Anuario 2003
Bolivia
"La crisis latente boliviana estalla después del anuncio de exportación de gas y provoca la dimissión de Sánchez de Lozada"
Xènia Plaza

La crisis permanente de pobreza y malestar que vive Bolivia estalló a finales de septiembre. Entre otras, la razón fue la política de exportación de gas que quería aplicar el que en aquellos días ocupaba el cargo de presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente que había vuelto a alcanzar la presidencia en las elecciones del 2002. La protesta política, por parte de la oposición, y la social, por parte de los campesinos, acosaban al Gobierno.
El clímax de la crisis de octubre se produjo con la marcha del presidente, líder del centro izquierda Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que dimitía delante del Congreso el 17 del mismo mes, catorce meses después de haber accedido al cargo. El dirigente huiría de La Paz horas después hacia una base militar y después a Estados Unidos. Pero el presidente no se fue solo. El ex ministro de Defensa y Salud, Carlos Sánchez y José Torres, también se fueron a Estados Unidos, mientras que el ex ministro de Gobierno, Yerko Hukoc, se iba a Méjico.

A lo largo de todo el año se habían producido enfrentamientos entra policía, fuerzas armadas y cocaleros, campesinos e indígenas, pero la situación se descontroló a finales de septiembre. El 22 de septiembre se decretaba el Estado de excepción. Las protestas campesinas e indígenas procedían, por una parte, de la fuerte marginación y discriminación que sufrían por parte del Gobierno, y de la otra, de su situación económica, que es verdaderamente preocupante. El tercer motivo eran las siete víctimas que se habían producido unos días antes en la región en unos enfrentamientos entre el ejército y los campesinos. A partir de ese momento, las protestas se intensificaron y los campesinos organizaron bloqueo de carreteras y aislaron algunas poblaciones y ciudades. Estas acciones llegaron a la capital boliviana, La Paz, que quedó totalmente paralizada. La Paz, una ciudad situada a 3.600 metros de altura, únicamente dispone de una carretera de entrada y salida para desplazarse a la ciudad y dirigirse a cualquier parte del país. Quinientos metros de altura más arriba de La Paz se encuentra la ciudad dormitorio de El Alto, centro muy activo de las protestas. De esta manera, los participantes de la protesta únicamente tenían que cortar esa carretera para dejar a la capital sin comunicación con el resto del país. Además, y aunque oficialmente estaba abierto, en el aeropuerto se restringieron los vuelos, ya que los pasajeros no tenían manera de llegar a La Paz.

Pero estos no fueron los únicos sectores que se movilizaron. La intención del Gobierno de exportar gas a México y Estados Unidos generó un amplio rechazo social. Este rechazo se producía por dos motivos: la necesidad de utilizar un puerto chileno para poder exportar el gas y el malestar que causaba el hecho que el gas no llegara ni siquiera a la propia sociedad boliviana. Respecto al primer punto, Bolivia es un país que no tiene salida al mar, está cerrado por la selva amazónica y los Andes, y para convertir el gas en líquido es necesario una planta de transformación y un puerto al Pacífico para poder transportarlo hasta otra planta, que se situaría en México. El problema está en el resentimiento que sienten los bolivianos hacía los chilenos, desde que como resultado de la guerra del Pacífico en 1879, Bolivia perdiese los 120 kilómetros de costa que tenía. Tres meses después de la crisis, las negociaciones con las compañías petrolíferas se encuentran en punto muerto.

La alternativa de utilizar un puerto chileno para el transporte del gas es la que más se aproxima a las necesidades del Gobierno boliviano. El Gobierno también podría utilizar un puerto peruano, pero esta inversión sería más costosa que la chilena, técnica y económicamente. Muchos ciudadanos bolivianos no están dispuestos a que Chile se beneficie de las exportaciones de gas.

