Anuario 2004
Colombia
"Uribe comienza a obtener resultados en su política de firmeza ante las guerrillas"
Adriana Garay

Desde que Uribe inició su mandato como presidente en 2002, la lucha contra la guerrilla ha sido la prioridad en su gestión. El presidente colombiano ha visto en Bush el apoyo necesario para acabar con los grupos armados y el narcotráfico. Prueba de ello es la renovación del Plan Colombia, proyecto financiado por EEUU destinado a combatir los cultivos ilegales. Uno de los puntos más controvertidos de la política de seguridad desarrollada por el Gobierno ha sido la ampliación de poderes a las Fuerzas Armadas, medida que no agradó ni a la comunidad internacional, ni a agrupaciones cívicas ni a organismos que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Con la nueva medida, las Fuerzas Armadas disponen de un marco legal que les permite “hacer y deshacer” a sus anchas, pasando por alto alguno de los derechos individuales esenciales, como es el de la presunción de inocencia. En el ámbito de política exterior, la negociación del Tratado de Libre Comercio con EEUU también es motivo de protestas entre la población, que cree que el tratado sólo traerá una invasión de productos norteamericanos.
Existe una serie de argumentos que llevan a pensar que la guerrilla en Colombia está pasando por una fase de debilidad. La intensidad del conflicto ha disminuido gracias a la ofensiva militar por parte del Gobierno, lo que ha llevado a un repliegue de la guerrilla. Los grupos armados se concentran en “zonas de seguridad” y su presencia es cada vez más modesta. Algunos analistas también destacan como razón de esta debilidad la crisis interna política de los grupos armados. La guerrilla colombiana ha ido perdiendo su discurso ideológico y político que la sustentaba. De la “guerrilla de entonces” ya sólo queda una cúpula con algunos aspectos semejantes a los que tenía en su origen, pero las bases y comandos regionales y locales, aunque hayan aumentado su capacidad militar, se caracterizan por su gran pobreza política. Asi, la captura de Simón Trinidad, de la cúpula de las FARC, fue un duro golpe para el grupo guerrillero, que se quedó sin uno de sus principales líderes.



El estatuto antiterrorista

En diciembre de 2003, el Congreso aprobó un estatuto antiterrorista que otorgaba funciones de policía judicial a los militares. Según este estatuto, un ejemplo más de la ampliación de poderes de las Fuerza Armadas en su lucha contra el terrorismo, los militares podían realizar detenciones y allanamientos de morada sin previa orden judicial, y también interceptar comunicaciones y correspondencia. La idea del “fin justifica los medios” se hacía presente en la política de un Gobierno que cree firmemente en la guerrilla como el origen de todos los males. El estatuto fue el resultado más explícito de la denominada Política de Seguridad Democrática que el presidente Uribe ya venía aplicando desde que alcanzó el poder, aunque, tras rechazos internacionales y nacionales, el estatuto fue declarado nulo en agosto de 2004 por la Corte Constitucional.

La Unión Europea, a través de su comisario de relaciones exteriores, Chris Patten, mostró su rechazo a un estatuto que invitaba a actuar al margen del derecho internacional en materia terrorista y que no aseguraba el cumplimiento de los derechos humanos y el compromiso por parte del Gobierno colombiano a adoptar medidas eficaces contra la impunidad, especialmente con los grupos militares.

A nivel interno, al estatuto antiterrorista también le surgieron detractores. Organizaciones sindicales, campesinas e indígenas así como partidos de la oposición, iniciaron su propia cruzada en contra de los “derechos” que se habían otorgado a las Fuerzas Armadas. Pero estas organizaciones, por sí solas no representaban un freno real a la medida adoptada por el Gobierno. La Comisión Colombiana de Juristas, organización que agrupa a magistrados del país, apoyó a estos grupos sociales e interpuso una demanda. La pelota entonces cayó en la Corte Constitucional, que fue la encargada de revisar la constitucionalidad del proceso que permitió la aprobación del estatuto. Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, se hacía eco de los más de 15 pronunciamientos internacionales dirigidos al Gobierno colombiano que instaban a no otorgar funciones de policía judicial a las Fuerzas Armadas en la medida en que violaban los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como de independencia del poder judicial y la separación de poderes. “En ninguna democracia los militares están facultados para ejercer funciones judiciales; ese es un principio elemental de la democracia”, declaró el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas.

