Anuario 2003
Kenia
"La crisis hace tambalear a Kenia"
Jordi Borràs

Muchos kenianos vivían la victoria electoral del NARC (Coalición Nacional del Arco Iris), del pasado 29 de diciembre de 2002, como una esperanza para la consolidación democrática del país, que hasta ahora parecía haber llegado a ser una isla de desarrollo económico en el mapa de África. Sin embargo, la nación vive una profunda inestabilidad, debida sobretodo a los escándalos que han puesto al descubierto el elevado nivel de corrupción, tanto en el aparato judicial como en el sector de las finanzas. Por otro lado, la paz social también se ve amenazada por la actividad creciente de la delincuencia y el crimen organizado. El Gobierno del NARC ha tenido que hacer frente a esta situación ante la desconfianza que ha generado el incumplimiento de una de sus principales promesas durante la campaña, ultimar la nueva Constitución en 100 días, una vez iniciado su mandato.
La victoria electoral de Mbwai Kibaki, con un 63% frente al 30% obtenido por su contrincante, Uhuru Kenyatta, en las pasadas elecciones del mes de diciembre de 2002, no ha supuesto, al nuevo presidente keniano, ni mucho menos, la tranquilidad que parecía respirar en los eufóricos momentos de la celebración de los resultados. El nuevo Ejecutivo ha tenido que enfrentarse a una herencia que deja al país una importante deuda exterior, una economía dañada por los altos niveles de corrupción institucional, y una sociedad no menos fracturada, sobretodo por el crecimiento de la inseguridad ciudadana.

Los primeros meses de gobierno del NARC (Coalición Nacional del Arco Iris) han resultado fuertemente marcados por los enfrentamientos de esta formación con el KANU (Unión Nacional Africana de Kenia). Este partido, ahora en la oposición después de 23 años en el Gobierno, no ha escatimado ocasiones para lanzar una serie de acusaciones contra el Gabinete de Kibaki y los parlamentarios del NARC, tanto de fraude electoral como de tribalismo en el nombramiento de ministros y cargos en la Asamblea Nacional.

La primera reacción del KANU después de las elecciones fue la de pedir la revisión de los resultados de los comicios en más de diez circunscripciones del país, alegando que se habían cometido varias irregularidades que favorecían al NARC. Ante las protestas de los parlamentarios del KANU, el Gobierno ordenó la expulsión de estos diputados de su sede en el KICC (Kenyata International Conference Center). Este edificio de la capital, Nairobi, había sido el cuartel general del KANU durante el Gobierno de este partido, y después de la victoria electoral de KIBAKI el NARC propuso a sus oponentes la negociación de su uso. Pero el nuevo Ejecutivo decidió apropiarse del inmueble y echar de él a sus antiguos ocupantes con una dura carga policial.

El ministro de Turismo, Raphael Tuju, manifestó que la voluntad del Gobierno era la de restituir el edificio a la propiedad pública, y que el apoderamiento que de él se hizo el KANU durante los años de su mandato, no fue más que una de tantas muestras de abuso de poder del antiguo régimen.

Sin embargo, el KANU está dispuesto a demostrar que este tipo de actuaciones del Gobierno están motivadas por un espíritu de venganza, y, al mismo tiempo, para esconder la crisis interna que está sufriendo el NARC, en parte por los casos de corrupción de ministros y de funcionarios de la Administración.

Según el KANU, el Gabinete de Kibaki ha emprendido una caza de brujas, entre los diputados de la oposición y dentro de sus propias filas. Concretamente, a principios de año, varios funcionarios y miembros de la Administración de los entes locales del país fueron despedidos por el Gobierno de Nairobi, por su presunto apoyo al KANU durante la última campaña electoral.

