Anuario 2003
Brasil
"Lula modifica el esquema de Gobierno pero mantiene sus políticas y el apoyo de los ciudadanos"
Xènia Plaza

Luiz Inácio Lula da Silva accedió al cargo de presidente después de ganar las elecciones como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierdas. En el momento de su victoria, el 27 de octubre de 2002, Lula exclamó: “la esperanza ha ganado al miedo”. Meses después, parece que la energía del presidente no ha disminuido, pero las reformas y políticas anunciadas no han sido tan fáciles de aplicar como se había predicado en la campaña electoral. Su programa estrella, Hambre Cero, se ha visto dificultado por la sobrecarga de burocracia, y las tensiones dentro de su partido se han evidenciado a lo largo del año. A Lula las cosas no se le presentan fáciles y tendrá que dar nuevos impulsos a sus acciones (que no a sus palabras) para que el electorado brasileño no pierda la confianza en lo que se había convertido en la nueva fe de la población brasileña, latinoamericana y, hasta de todos los movimientos de izquierda del mundo.
Hasta ahora, la política del líder brasileño se ha basado en tres ejes: el combate contra el hambre mediante el programa Hambre Cero, la reforma de la Seguridad Social y la reforma tributaria. Cada una de estas iniciativas han tenido sus obstáculos.

El programa Hambre Cero, gran emblema de Lula durante su campaña electoral y en su investidura como presidente de Brasil, avanza cada vez con más lentitud y problemas. La intención de este proyecto es dar una ayuda de 15 y 30 euros mensuales a 11 millones de familias, o sea, unos 50 millones de pobres, de aquí al 2006. En primer lugar, desde diferentes posicionamientos políticos, incluido el PT, se piensa en el programa como una solución a corto plazo y que hubiera sido mejor apostar por una política de creación de empleo y no centrar los esfuerzos en una política tan asistencial. Los datos recogidos hasta ahora indican que la ayuda de 15 euros a las familias más pobres ya llega a un millón de ellas, pero aun falta mucho para llegar al objetivo. De hecho, a finales de año se preveía que estas ayudas llegaran a dos millones de familias. Sí que se tiene que decir que en los últimos meses los datos han mejorado muchísimo, ya que en el mes de mayo, las ayudas llegaban a 96.000 familias. Los analistas señalan que la burocracia es una de las mayores dificultades con las que choca el programa. Por otra parte, la oposición también ha declarado que, según sus cálculos, el coste de cada real (moneda brasileña) que se ha distribuido, cuesta al Gobierno 1,77 reales en costes administrativos.

Por si esto fuera poco, la Administración brasileña cuenta con más problemas. Cada Estado tiene sus programas sociales, y algunos se muestran reticentes a aplicar el programa y quieren continuar con sus propias estrategias. Esto no únicamente afecta al programa Hambre Cero sino que implica a las cuatro estrategias planteadas por Lula para mejorar y erradicar la situación de pobreza del país. Este conjunto de políticas, llamadas Bolsa-Familia, incluye el Bolsa-Escuela, Bolsa-Alimentación, el cesto alimenticio y la ayuda al gas. El objetivo es “dar a todos los brasileños dignidad y autoestima, ofreciéndoles posibilidades de trabajo, educación y sanidad”, declara el propio Lula. Aun así, muchos ven el programa como una reforma de caridad que no ayuda a construir una verdadera fuente de futuro para Brasil.

El otro punto en discordia en la política del nuevo Gobierno ha sido la reforma de la Seguridad Social. La estructura actual de este organismo provoca una deuda altísima al Estado. El Gobierno ha llevado la reforma al Parlamento, pero al verdad es que no ha tenido el apoyo necesario para ser aprobada definitivamente. Pero el problema más grande es que esta reforma no ha obtenido únicamente el rechazo del resto de partidos, sino que también ha provocado cierto recelo en la sociedad brasileña, aunque el último sondeo nacional indicaba que un 78% de la población estaba a favor de la reforma. En este caso, Lula también se ha tenido que enfrontar con la crítica de un sector del Partido de los Trabajadores.

