Anuario 2004
Brasil
"Lula acusa el desgaste en el segundo año de mandato"
Adriana Garay

Si algo ha caracterizado el segundo año de mandato del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha sido la pérdida de la popularidad entre la sociedad brasileña. El Gobierno de Lula ha adoptado una serie de medidas, sobre todo en el campo económico, más cercanas al neoliberalismo que a la corriente de izquierdas que venía representando el partido del presidente, el Partido de los Trabajadores (PT). La adopción de esta política económica ortodoxa, unida a los casos de corrupción por parte del Gobierno y a la falta de metas logradas en el ámbito social, explican el descontento y la desilusión de una sociedad que creyó firmemente en las promesas de Lula y que pese al crecimiento económico que ha experimentado el país, ya no ve al líder político como aquel “salvador” que iba acabar con la histórica desigualdad en Brasil.
El deterioro político del líder brasileño tiene su inicio casi a principios de año. En el mes de febrero, el ex funcionario de Asuntos Parlamentarios (hombre de confianza de José Dirceu, mano derecha de Lula) se vio involucrado en un caso de extorsión para la obtención de recursos que servirían para financiar la campaña electoral de 2002. Dirceu, sometido a grandes presiones para que abandonase el cargo, puso su renuncia a manos del presidente, quién lo considero un integrante “indispensable” del Gobierno.

El origen del escándalo es un vídeo cuyo contenido fue divulgado por la revista “Época” en el que se puede ver cómo el ex funcionario Waldomiro Diniz extorsionaba a un empresario de bingos electrónicos. El gran escándalo que originó entre los partidos de la oposición y la sociedad hizo que la popularidad del presidente se viese perjudicada. No es casualidad que los datos de una encuesta realizada por la Confederación Nacional de Industria (CNI) entre diciembre y marzo de 2004 mostraran que la confianza en Lula cayera del 69 al 60%.

El Gobierno bloqueó todos los intentos de realizar una investigación parlamentaria que esclareciese los hechos. Esta acción supuso una pérdida de credibilidad reflejada en las encuestas del CNI, ya que el PT se había caracterizado, entre otras cosas, por ser el partido político que en numerosas ocasiones impulsó comisiones de investigación parlamentaria.

El partido de Lula decidió ir presentando paquetes de reformas de un modo gradual, pues sabía que el hacerlo de un modo inmediato hubiese provocado gran rechazo entre partidos políticos de la oposición y en la misma sociedad. Ahora y más que nunca, su aprobación está en la cuerda floja.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido que ha formado coalición con Lula y que le ha prestado su apoyo en distintas medidas, decidió en diciembre retirarse del Gobierno. El PMDB, partido que nació como oposición autorizada a la dictadura militar (1964-1985) es la primera fuerza política en el Senado y la segunda en la Cámara de Diputados, y cuenta con dos ministros en el Gabinete de Lula: Eunicio Oliveira, ministro de Comunicaciones, y Amir Lando, ministro de Previsión Social. La ruptura con el Gobierno les pone ante la disyuntiva de renunciar a su partido o abandonar su cargo. La decisión del PMDB es resultado del descontento por las medidas sociales que ha adoptado o dejado de adoptar el Gobierno de Lula. Esta retirada se suma a la del pequeño Partido Popular Socialista (PPS), que contaba con 23 diputados en la Cámara Baja, dos senadores y con el ministro de Integración Nacional, Ciro Gomes, quien declaró que está dispuesto a cambiar de partido con el objetivo de mantener su cargo. El PPS, partido fundado por ex militantes comunistas, rompe su alianza con el Gobierno por su disconformidad con la política económica adoptada por Lula, la que califican de “ortodoxa” y proclive a las reformas neoliberales. La separación significa que los miembros de las bancadas de este partido no votarán en bloque a favor de las propuestas del Gobierno y que, a partir de ahora, tal y como indica la BBC, “asumirá una postura independiente en el poder legislativo”. Pese a ser un partido pequeño, el apoyo que hasta ahora prestaba al PT en el Congreso era indispensable para la aprobación de algunas de las reformas.