El ministro de Gobiernos locales, Emmanuel Karisa Maitha, explicó que se había procedido a estas destituciones porque muchos de los entes locales “se habrían sentido incómodos con el cambio de Gobierno”, y por ello habrían utilizado todos los medios a su alcance, incluso sirviéndose de fondos públicos, para sabotear la victoria electoral del NARC, y, en su caso, la posterior acción del nuevo Ejecutivo.

Lo cierto es que detrás del intercambio de fuego entre el KANU y el NARC se está gestando una crisis interna en el seno de ambas formaciones, que en el caso del KANU está a punto de romper aguas.

El NARC está viviendo unos momentos especialmente delicados, con las tensiones surgidas a raíz del supuesto tribalismo de Kibaki en el nombramiento de cargos, por un lado, y, por otra parte, con el distanciamiento de los partidos que constituyen esta alianza. Desvinculación que se ha hecho especialmente visible en el Partido Demócrata Liberal (LDP), que no accedió a su disolución en el seno del NARC, alegando que quería mantener su identidad.

No menos evidentes son la confusión y el desconcierto entre los máximos responsables del KANU, que ya empezaron su declive político con la derrota electoral del mes de diciembre de 2002. En primer lugar, el expresidente Daniel Arap Moi no está muy dispuesto a seguir liderándola, sobretodo después de que haya quedado salpicado por el escándalo financiero más grave que ha vivido Kenia, el llamado “caso Goldenberg”.

En un segundo plano, durante el año se han producido numerosas deserciones de militantes del KANU, entre ellos algunos de sus máximos responsables que, al abandonar el partido, han instigado a otros a seguir su ejemplo. En este sentido, significó un golpe muy duro que el antiguo ministro de Trabajo, Kimeu Ngutu, abandonase la formación para entrar en las filas del NARC.

La presión llevada a cabo por los parlamentarios y altos cargos del NARC, en su persistente acción de involucrar a los miembros del antiguo régimen en asuntos de corrupción institucional y financiera, también ha contribuido a dibujar un futuro negro para el KANU. Sin embargo la cúpula del partido, de forma desesperada, para evitar su desmembramiento, se ha mantenido firme en su postura de ejercer una oposición feroz, llegando en muchos casos a amenazar con boicotear las sesiones de la Asamblea Nacional.

Los dirigentes del KANU, como medida para la reorganización interna, y para asegurar la permanencia de sus legisladores en la Comisión Constitucional, prepararon a principios del mes de abril un “gabinete en la sombra”, con lo cual pretenden ejercer una oposición política eficaz.

La revisión de la Carta Magna de Kenia, iniciada ya durante el Gobierno del KANU, y cuya conclusión después de los primeros 100 días de mandato prometió Kibaki en su programa electoral, ha ido prolongándose durante todo el año, en un periplo que no ha hecho más que chocar con innumerables obstáculos.

En el mes de enero de este año, el ministro de Justicia y de Asuntos Constitucionales, Kiraitu Murungi, ordenó la reanudación del proceso de reforma del texto legal, y la Comisión de Revisión de la Constitución Keniana (CKRC) se puso manos a la obra en el esbozo de la nueva Constitución, bajo la dirección del profesor Yash Pal Ghai, quién también presidió la Conferencia Nacional Constitucional (CCN), que fue a su vez inaugurada por el presidente Kibaki el 30 de abril en Nairobi, donde se reunieron para el evento más de 600 delegados de todo el país.

Diferentes ONG keniatas pidieron al Gobierno que no interfiriera en el trabajo de la CKRC, así como tampoco en el decurso del debate de la CCN. Aunque el presidente Kibaki prometió que ni desde su Gabinete, así como tampoco desde los partidos políticos, se obstaculizaría el proceso de revisión de la Constitución, lo cierto es que este proceso fue la espoleta para el resurgimiento de las acaloradas discusiones entre las formaciones políticas del KANU y el NARC, y, en el seno de éste, entre la Alianza Nacional Keniana (NAK) y el Partido Demócrata Liberal (LDP), de modo que la coalición llegó a un punto de fractura.

