Anuario 2004
México
"El resurgir del PRI y la carrera para las elecciones de 2006 lastran la gestión de Fox"
Enric Tomàs

El sistema político mexicano establece que el presidente sólo puede permanecer un máximo de 6 años en el poder, sin posibilidad de ser reelegido. De no existir esta ley, el actual presidente de Estados Unidos de México desde 2000 difícilmente se volvería a presentar, y si lo hiciera, gozaría de pocas posibilidades de éxito. ¿Los motivos? El descontento popular por la gestión de presidente Vicente Fox y el resurgimiento del PRI, partido en el poder durante 71 años y derrotado en las urnas hace cuatro años.
La llegada de Fox al poder en julio de 2000 fue vista por muchos como la llegada de la democracia a México y el primer paso para la modernización del país. Sin embargo, el tiempo está demostrando que el presidente panista sólo ofrecía un cambio lampedusiano. Un cambio o proyecto al que Fox siempre se ha mostrado dispuesto, pero que el desarrollo de su mandato ha ido diluyendo, provocando un desencanto cada vez más generalizado entre la población. Muchas son las reformas que ha querido tirar adelante en este 2004 y que han caído en saco roto. En marzo, el presidente propuso la reforma de los sistemas de Seguridad Pública y de Justicia Penal, para aumentar de este modo la seguridad del país y ampliar la carta de Derechos Humanos. El éxito de esta reforma supondría un importante paso adelante para solucionar el problema de la delincuencia, uno de los más graves que acucian a México en la actualidad. El plan de Fox prevé la creación de una Policía Federal Nacional, resultado de la fusión de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP). Además, en el marco de esta propuesta se incluía también la aplicación de la presunción de inocencia, ya que, pese a figurar en la Constitución de 1917, nunca se ha aplicado de forma fetén. Otra novedad estaría en los juicios orales. Actualmente se realizan en privado ante la policía. Con la reforma se celebrarían ante un juez y acompañando al imputado estaría un abogado. Hasta el momento, al lado del acusado se sentaba una persona de su confianza aunque no tuviera estudios de derecho. Esta propuesta del presidente mexicano fue remitida al Congreso que aún debe decidir su aprobación.

Todas estas medidas tienen por objetivo acabar con el crimen organizado en México, una lacra que mueve anualmente unos 900 millones de dólares. La empresa de seguridad Kroll cifra en 3.000 el número de secuestros que se producen cada año en el país. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo público encargado de coordinar las fuerzas de seguridad del país, en cambio, afirma que en 2003 el número de secuestros bajó un 27%. Sea como fuera, los mexicanos no viven seguros. A finales de junio, el asesinato de los hermanos Gutiérrez Moreno, hijos del representante de la firma de automóviles Mercedes Benz, que fueron secuestrados y asesinados una vez su familia pagó 5 millones de pesos para rescatarles, provocó un movimiento de repulsa que derivó en una gran manifestación de recorrió de forma silenciosa las calles de DF en dirección al Zócalo, centro neurálgico de la capital. Hasta 300.000 personas protestaron por la inseguridad que azota todo México, en un acto al que se sumó el propio Vicente Fox. Este hecho lo aprovechó el alcalde capitalino, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para acusar al presidente de querer erosionar su imagen como dirigente de DF al considerarlo, implícitamente, responsable de no solucionar el problema de la delincuencia.

Otra reforma que intentó impulsar, sin éxito, Vicente Fox fue la del sector energético, que tenía como objetivo aprovechar mejor los recursos naturales del país, entre los que destaca el petróleo. En todos las casos, la posición minoritaria del PAN frente al resto de partidos presentes en el Congreso hizo que las propuestas no pudieran ser ratificadas.