Una política económica ortodoxa y falta de medidas sociales

Los dos puntos que han causado la escisión en la coalición del Gobierno, política económica y falta de políticas sociales, son las dos variables que se han ido repitiendo en todos los sectores críticos con el Ejecutivo.

Si en algo coincide la sociedad y la oposición brasileñas así como analistas internacionales, es que el Gobierno Lula parece haber olvidado de dónde viene al adoptar medidas económicas de corte liberal. Los que están del lado del presidente defienden esta gestión asegurando que un buen funcionamiento económico es condición indispensable para un futuro mejor en el campo social.

¿Cuáles son los objetivos no logrados en el campo social? El programa “Hambre Cero”, destinado a proporcionar tres comidas diarias a millones de familias brasileñas, ha sido el principal foco de las críticas. Organismos internacionales como la ONU reconocen el éxito del programa, que ya beneficia a 5,3 millones de familias en más de 5.000 municipios, pero aquellos que han seguido de cerca el proyecto creen que el Gobierno no ha cumplido con las metas, ya que 46 millones de brasileños aún están a años luz de tener las tres comidas diarias.

“Bolsa-Familia”, es un programa de transferencia de renta (oscila entre los 5 y los 35 $) para las familias en situación de pobreza. Esta medida, perteneciente al programa “Hambre Cero”, proporciona una ayuda económica a las familias con menos recursos económicos. Establecer los grados de pobreza para determinar qué familias deben ser las beneficiadas es una de las dificultades con las que se enfrenta el Gobierno. Estas familias tienen como condición inexorable la escolarización y vacunación de sus hijos, para recibir el ingreso, aunque sólo el 13% de los municipios lo cumple. Muchos de los hijos de estas familias se ven obligados a trabajar para poder aportar dinero a la economía familiar, con lo que su escolarización representa una pérdida de dinero que no pueden permitirse. Estas irregularidades han sido denunciadas y aprovechadas por la oposición par abrir otra ola de críticas. A comienzos de año, Lula prometió que el programa beneficiaría a 6,5 millones de familias. Hasta Agosto, 4,5 millones recibían estos ingresos, siendo este mes el que presentó un ascenso más notable en el número de beneficiados.

Si bien es cierto que millones de familias han mejorado su situación gracias a la política promovida por Lula, el problema radica en que el PT se ha identificado tradicionalmente con el combate a la desigualdad, con lo que muchos esperaban que la situación social de millones de brasileños mejoraría rápidamente. Las críticas pueden entenderse en la medida de que las promesas del presidente generaron unas expectativas muy altas para un país en el que la desigualdad es un mal endémico.

Otro de los males endémicos en la historia de Brasil es la anhelada reforma agraria, cuestión que nunca ha sido resuelta. Grandes terratenientes concentran enormes extensiones de tierras mientras pequeños campesinos no tienen modo de subsistir. El Movimiento de los Sin Tierra (MST), es la única organización de campesinos que ha sido capaz, a través de grandes movilizaciones, de ejercer una presión al Gobierno para contrarrestar el poder de los latifundios y acelerar los asentamientos rurales, que son una especie de campamentos en terreno agrícola autogestionados por los campesinos.

Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), en Brasil hay 285 millones de hectáreas de latifundios improductivos. Cerca de 26.000 propietarios concentran el 46% de todas las tierras mientras que 4,6 millones de familias rurales viven sin parcelas en unas condiciones precarias, lo que explica la necesidad de la reforma. Lula prometió que entre 2003 y 2006 se entregaría parcelas a más de 400.000 familias campesinas. Los datos indican que el pasado año fueron 14.000 las familias beneficiadas y 7.000 las del presente año, cuando la previsión inicial para 2004 era de 115.000. De nuevo, las ambiciosas expectativas empañan una gestión que aunque va en el camino correcto, no cumple con lo previamente prometido.