El otro punto que divide a los bolivianos es que el gas no llega a la mayoría de sus casas, y, por eso quieren aprovechar las ventajas de esta fuente de energía, más limpia que el petróleo, por ejemplo. Ante estas demandas, el Gobierno anunció un plan para conectar el gas a 250.000 viviendas. Además, el presidente Sánchez de Lozada afirmó que todos los beneficios que produjera este proyecto se destinarían a planes para educación y sanidad, para paliar la situación mísera en la que viven 8,4 millones de bolivianos.

Bolivia es el segundo país de América del Sur, por detrás de Venezuela, con más reservas de gas. Pero entre estos dos países hay diferencias. La primera es que los costes de producción del gas boliviano se sitúan en los 0,97 dólares, mientras que en países como Venezuela, México o Argentina, el coste es de 4 dólares. También se tiene que indicar que, al menos hasta mediados de setiembre, Bolivia representaba una opción más sólida que Venezuela, que con la inestabilidad vivida en los últimos meses, no daba muchas garantías a los inversores. También se tiene que tener en cuenta que México y Chile no iban a ser los únicos 200 beneficiados por la construcción del gasoducto y la extracción del gas.

Hasta finales de diciembre los Estados Unidos se encuentran entre los beneficiados por esta exportación. Los Estados Unidos querían dejar de ser tan dependientes del petróleo, además, el gas se hubiera gestionado a través del consorcio de Repsol-YPF, British Gas y Pan American. Bolivia sería la solución perfecta, ya que Estados Unidos no puede acceder al gas venezolano por las malas relaciones que tiene con su jefe de Estado Hugo Chávez.

Durante el mes de octubre las protestas por esta exportación del gas van aumentar. El Movimiento Al Socialismo (MAS), dirigido por el líder cocalero Evo Morales, se añadió a las movilizaciones ciudadanas. A medida que avanzaban los días, los enfrentamientos iban generalizándose. Las demandas eran la dimisión del presidente Sánchez de Lozada, la convocatoria de un referéndum para decidir una estrategia sobre la política de exportación de gas y una Asamblea Constituyente.

Este período de protestas fue la continuación de las movilizaciones que se produjeron en el mes de febrero, cuando la población boliviana mostró su indignación por las medidas impopulares del presidente. La iniciativa que exacerbó los ánimos de los ciudadanos fue la aplicación, por orden del FMI, de un nuevo impuesto sobre los salarios. En esas protestar murieron 32 personas y 200 más fueron heridas. Al final, el impuesto se retiró.

Después de la dimisión de Lozada, la Constitución indica que el sucesor tiene que ser el vicepresidente, cargo que en aquellos momentos ocupaba Carlos Mesa, uno de los periodistas con más reputación del país, que había sido alejado de la política (al menos como protagonista de ella) hasta las elecciones del 2002. A Mesa se le sitúa en la izquierda, a pesar de que entrase en las listas del MNR. Finalmente, el vicepresidente asumió la presidencia ante las dudas de muchos de sus opositores y de parte de la sociedad boliviana. Dos meses después de acceder a la presidencia, Mesa gozaba de un alto nivel de popularidad.

Sindicalistas, asociaciones de vecinos y hasta los indigentes decidieron dar una tregua al nuevo presidente, que como a muestra de regeneración, organizó un Gobierno lleno de personalidades no vinculadas a ningún partido. Pero pese al “descanso” que le concedieron los principales organizadores de las protestas, el presidente sabía que aquella tregua era muy frágil y que cualquier acción que se alejase claramente de sus planteamientos podría romperla. Por si fuera poco, la economía iba empeorando. Además, el nuevo Gobierno tenía que luchar contra el resentimiento de la comunidad indígena, contra los dirigentes del MNR y contra el anterior presidente por la fuerte represión de las Fuerzas Armadas durante las protestas organizadas durante el último más, en las cuales murieron más de 80 personas entre indígenas y militares, y unas 400 personas resultaron heridas.

Una de las primeras promesas de Mesa fue el esfuerzo que realizaría el Gobierno para integrar los ciudadanos bolivianos que hasta ahora han estado discriminados, en una referencia clara a los indígenas, que representan un 70% de la población del país: “Tenemos que mirar a los que durante siglos han estado excluidos para que se conviertan en ciudadanos de primera. Bolivia no es un país entre iguales todavía”.

