Anuario 2004
Bolivia
"Tras la crisis del referéndum del gas, comienza a dibujarse un nuevo panorama político en Bolivia"
Adriana Garay

La gestión política del líder boliviano Carlos Mesa ha estado marcada por un histórico referendo que ha acabado determinando la titularidad estatal del gas y el petróleo. Tras las revueltas populares que en 2003 dieron como resultado la renuncia y huida del ex presidente Sánchez de Lozada, la consulta popular se presentaba como la solución del conflicto del gas. Las regiones productoras y las empresas extranjeras que operan en el país se mostraron desde un principio contrarias a la celebración de la consulta popular, así como a la nueva Ley de Hidrocarburos que el presidente pretendía llevar a cabo como interpretación del referendo.
Las elecciones municipales que tuvieron lugar en diciembre presentan un nuevo panorama político en el que los partidos tradicionales, pese a continuar siendo mayoría en el Congreso, pierden un apoyo considerable de la población. Las agrupaciones ciudadanas y movimientos indígenas empiezan a ganar terreno en las regiones, en la que ha sido su primera oportunidad de participar en unos comicios, previa reforma de la Constitución impulsada por Mesa. Paralelamente, y a causa del descontento que algunas regiones productoras de petróleo muestran a la Ley de Hidrocarburos, aún sin aprobar definitivamente, se ha dado una mayor demanda de autonomía en algunas comarcas del país.

La consulta popular celebrada en Bolivia el 18 de julio llegaba como solución tras los trágicos acontecimientos de octubre de 2003, cuando la sociedad boliviana protestó en contra del intento del ex presidente Sánchez de Lozada de exportar gas a través de Chile, país con el que mantiene una tensa relación. Los resultados del referendo, con un 80% de la sociedad a favor del proyecto del Gobierno, establecieron un aumento de la participación del Estado en el proceso de explotación y un incremento de los impuestos a las empresas extranjeras. El 18 de julio, los bolivianos también votaron a favor de la utilización del gas como recurso estratégico para lograr una salida al Pacífico. Hay que recordar que Bolivia perdió sus quilómetros de costa en 1879. Partiendo de la idea de que Chile necesita proveerse del gas boliviano, el Gobierno de Carlos Mesa pretende utilizar este recurso para conseguir una salida al mar, lo que le abriría puertas al mercado exterior y económicamente le resultaría muy positivo.

Los resultados favorables permitieron al Gobierno presentar ante el Congreso el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos que sustituiría a la actual.

El principal objetivo de la nueva ley, según manifestó el Gobierno, es recuperar la soberanía y la propiedad de los hidrocarburos. Hasta ahora, han sido las empresas las que han mantenido la propiedad de estos recursos, y por lo tanto, las que fijaban las condiciones para su comercialización.

Otro de los puntos destacados de la que se ha denominado “ley Mesa”, es el fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que por lo que establecía la ley de hidrocarburos no podía participar en el proceso de explotación ni de comercialización; sólo podía suscribir contratos con las empresas transnacionales. La realidad es que, aunque el Gobierno ha manifestado la voluntad de fortalecer a esta empresa, el proyecto de ley reduce sus actividades a la compra-venta de petróleo bajo condiciones marcadas por las compañías extranjeras, por lo tanto, más de lo mismo. El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) critica en ese sentido la nueva “ley Mesa” como una alternativa falsa y llena de trampas.

Otra de las novedades es el cobro de un impuesto mayor a las empresas, el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos, ICH, razón de las protestas de compañías extranjeras.

Con el resultado de la consulta sobre la mesa, parecía verse el fin de los conflictos relacionados con el tema del gas, pero no fue así. Distintos sectores políticos interpretaron de diferente manera el resultado del referendo, y cuestionaron los proyectos de ley que el Gobierno pretendía llevar a cabo. Evo Morales, diputado indígena del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostenía que en la consulta se votó a favor de la “nacionalización” de las empresas petroleras y la “revisión de contratos de compañías extranjeras”, mientras que el Gobierno anunciaba, horas después de la votación, que se respetarían los contratos vigentes de las empresas. El presidente también aclaró que referendo hablaba de “refundar” YPFB, pero en ningún momento de “nacionalización”, en referencia a las declaraciones de Morales. La polémica surgida no favorecía al Gobierno, pues podía poner trabas a la hora de la aprobación de la nueva ley en el Congreso, donde Mesa no tiene mayoría. El MAS, segundo partido con mayor representación parlamentaria, se negaba a aceptar la interpretación del Ejecutivo y presentó ante el Congreso una ley basada en su interpretación del referendo. “Si Mesa no quiere respetar el resultado, entonces estaremos en las calles para defender el voto del pueblo”, aseguró Morales.