Pero Fox no desfallece y sigue empeñado a llevar a cabo un proyecto cuyo punto y final está fijado en 2006. Según el presidente, de concretarse sus propuestas referentes al sector energético y al laboral, el PIB del país podría crecer hasta un 5,5%, dato que atraería hacia México más inversión extranjera, que en el pasado año dejó en las arcas del país unos 10.700 millones de dólares. Esta opinión es compartida por el director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, quien afirmó que si México aplicase reformas judiciales, energéticas, laborales y de telecomunicaciones, podría situar su índice de crecimiento en un 6% anual. El Banco Mundial, por su parte, ha intentado dar al país azteca el empujón definitivo mediante la donación, a principios de noviembre, de un minicrédito de 8 millones de dólares para ayudar al Gobierno Federal en su programa para dotar de una vivienda a las familias con unos ingresos más bajos.

No obstante, sin haber aplicado las reformas previstas, la economía del país funciona de forma aceptable: el Gobierno calcula que el PIB crecerá hasta un 3,8% este año y confirma la creación de casi medio millón de puestos de trabajo.

Aun así, la situación económica, con unas reservas aproximadas de 60.000 millones de dólares, no se traduce en una bonanza para toda la gente: un 50% de mexicanos viven bajo el umbral de la pobreza y un 42% no dispone de seguro médico. Estos datos reflejan las fuertes desigualdades sociales existentes en el país. Una muestra fetén de este desajuste se da en las pensiones de jubilación de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Mientras éstos se jubilan a los 53 años con una pensión un 30% superior a su último sueldo, el resto de trabajadores de otros sectores lo hacen a los 65 y con una retribución un 50% inferior a su última nómina. Para atajar esta descompensación, el Congreso aprobó, a mediados de agosto, una medida por la que se alargaba la edad de jubilación de los trabajadores del IMSS hasta los 65 años. La disposición no fue bien recibida, y durante el IV Informe de Gobierno, discurso anual de Fox ante el Congreso en el que rinde cuentas de su gestión ante el resto de partidos, cerca de 200.000 personas se manifestaron para protestar contra la nueva ley. Entre los manifestantes también había una fuerte presencia de grupos sindicales, históricamente afines al Partido de la Revolución Institucional (PRI), que demandaban mayor atención a sus demandas laborales y que no dudaron en situar esta movilización como embrión de una huelga general. En este sentido, los sindicatos aclararon que no requerían cambiar las pensiones de los ex trabajadores del IMSS, sino la equiparación de sus rentas a las de todos los jubilados mexicanos.



Reforma del sistema electoral

Así pues, huyendo de la situación de pobreza en la que viven numerosas personas en México, son muchos los que se ven obligados a emigrar. El destino más usual es EE UU, donde viven en la actualidad 15 millones de personas procedentes del sur de Río Grande. Éstos tienen un papel preponderante en la economía de su país de origen, ya que sus envíos se prevén que alcancen los 14.500 millones de dólares este 2004.

Tanto es así, que en las esferas políticas mexicanas se ha planteado este año la reforma de la ley electoral que permita votar a los emigrantes aztecas diseminados por todo el mundo. En marzo, Vicente Fox propuso al Congreso una reforma del sistema electoral que controlara la financiación de las campañas, y que otorgara al Instituto Federal Electoral (IFE) nuevas facultades para supervisar las cuentas de los partidos y el origen de sus fondos. Sin embargo, en su propuesta no consideró el derecho de los inmigrantes a ejercer su voto por correo sin necesidad de desplazarse hasta México, como sucede en la actualidad. Fox tuvo la queja del presidente del PRI y posible precandidato a las elecciones de 2006, Roberto Madrazo, quien abogó por formalizar el voto por correo. Con esta decisión, Madrazo contradijo a los miembros de su partido que consideraban que esta práctica favorece el fraude electoral. A pesar de todo, la propuesta de reforma del sistema electoral planteada por Fox fue rechazada. Un mes después, los partidos de la oposición plantearon una nueva reforma electoral, parecida a la propuesta por Fox, que aseguraron iban a cumplir, con o sin la aquiescencia del PAN. Finalmente, el asunto del nuevo sistema electoral quedó en agua de borrajas, y México mantiene el creado en 1996 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo. Uno de los motivos del fracaso de las negociaciones para remodelar el sistema electoral apunta directamente a las televisiones, que supuestamente ejercieron presiones porque serían las más perjudicadas si se acortara el tiempo de campaña electoral, ya que durante esos días gozan de buenas audiencias.