El déficit que acumula la Seguridad Social brasileña es muy preocupante. A nivel nacional, el déficit llega a los 4.800 millones de dólares. Para intentar reducir este desajuste, el Gobierno pretende retrasar las edades de jubilación y reducir las diferencias de valor entre las pensiones. Además, el sistema de la Seguridad Social brasileño prevé que haya colectivos profesionales que perciban, cuando se jubilin, el 100% del sueldo que recibían cuando estaban en activo. Como explicaba el juez federal Ricardo López Brecho, “si trabajo 24 años y después me paso 30 o 40 años jubilado, es fácil descubrir porqué el sistema está quebrado. Si el Gobierno me cobra el 11% del sueldo mientras estoy en activo, y al dejar de trabajar me paga el 100% de lo que ingresaba, no puede funcionar, aunque el Gobierno consiga el apoyo de la sociedad. Si a esto se añade que la Seguridad Social está mal gestionada, se obtiene la fotografía del sistema asistencial brasileño, que hace aguas por todos lados”.

El sistema está desequilibrado, en gran medida porque el sector público tiene privilegios sobre el sector privado. Los funcionarios se jubilan a los 53 o 54 años y las funcionarias sobre los 48 o 49, y después cobran íntegramente su sueldo. En cambio, los trabajadores del sector privado no reciben su sueldo íntegro, aunque sí es cierto que la parte de sueldo que se les resta cuando trabajan no es tan grande como en el caso de los funcionarios. En el último año, el Gobierno ha gastado más de 13.700 millones de reales para subsidiar las jubilaciones de al menos tres millones de personas.

Para cambiar todo esto, la reforma plantea dos campos de acción: establecer una edad mínima de jubilación que se situaría en los 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Hasta ahora, el sistema no proponía una edad mínima sino que se hacía un cálculo en relación a los años que se había cotizado como trabajador.

Pero como ya se había avanzado, no todo el mundo está a favor de esta reforma y hay un sector que lo ha demostrado con creces: el poder judicial. Desde que Lula anunció que quería implantar un nuevo sistema de Seguridad Social el poder judicial se ha pronunciado en contra porque no quiero perder los privilegios que le da la actual estructura. Con la nueva reforma, los miembros del poder judicial pierden sus 60 días de fiesta, un sueldo muy superior a la mediana de los otros funcionarios públicos y su condición vitalicia.

Ante ja negativa de Lula de cambiar la reforma, los funcionarios organizaron una vaga que reunió centenares de miles de personas que llenaron las calles de Brasil a mediados de julio. Más de 15.000 funcionarios judiciales salieron a la calle para protestar contra los proyectos de Lula. Pero no estuvieron solos porque más de 500.000 funcionarios de todos los organismos se adheyeron a la vaga.

Por último se tiene que hablar de la reforma fiscal. La voluntad es reducir la complejidad del sistema tributario, la presión fiscal sobre la industria y los exportadores, y disminuir la evasión de impuestos.

Este proyecto ha traído más problemas en el terreno político que no en el social. El principal problema es que hay Estados que no quieren perder la competencia de los impuestos que cobran, como por ejemplo el de mercancías y servicios. Piensan que esto les restará beneficios. La justificación de los dirigentes estatales es que cada zona tiene sus particularidades. Por otra parte, algunas patronales tampoco estaban de acuerdo con la aplicación de esta propuesta. Ante la negativa de algunos Estados de aceptar la propuesta, el Gobierno ha presentado un nuevo proyecto en el Parlamento.