El Movimiento de los Sin Tierra protagonizó acciones de protesta y de reivindicación en el segundo trimestre del año. Entre marzo y abril, los campesinos llevaron a cabo más de 100 ocupaciones de tierras, movilizando a más de 20.000 familias. La ocupación de tierras es la práctica más utilizada por el MST, que justifica sus acciones recordando que la Constitución brasileña de 1988 impone a la propiedad rural el cumplimiento de “funciones sociales” y, por lo tanto, está sujeta a la expropiación. Desde la recuperación democrática, en 1985, los sucesivos gobiernos han prometido reformas en la propiedad de las tierras. La realidad es que no sólo no se lleva a cabo, sino que se han incrementado las hectáreas de latifundio con el paso de los años. El sentimiento de los trabajadores del campo queda reflejado en las declaraciones de un miembro del MST: “El tiempo pasa y la lógica perversa del funcionamiento del Estado se ha aliado a las directrices de una política económica neoliberal que prioriza altas tasas de interés, cargas tributarias elevadas, el agronegocio y las exportaciones y que ha desviado los recursos necesarios para la reforma agraria”



La polémica gestión económica

La gestión en el ámbito económico ha provocado una división dentro del Gobierno entre las autoridades económicas y las del sector político. La política económica adoptada por el Gobierno de Lula se ha caracterizado por tener unos tipos de interés altos y un fuerte ajuste fiscal que permitiese contener la inflación, que en el mes de diciembre llegaba al 7%. La economía brasileña cerró el 2004 con un crecimiento del PIB del 5%, el mayor en la última década.

Pero pese al crecimiento económico, el salario real continúa bajo y los impuestos siguen subiendo, con lo que la insatisfacción entre la población es notoria, sobre todo en integrantes de la clase media más politizada (funcionarios públicos), quienes reprochan al Gobierno estar atendiendo las demandas del mercado financiero internacional y de organismos internacionales como el FMI o el BM.

La industria registró un crecimiento de la producción desde el mes de septiembre que se explica por una mayor demanda interna y un crecimiento de las exportaciones, que registraron un aumento del 30% respecto a 2003.

En el mes de septiembre, coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones municipales, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) constataba que el índice de desempleo registraba su nivel más bajo desde 2002. Los analistas de IBGE aseguran que el desempleo continuará bajando como reflejo de la estabilidad económica que el país está alcanzando. La encuesta realizada por IBG muestra otro dato positivo: aumentó en un 1,6% el número de trabajadores con contrato de trabajo respecto al mes anterior, y del 3% respecto al mismo periodo del pasado año.

Este año se ha producido una reducción del 0,9% en los ingresos de cada brasileño. En el mes de mayo el presidente anunció una subida del salario mínimo que tampoco estuvo exenta de críticas. El sueldo de 240 reales pasó a ser de 260, aumento que el mismo Lula admitió que no era tan alto como hubiese deseado. Las centrales sindicales criticaron la medida, ya que en un inicio se esperaba un mayor aumento, y en la actualidad está en debate en el Congreso. El presidente volvió a justificarse afirmando que es prioritario respetar el presupuesto del país, “no permitiendo que se gaste más de lo que se puede”.

En el último trimestre se acentúo la recuperación económica; el crecimiento fue del 6,1% respecto al tercer trimestre del pasado año, el mejor resultado desde 1996. La comparación entre los tres primeros trimestres de 2004 y el pasado año indica un aumento del 5,3% en el PIB.



La deuda externa

La deuda externa de Brasil rebasa los 500.000 millones de dólares. Del total, un 55,3% es del sector público no financiero y el restante 44,7% de empresas privadas y bancos estatales. Pese a la lenta reducción del endeudamiento externo, la deuda pública continúa estable y en junio representaba el 56% del PIB.

Los acuerdos vigentes de Brasil con el Fondo Monetario Internacional fueron firmados en 1998 en respuesta a una demanda de ayuda financiera que permitiese al país salir de la crisis cambiaria que sufría. Cuando Lula alcanzó el poder, el FMI condicionó la “ayuda” a Brasil a la capacidad de conseguir un superávit primario del 3,75%. Este es uno de los principales mecanismos utilizados por el FMI para asegurarse del cobro de las deudas. El superávit primario son los ingresos del Gobierno menos todos sus gastos, entre los que no figura los pagos de la deuda. Lula acabó fijando la cifra del superávit primario en 4,25%, lo que produjo un necesario recorte en recursos destinados a la reducción de la pobreza, a la salud y a la reforma agraria.