El enésimo ejemplo de las vicisitudes con las que ha topado Fox durante el último año se dio cuando el presidente impugnó el Presupuesto de Egresos (presupuestos generales) de 2005, días después de que el Congreso, con mayoría de la oposición, lo aprobara con 323 votos a favor por 137 en contra (de miembros del PAN). El motivo que llevó a Fox a ejercer su derecho a veto del Presupuesto radica, sobre todo, en que, según él, la oposición aplicó un severo recorte a la partida destinada a deuda pública y a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), con el objetivo de evitar el incremento de la deuda pública. Para el presidente, con este recorte disminuirá el poder adquisitivo y la emisión de bonos en el extranjero. Tecnicismos al margen, Fox sacó su populismo, y justificó su impugnación en que él se debe al “compromiso con los mexicanos y el bienestar de sus familias”, algo que no podría llevar a cabo con el presupuesto previsto. Así pues, la situación actual en México indica que a falta de un mes para cerrar el año, el país no cuenta con la previsión de gastos e ingresos para 2005, aunque desde círculos próximos al PAN se confía en que se hallará una solución consensuada. En un capítulo más del asunto, el propio Fox presentó, a finales de noviembre, el presupuesto aprobado por el Congreso con un total de 9 objeciones. Este gesto fue interpretado con cautela por la oposición, que ya ha asegurado que no se precipitará para estudiar la nueva propuesta presidencial.



Conflicto con Cuba y acercamiento a EE.UU.

En el ámbito internacional ha destacado el conflicto abierto con Cuba. El germen de esta crisis fue, al igual que con los “vídeo-escándalos”, el empresario de origen argentino Carlos Ahumada. Éste fue detenido en Cuba el 30 de marzo y menos de un mes después, el país caribeño inició los trámites para deportarlo hacia México. Las autoridades cubanas argumentaron que la rapidez con la que habían llevado a cabo las gestiones para deportar a Ahumada se debieron a que se trataba de un asunto político. Fue esta definición la que soliviantó a México, al considerar que Cuba daba a entender los nexos políticos de Ahumada, y, en consecuencia, afirmaba implícitamente que quien estaba detrás de los “vídeo-escándalos” era el Gobierno de Vicente Fox. De este modo, La Habana se postulaba a favor de las tesis del alcalde de DF, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que con el escándalo de los vídeos se quiere macular su imagen y entorpecer su carrera hacia Los Pinos. La respuesta de las autoridades mexicanas fue fulminante: el 2 de mayo, Fox expulsó al embajador cubano del país y ordenó la repatriación de la embajadora azteca en La Habana. Aunque México no dio por rotas las relaciones diplomáticas con Cuba, sí las situó en “la antesala de la ruptura total”. En julio las aguas volvieron mínimamente a su cauce con la vuelta de los diplomáticos a sus embajadas respectivas, aunque las relaciones entre cubanos y mexicanos no han recuperado los niveles de antaño.

A todo este embrollo provocado por Ahumada, debe sumarse el malestar existente en la isla a raíz de la votación en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en Ginebra a mediados de abril. En la ciudad suiza, México censuró la aplicación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno Cubano. Esta decisión creó un profundo malestar en La Habana, por sentirse traicionados por el que ha sido siempre uno de sus grandes aliados en América Latina. Al voto contrario de Fox, realizado sin la aquiescencia del resto del Congreso azteca que se postulaba a favor de la abstención, debe añadirse el hecho, humillante para muchos, de que fuese la propia Casa Blanca la que anunciara cuál iba a ser el destino del voto de sus vecinos del sur. Y es que las relaciones méxico-cubanas habían sido hasta el momento cordiales. De hecho, México siempre se había sentido cerca de La Habana y fue el único país de la zona que nunca rompió contactos con Cuba, ni siquiera después del proceso revolucionario de 1959. Sin embargo, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia del país, se hizo mayor una brecha que, hasta el momento, parece difícil de cerrar. Uno de los puntos álgidos de este desencuentro se produjo a finales de marzo de 2002 en la Cumbre Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey. Allí, el Gobierno mexicano pidió al presidente cubano, Fidel Castro, que regresara a su país ante de finalizar la Cumbre para evitar que se cruzase con su homólogo estadounidense, George W. Bush. La medida fue interpretada como una prueba más del sometimiento mexicano al gigante del norte. No obstante, México, por boca de su canciller y secretario de Política Exterior, Luis Ernesto Derbez, negó estas acusaciones y se justificó en que la postura de su país es defender siempre los derechos humanos, tanto en Cuba como en, por ejemplo, la guerra de Irak.