En septiembre la Cámara Baja del Congreso aprobó la reforma tributaria, pero ésta aun tenía que pasar por el Senado. Aun así, la ley modificada otorgaba bastantes concesiones a las demandas de los Estados. En primer lugar, el Gobierno debería crear un fondo de desarrollo regional y otro de compensaciones a las exportaciones, con una garantía especial para los Estados en los que decaiga la recaudación en concepto de circulación de bienes y mercancías. Además, también se mantiene el impuesto sobre cheques sólo hasta el 2007, cuando Lula quería convertirlo en permanente. El Ejecutivo también aceptó compartir con los gobiernos regionales parte del dinero que recaude gracias al impuesto de combustibles.

Pero la aprobación de esta ley parece haber hipotecado al presidente. Se tiene que recordar que Lula y su partido no tienen mayoría absoluta, hecho que les obliga a buscar consenso y alianzas parciales con diferentes partidos. El último en añadirse a esta lista ha estado el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centro-derecha y que ha dado su apoyo a Lula para que se aprobasen los dos pilares del proyecto del presidente.

A finales de año, Lula comenzó a aplicar la reforma ministerial que tenía en mente desde agosto. La reforma ha producido bajas en las carteras ministeriales relacionadas con las cuestiones sociales. Los afectados han estado antiguos compañeros del PT muy cercanos al presidente: José Graziano, ministro del proyecto Hambre Cero y amigo personal del presidente; Cristovam Buarque, ministro de Educación y ex rector de la Universidad de Brasilia; Ricardo Berzoini , ministro de Seguridad Social y compañero de lucha sindical del presidente; Benedita da Silva, ministra de Asuntos Sociales, política salida de una favela de Río de Janeiro decepcionada con la gestión de éste, que ha acabado rechazando la Secretaría Nacional de la Mujer. El ministro Buarque será sustituido por un personaje emblemático dentro del PT, Tarso Genro, ex alcalde de Porto Alegre.

Pero estos cambios no han afectado tan solo al PT. El PMDB formará parte del Gobierno, tal y como el mismo presidente había dejado entrever durante todo el año. Como resultado el apoyo que le han mostrado con las reformas de la Seguridad Social y con la reforma tributaria, este partido se hará cargo del ministerio de Comunicación, que estará dirigido por Eunicio Oliveira. Por otra parte, el ministerio de Ciencias estará dirigido por Eduardo Campos, del PSB, que no tiene ninguna experiencia en el campo científico, después de la dimisión de Roberto Amaral, del PT.

La entrada del PMDB en el Gobierno deja un panorama completamente diferente para el resto de la legislatura. Este partido representaba la verdadera oposición del Gobierno de Lula. El PMDB cuenta con 77 diputados federales, 23 senadores, seis gobernadores, 1.226 alcaldías y seis millones, así que puede condicionar claramente la política del Gobierno de Lula, aunque hasta ahora le haya brindado su apoyo. Ahora la oposición stará formado por el Partido Socialista Democrático de Brasil, del ex presidente Cardoso, y por el Partido del Frente Liberal, de derechas.

Estos cambios se mezclan con la disconformidad de una parte del PT con Lula. El carácter que está tomando el Gobierno brasileño y las políticas presentadas por Lula, tienen, paradójicamente, sus enemigos más acérrimos en las filas del PT. El ala más izquierda del partido cree que las políticas que aplica Lula son muy centristas y que no se diferencian mucho de las que presentaba el anterior Gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso. En esta misma línea, muchos critican al presidente que se centre demasiado en la economía u que haya dejado las medidas de carácter más social aparcadas. El presidente se justifica de la siguiente manera: “Sin crecimiento económico estable no puede haber desarrollo”. Otros se quejan de la disciplina de voto del partido, que les impide discrepar sobre las decisiones del partido.

El episodio más preocupante para la estabilidad del PT y para la popularidad e imagen del Gobierno de Lula se produjo a finales de año: la posible expulsión de tres miembros del Consejo Ejecutivo del partido que no querían votar la aprobación de la reforma fiscal y de la reforma de la Seguridad Social.