El principal centro de las tensiones fue el debate sobre la inclusión, en el nuevo proyecto constitucional, de la figura de un primer ministro, así como la de dos viceprimeros ministros. Los parlamentarios del NAK, opuestos a esta idea, alegaban que dicho cargo de primer ministro debilitaría la figura del presidente. Por otro lado los miembros del LDP, la otra principal facción del NARC, defendían a ultranza la inclusión del cargo de primer ministro, y que éste fuese ocupado por el actual ministro de Obras Públicas, militante de sus filas, Raila Odinga.

En el decurso del roce en el que el LDP exigía que se respetara el pacto preelectoral firmado con sus socios de coalición, los demócrata liberales amenazaron con unir fuerzas con el KANU. Éste no lo pensó dos veces antes de dar su apoyo a la moción del LDP.

La crisis a la que condujo esta situación fue agravada por la muerte del vicepresidente Michael Kijana Wamalwa, muerte que no ha hecho más que avinagrar las relaciones entre las facciones del NARC en cuanto a la sucesión del fallecido.

El KANU no ha desaprovechado la delicada posición de Kibaki, frente a una ruptura, que, de hacerse efectiva en cualquier momento, acabaría con el actual Gobierno.

Para evitar el desgaje del NARC, las dos partes enfrentadas no tienen más remedio que negociar la inclusión del cargo de primer ministro, sin que éste tenga carácter ejecutivo, sino más bien que asuma funciones representativas.

El líder del partido de la oposición FORD-P (Foro Popular para la Restauración de la Democracia), Simeon Nyachae, ha querido que su formación se mantuviera al margen de las disputas, y finalmente ha apostado por colaborar con el Gobierno en la tarea de mantener su promesa de una nueva Constitución.

Por su parte, los delegados de la Conferencia Nacional Constitucional han acusado repetidas veces a su presidente, Yash Pal Ghai, de adoptar actitudes dictatoriales en la toma de los puntos del orden del día de las sesiones, así como de tomar partido en los intereses políticos del NARC en el debate de la inclusión del cargo de primer ministro, hasta el punto que Ghai tuvo que enfrentarse a una moción con la que se pretendía conseguir su destitución.

Otro obstáculo importante ante el que se ha encontrado la Comisión para la Revisión de la Constitución de Kenia (CRCK) es la reivindicación de la comunidad musulmana ante la posibilidad de que no se incluya la presencia de los tribunales islámicos en la Carta Magna.

El Consejo de Imanes y Predicadores de Kenia (CIPK) pidió que se respetara la presencia en la Constitución de sus instituciones religiosas, y acusó, tanto al Gobierno como a la CRCK, de pretender la formulación de una legislación pro cristiana que no tiene en cuenta el colectivo musulmán. Es más, remarcó que detrás de los católicos y protestantes de Kenia había el apoyo de algunas iglesias cristianas norteamericanas (católica, luterana y anglicana), que habrían presionado para que se suprimieran los tribunales islámicos del texto legal keniano.

Pero un hecho que también ensombreció el proceso de reforma constitucional, fue el asesinato del presidente del comité técnico de la CCN, el doctor Crispin Odhiambo Mbai, que murió a causa de los disparos de un grupo de pistoleros que irrumpieron en su domicilio. El presidente Kibaki ordenó una inmediata investigación, y aunque fueron detenidos los autores materiales de los hechos, que confesaron el crimen al ser interrogados por la policía, todavía no se ha podido establecer el móvil, y quién se halla detrás de la muerte de Mbai, toda vez que las pistas policiales apuntan a miembros del Parlamento.

El ministro Murungi preveía que la nueva Constitución fuese votada en referéndum en el mes de junio, pero dado que todavía quedan muchos puntos en los que el debate permanece atascado, debido sobretodo a la predominancia del afán de poder y los intereses de los partidos, el redactado final no saldrá a la luz hasta el mes de marzo de 2004.