Mientras el estatuto se encontraba en la cuerda floja, se produjo un episodio violento que no favoreció imagen que la sociedad ya tenía de la política de seguridad. Soldados antiguerrilla de las Fuerzas Armadas mataron a cinco miembros de una familia campesina. ¿Qué efecto tuvo esta acción en la política de seguridad democrática defendida por el Gobierno? Para unos, este “error” fue el resultado de la presión que ejercía el Gobierno sobre las Fuerzas Armadas para que éstas obtuviesen resultados a corto plazo. Héctor Montayo, de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, argumenta que con la política de seguridad, en principio encaminada a proteger a la sociedad de los grupos terroristas, todo elemento de la sociedad civil se convertía en sospechoso en la medida que los terroristas se camuflaban entre civiles.



El proceso de paz

Colombia lleva sufriendo un conflicto armado durante más de 35 años. El Gobierno actual ha iniciado un proceso de negociación que busca lograr un acuerdo de paz con la guerrilla sobre la base de integridad territorial, la democracia y los derechos humanos.

Uribe tiene dos frentes abiertos en el conflicto armado. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por un lado, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que nacieron como grupo armado al margen de la ley para combatir a los primeros. Las negociaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno durante 2004 empezaron a tomar cuerpo cuando, en abril, las FARC nombraron una comisión para buscar un acercamiento con el Gobierno. Paralelamente, el Gobierno de Uribe también firmó un acuerdo con los paramilitares de las AUC, de extrema derecha, que reflejaba la voluntad de una continuidad en el diálogo tras 18 meses de contactos. Como resultado de este acuerdo, se empezaron a producir la concentración de tropas de las AUC en el norte del país y el inicio de las rondas de diálogo.

Pero la captura de altos mandos paramilitares y el asesinato de uno de ellos, Arroyave, que semanas antes había aceptado participar en las mesa de negociaciones, significaron un retroceso para las negociaciones. El 2004 ha traído duros golpes para las AUC, que han visto cómo gran parte de su cúpula se desmantelaba y cómo Uribe permitía la extradición a EEUU de varios de sus cabecillas.

Los 150.000 paramilitares que integran las AUC no forman un grupo homogéneo. Sólo un parte de sus integrantes mantienen en la actualidad el discurso contrainsurgente que les llevó a movilizarse para combatir la guerrilla en zonas donde el Ejército no tenía presencia. Otros grupos de paramilitares surgieron tras la caída de los cárteles de droga y están constituidos básicamente por bandas de delincuentes organizados que se dedican exclusivamente a actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y el robo. Las demandas de los grupos paramilitares pasan por evitar la cárcel y la extradición a EEUU para no perder el control regional que han obtenido durante estos años y que les ha convertido en una especie de “oligarcas” en sus respectivas zonas de influencia.

En octubre, las AUC reiteraban su compromiso de desmovilizar a 3.000 combatientes aproximadamente antes de finalizar el año, así como su intención de reintegrarse en su totalidad a la vida civil antes de diciembre de 2005.

Las FARC han ido replegando sus tropas a zonas de seguridad, territorios donde ni la Policía ni el Ejército pueden actuar, a cambio de la liberación de varios integrantes que estaban secuestrados. Su debilidad también se ha hecho patente con la detención de importantes integrantes de su cúpula.



El plan Colombia

El Plan Colombia es una acción de ayuda militar creado en 2000 para combatir el narcotráfico, aunque dos años después se amplió a la lucha contra los grupos armados. EE.UU ha invertido en el Plan Colombia, que vence en diciembre de 2005, una cantidad cercana a los 3.300.000 de dólares.

En el mes de noviembre, el presidente norteamericano, George Bush, realizó una visita a Colombia en la que anunció su intención de ampliar el Plan Colombia. Bush declaró en una rueda de prensa que “le diré a nuestro Congreso que renueve su apoyo para que esta valerosa nación pueda ganar la guerra contra los narcoterroristas”. Si bien el anuncio de la ampliación del plan era un hecho esperado por el Gobierno de Uribe, varios miembros del Congreso norteamericano presionaron para que se recortaran las ayudas. La razón es el déficit fiscal estadounidense, que tras las guerras de Irak y de Afganistán, supera los 400.000 millones de dólares.

A comienzos de 2005 el presidente Bush deberá determinar la forma y los recursos que se invertirán en la ampliación del Plan Colombia.



El Tratado de Libre Comercio

La negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. ha generado a lo largo del año distintas reacciones. Aquellos que lo apoyan consideran que el TLC consolidará el desarrollo del país, y sus detractores argumentan que supondrá una invasión de productos norteamericanos en detrimento de los colombianos.