Entre los disidentes estaba Luciana Genro, hija del secretario del Consejo de Desarrollo Económico y Social y mítico ex alcalde de Porto Alegre, que desafió al presidente al declarar que asistiría a las protestas convocadas per los funcionarios jubilados. Compañeros suyos alegaron: “No sería justo que se nos expulsara por defender a los trabajadores”. En este tema, Lula ha dejado bien clara su opinión al recordar un episodio de mediados de los 80, momento en que tres diputados del partido tuvieron que ser expulsados. En referencia a este episodio, el presidente explicó que lloró en el momento de la medida, pero que la firmó. El mandatario afirmó que si en esta ocasión era necesario expulsar a los diputados que votaran en contra de las reformas lo haría, aunque lo sintiera como una herida en su propia carne.

Y las medidas no se hicieron esperar: Linderg Farias, de Río de Janeiro, Luciana Genro y Joao Batista Babá, de Paraná, fueron las primeras víctimas de las tensiones. El primero fue suspendido durante 30 días de su cargo de vicelíder del partido en el Parlamento y como miembro de la Comisión sobre la Seguridad Social. Los otros dos afectados también fueron cesados del cargo que poseían dentro de la comisión. Y esto únicamente ha estado la primera acción porque parte de la organización se está planteando la expulsión definitiva de los tres miembros.

Esta situación acabó con la convocatoria, organizada por los propios disidentes, de manifestaciones para pedir democracia dentro del Partido de los Trabajadores. Las consecuencias políticas van más allá de una simple manifestación. A finales de año, los militantes más a la izquierda del partido (un 30% de sus miembros”, se han planteado la idea de fundar un nuevo partido. Para hacerlo necesitan reunir 500.000 firmas. Muchos militantes consideran que la organización se ha transformado en un partido “social liberal” si no en “centrista” que ha olvidado las promesas que se anunciaron en Porto Alegre y que no es muy diferente de las propuestas neoliberales que aplicaba el Gobierno anterior. La crisis dentro del partido es evidente y se tendrá que ver cual será la reacción de Lula de cara al próximo año, aunque a mediados de junio, y como consecuencia de los hechos, se había hablado de que Lula se planteaba cambios importantes en el Ejecutivo.

Mientras pasa todo esto, Lula consigue el apoyo de miembros destacados de la oposición: el gobernador del Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, peso pesado de la política brasileña y miembro del Partido Socialista Democrático de Brasil (PSDB); o el gobernador del Estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, también del PSDB, hecho que aumenta la sensación de contradicción en los integrantes del PT.

Pero el nuevo Gobierno brasileño y Lula, la estrella que brilla por encima del resto de integrantes del Ejecutivo, continua teniendo un apoyo bastante alto entre la población brasileña, que aun no está defraudada per la gestión del equipo de gobierno. En los últimos sondeos, Lula obtenía un 77% de popularidad, un índice muy alto después de las crisis internas y de las dificultades por las que han pasado sus reformas.

Por sorpresa de muchos analistas nacionales e internacionales, el campo donde Lula y su Gobierno han realizado una muy buena gestión es en el área económica, que era la que despertaba más dudas a los sectores empresariales y a los políticos más liberales, y con el que sus enemigos se frotaban las manos. De momento, Lula ha conseguido aprobar reformas que los gobiernos anteriores no habían podido llevar a cabo, ha aplicado políticas económicas ortodoxas y ha mantenido en orden las cuentas fiscales. Hechos bastante significativos para alabar al presidente. En las acciones de Gobierno se puede ver el dogma del “crecimiento estable” que defensa para llevar a Brasil al desarrollo.

Lejos de los pronósticos que habían hecho algunos a principios de año, la inflación no se disparado, pero no está controlada. Según el índice general de precios, la inflación real se encuentra en el 20%. La inflación es uno de los puntos negros que siempre ha mostrado la economía brasileña, sobretodo desde la década de los 90. La subida de precios se controló gracias al Plan Real, aplicado por el ex presidente Cardoso, programa que lo catapultó hasta la reelección en 1998.