En el mes de agosto, la propuesta de ley presentada por Mesa fue rechazada en el Congreso. A dos meses escasos de la celebración de las elecciones municipales, el clima de incertidumbre, tensión política y protestas sociales hizo que partidos como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) o el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partidos que formaron parte del Gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada, demandaran postergar el debate para después de las elecciones.

La Comisión Mixta de Desarrollo, controlada por el MAS, presentó un nuevo proyecto que fijaba un cambio de contratos sin posibilidad de negociación; la propiedad estatal plena de los hidrocarburos y el aumento inmediato de los impuestos a las compañías extranjeras en un 50%. Ha sido precisamente este último punto el que ha generado el intenso debate. Para la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), cualquier reforma unilateral de los contratos existentes podría perjudicar la credibilidad del país ante inversionistas extranjeros.

El proyecto de la Comisión Mixta, impulsado por MNR, Nueva Fuerza Republicana (NFR), el MIR y el MAS, fue aprobado el 20 de octubre aunque aún falta una discusión en detalle para revisar sus artículos uno por uno, es decir, aún puede haber modificaciones de algunos puntos. Las empresas aprovechan este lapso de tiempo para continuar firmando contratos que les sean favorables. Es el caso de Repsol y Petrobrás, que han iniciado los trabajos de construcción de un gasoducto entre Bolivia y Argentina a través del cual se abastecerá a los mercados de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Se prevé que la definitiva Ley de Hidrocarburos esté finalizada para el primer trimestre de 2005.



El movimiento indígena empieza a ganar terreno

Las elecciones municipales del mes de diciembre han representado, en primer lugar, la primera posibilidad de que agrupaciones cívicas y movimientos indígenas participen en los que han sido los primeros comicios tras la “guerra del gas”. Agrupaciones como Plan Progreso, Frente Amplio Juntos para Todos, Alianza Siglo XXI y Ciudadanos Sin Miedo han sido los protagonistas en las cuatro ciudades más importantes del país. Han sido un total de 341 agrupaciones cívicas y 63 movimientos indígenas representados por casi 3.000 candidatos frente a los 10.000 candidatos de partidos tradicionales. En las regiones de Santa Cruz y Oruro es donde se obtuvo un mayor respaldo de las agrupaciones y movimientos indígenas.

Por otra parte, y aunque el MAS consolidó su liderazgo a nivel nacional siendo el partido más votado (11% de los votos) las elecciones municipales son interpretadas por algunos analistas internacionales como el inicio y a la vez el auge de estas nuevas fuerzas políticas.



El gas determina las relaciones con sus países vecinos

Bolivia ha estado intentando, sin éxito, alcanzar un acuerdo con Chile que le permita desarrollar un plan a largo plazo para colocar sus reservas de gas natural en mercados norteamericanos.

La cuarta pregunta del referendo planteaba la utilización del gas para una negociación con Chile con el fin de recuperar su acceso soberano a la costa del océano Pacífico. Por esta cuestión los dos países han mantenido tensas relaciones que han sido la tónica también en 2004. Hay que recordar que uno de los factores que provocó las protestas sociales durante el pasado año fue la intención de exportar gas por territorio chileno. Con la renuncia de Sánchez de Lozada, el sentimiento “antichileno” fue creciendo. Un ejemplo de las malas relaciones entre ambos países es el contrato de venta de gas a Argentina bajo la condición de que ésta no lo reexportase a Chile. Argentina sufrió una crisis energética que le obligó a reanudar la importación de gas de Bolivia, pero obtuvo un contrato que finalizaba a los 6 meses. Tras el referendo, el Gobierno de Kirchner logró un acuerdo más amplio. En octubre, Argentina y Bolivia firmaron otro convenio con el que se espera aumentar la importación de gas en más de 26 millones de m3 en los próximos veinte años.