Precisamente, esta consideración sobre Irak deterioró las relaciones entre México y EE UU. El Gobierno de Fox, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, votó en contra a la invasión de Irak. Desde entonces, la relaciones entre ambos países se deterioraron sensiblemente, a pesar de que el presidente mexicano, Vicente Fox, afirmase a finales de octubre que “nuestra decisión de no apoyar la guerra en Irak no afectó nuestras relaciones con Estados Unidos. Es por eso que hablo de madurez, de amistad y de asociación a largo plazo gracias al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”. Por su parte, Bush invitó en marzo a Vicente Fox y a su esposa, Marta Sahagún, a su rancho de Crawford (Texas), como muestra de que los viejos resquemores habían quedado olvidados. Allí ya se tocó el tema de la reforma migratoria proyectada por Bush. Este proyecto del mandatario estadounidense afectaría a los cerca de 4 millones de mexicanos que viven de forma ilegal en EE UU y que, de concretarse, dispondrían de un permiso de trabajo por tres años. Con esta reforma, además, se aliviaría la tensión en la frontera entre ambos países, ya que el plan del presidente estadounidense contempla la creación de una “frontera inteligente” que permita el tráfico seguro de bienes y de personas. Aunque cabe entender la propuesta de Bush en clave electoral -el voto hispano en EE UU goza cada vez de más peso-, el proyecto ya contaba con la anuencia del secretario de Seguridad Interior estadounidense, Tom Ridge, quien recibió duras críticas por parte de los sectores más conservadores del Partido Republicano. La renuncia de Ridge abre una nueva etapa en la política migratoria. Algo que bien sabe Fox, que ya ha anunciado que se volverá reunir con su homólogo norteamericano en 2005.

Por otro lado, México continuó con su política de expansión económica y, en este sentido, firmó un acuerdo comercial con Japón. El llamado Acuerdo de Asociación Económica, que entrará en vigor en abril del próximo año, establece la desaparición de los aranceles en el 95% de productos mexicanos que entran en Japón, y en el 44% de los que lo hacen en México.



Las elecciones en varios estados constatan el resurgir del PRI

México también ha vivido un año de elecciones en varios de los estados que forman la República Federal. En estos comicios se ha constado el resurgir del PRI, partido actualmente en la oposición pero que mantuvo el poder durante 71 años consecutivos (1929-2000). A principios de julio, las elecciones se celebraron en Chihuahua, Durango y Zacatecas, y fueron ganadas por el PRI en los dos primeros, y por el PRD en el tercero. En agosto los comicios fueron en Oaxaca, Baja California Norte y Aguascalientes. En los dos primeros se impuso el PRI mientras que en el tercero lo hizo el PAN. En septiembre, Veracruz cayó también del lado del PRI. En noviembre hubo llamada a las urnas en Tamaulipas, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala. Mientras que en los tres primeros venció claramente el PRI, en el cuarto también lo hizo aunque después de la impugnación del resultado electoral que daba como vencedora, en primera instancia, a la candidata de la coalición PRD y Convergencia, María del Carmen Ramírez.