Otro dato importante: la relación de valor entre el real y el dólar ha disminuido: se ha pasado de la equivalencia de 1 real = 4 dólares a la de 1 real = 2,82 dólares. De hecho, el ministro de Economía del Ejecutivo, Antonio Palocci, fue, al menos durante los seis primeros meses, uno de los más valorados dentro del equipo de Lula. Pero no todos los indicadores son positivos. Si bien se esperaba un crecimiento del 4%, sólo se ha llegado al 1,5%. Por otra parte, los tipos de interés se encuentran en un 23%, cifra impensable en el mercado financiero europeo, y los ingresos de los trabajadores han disminuido un 27% en el último año. Según el propio Lula, las medidas aplicadas han estado un “remedio amargo” para que se recuperara la confianza en Brasil y ha afirmado que a partir de ahora la economía crecería “con orden”.

El último dato que resulta preocupante, y que, comenzó a subir desde principios de los 90, es el paro. En los últimos años ha crecido hasta situarse en el 12%, la cifra más alta de los últimos 20 años. En Sao Paulo, el Estado que aglutina el 45% de la mano de obra del país, la cifra se ha situado en el 10%. Los últimos datos que se habían registrado lo situaban en un 9% y a todo esto se tiene que añadir la gente que trabaja en la economía sumergida.

Lula tendrá ue esforzarse en este campo porque es no de los puntos más sensibles para los brasileños y, sobretodo, en la región noroeste, de donde procede Lula, una de las zonas más pobres del país.

A estas cuentas se le tienen que sumar los datos que ja estaban cuando el presidente accedió al cargo y que le dificultarían mucho su trabajo de gobernante. Una de ellas es la deuda pública externa, descomunal, que asciende a 253.942 millones de euros, una cifra que equivale al 58% del PIB del país. En otra medida de austeridad, Lula ha pedido a sus ministerios que reduzcan en un 10% de su presupuesto.

Pese a esta situación, los grupos financieros nacionales e internacionales apoyan la política económica y monetaria del Gobierno, y han afirmado que no reducirán las inversiones en el país. Por otra parte, pese a la deuda existente, el FMI va afirmó el mes de diciembre un acuerdo para prolongar un crédito de 30.000 millones de dólares. Gracias a este acuerdo, Brasil dispondrá de 6.600 millones de dólares adicionales a los del préstamo original y, además, se liberan 8.200 millones de dólares del crédito vigente. El mes de marzo, el FMI ya dio una muestra de apoyo a Brasil, con el avance de un pago de 4.000 millones de dólares, en la primera muestra clara de apoyo al nuevo Gobierno del presidente Lula. El año pasado, el país utilizó 6.100 millones del total que aportó el organismo internacional.

El FMI aprovechó para pronunciarse sobre la gestión del actual equipo de Gobierno y manifestó que “la respuesta de la Administración a las presiones financieras ha estado ambiciosa y valiente”, y que “se ha conseguido un balance disciplinado de la política fiscal y monetaria para cumplir con los objetivos de aliviar la pobreza y de fortalecer sus compromisos sociales”.

Pero estos no han sido los únicos movimientos que ha realizado el Ejecutivo para intentar plantear una economía más saneada y abierta. A lo largo del año, el presidente ha viajado a Oriente Próximo y África para intentar establecer vínculos comerciales con diferentes países. Lula quiere incrementar la presnecia de Brasil en estos mercados y, además, atraer nuevos inversores al país. Se tiene que puntualizar que Brasil es el segundo país, por detrás de China, que recibe más inversiones extranjeras, parte de las cuales proceden de conocidas empresas españolas (SCH, BBVA o Telefónica, por ejemplo).

