angola puso en marcha una campaña para la vacunación de siete millones de niños contra el sarampión, una de las principales causas de la mortalidad infantil. Angola ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de muertes de niños menores de doce meses, con un índice estimado de 194 por cada 1.000 nacidos vivos en 2003.

El 21de julio, el Gobierno inició también una campaña para la vacunación de cinco millones de niños para la prevención de la poliomielitis, ante la perspectiva del regreso de los refugiados. Aunque no se había detectado ningún caso de esta enfermedad en 2001, la posibilidad de que el virus entrase des de países vecinos hizo que la Administración tomara esta medida.

Del mismo modo se teme que el retorno de los refugiados suponga un incremento de personas portadoras del virus del SIDA. El número de estas personas portadoras no está contabilizado en Angola con exactitud, debido a la falta de indicadores de propagación de la enfermedad en todo el país, de modo que el Gobierno apunta a la existencia de más de un millón casos, mientras que las fuentes de la ONU aseguran que no pasa de medio millón. El Gobierno de Angola anunció su intención de llevar a cabo una campaña de lucha contra el SIDA, con el apoyo de UNICEF, para los próximos cuatro años.


El gran éxodo de los angoleños

El medio millón de soldados desmovilizados, entre excombatientes de UNITA y de las Fuerzas Armadas del Gobierno del MPLA, llegaron a diferentes campos, llamados “áreas de tránsito”, donde se preveía que fuesen instalados de forma provisional. Pero lo cierto es que muchos de ellos, con sus familias, sobretodo debido a los problemas de transportes, han permanecido durante meses en estos centros de paso sin poder contar, en muchos casos, con las mínimas condiciones alimenticias y de higiene. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU puso en marcha un plan de emergencia para atender a las necesidades básicas de los excombatientes y sus familias con la distribución de ayuda humanitaria en las regiones donde estaban repartidas las “áreas de tránsito”. El Gobierno, por su parte, ha iniciado una campaña para la reinserción social de soldados desmovilizados, de los que cerca de 6.000 excombatientes de UNITA han sido integrados en las filas del Ejército. El 23 de septiembre el Gobierno de Angola anunció el asentamiento, en sus lugares de origen o en alguna de las 600 áreas del país que les han sido asignadas por la Administración, de más de 377.000 personas, entre antiguos soldados de la guerra civil y sus respectivas familias, y un mes después las “áreas de tránsito” fueron oficialmente cerradas. Dos Santos espera que este plan de reinserción social, que se prevé hasta 2006, y que tiene un coste de 230 millones de dólares, de los que el Gobierno va a financiar el 43% –el resto del coste irá a cargo de las donaciones, entre las que se encuentra la de 33 millones de dólares prometida por el Banco Mundial– , contribuya a la estabilización de la economía del país, y a combatir la pobreza de la población de Angola. Asimismo, los desplazados y refugiados que habían abandonado el país durante la guerra, han empezado este año su regreso a casa. Antes de que el ministro de Asuntos Sociales, Joao Baptista Kussumua, anunciase en el mes de diciembre de 2002 los planes del Gobierno de Transición para organizar la repatriación de los refugiados a los países vecinos, un millón de angoleños desplazados en el interior del país ya habían regresado a sus lugares de origen. Sin embargo, la forma desorganizada en que se produjo este retorno ocasionó muchos problemas para el control de las necesidades humanitarias de este colectivo, según informó a principios de año la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). En el mes de junio el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (UNRHC), inició oficialmente la repatriación voluntaria de los refugiados angoleños que provenían de la República Democrática del Congo, Zambia y Namibia. Estos refugiados han recibido del Programa Mundial de Alimentos de la ONU víveres y material humanitario para cubrir sus necesidades básicas, durante su estancia en los campos instalados en los países vecinos y en el comienzo de la operación de retorno, que se espera que pueda llevar 150.000 personas a Angola antes de fin de 2003. No obstante, el Gobierno Angoleño informó de que 120.000 refugiados habían regresado al país por su propia cuenta, y se esperaba que también volvieran 20.000 más en las semanas siguientes. En el momento de empezar las operaciones de traslado, según datos de la ONU; habría un total de 193.000 refugiados en la RDC, unos 211.000 en Zambia y unos 24.000 en Namibia. El PMA se ha encontrado con serias dificultades para llegar a abastecer a los refugiados de Namibia, debido a la falta de fondos para cubrir sus operaciones en Angola, por lo que el proceso de repatriación se está sucediendo a un ritmo muy lento. Asimismo, la falta de recursos para la distribución de ayuda humanitaria para los refugiados también afectó la marcha del proceso en Zambia. Con todo ello, l’UNRHC ha tenido que rectificar sus expectativas para finales de año, y apuntó que, como mucho, se podría llegar a la cifra de 75.000 personas, cifra a la que tampoco se va a llegar debido a que el inicio de la estación de las lluvias convirtió en impracticables muchos de los pasos utilizados en las rutas de los convoyes, de forma que se han tenido que suspender las operaciones hasta el mes de mayo de 2004. De los 29 millones de dólares que se precisan para la consecución del plan del UNHCR, tan sólo se han recibido donaciones por valor de nueve millones de dólares. Sin embargo se esperan más ayudas, entre ellas la de la Comisión Europea, que anunció la entrega de cuatro millones de euros para el regreso de los refugiados.