Tres son los motivos que pueden imputarse al resurgir de un partido de estructura arcaizante: el descontento social con la gestión de Vicente Fox; la desconfianza frente a la alternativa propuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre todo a raíz de las continuas polémicas con los “vídeo-escándalos” que afectan al alcalde capitalino, Andrés Manuel López Obrador; y el gran apego que los campesinos y los sectores más desvalidos de la sociedad sienten por el PRI. A menos de dos años de las elecciones generales, a nadie se le escapa que este partido, hegemónico durante más de 70 años, vuelve a tener el apoyo social de antaño, no sólo en las elecciones a gobernador, sino también en las de alcalde en pueblos más o menos pequeños de todo México. Este nuevo PRI que, poco a poco, va sumando puntos en la carrera electoral, no quiere distanciarse de aquél que se mantuvo en el poder durante más de siete decenios. Se trata de un partido con un funcionamiento más democrático, en el que se ha suprimido la práctica del llamado “dedazo” ¬-que nombraba el sucesor al presidente a dedo, sin un proceso electoral interno detrás-. Si bien es cierto que aún ocupan cargos los “dinosaurios” (los dirigentes históricos del partido), el proceso para escoger nuevo candidato a sustituir a Vicente Fox a partir de 2006 se está llevando a cabo mediante elecciones primarias. Algo similar a lo que ocurrió en 2000 para nombrar candidato a Francisco Labastida, quien salió vencedor de las votaciones secretas llevadas a cabo entre millones de militantes y simpatizantes, y no por el método atávico del “dedazo”.


Echeverría, un ex presidente que puede acabar entre rejas

A mediados de julio, el ex presidente de México entre 1970 y 1976, Luis Echeverría, fue acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por su participación en dos matanzas. Una, el 10 de junio de 1971, siendo presidente del país, costó la vida de cerca de cuarenta estudiantes y significó un capítulo más de la llamada “guerra sucia” en México. En esta etapa abyecta de la historia del país, que se prolongó durante las décadas de los 60 y 70, desparecieron unos 1.500 activistas contrarios al gobierno priísta. En la matanza, llamada “Jueves de Corpus” y ocasionada en unos momentos en que repuntaba el siempre incómodo movimiento estudiantil mexicano, un grupo paramilitar conocido como Los Halcones atacó a la multitud que se manifestaba en el barrio de San Cosme en México DF. Este grupo dependía económicamente del entonces presidente, Luis Echeverría, con el que mantenía contacto. Las consignas de los estudiantes se pregonaban mediante en gritos contra el presidente de la República. Sus peticiones, la reforma universitaria y la libertad para presos políticos. A las 17 horas de aquel día de junio, explotó una granada y acto seguido Los Halcones, mediante francotiradores y patrullas, atacaron a la multitud. Después de dos horas de lucha, se dio por concluido el conato de revuelta estudiantil. La otra matanza se perpetró el 2 de octubre de 1968, mientras Echeverría era secretario de Gobernación. Ésta última, conocida como Matanza de la Plaza de las Tres Culturas, acabó con la vida de entre 150 y 300 estudiantes. El encargado de recordar este amargo episodio e intentar que sus culpables, con Echeverría a la cabeza, fueran procesados, fue el fiscal especial mexicano, Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, especializada, como el nombre indica, en investigar delitos antiguos. No obstante, su petición de pena para el ex presidente fue denegada por el juez federal, Julio César Flores, que alegó que los crímenes imputados a Echeverría habían ya prescrito por haberse producido hace más de 30 años. De este modo, negaba la posibilidad de que Echeverría, de 82 años y perteneciente al PRI, fuera el primer mandatario de México en sentarse en el banquillo de los acusados. El abogado defensor del ex presidente, Juan Velázquez, alegó que no existió genocidio alguno -este apelativo se usa para referirse a la matanza masiva de miembros de un grupo o colectivo cualquiera que sea su naturaleza-, y, que en el caso de existir, el delito ya habría prescrito. Por su parte, Flores, calificó los delitos de Echeverría como homicidios cualificados, lesiones, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. El matiz de considerar los hechos de 1971 de este modo, en lugar de definirlos como genocidio, no es, en absoluto, baladí, ya que según se le dé un calificativo u otro, puede aplicarse la prescripción o no. La diferencia está en que un delito de genocidio nunca prescribe. Pero el fiscal Carrillo Prieto no se rindió y tres días después de la exculpación del ex presidente por parte del juez Flores, anunció su decisión de apelar a la Corte Suprema mexicana. Ésta aceptó la demanda y México se halla aún a la espera de su resolución. Los principales partidos políticos ya se han posicionado: el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han apoyado la decisión del juez Carrillo Prieto de inculpar a Echeverría. El apoyo del PAN se entiende, además, ya que la fiscalía que ocupa Carrillo fue creada en 2002 por el propio Vicente Fox. Precisamente, es al actual presidente al que muchos ven detrás del proceso contra Echeverría, puesto que antes de que el fiscal empezara el proceso para esclarecer la matanza del Jueves de Corpus, mantuvo un encuentro con Fox. Asimismo, el PAN afirma que con la investigación sobre los hechos de 1971 “se refuerza el Estado de derecho”. Por su parte, el PRD también apoyó a Carrillo con el argumento de que “la justicia debía triunfar en México”. Quien no se lo tomó tan bien, fue, lógicamente, el Partido de la Revolución Institucional (PRI), al cual pertenece Echeverría. Según este partido, todo el proceso quiere ser “una cortina de humo para tapar los problemas que aquejan al país”. Sea como fuera, los ex presidentes Salinas de Gortari y el propio Echeverría han olvidado viejas rencillas y han llamado a la unión del partido en defensa de una nueva ofensiva foxista, a la que, además, han calificado como “una política de revanchismo y linchamiento”.