Por otra parte, Lula, aprovechando su imagen de nuevo modelo de dirigente que se ha convertido en icono del progresismo, también ha intentado descongelar las relaciones entre su país y los países integrados en la Unión Europea. El presidente brasileño no ha mostrado el mismo interés por establecer estos vínculos comerciales con Estados Unidos. Entre otras cosas, que se han afianzado a lo largo del año, Lula se ha convertido en el mayor de un proceso de desarrollo y unión comercial de América del Sur, y ha marcado las diferencias con Estados Unidos. Lula y el también nuevo presidente argentino, Néstor Kirchner, han sido los nuevos impulsores, del Mercosur, la asociación comercial que incluye Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Aun así, Kirchner mantiene muy buenas relaciones con George W. Bush, después de que este interviniese en las negociaciones argentinas con el FMI. El presidente brasileño sabe que tiene un papel crucial en las negociaciones del ALCA (Área de Libre Comercio Americana), un acuerdo de libre comercio que incluiría todos los Estados americanos. Lula quiere seguir un camino deiferente al de Estados Unidos, pero se ha de tener en cuenta que muchos países latinoamericanos mantienen una fuerte dependencia con Estados Unidos.

Brasil no sólo ha tomado el papel de líder regional sino que también ha capitaneado el G-20, el grupo surgido de la fracasada cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Cancún. Este grupo, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, China, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Guatemala, India, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela, pide a los países ricos que abandonen sus políticas proteccionistas, eliminen los subsidios agrarios de sus naciones y que liberalicen verdaderamente el comercio mundial. El tema de los subsidios es crucial para llegar a un acuerdo.

El Gobierno de Lula también se ha movilizado en este aspecto. A mediados de junio, el Ejecutivo presentó un plan para las familias que viven en el campo. La posición de la organización de campesinos Movimiento de los Sin Tierra (MST) es muy importante en este aspecto. Este plan, llamado Plan Nacional de Agricultura Familiar, beneficiaría a más de un millón y medio del campo brasileño que tienen en la agricultura su sustento para sobrevivir. Dos de los sectores más beneficiados por esta medida serán las mujeres y los jóvenes. Entre otras cosas, se intenta evitar las migraciones internas y promover la conservación y el mantenimiento del medio ambiente. El programa incluye unos créditos por un valor de 5.400.000 reales, lo que equivale a más de un millón y medio de dólares para la financiación de la cosecha 2003/2004. El Gobierno ha establecido que los participantes en el programa Hambre Cero tengan prioridad respecto al resto.

Las cosechas de los cinco principales productos del cesto de alimentos brasileño (arroz, frijol, mandioca, trigo y maíz), contaran con un 50% más de apoyo que el resto de cultivos.

El Gobierno tiene claro que estos créditos no son suficientes, pero afirmó que es “el mejor plan presentado en la historia del país” y se comprometió a realizar una “auténtica” reforma agraria.





El Movimiento de los Sin Tierra vuelve a ocupar fincas para reclamar la Reforma Agraria

Desde el momento en que Lula llegó al poder las relaciones con el movimiento social de los Sin Tierra (MST) se ha enfriado muchísimo, hasta llevar a la discordia. Los integrantes de este grupo compartían ideas con el actual presidente y ex sindicalista, pero poco a poco sus posiciones se han ido distanciando. Los Sin Tierra, uno de los colectivos más grandes de Sudamérica, negociaron un tregua con Lula antes de que éste iniciara su mandato. Pero la “inacción”, según el colectivo, del nuevo Gobierno, los ha llevado a romper el acuerdo. A todas estas críticas, el equipo de Gobierno ha reaccionado diciendo que “estamos tranquilos porque haremos todo lo que sea necesario, pero todo se hará a su tiempo”, ha declarado Lula.