Pero las iniciativas y la nueva organización del Parlamento presentada por Mesa, donde los diputados son personajes del ámbito económico o cultural que no están vinculados a ningún partido, no le daban muchas facilidades al dirigente. Los partidos, y muy especialmente el MNR, declararon que no pondrían las cosas “nada fáciles” a Mesa y calificaron de “suicidio” el hecho que quisiera gobernar sin contar con la participación de los partidos políticos. Además, las medidas que quería implantar el nuevo presidente, entre las cuales había crear una Asamblea Constitucional, un gobierno de transición política y modificar la ley de hidrocarburos, no estaban contempladas e la Constitución boliviana, por lo que era imprescindible el apoyo de los partidos para acordar las modificaciones constitucionales y las leyes posteriores.

Delante de Mesa se abrían difíciles frentes de acción, muy diversos y los debería solucionar teniendo en cuenta la impaciencia de los dirigentes sociales y el rechazo de los dirigentes políticos.

Mesa se encontró con una situación que probablemente no esperaba. Se tiene que recordar que antes del inicio de las protestas, el anterior presidente, Sánchez de Lozada contaba con el apoyo del resto de partidos parlamentarios, con los que había formado una coalición de Gobierno. Este equipo estaba integrado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y Unión Cívica Solidaridad (UCS). Todos estos partidos han quedado fuertemente desprestigiados ante los ojos ciudadanos bolivianos. Por esto, Mesa, de manera inteligente, los ha dejado fuera del parlamento.

El próximo movimiento que ha hecho Mesa ha sido establecer un calendario de elecciones, municipales y presidenciales. Las primeras se celebrarán a finales del 2004 y las presidenciales en el 2005. Pero antes de estas dos fechas, habrá dos citas previas: el primer referéndum de la historia boliviana y la creación de una Asamblea Constituyente.

La única fuerza que ha tomado protagonismo durante las protestas y que ha mantenido su reputación intacta ha estado el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que representaba la voz más crítica y más firme contra el Gobierno de Sánchez de Lozada. MAS, que se ha erigido como a representante de indígenas, cocaleros y campesinos, ya estuvo a punto de dar el golpe de efecto en las elecciones pasadas, cuando se quedó a 1% de ganar la oposición de Sánchez de Lozada, que consiguió el 22,46% de los votos.

MAS es el partido que surgió para romper las estructuras políticas convencionales bolivianas y que querían representar un modelo diferente, un modelo en que los indígenas, mayoría considerable de la población, fueran representados al igual que el resto de la sociedad.

El 2003 no sólo ha tenido estabilidad política, sino que la economía también ha traído problemas. Después de la llegada de la presidencia de Carlos Mesa, el modelo neoliberal que quería implantar Sánchez de Lozada parece que se tenga que cambiar obligatoriamente y algunas de las medidas que ha tomado el nuevo presidente se encaminan hacia esta dirección. El modelo liberal, que se ha aplicado desde mediados de la década de los 80, no ha dado los resultados esperados y ahora se busca una alternativa: “No podemos confiar en la ortodoxia económica, hemos de buscar otras soluciones”. Éstas fueron las palabras de Mesa en su primer discurso como presidente del país.

Los planes de Lozada se vieron dificultados por las reticencias sociales que generaban las protestas. En los anuncios de Lozada los bolivianos veían una protesta similar a la aplicada en 1995, que sirvió para detener el proceso hiperinflacionista de esos años. Sánchez de Lozada intentaría en los próximos meses buscar nuevas soluciones que no le acabaron de funcionar. La primera iniciativa fue el intento de desdolarización, que fue un fracaso total para el Banco Central y para el Ejecutivo. Los días siguientes a esta medida, el equipo de Gobierno anunciaría dos medidas que se interpretarían como un intento de subir la popularidad de la coalición, pero estas no convencían a los partidos de la oposición, que todavía se preguntaban de donde sacarían los recursos para llevar a cabo este cambio. Las iniciativas en cuestión serían el retorno del Bonosol, una ayuda de 251 dólares anuales para las personas mayores de 65 años. Además, el Gobierno también preparaba medidas para reducir el déficit fiscal, que estaba en el 8% del PIB en el 2002.