Una precampaña bajo la sombra de la corrupción

México está viviendo un 2004 inmerso en precampaña electoral, a pesar de que restan aún un año y siete meses para los comicios. Sin embargo, los principales partidos empiezan a posicionarse para lanzar al candidato a sustituir al presidente Vicente Fox. Representando al Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno de los aspirantes es el actual alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien mezcla populismo y ofrece medidas sociales para llegar al electorado azteca. Por el PRD también se ha postulado Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del partido, que en marzo dimitió de todos sus cargos al considerar vulnerado su honor porque el presidente del partido, Leonel Godoy, le llamó “dictadorzuelo”. Otro pretendiente al puesto es el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, independiente, que fue ministro de Relaciones Exteriores durante el primer tramo del mandato de Fox. Representando setenta años de régimen príista y con ganas de volver al poder, han salido varios nombres aunque ninguno se ha confirmado definitivamente: el presidente del partido, Roberto Madrazo; el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Enrique Jackson, y los gobernadores de Veracruz, Miguel Alemán; de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez; y del Estado de México, Arturo Montiel. Finalmente queda por confirmar el candidato del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), actualmente en el poder. Así pues, la cita es en 2006. El máximo favorito, según los sondeos, es el actual alcalde de México DF, Andrés Manuel López Obrador, cuyo nombre en la prensa del país se convierte en el acrónimo AMLO. Este ex príista de 52 años goza de un innegable respaldo entre la ciudadanía, que le siente como uno de los suyos. Teniendo en cuenta que en México, el 50% de sus 104 millones de habitantes viven bajo el umbral de la pobreza, se valora en gran medida el hecho de que el alcalde de la mayor ciudad del país se desplace en turismo, habite un piso modesto y se declare contrario a las prácticas neoliberales. Además, López Obrador realiza consultas a la ciudadanía sobre temas como el precio del transporte o la idoneidad de situar pasos elevados, aunque después actúa a su gusto, y dota con una pensión de 600 pesos mensuales a los ancianos y de 670 a las madres solteras. Con todas estas medidas de “baja intensidad”, no son pocos los miembros de la oposición que le tachan de electoralista. Dentro del PRD también se ha presentado Cuauhtémoc Cárdenas, otro político procedente de la órbita del PRI, del cual se separó en 1988 para crear el Partido Revolucionario Democrático. Bajo el eslogan de Un México para todos, Cárdenas, hijo del que fuera presidente príista del país, Lázaro Cárdenas, entre 1930 y 1940, prepara su candidatura para acceder a la presidencia de México. De confirmarse, sería la cuarta vez que Cárdenas intenta obtener este cargo. Sus puestos más importantes hasta el momento han sido los de Gobernador del Estado de Michoacán (1980-86) y jefe de gobierno de Distrito Federal (1997-99). Al ser miembro del PRD al igual que López Obrador, Cárdenas ya ha afirmado que “si surge otro líder con apoyo del PRD y otras fuerzas político-sociales con intención de democratizar el país”, él se sumaría al proyecto. Sin asegurar que este hombre pueda ser López Obrador, Cárdenas ya ha afirmado su desacuerdo con el proceso de desafuero que se está llevando a cabo contra el alcalde de México DF. A finales de marzo se presentó la candidatura de Jorge Castañeda a la presidencia de la República. Su proyecto pasa por consolidar el cambio democrático, social y político para México, haciendo especial hincapié en la seguridad jurídica, una mejora del sistema educativo, una reforma de las instituciones y una nueva financiación del Estado. Por su parte, el PRI prepara su vuelta al poder que ostentó desde 1929 hasta 2000, año en que fue derrotado por Vicente Fox. A pesar de no haber candidato confirmado, este factor no parece preocupar a su presidente, Roberto Madrazo, que asegura que el partido trabaja en la plataforma y el programa de las elecciones de este año (a gobernador en diferentes estados). El PRI ve estos comicios como la oportunidad de situarse en una posición franca para abordar con éxito las presidenciales de 2006. El nuevo PRI quiere tender hacia una política más social, que dé a