El mes de abril, el FMI anunció un cambio de metodología en el pago de la deuda, que a modo de método piloto, podría ampliarse a más países de la región. La organización internacional ha permitido que algunas inversiones en infraestructura no sean consideradas como gastos en el cálculo del ajuste fiscal.

Aunque la medida podría parecer muy positiva, algunos analistas económicos, como el profesor Fernando Cardim de Carvalho, aseguran que tendrá un “impacto muy pequeño”, y parece “más destinada a distraer atenciones que a resolver el problema”. Lo cierto es que la decisión adoptada por el FMI permite ampliar las infraestructuras de distintos sectores. El Ministro de Agricultura declaró que la medida asegurará la expansión del sector agrario, cuyas exportaciones aseguran el superávit comercial del país.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social informó que la nueva norma permite la liberación de 1.930 millones de dólares en inversiones ya aprobadas, siendo el sector eléctrico el máximo beneficiado, al que se destinará una buen aparte de los recursos destinados a futuras infraestructuras.



La política exterior de Lula, en busca del liderazgo

A EE.UU. le preocupa la demanda por parte de Brasil de una mayor apertura del sector agrícola norteamericano al tiempo que se resiste a una apertura rápida de sectores de su propia economía que podrían verse amenazados.

El principal tema de discusión entre las dos naciones gira en torno a los subsidios agrícolas, que se han convertido en obstáculo para acuerdos comerciales internacionales. Brasil, que asume el liderazgo de países sudamericanos en las negociaciones con la potencia norteamericana, demanda una eliminación de las ayudas que reciben los agricultores norteamericanos. Las ayudas económicas que éstos perciben perjudican a los productos brasileños con destino a EE.UU, en la medida que no pueden competir con sus precios. Los subsidios de EE.UU generan distorsiones en el precio internacional de determinados productos, como por ejemplo el algodón, permitiendo que la potencia norteamericana pueda vender estos productos a terceros países a un precio más barato, lo que desplaza a Brasil en el marco del comercio internacional.

El G-20, grupo de países emergentes, trabaja para conseguir acuerdos en el sector agrícola que eliminen las enormes desigualdades existentes entre las dos mayores potencias, EE.UU y la UE, y el resto de países. Tanto la Unión Europea como EE.UU son las dos potencias agrícolas que hacen un mayor uso de las subvenciones para el beneficio de sus exportaciones. Este año, se declararon dispuestas a la modificación de esas formas de proteccionismo, pero difieren en la forma. Brasil interpuso una demanda ante la Organización Mundial del Comercio contra las dos potencias. Brasil acusa a la administración de George Bush de violar las leyes de libre comercio por las subvenciones que otorga a sus productores de algodón.

El organismo internacional falló a favor del Gobierno Lula pero hay que tener en cuenta que la sentencia de la OMC no es impositiva, por lo que no impedirá que siga manteniendo los aranceles.

Según datos facilitados por la BBC, EE.UU. domina el 40% del comercio internacional del algodón, y si eliminase sus subsidios, Brasil podría duplicar las exportaciones de este producto. El Gobierno de Lula estima que sus productos de algodón han perdido 480 millones de dólares en ventas por este motivo. EE.UU apeló en octubre el fallo de la OMC, lo que pone de manifiesto la voluntad de mantener estos subsidios y hace que las negociaciones en este sentido, queden de momento, congeladas.



Mercosur

La relación entre Brasil y Argentina vivió momentos de tensión en el mes de septiembre. El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, pidió al Gobierno de Lula la imposición de aranceles que protegiesen los sectores industriales del país argentino. Argentina quiere adoptar estas medidas para asegurar su recuperación industrial, ante lo que el Gobierno de Kirchner califica de “invasión de productos brasileños”. El gran aumento de importaciones brasileñas ha afectado a determinados sectores de la industria argentina. Las exportaciones brasileñas a los demás miembros del bloque, que se limitaban a 1.320 millones de dólares en 2000, superan los 8.000 millones este año. El déficit argentino en el comercio bilateral, que es de 1.529 millones de dólares según datos del mes de octubre, confirma la asimetría denunciada por el Gobierno argentino. Brasil ha rechazado la propuesta argentina y ha amenazado con poner restricciones al trigo, arroz y vino provenientes de ese país.