Cronologia año  2003
6 de enero. Las negociaciones entre la Empresa Nacional Angoleña de Diamantes (Endiama), y la Sudafricana de Beer, concluyen con la firma de un acuerdo para la defensa de intereses mutuos.

15 de enero. Se reune en Luanda una Comisión Constitucional para debatir la elaboración de una nueva Carta Magna. En el orden del día se tratan los principales puntos del texto legal sobre los que se haran las propuestas de reforma.

6 de febrero. Se disuelve la Comisión del Parlamento para la Paz y la Reconciliación, creada en abril de 2001.

18 de febrero. El Gobierno del MPLA anuncia la realización de un plan político para hallar una solución pacífica en el conflicto de Cabinda. El resto de partidos políticos estan de acuerdo en ello pero no estan dispuestos a hablar de la independencia de este territorio.

12 de marzo. Varias organizaciones humanitarias denuncian el mal estado de la red de comunicaciones y la presencia de minas en almenos 25 áreas donde es necesaria la prestación de ayuda.

7 de abril. El Bloque de Partidos de la Oposición Civil Angoleña pide la celebración de las elecciones para 2004. El Gobierno de dos Santos, sin embargo, no cree que el país esté preparado para los comicios hasta 2005.

28 de abril. Las empresas petroleras extranjeras anuncian su voluntad de iniciar nuevas prospecciones en la cuenca del río Kwanza. Ante las perspectivas de democratización y consolidación de la paz en Angola, los inversores manifiestan su confianza en que se cumplan las previsiones de aumentar el nivel de producción en un 90% para 2005.

20 de mayo. El Banco Central de Angola emite un informe en que expone una serie de medidas correctivas que pretende aplicar, con el fin de hacer disminuir el índice de inflación a un 65% para este año, frente al 100% de 2002.

9 de junio. Francisco Luembo, jefe de las guerrillas independentistas FLEC (Fuerzas de Liberación del Estado de Cabinda), se rinde al Ejército gubernamental, junto a seis de sus oficiales, y acepta participar en el proceso de pacificación de Angola.

25 de junio. UNITA, el principal partido de la oposición en Angola, proclama a Isaías Samakuva como nuevo líder de la formación, en sustitución de Jonas Savimbi, durante la celebración de su 9º Congreso. Aisimismo, Samakuva fue desigando, por mayoría de votos, como el candidato de UNITA para las próximas elecciones.

27 de junio. El presidente Eduardo dos Santos cesa del cargo de jefe de las Fuerzas Armadas a Armando da Cruz Neto, i nombra para sustituirlo a Agostinho Fernandes Nelumba.

21 de julio. El Gobierno inicia una campaña para la vacunación de cinco millones de niños para la prevención de la poliomielitis.

6 de agosto. El ministro de Justicia, Paulo Tjipilica, abre el proceso de revisión del Código Penal del país, en Luanda.

14 de agosto. El vicepresidente del Banco Mundial para políticas de reducción de la pobreza y desarrollo económico, Gobind Nankani, llega a Luanda en una visita de trabajo de dos días, para tratar diferentes programas de desarrollo en el país.

27 de agosto. La Asamblea Nacional Angoleña adopta la nueva bandera. Sin embargo, el país conservará algunos de los antiguos símbolos socialistas, como el machete y la rueda dentada, en otros emblemas.

8 de septiembre. El Banco Mundial anuncia la entrega de 33 millones de dólares para el programa de desmovilización y reinserción social de los antiguos combatientes de UNITA.

15 de octubre. El Programa Mundial de Alimentos anuncia que las operaciones humanitarias en Angola se hallan en una situación crítica por la falta de recursos financieros, y apunta que serían necesarios 2’5 millones de dólares para su mantenimiento en los próximos tres meses.

9 de diciembre. José Eduardo dos Santos es proclamado en Luanda como candidato del MPLA para las próximas elecciones, durante el 5º Congreso del partido.


 


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