México todas aquellas cosas (trabajo, educación, salud) de las que carece, y que “recupere la República través de un partido que pertenezca a los ciudadanos y no sólo a sus militantes o sectores”, según palabras de otro de los candidatos, Miguel Ángel Núñez Soto. Finalmente está el candidato del PAN, actual partido en el poder. Durante unos meses se especuló con que la persona que ocuparía el sillón de Vicente Fox sería su propia esposa, Marta Sahagún, quien en más de una ocasión ya ha demostrado sus aspiraciones políticas. Éstas incluso provocaron la dimisión del portavoz y secretario de Fox, Alfonso Durazo, por considerar que la primera dama se entrometía demasiado en asuntos de política nacional. Pero ya a principios de julio, Vicente Fox confirmó que tanto él como su esposa abandonarían la política al término de esta legislatura. Descartada la primera dama, el proceso para buscar el nombre de quien aspira a sustituir al frente del partido y en la presidencia del país a Vicente Fox parece que se va a hacer mediante elecciones primarias. Varios nombres ya han saltado a la palestra: el secretario de Gobernación, Santiago Creel, Felipe Calderón Hinojosa o Carlos Medina Plascencia. Desde el partido se destaca que el candidato saldrá de un proceso de elecciones interno, para, de esta manera, “llegar unidos y cohesionados a lo que es la candidatura presidencial”. A pesar de este baile de nombres aún por confirmar, quien mejor situado se encuentra en la línea de salida es el actual alcalde de México DF, Andrés Manuel López Obrador, aunque durante el último año ha pasado por vicisitudes que le pueden apartar de la presidencia de la República. La primera de ellas ha sido el proceso de desafuero que se está llevando contra su persona. De prosperar esta denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR, el órgano encargado de perseguir los delitos federales), el alcalde sería apartado de la carrera electoral, y con él, el más serio candidato a la victoria final, al no poder optar a la presidencia por hallarse inmerso en un proceso judicial. La acusación indica que participó de forma ilegal en la paralización de unas obras en un hospital llamado “El Encino”, desobedeciendo de esta forma una sentencia judicial. Pero el alcalde capitalino no se quedó callado y acusó tanto a Fox como al PRI de intentar inhabilitarle. Además hizo un llamamiento a la “resistencia civil pacífica” para parar lo que desde su entorno se define como un “golpe civil técnico”. Aparte de defenderse como gato panza arriba, López Obrador cuenta con el apoyo de una gran masa social. A finales de agosto se manifestaron más de 200.000 personas en DF en contra del proceso que se está llevando a cabo contra su alcalde. Por si la propuesta de inhabilitación no funcionara, el PAN y el PRI ya empezaron a mover ficha. Ambos partidos aprobaron el primer paso de una reforma constitucional por la que se restan 800 millones de dólares del presupuesto para gobernar DF. Con esta ostensible rebaja, justificada en que será el Estado el que pague el sistema educativo en vez de la ciudad, las políticas más populares de López pueden verse seriamente mermadas. Pero el alcalde tuvo más problemas, todos ellos relacionados con personas de su entorno. A mediados de noviembre fue encarcelado el que fuera uno de sus colaboradores más cercanos, René Bejarano. El ex secretario particular de AMLO y ex presidente del Congreso capitalino fue grabado en video mientras recibía un fajo de dinero del empresario de origen argentino Carlos Ahumada. Con esta grabación, difundida a principios de marzo, se inició lo que en México se llamó los “vídeo-escándalos”, que amenazan con retratar a otros colaboradores del gobierno capitalino. Según Bejarano, el dinero recibido de mano de Ahumada iba destinado a financiar la campaña perredista. Pero el PGR no lo creyó y le imputó delitos de lavado de dinero, extorsión y delitos electorales. Otro de los vídeos que marcaron el entorno mediático de López Obrador fue el que protagonizó el ex secretario de finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce. En la grabación se veía a Ponce apostando en un casino de Las Vegas. A raíz de la difusión del vídeo se le acusó de fraude y de enriquecimiento ilícito, y fue posteriormente arrestado y encarcelado. Por si acaso, López Obrador aseguró que ignoraba las aficiones del que fuera su colaborador y le comunicó su destitución fulminante.