Aunque el momento de máxima tensión se dio como resultado de la privatización del puerto chileno de Arica. Chile, en respuesta al entendimiento entre Perú y Bolivia en acuerdos comerciales que le dejaba fuera de la partida, elevó en un 300% el costo del paso de mercancías bolivianas. Esta acción supuso la violación del Tratado de 1904, que establecía el libre tránsito de personas y mercancías por el territorio que Bolivia perdió en favor de Chile, entre el que se encuentra el puerto de Arica. Empresarios y el Gobierno boliviano se unieron entonces para que su protesta llegara ante la Organización Mundial del Comercio.



La gestión económica

La economía boliviana registró un crecimiento del 3,25% del PIB, según los datos del mes de septiembre recogidos por el Centro Boliviano de Economía, dependiente de la Cámara de Industria de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz. Este crecimiento se debió, en buena parte, a un incremento de las exportaciones, que de enero a agosto aumentaron en un 39,2% respecto al año anterior. El sector de hidrocarburos fue el motor de las exportaciones.

Pero este crecimiento del PIB no mejora la mala situación económica que atraviesa Bolivia. Su deuda pública representa el 92,9 % del PIB; los índices de desempleo siguen manteniéndose altos y se ha dado una caída de las inversiones como consecuencia de una falta de políticas reactivadoras y la constante postergación de la ley petrolera.

La principal causa del déficit fiscal del país es el elevado gasto en pensiones. Desde 1997, año en que se hizo la reforma del sistema de pensiones, el gasto en este sector ha ido aumentando hasta alcanzar, este año, el 4,9% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda. Los datos de este ministerio en el mes de junio señalan que un 67,4% del gasto en pensiones fue cubierto recurriendo a financiación interna; un 15,6% gracias al crédito externo y el 17% restante en función del superávit alcanzado en las cuentas generales del sector público.



Cronologia año  2004
16 de febrero. Bolivia rechaza la privatización de Arica, ya que viola el tratado de 1904, que establece el libre tránsito de mercaderías bolivianas por puertos chilenos. Bolivia demandará a Chile en La Haya si no cede en Arica.

23 de marzo. El país conmemora los 125 años de la pérdida del litoral. Movilización nacional.

6 de abril. Kirchner y Mesa firman un acuerdo por el cual Bolivia vende gas a Argentina.

23 de abril. Chile congela las negociaciones con Bolivia para la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22), en protesta por el contrato que impide la reexportación del gas desde Argentina a Santiago de Chile.

3 de mayo. Movilizaciones, huelgas e hambre y bloqueo de caminos de sectores sociales y sindicales.

20 de mayo. Se anuncian las preguntas que conformarán el referendo sobre la soberanía del gas.

14 de junio. Chile descarta la posibilidad de conceder a Bolivia una salida soberana al mar.

5 de julio. Senadores y diputados aprueban la legalidad de la consulta. El clima social de agita con bloqueos, toma de rehenes.

18 de julio. Día del referendo.

20 de julio. Mesa anuncia que se exportará el gas y elige a Perú como socio.

19 de agosto. Nueve regiones demandan un referéndum de autonomía (para el próximo año).

20 de agosto. La Comisión Mixta de Desarrollo propone una ley que legisle sobre los hidrocarburos.

21 de agosto. Mesa anuncia que no promulgará ninguna ley mientras el Congreso insista el rechazar el proyecto del referéndum del gas.

29 de septiembre. La Comisión Mixta aprueba la ley del gas y da todo el poder a YPFB. La nueva estatal tendrá el control de toda la cadena del gas.

1 de octubre. Chile privatiza el puerto de Arica, al margen del Tratado de 1904. Chile eleva en un 300% el costo del paso de mercaderías bolivianas.

20 de octubre. Conmemoración del centenario del Tratado de 1904. el canciller J.Ignacio Siles anuncia que el país no lo denunciará ni lo revisará.

5 de diciembre. Elecciones municipales. Fuerte apoyo de la población al Movimiento Indígena.


 


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