Una de las cuestiones que en el proceso de reforma de la Constitución de Kenia reclama la atención, tanto de las organizaciones de Derechos Humanos, como de la Comunidad Internacional, es la abolición de la pena de muerte, aún vigente en el país.

Actualmente, más de 2.600 presos esperan, en los corredores de la muerte, que les sea aplicada la pena capital. Des de 1982, ningún convicto ha sido ejecutado en la horca (que es el método que se utiliza en Kenia), castigo reservado a los reos de asesinato, alta traición a los intereses nacionales y robo a mano armada.

El asesor del ministro de Estado en la Oficina del presidente, Wilfred Machage, en una sesión del Parlamento expresó su apoyo a la idea de la abolición de la pena de muerte en la Nueva Constitución, y su substitución por la de cadena perpetua.

La reforma del sistema penitenciario, que el ministro de Interior, Moody Awori, anunció a principios de año, prevé terminar con las aglomeraciones en las cárceles del Estado, donde los condenados se hallan en malas condiciones alimenticias e higiénicas, constituyendo un sector de población vulnerable a las epidemias. Por otro lado, las organizaciones de Derechos Humanos del país han denunciado la comisión, por parte de los guardias y de los funcionarios de prisiones, de abusos contra los presos, sometidos de puertas adentro a violaciones y torturas, que en algunos casos llegan a la mutilación de miembros.

Kenia sigue siendo un país con un elevado índice de inseguridad ciudadana. A lo largo de este año más de 600 personas han sido asesinadas en todo el país. La mayor parte de estas muertes es debida a los asaltos perpetrados por bandas organizadas contra ganaderos y granjeros, principalmente en las provincias norteñas de Rift Valley, Eastern y North Eastern, estas dos últimas fronterizas con Etiopía.

Tanto el Gobierno como las autoridades locales han querido poner soluciones frente a estas acciones de pillaje, mediante el reforzamiento de la seguridad en las fronteras, y también del control de la proliferación de armas en la zona, difícil de atajar, ya que los mismos ganaderos se abastecen de dichas armas para defenderse de los ataques.

Estas armas, según un informe de la organización internacional Human Rights Watch, provienen del tráfico ilegal en países vecinos en guerra, como el Sudan o Somalia. Por su posición geográfica, Kenia es un punto clave para el envío de partidas de armas, la mayor parte de ellas de fabricación norteamericana o china, y una pequeña parte de este material bélico permanece en los circuitos de los mercados negros locales.

Una amenaza importante para la seguridad ciudadana también ha venido dada por la actividad de los Mungiki, una secta religiosa aparecida en 1985, cuyo ideario promulga el estilo de vida tradicional africano, siguiendo los ritos ancestrales de los kikuyu, la etnia predominante en el país. Esta secta, que fomenta la práctica de la circuncisión femenina, y cuya actividad se ha centrado básicamente en los distritos de Nyeri y Nakuru, en Central Province, se ha mostrado siempre propensa a la violencia, con continuos ataques a la población civil, entre la que ha cometido numerosos asesinatos, así como también de agentes de policía.

A principios de año, el presidente Kibaki manifestó la resolución de terminar con este grupo, entre cuyos miembros se hallaban incluso miembros del Parlamento, como el diputado para el KANU David Manyara, que fue procesado por asesinato. Del mismo modo, algunos cargos del actual Gobierno se han visto obligados a dar explicaciones ante la Cámara por su antigua pertenencia al grupo.

Los Mungiki han intentado alinearse con el credo del Islam, al que se han convertido los líderes de la secta, pero fueron rechazados por la comunidad musulmana de Kenia.

Después de las operaciones policiales en las que se detuvo a un elevado número de miembros del grupo, y otros se entregaron voluntariamente a las autoridades, su jefe, Ibrahim Ndura fue arrestado y puesto a disposición judicial a finales de abril.