Lozada también intentaría aplicar unas reformas para el sistema tributario para que los que ingresaran más fueran los que pagasen más a Hacienda y los que tuvieran menos recursos resultaran exentos de algunos de los impuestos. Lozada intentaba aplicar en esta segunda época como presidente unas políticas distintas a las que utilizó entre 1993 y 1997, años en los que privatizó las telecomunicaciones, el petróleo, las líneas aéreas, la electricidad y los ferrocarriles. El agua también se intentaría privatizar, pero las protestas sociales impidieron que la multinacional californiana Bechtel, se quedase con los derechos de distribución, después de un concurso donde únicamente participo una empresa.

Esta situación de dependencia de los organismos internacionales no ha desaparecido milagrosamente con Carlos Mesa. Poco después de ser proclamado presidente, Mesa pedía al FMI unos créditos que ascendían a 98 millones de dólares para pagar los sueldos de funcionarios. Todo esto en un contexto en que la deuda público boliviano representaba más del 100% de su Producto Interior Bruto (PIB), que se calcula en unos 8.200 millones de dólares para el año 2003. La deuda exterior, para no ser menos, representa unos 6.500 millones de dólares.

La economía boliviana lleva cinco años de recesión económica, ayudada sin duda por las crisis argentina (2002) y brasileña (1999). Además, otro golpe muy duro ha estado el progresivo erradicación de los cultivos de coca echo que ha provocado la irritación del MAS y los campesinos indígenas.

Aunque en el último año las exportaciones han presentado síntomas de mejoría y ha habido un crecimiento económico del 2,3%, hay otros indicadores que preocupan ostensiblemente a la población boliviana. Lo primero son los índices de pobreza. Bolivia es hoy por hoy el país de América Latina con el índice más alto en este aspecto. A las ciudades, los porcentajes llegan al 64%, mientras que a las zonas rurales estas cifras se elevan hasta el 80%, zonas pobladas mayoritariamente por indígenas.

Respecto al indicador del paro, los datos tampoco resultan esperanzadores. Desde el año 1999, este dato macroeconómico ha tenido un crecimiento continuo hasta situarse al 10%, según las cifras oficiales, aun así, hay sondeos que sitúan el paro al nivel del 12% de la población activa boliviana.

Uno de los problemas que ayuda a entender estos datos es que la economía boliviana es poco productiva, su industria no está desarrollada y su nivel de manufacturas es relativamente bajo, lo que dificulta su crecimiento y lo que la convierte en dependiente de las economías externas.






Los discriminados de Bolivia

Aunque los indígenas sufren una fuerte discriminación en Bolivia esta parte de la sociedad ha estado siempre la más reivindicativa. Durante los últimos años esta parte de la población, divididas entre las etnias quechua y aymara principalmente, que hacen los más de cuatro millones que habitan en las tierras altas y bajas del país, ha reclamado constantemente la mejora de su situación. El presidente Mesa ha querido dar signos de que con su Gobierno los indígenas obtendrán los recursos que necesitan. El primer signo a favor de los indígenas fue la elección de dos personas indígenas para dos ministerios, el de Educación y el de Cuestiones Indígenas. Pero a parte de esto, el nuevo Gobierno todavía no ha planteado medidas verdaderas para arreglar la situación de estos colectivos, que entraron por primera vez en un gobierno en el 1993. Las mujeres bolivianas también tienen lejos la igualdad total con los hombres. En la vida política esto ha quedado patente. Un ejemplo claro es la sorpresa que causó la entrada de una mujer en el Gobierno de Carlos Mesa. Aun así, la mujer boliviana ha estado constantemente implicada en las luchas contra dictaduras y en la lucha por sus derechos. Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de alfabetización, que se encuentra sensiblemente por debajo del del hombre, hecho que diferencia a Bolivia del resto de países latinoamericanos, en los que esta igualdad se ha reducido notablemente en los últimos años. En estos momentos se afirma que el 70% de las personas sin instrucción son mujeres. Pero en Bolivia se producen situaciones contradictorias y existe un ejemplo muy claro de esto: este país ya reconoció oficialmente la igualdad de derechos y deberes entre hombre y mujer en los años 50, pero existe una ley de 1972 en la que se da derecho al hombre a restringir ciertos trabajos a la mujer por cuestiones de moralidad o cuando su “función” doméstica se ve perjudicada. Esta ley aun no se ha modificado. En el campo laboral, la legislación también prohibe la diferencia de sueldos, pero en la práctica está aun se da. Una de las disposiciones más extrañas es la que prohibe que en cada fábrica únicamente haya un 45% de mujeres.