Existen dos puntos clave en la negociación. En primer lugar, Colombia demanda una desgravación arancelaria para sus productos industriales y del sector agropecuario; medida que los andinos consideran indispensable para garantizar el acceso de estos productos al mercado de EE.UU, que es el mayor comprador a nivel mundial. Para el sector agropecuario, el TLC significa “la veda a la comercialización interna de productos locales” en desventaja con los productos agropecuarios estadounidenses subsidiados, asunto sobre el que EE.UU no admite discusión alguna. El otro punto clave de la negociación tiene que ver con el conjunto de normas que van a facilitar el movimiento de capital y las inversiones. Otro tema sensible es el farmacéutico: EE.UU tiene ambiciosas exigencias en materia de patentes, lo que iría en perjuicio de los medicamentos genéricos, indispensables en Colombia para llegar a un mayor número de personas.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, Roberto Chapucero, considera que el TLC profundizará la dependencia económica de las multinacionales y el proceso de privatización neoliberal que se ha dado en América Latina durante las últimas décadas.

Movimientos indígenas iniciaron una marcha de protesta por la Vía Panamericana en la que, además de mostrar su rechazo al TLC, mostraron su oposición a la Política de Seguridad Democrática del presidente.

Colombia, Ecuador y Perú, los tres países que forman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), afirmaron estar unidos en las negociaciones del TLC para trabajar conjuntamente en la defensa de intereses comunes ante el gigante norteamericano.

Con el objetivo de mejorar la competitividad del país, el Gobierno de Uribe ha articulado este año una serie de acciones bajo la denominada “agenda interna”. En un principio estas acciones han estado destinadas a la mejora de la infraestructura del país, precisamente para que las diferencias entre el frágil mercado estadounidense y el colombiano se redujeran en la medida de lo posible. Mejorar la capacitación de la mano de obra es el siguiente paso que se ha incluido en la “agenda interna”.



Descontento social

La negociación del TLC con EEUU no es el único foco de críticas sociales. Son varias las evidencias que muestran cómo el malestar social crece entre una sociedad donde el 60% vive bajo la línea de la pobreza y los índices de desempleo llegan hasta el 14%. La mayor de las movilizaciones sociales se daba casi a finales de año, cuando organizaciones sindicales, sociales y políticas hicieron un paro de protesta con el que mostrar su rechazo a dos de los proyectos que el presidente Uribe pretende llevar a cabo.

La población se mostró totalmente en contra de un paquete de reformas económicas, entre las que se incluye extender a todos los productos un IVA del 4%. De llevarse a cabo, ésta sería la tercera reforma tributaria desde 2002, fecha en la que Uribe inició su mandato. Paralelamente se protestaba por la reforma constitucional que permitiría, en caso de aprobarse, la reelección del presidente Uribe por un mandato más. Con este proyecto, el presidente aseguraría la continuidad de sus planes para combatir los grupos armados ilegales, entre otros aspectos. La propuesta ya consiguió ser aprobada por 115 votos a favor y 33 en contra en la Cámara Baja del Congreso. A fecha de hoy, aún tiene que pasar por el Senado y la Corte Constitucional, donde se enfrenta a su prueba más dura. Críticos de esta reforma han recordado los casos de distintos mandatarios sudamericanos que también llevaron a cabo esta propuesta y acabaron convirtiéndose en dictadores, como, por ejemplo, el presidente de Perú, Alberto Fujimori como argumento en contra del proyecto de “reelección”.



Cronologia año  2004
4 de enero. Es capturado Simón Trinidad, primer miembro del secretariado de las FARC que es detenido.

10 de enero. El ELN reitera su intención de unirse a las FARC con el propósito de combatir la estrategia militarista de EE.UU.

29 de enero. La ONU y la UE buscan mecanismos que agilicen el acercamiento entre el Gobierno y las FARC.

8 de febrero. Acuerdo entre el Gobierno colombiano y la Europol para combatir delitos internacionales.

10 de febrero. Inicio de la gira europea de Uribe. El presidente demanda a Javier Solana que apoyen con financiación la reinserción de los miembros de grupos armados desmovilizados.

13 de febrero. Acciones del Ejército dejan 9 insurgentes muertos y 16 detenidos.

17 de febrero. El Gobierno firma con los partidos políticos el acuerdo que permitirá discutir de manera anticipada las reformas estatal, judicial y económica.