A pesar de la aparente decapitación de la secta, la policía no ha sabido determinar con certeza la autoría de otras acciones violentas que, en un principio, podrían ser atribuibles a este grupo, pero que oficialmente habrían sido cometidas por delincuentes comunes, después de que el ministro de Seguridad Nacional, Chris Murungaru, asegurase que los Mungiki habían dejado de existir con la detención de su líder.

Pero si el Gobierno keniano ha querido dar un respiro a la población con su plan para la mejora de la seguridad ciudadana, asimismo paree que aún no ha convencido a los Estados Unidos y al resto de la Comunidad Internacional, de haber eliminado la amenaza terrorista en el país.

Después de los dos atentados del 28 de noviembre de 2002, en los que un avión de pasajeros israelí fue atacado con mísiles tierra-aire, y un coche bomba hizo explosión en el Hotel Paradise, en Kikambala, en el distrito de Kifili, al norte de Mombasa, Kenia se ha convertido, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, en otro punto de mira para los intereses norteamericanos.

A pesar de las demostraciones del Gobierno keniano, ante la Administración Bush, de su compromiso político y social contra la amenaza de los atentados, tanto los Estados Unidos como el Reino Unido no han dado demasiadas muestras de entusiasmo ante las medidas emprendidas por Kibaki. Una prueba de ello es que, en el decurso de su visita a la Casa Blanca en el mes de octubre, el presidente africano, aunque recibió las alabanzas de su homólogo, George Bush, quién ensalzó las virtudes de Kenia como modelo de desarrollo democrático y económico del continente negro, no pudo vender la idea de que Al-Qaeda había dejado de suponer una grave amenaza para los kenianos y la comunidad extranjera del país. En ello Kibaki se llevó una gran decepción, ante la persistencia del Gobierno de los Estados Unidos en mantener en los medios de información las advertencias sobre el peligro de viajar a Kenia, por los posibles ataques terroristas, a pesar de las protestas que el dirigente africano hizo llegar a Bush, durante los encuentros que mantuvo con él.

A lo largo del año, el Gobierno de Nairobi ha emprendido varias medidas para dar una imagen que permitiera rehacer el dañado sector turístico, desde el estricto control de aeropuertos y sistemas de comunicación, proporcionando también extremas medidas de seguridad para los turistas, hasta la elaboración del Proyecto de Ley Antiterrorista, que ha sido fuente de discrepancias entre el Gobierno y la comunidad musulmana keniata, que teme que este nuevo texto legal pueda llegar a discriminar a sus miembros. La policía ha llevado a cabo numerosas detenciones de personas presuntamente vinculadas con las células de Al-Qaeda, sin que, en muchos casos, se dispusiera de suficiente pruebas para realizar dichas detenciones o realizar registros domiciliarios.

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos lo negó oficialmente, la comunidad musulmana de Kenia ha denunciado el ejercicio de presiones, por parte del alto comisario británico en Kenia y del embajador norteamericano, para que la Cámara Legislativa se decidiese a redactar el Proyecto de Ley Antiterrorista. Ambos diplomáticos también habrían influido en la redacción del esbozo. Diferentes letrados del país, como el abogado del Tribunal Supremo, Dauti Kahura, apuntaron que esta ley no tiene lugar en el sistema legal keniano, y, tanto por su contenido como por su forma, transluce la voluntad dictaminante de los Estados Unidos.

Pero si Kibaki se ha apresurado en querer hacer ver su voluntad cooperadora en la lucha contra Al-Qaeda, en el plano doméstico no ha conseguido acabar con la principal causa de la crisis que vive Kenia a todos los niveles: la corrupción, que afecta tanto a las entidades bancarias como a los poderes del Estado y a las fuerzas de seguridad, especialmente la policía. Varios agentes de este cuerpo, ya sea por la comisión de abuso de poder y extralimitación en sus funciones, o por su asociación con el crimen organizado, han sido procesados durante este año, algunos de por delitos de asesinato.