Cronologia año  2003
19 de febrero. El presidente Sánchez de Lozada comienza a aplicar sus reformas sociales en las que se incluye la creación de un impuesto a los salarios y una reestructuración del Consejo de Ministros.

15 de septiembre. los campesinos inician sus protestas en contra de la exportación de gas natural a Estados Unidos y para pedir nuevas medidas para solucionar la situación de pobreza que sufre gran parte de los bolivianos. Los primeros en movilizarse son los campesinos de la región de Titicaca.

20 de septiembre. Un soldado y cuatro civiles muertos es el balance del enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y campesinos en la población andina de Warisata.

25 de septiembre. La Central Obrera Boliviana (COB) convoca una huelga general para el 29 de septiembre para exigir la dimisión del presidente Sánchez de Lozada, entre otras demandas.

26 de septiembre. El Movimiento al Socialismo (MAS), dirigido por el líder indígena y cocalero Evo Morales, se une a las protestas de los trabajadores.

29 de septiembre. Empieza la huelga general indefinida convocada por la COB.

30 de septiembre. Miles de personas participan en la Paz en una manifestación contra la exportación de gas a Chile, México y Estados Unidos.

3 de octubre. los cocaleros se unen a las protestas y los bloqueos de carreteras.

8 de octubre. Empieza en la ciudad de EL Alto, cercana a la capital, un paro cívico indefinido.

9 de octubre. Dos personas mueren en El Alto y 16 más resultan heridas después de los enfrentamientos. entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

11 de octubre. El Gobierno ordena un despliegue militar en ElAlto, donde se registran otros dos muertos.

12 de octubre. Balance provisional de 26 muertos, según los medios de comunicación, en nuevos enfrentamientos en El Alto.

13 de octubre. EL Gobierno crea un decreto en el que se establece que no sé venderá gas natural al exterior hasta que no se consulte con los ciudadanos bolivianos. Pese a esta medida se producen nuevos enfrentamientos que causan al menos 14 muertos.

El vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al presidente Sánchez de Lozada, aunque se mantiene en el Gabinete.

14 de octubre. La Organización de Estados Americanos (OEA) muestra su apoyo a Sánchez de Lozada.

15 de octubre. El Gobierno anuncia que realizará un referéndum consultivo sobre la exportación de gas, una posible Asamblea Constituyente y sobre la ley de Hidrocarburos.

16 de octubre. Sánchez de Lozada se niega a dimitir porque ello significaría la instauración de un “dictadura narcosindical”. La oposición política y social rechaza la oferta del referéndum y vuelve a pedir la dimisión del presidente.

17 de octubre. Sánchez de Lozada dimite. Carlos Mesa es proclamado como nuevo presidente de Bolivia.

19 de octubre. Mesa anuncia un Gobierno formado por independientes no vinculados a ningún partido del Congreso.

1 de noviembre. Empiezan las conversaciones entre Bolivia y Chile sobre la necesidad de Bolivia de recuperar la salida al mar que perdió a raíz de la de guerra del Pacífico de 1879, en la que 120 kilómetros de costa boliviana pasaron a manos de Chile.

 


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