El colectivo ya anunció que estaría dispuesto al diálogo pero también pidió al Ejecutivo más acción y una solución para realojar a las familias campesinas. La ocupación de fincas, clásico método de protesta del movimiento, reapareció el mes de marzo, cuando unos miembros de la organización ocuparon la finca del antiguo presidente Cardoso. Las ocupaciones coincidieron con el anuncio de “tolerancia cero” a las provocaciones latifundistas, declarada por el MST.

El otro punto que ha complicado aún más las relaciones entre el movimiento y el Gobierno ha sido la detención de uno de sus líderes más emblemáticos, José Rainha Junior, que fue detenido el 30 de julio. Se le acusaba de posesión de armes y de otros dos supuestos delitos. Después, otros 11 integrantes del MST serían arrestados por asociación ilícita pero fueron puestos en libertad. El proceso de Rainha ha traído polémica porque el acusado fue retenido hasta octubre. Sus abogados presentaron un recurso y obtuvieron la libertad mientras no fuese juzgado. Finalmente, el dirigente del MST no fue juzgado por ninguno de los tres delitos.

El MST surgió unos años después de la experiencia sandinista en Nicaragua y algunas de sus raíces son cristianas. El MST lleva 17 años intentando redistribuir las tierras brasileñas de forma que los latifundistas cedan una tierra que para ellos es improductiva, a los campesinos, a las familias que podrán vivir de lo que cultiven. En estos años, el MST ha conseguido realojar a 350.000 familias campesinas y hay 100.000 más que están esperando para ser realojadas, después de la conquista de alguna tierra de un latifundista.

Después de la ocupación, normalmente, se crean cooperativas agrarias para intentar subsistir. Pero para esto se necesita la colaboración gubernamental porque faltan medios técnicos y económicos. De auqí vienen las quejas por la posición del Gobierno actual. Integrantes y otras personas no vinculadas a la organización quieren denunciar que casi cada día se mata o se ataca a algún dirigente o miembro del movimiento. Con las ocupaciones, los latifundistas han reaccionado con persecuciones, torturas y asesinatos para proteger sus tierras improductivas.

Los dirigentes y miembros del movimiento han vuelto a utilizar la ocupación de fincas latifundistas ante el retraso del proyecto de la Reforma Agraria, uno de los grandes temas pendientes de los últimos gobiernos del país.

Al mismo tiempo que se producen estos enfrentamientos, en Brasil la inseguridad ciudadana sube, sobretodo en las grandes ciudades como Sao Paulo o Río, donde los narcotraficantes dominan las calles y donde la mortalidad infantil por violencia es aún más alta que el año pasado.

Brasil es el cuarto país con un mayor índice de homicidios y robos. Únicamente es superado por Colombia, Suráfrica y Jamaica, según ha declarado el propio ministro de Justicia brasileño, Mauricio Thomaz. Algunos de los datos que ha presentado el Gobierno son aterradores: en 1998 se produjeron 41.800 asesinatos, en el 60% de los cuales se utilizó una arma. La mayoría de víctimas eran chicos entre 17 y 23 años.

Aparte del coste en vidas que tiene esta violencia, también se tiene que contar el coste económico. Si se junta el coste que representan estas muertes para las tres ciudades más grandes del país (Sao Paulo, Río y Belo Horizonte) se llega al 5% del PIB, unos 500.000 millones de dólares.

El Gobierno ha tenido diferentes reuniones con el Congreso para intentar establecer una serie de parámetros que ayuden a reducir la inseguridad, uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos brasileños. La idea del Ejecutivo es plantear políticas que impliquen tanto al Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, pero de momento no se ha encontrado la manera de articularlas. Otro problema es la posesión de armas. Conseguir armas es muy fácil y las bandas de crimen organizado, que atemorizan a muchos brasileños, sobretodo en las grandes ciudades, las obtienen y las distribuyen muy fácilmente.