Asimismo, el aparato judicial se ha visto salpicado por la corrupción que, según los parlamentarios de la oposición, se ha generalizado hasta el punto que tendrían que destituirse todos los jueces del país y parte de los funcionarios que se hallan a su servicio.

A pesar de los esfuerzos de Kibaki para defender al Primer Juez del país, Bernard Chunga, éste fue suspendido de su cargo a principios de año por el Gobierno, que ordenó una investigación sobre sus actuaciones, a raíz de las presiones de miembros de la Asamblea Nacional y de diversas ONG del país, por la presunta vinculación del magistrado en escándalos financieros de entidades bancarias como el ABN-Amro Bank, ente financiero internacional, de origen holandés, nacido de la fusión en los años sesenta entre el Ámsterdam-Rotterdam Bank y el Algeme Bank Nederland, y que tiene sucursales en más de sesenta países.

A principios del mes de octubre Kibaki procedió a la destitución de 23 magistrados, 17 jueces de primera instancia y 6 jueces de la Corte de Apelaciones, en lo que es una campaña contra la corrupción, que el presidente keniano poder erradicar de las instituciones del país antes de terminar su mandato, dentro de cinco años.

Los parlamentarios del KANU han reprochado en numerosas ocasiones la comparecencia de varios de sus militantes ante el Tribunal Anticorrupción. Este tribunal, creado por Kibaki en su batalla contra la degradación del aparato judicial y los escándalos financieros, tampoco no está exento de sospechas por la supuesta comisión de prevaricación y abuso de poder. De hecho, su existencia no responde a más que a una voluntad de acosar al principal partido de la oposición, hasta el punto de desprestigiar socialmente a quién fue su líder en el anterior mandato, Daniel Arap Moi, implicado en el escándalo bancario del caso Goldenberg. Este escándalo supuso la evasión de centenares de millones de dólares y la quiebra del Euro Bank Limited, una de las principales entidade financieras de Kenia, que fue puesto en liquidación en el mes de febrero.

Estos escándalos financieros han minado gravemente la economía del país, ya que los entes corruptos se han beneficiado, en buena parte, de la importación a bajo precio de mercancías que, como es el caso del azúcar de caña, también se producen en Kenia. De modo que ello ha ocasionado la caída de precios del mercado local.

A pesar de las medidas administrativas aplicadas por el ministro de Agricultura, Kipruto Arap Kirwa, para proteger el mercado nacional del azúcar, las importaciones a bajo precio se habían incrementado en un 300% sólo en los dos primeros meses del año.

Empresas como Mumias Sugar Company o Nzoia Sugar Company tuvieron serias dificultades para mantener los niveles de producción, debido al boicot de los cultivadores de caña de azúcar, que hicieron oír sus protestas por la incapacidad del Gobierno para controlar la caída de los precios de compra a los agricultores, y se negaron a vender las cosechas, hasta el punto de que algunas factorías se vieron obligadas a cerrar.

En general, el sector agrícola, que contribuye en un 19’1% en el Producto Interior Bruto de Kenia frente al 26’5% de 1998 (según datos del Banco Mundial para 2002), se halla frente a una serie de elementos adversos que, en el caso del cultivo del café, han provocado una caída del 50% de la producción. Las fuertes sequías que han afectado a las zonas semiáridas y áridas del país, así como las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias caídas a finales de abril por todo el país, y que fueron declaradas como desastre nacional, han ocasionado la pérdida de cosechas. Asimismo, las incursiones de animales salvajes, sobretodo elefantes, han causado la destrucción de numerosos campos de cultivo.

Los datos del Banco Mundial sitúan la inflación keniana en el 1’8% para 2002. Pero detrás de este índice, que pone a Kenia al lado de economías como la finlandesa en el ranking mundial del aumento del coste de la vida, se esconde un nivel de pobreza del 50%, índice que podría seguir elevándose si continua el proceso de recesión del sector agrícola, ya que éste supone un recurso importante para la subsistencia básica de muchas familias que, de otro modo, pueden engrosar las áreas urbanas con población que vive en la miseria.