20 de febrero. El Departamento de Tesoro de EE.UU. ordena el bloqueo de cualquier activo que tengan en ese país 40 cabecillas y empresas fachada de las FARC y las AUC.

28 de febrero. El director de la Policía Nacional anuncia la reaparición del Bloque de Búsqueda, destinado a combatir el narcotráfico.

10 de marzo. El Ministerio de Agricultura gestiona ante el Banco Mundial un crédito de 20 millones de dólares para hacer más competitivo el sector rural y así preparalo para afrontar los tratados comerciales que negocia el país.

12 de marzo. Enfrentamiento entre el Ejército y el ELN dejan 9 guerrilleros muertos.

17 de marzo. Visita oficial del presidente a Ecuador; suscriben acuerdos de intercambio comercial y energético.

22 de marzo. 4ª visita del presidente a Washington. Uribe pide una prórroga de 4 años para el Plan Colombia (programas de asistencia militar y sustitución de cultivos ilícitos) El Plan Colombia expira en 2005.

3 de abril. Las FARC dejan 6 muertos en Samaná.

6 de abril. Acuerdo entre el CAN y el Mercosur. Colombia y los demás países del CAN podrán exportar libremente productos y servicios a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El proceso de desgravación arancelaria se hará de forma gradual.

7 de abril. El Consejo de Ministros de la UE acoge una propuesta presentada por Uribe, e incluye al ELN en su listado de organizaciones terroristas. La decisión permite congelar los bienes y otros activos financieros que tenga el ELN en bancos europeos.

16 de abril. Delegados del Gobierno y paramilitares celebran una nueva ronda de diálogos en el marco del proceso de paz. Los presidentes Uribe y Toledo firman un acuerdo que permitirá la extradición de ciudadanos que cometan delitos en ambas naciones.

19 de abril. La Junta de Parlamentarios se reúne para abordar el tema de la reelección presidencial.

29 de abril. El Senado aprueba el primero de los 8 debates de la Reforma Constitucional que permitiría la reelección presidencial.

10 de mayo. 88 paramilitares detenidos en Venezuela.

15 de mayo. La reelección presidencial pasa el segundo debate.

18 de mayo. Los jefes de los equipos negociadores de Colobia, Ecuador y Perú afirman estar unidos en la negociación del TLC con EE.UU. Primera de las 8 rondas de negociación que finalizarán en febrero de 2005. El encuentro provoca protestas sociales en rechazo al TLC.

2 de junio. El ELN acepta el ofrecimiento del presidente de México, Vicente Fox, para mediar a favor de la paz.

14 de junio. Se inicia en Atlanta la segunda ronda de negociaciones del TLC. Washington ratifica que no negociará la eliminación de los subsidios a sus agricultores.

16 de junio. En el marco del proceso de paz, se suspenden las órdenes de captura de cabecillas paramilitares.

19 de junio. Las FARC admiten la autoría del asesinato de 34 personas en La Gabarra.

4 de julio. Tras 8 meses de contactos previos, el Gobierno y las AUC se sientan en la mesa de negociaciones.

8 de julio. Cae el hermano del jefe de las AUC y es extraditado a EE.UU.

14 de julio. Cumbre bilateral Uribe. Chávez para la construcción conjunta de un gasoducto.

29 de julio. Protestas sociales por la presencia de tres integrantes de las AUC en el Congreso.

31 de julio. Cierre de la tercera ronda de negociaciones del TLC en Lima.

4 de agosto. Las FARC asesinan a 9 policías.

5 de agosto. Cae el primer jefe de las AUC.

19 de agosto. El Gobierno ofrece la liberación de 50 guerrilleros de las FARC.

31 de agosto. Por 5 votos en contra y 4 a favor, la Corte Constitucional declara inexequible el Estatuto Antiterrorista.

13 de septiembre. 25.000 indígenas protagonizan movilizaciones “por la vida y dignidad de los pueblos”.

17 de septiembre. La cifra de indígenas que marchan por la Vía Panamericana asciende a 60.000; tienen como destino Cali.

21 de septiembre. Asesinado el jefe del Bloque de Centauros de las AUC. (hace unas semanas había aceptado participar en la mesa de negociaciones)

8 de octubre. Las AUC se comprometen a desmovilizar a unos 3.000 combatientes antes de finalizar el año y ratifican su intención de reintegrarse en su totalidad a la vida civil antes del 31/12/05.

23 de octubre. Visita de Uribe a Perú. El presidente insiste en la necesidad del TLC.

 


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