Además de todas las problemáticas explicadas, el Gobierno de Lula ha intentado acabar o al menos intentar cambiar otro factor de gran preocupación en la sociedad brasileña: la discriminación de los negros. Del total de la población brasileña, que es de 176 millones, 75,8 son afrobrasileños. En total, hay 10,5 millones de negros y 65,3 millones de “pardos” (mulatos). Este colectivo representa ni más ni menos que el 65% de la población pobre del país. Otro dato significativo es que sólo el 2,2% de los negros llega a la universidad. De momento, las asociaciones de defensa de los derechos de los afrobrasileños están trabajando para realizar un programa de discriminación positiva en la que el 50% de las plazas de la universidad de Zumbi dos Palmares y de una de las universidades de Sao Paulo sean para negros. El proyecto ha estado subvencionado por las asociaciones de defensa de los negros, empresas privadas y el Gobierno del Estado de Sao Paulo, donde se han llevado a cabo parte de estas iniciativas. Dentro del Gobierno, la carismática ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y Gilberto Gil, ministro de Cultura, son los dos representantes de la raza negra dentro del Ejecutivo.

Lula y su Gobierno tienen muchos frentes abiertos. De momento, Lula ha sabido calmar a los inversores y a las entidades financieras y, en definitiva, a los mercados, pero sus votantes del PT y la crisis interna que se está viviendo pueden ocasionarle graves problemas en las próximas elecciones municipales, donde se verá si los brasileños castigan a los representantes del PT o dan un aviso a Lula.



Cronologia año  2003
1 de enero. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores, toma posesión del cargo de presidente de la República.

7 de enero. El presidente Lula ordena dar títulos de propiedad a los habitantes de las favelas.

31 de enero. Lula presenta su plan Hambre Cero, que consiste en una ayuda de 30 dólares mensuales a los 44 millones de familias brasileñas que son pobres.

14 de febrero. Acusan al ministro de Transportes, Anderson Adauto, de haber desviado 600.000 euros de las cuentas públicas junto con el alcalde de Iturama. La gobernadora de Río de Janeiro también fue acusada a mediados de enero de un caso de corrupción.

10 de marzo. miembros del Movimiento de los Sin Tierra (MST, que defensa una redistribución igualitaria de la tierra en Brasil) comienza a ocupar otra vez fincas latifundistas y da por terminada la tregua que había ofrecido al nuevo presidente.

10 de abril. Lula mantiene el apoyo de los mercados y de los empresarios cuatro meses después de acceder a la presidencia.

14 de mayo. El Gobierno presenta la reforma de la Seguridad Social, que fijará una edad mínima de jubilación y que reducirá las pensiones de los funcionarios.

19 de mayo. Dos universidades brasileñas practicarán una política de discriminación positiva al reservar el 50% de sus plazas para negros, que representan más de un 60% de los pobres del país.

14 de junio. El FMI concede un crédito de 9.300 millones a Brasil.

17 de junio. Los funcionarios del poder Judicial organizan las primeras movilizaciones para protestar contra la reforma de la Seguridad Social que Lula presentó en el mes de mayo.

12 de julio. Los funcionarios judiciales (apoyados por otros trabajadores del sector público) organizan una huelga para intentar frenar la aprobación de la reforma de la Seguridad Social.

19 de julio. Tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT) apoyan la huelga de los funcionarios. Comienzan las tensiones entre el ala más izquierda del partido y el sector más moderado que parece liderar Lula.

22 de julio. Más de 15.000 jueces se añaden a la huelga.

6 de agosto. La Cámara Baja brasileña aprueba la reforma de la Seguridad Social.

6 de septiembre. Lula consigue apoyar la reforma tributaria con la ayuda de los diputados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centro derecha.

14 de noviembre. El presidente Lula anuncia cambios en el Gobierno a principios de 2004, entre los que podría estar la entrada en el Gabinete del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

17 de diciembre. La expulsión de tres diputados del PT por no votar las reformas propuestas por Lula divide a los miembros del partido gobernante.


 


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