Por otro lado, la actividad de las prospecciones mineras en el país también supone un inconveniente para la recuperación y potenciación del sector agrícola. Después de la indecisión del Gobierno ante las protestas de la comunidad de empresarios de Mombasa, el Ejecutivo dio luz verde a la firma canadiense Tiomin Resources Inc. Of Canada, que había iniciado un proyecto multimillonario para la extracción de titanio en el distrito de Kwala.

Según los que se oponen al proyecto, este suponía echar a los agricultores y granjeros de la zona, pero el Gobierno finalmente prefirió apostar por los beneficios que generará la extracción del mineral de la compañía, de la que Tiomin Kenya Limited es subsidiaria.

El Gabinete de Kibaki ha emprendido la formulación de un proyecto de ley sobre tierras, con lo que se pretende recuperar los lotes de hectáreas de superficie cultivable, y de los que se habían apropiado ilegalmente empresas, entidades financieras y personas con cargos institucionales que, durante el antiguo Gobierno del KANU, se apoderaron de estas propiedades, muchas de ellas en régimen de utilización pública.

Para evitar la caída de la economía del país, Kibaki se ve forzado a invertir una considerable partida presupuestaria en el mantenimiento de las infraestructuras nacionales, así como la creación de nuevos recursos, como la construcción de presas en las zonas áridas y semiáridas del país, que permitan la instalación de sistemas de regadío para las explotaciones agrícolas.

Para facilitar el tráfico de mercancías, el país tiene que mejorar su red de comunicaciones, sobretodo las carreteras y los aeropuertos. De los 230 aeropuertos y pistas de aterrizaje que hay en Kenia, sólo 19 cuentan con tramos pavimentados, y, de éstos, sólo cuatro tienen asfaltados más de tres mil metros.

El Gobierno de Kibaki se ha resistido a liberalizar las empresas nacionales dedicadas al mantenimiento de las infraestructuras, hasta el punto que su voluntad ha sido la de no dejar en manos del sector privado ninguna de estas compañías, por lo menos hasta que la situación no llegase a ser insostenible para los presupuestos del Estado. Éste es el caso del sistema de abastecimiento de aguas, muy dañado después del desastre de las inundaciones de mediados de año.

Kenia cuenta con la aportación del Banco de Desarrollo Africano y con los 250 millones de dólares de fondos de desarrollo garantizados por el Banco Mundial. Estas ayudas han sido invertidas principalmente en la campaña del Gobierno para la lucha contra el SIDA, y en la mejora del sistema educativo. La implantación de la educación primaria gratuita en todo el país ha sido un éxito importante para la Administración del NARC. Para el mantenimiento de este proyecto, UNICEF ha dado 18 millones de dólares.

Por otro lado, sin embargo, los donantes de la Comunidad Internacional han mostrado sus reticencias en el momento de contribuir en los diferentes planes de desarrollo en Kenia, y han advertido a Kibaki que su aportación está condicionada a la lucha eficaz contra la corrupción.

Mbwai Kibaki, más que plantear la construcción de una nueva Kenia, está poniendo puntales en un edificio, que a pesar de la resplandeciente apariencia de su fachada, sus vigas están carcomidas, sus cimientos desplazados por un corrimiento de tierras, y su techo, agujereado, empieza a filtrar las lluvias de los intereses norteamericanos.



Cronologia año  2003
4 de enero. El presidente Mbwai Kibaki, dentro del marco de reforma del sistema educativo, anuncia la gratuidad de la educación primaria.

14 de enero. Una protesta de los interventores del KANU contra los resultados de las pasadas elecciones generales acaba con varios heridos por una carga policial que los desaloja de su sede en el KICC (Kenyata International Conference Center).