El Gobierno Argentino ha puesto restricciones a bienes materiales brasileños como el calzado, bienes electrónicos y al sector textil. Como solución a estos conflictos surgió la propuesta de aplicar salvaguardas para determinados sectores.

Algunos sectores empresariales brasileños, como la Federación de Industrias de Sao Paulo, (el sector industrial más poderoso del país), ha manifestado su rechazo por la política proteccionista aplicada por Argentina y ha calificado de “indulgente” la reacción de Brasil, que a ojos de este sector industrial, “no ha luchado por defender los intereses del país”. La Federación de Industrias de Sao Paulo apuesta por un Mercosu como “simple área de libre comercio”, en lugar de la actual unión aduanera “imperfecta”; con lo que cada país tendría más libertad a la hora de firmar acuerdos bilaterales. En la reciente cumbre del MERCOSUR en Ouro Preto, Brasil, se conmemoró los 10 años de aprobación de la unión aduanera.

Mientras que para algunos el enfrentamiento entre las dos mayores potencias del Mercosur supone un retroceso para la consecución del mercado en común, los que niegan la existencia de una crisis aseguran que los conflictos entre Brasil y Argentina sólo han afectado a un 5% del comercio entre sus miembros, aunque también añaden que “contamina el ambiente general” y “deteriora el proceso”.

Lo cierto es que las múltiples visitas que los líderes de ambos países han mantenido durante 2004 reflejan la buena relación entre éstos y la voluntad de conseguir un Mercosur que realmente sea beneficioso para la región.



Cronologia año  2004
14 de enero. Documento oficial firmado en la Cumbre, fija 2005 como fecha límite para las negociaciones del área de Libre Comercio.

26 de enero. Lula realiza viaje oficial a la india. Acuerdos de cooperación en materia de turismo y cultura. Reducción de los impuestos de importación de los productos del MERCOSUR.

19 de febrero. La ONU culpa a la Policía y al Judicial por la explotación sexual de niños y adolescentes en el país.

28 de febrero. Lula anuncia que la meta de este año para la Bolsa-Familia es atender a 900.000 familias.

1 de marzo. Gobierno y FMI negocian cambios en el cálculo del superávit primario; Lula pide que las inversiones en infraestructuras dejen de ser contabilizadas como gastos.

16 de marzo. Reunión Lula y Kirchner; hablan de los cambios en la estructura de los acuerdos del FMI.

26 de marzo. El presidente del Banco Central asegura que el Gobierno no tolerará índices de inflación superiores al 5,5%.

31 de marzo. Lula entregará R$ 1,7 billones al MST, (Movimiento de los Sin Tierra).

9 de abril. El Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra intensifica sus acciones invadiendo zonas productivas.

15 de abril. La Policía mata a uno de los líderes de los traficantes en la favela de Rocían.

18 de abril. Aumentan los actos violentos en la favela de Rodinha; guerra entre bandas.

19 de abril. Lula es incluido en la revista “Time” como una de las personas más influyentes del planeta.

20 de abril. El MST invade dos nuevas áreas en Pernambuco.

26 de abril. El FMI autoriza que Brasil haga inversiones en infraestructuras sin incluir los gastos en los cálculos de superávit primario.

12 de junio. Lula indemniza con una cantidad que oscila entre los R$ 100 y R$ 300 a quienes se deshagan de pistolas u otro tipo de armas.

2 de julio El Departamento de Comercio de EEUU evaluará, en 90 días, si Brasil actúa con eficiencia para garantizar los derechos de la propiedad intelectual. Si la conclusión no es favorable, los norteamericanos impondrán tasas a las importaciones.

17 de julio. Aumento del 10% para salarios militares.

25 de agosto. El Banco Mundial invierte 1.200 millones de dólares en Brasil.

17 de septiembre. Brasil financiará el transporte del gas natural desde el sur de Argentina hasta Buenos Aires.

 


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