24 de enero. Un accidente de avión en Busia, al oeste del país, acaba con la vida de dos pilotos y la del ministro de Trabajo, Ahmed Khalif. Otros tres ministros, que también viajaban en el aparato, han resultado heridos de gravedad.



19 de febrero. Dos árabes y un somalí son identificados como sospechosos del ataque con misiles tierra-aire contra un avión de pasajeros israelíes, y del atentado suicida con bomba contra el hotel judío Paradise, al norte de Mombassa.

21 de febrero. El Banco Central de Kenia (CBK) pone en liquidación, con efectos inmediatos, al Euro Bank Limited (EBL), después de que este quebrase a causa del escándalo financiero del “caso Goldenberg”, que supuso a la entidad una pérdida multimillonaria.

17 de marzo. La Asociación de Agricultores de Caña de Azúcar (KESGA), pide a los agricultores que suspendan la entrega de género a las fábricas, como protesta por el descenso de precios de la caña de azúcar.

31 de marzo. Las autoridades kenianas piden a los terratenientes que se habían apoderado de propiedades públicas y de reservas en la región oriental de Coast Province, que devuelvan estas posesiones por las buenas, o seran expulsados por la fuerza.

21 de abril. El coordinador nacional de la Secta Mungiki, Ibrahim Ndura, es detenido por la policía, después de ser perseguido por todo el país durante dos meses.

30 de abril. El presidente Kibaki inaugura en Nairobi la Conferencia Nacional Constitucional.

7 de mayo. El Gobierno califica las inundaciones ocasionadas por las lluvias de los últimos días como desastre nacional, y prevé que causaran serias pérdidas en la producción agrícola.

15 de julio. El Gobierno emite su decisión final de permitir la explotación de titanio a Tiomin Resources Inc. Of Canada, en el distrito de Kwala, a pesar de las protestas de granjeros y organizaciones que denuncian el grave impacto que ello supondrá en el medio natural de lar región.

18 de agosto. Se propone la destitución de Yash Pal Ghai como presidente de la Comisión de Revisión de la Constitución de Kenia, en un acuerdo de los delegados de la segunda conferencia. Los miembros de la Conferencia Nacional Constitucional acusan a Ghai de mantener actitudes dictatoriales y de venderse a los intereses de los partidos.

26 de agosto. Muere el vicepresidente Michael Wamalwa, cuyo estado de salud habían escondido tanto las autoridades como los medios de comunicación.

15 de septiembre. El Dr. Odhiambo Mbai, presidente del comité técnico de la Comisión de Revisión de la Constitución de Kenia, muere tiroteado a manos de tres pistoleros. El presidente Kibaki ordena una inmediata investigación policial para detener a los culpables, y pide que no se hagan especulaciones sobre este hecho entre la clase política.

22 de septiembre. El presidente Kibaki abre en Nairobi la 13ª Conferencia del SIDA y enfermedades de transmisión sexual (ICASA), y pide a los políticos que se impliquen en la lucha contra dichas enfermedades. Unos 8.000 delegados de instituciones y asociaciones de la lucha contra el SIDA asistieron al evento.

7 de octubre. Mbwai Kibaki, en el transcurso de su visita a la Casa Blanca, pide el apoyo de los Estados Unidos, para que Kenia se recupere económicamente y pueda llevar a cabo una promoción efectiva de la seguridad. Sin embargo, el presidente keniano se quejó a su homólogo norteamericano de las advertencias publicadas por la Administración Bush, que prevenían de viajar a Kenia por la amenaza de los ataques terroristas.

16 de octubre. La tensión aumenta en los tribunales de justícia de Nairobi, al no haber ningún indicio de intención de dimitir, por parte de los jueces sobre los que penden acusaciones por corrupción. Los nombres de estos magistrados han aparecido en una lista elaborada por una comisión, encargada de la investigación de casos de corrupción en el aparato judicial.


 


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