La Chiapas “no violenta” apunta una ligera mejora

La situación en Chiapas -estado situado en el sudeste de México- sigue estando en aparente calma, aunque es notoria la presencia en la zona de grupos paramilitares amparados por el Ejército Federal, de policía federal, y de grupos simpatizantes de uno u otro partido. Todo este conjunto de individuos han mantenido, durante 2004, algunos enfrentamientos con la comunidad indígena -que representa un 27% de la población del estado sureño-.Por ejemplo, los que enfrentaron a militantes afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 4.000 zapatistas que se manifestaron de forma pacífica por la escasez de agua en el municipio de Zinacantan. El día siguiente, un once de abril, 484 zapatistas se vieron obligados a abandonar tres municipios de la zona, ya que simpatizantes perredistas destrozaron sus casas y saquearon sus pertenencias. Sin embargo, a pesar de estos brotes de violencia, uno de los mayores expertos en la zona, el periodista de La Jornada Hermann Bellinghausen, explica que la situación actual en Chiapas está mejor ahora que hace once años, ya que “decenas de municipios autónomos han moldeado una manera alternativa de vivir, sin el uso de la fuerza ni la violencia, y con un limitado uso del dinero”. Esta idea la apoya otra periodista, Concepción Villafuente, que explica que “la autonomía zapatista avanza en silencio". En este sentido, Villafuente comenta que en Chiapas se imparte justicia en zonas "donde no hay cárceles, pero sí presos". Bellinghausen califica la situación en el estado como “milagrosa”, debido a que la inversión de la Administración central es más bien escasa. A pesar de esto, en los municipios autónomos de Chiapas ha sido posible la creación de clínicas, escuelas y casas de salud. Estas infraestructuras han contado, además, con el apoyo económico procedente de muchos extranjeros especialmente sensibilizados con la causa chiapaneca. Así, manufacturas típicas de Chiapas, como la producción de tejido o de zapatos, son posibles gracias a la colaboración de los llamados “zapaturistas”, activistas foráneos que visitan las comunidades rurales del sureste mexicano. Aunque más allá de obtener dinero procedente de la beneficencia forastera, lo que realmente ha ganado Chiapas fuera de México ha sido el cariño y la simpatía de muchos visitantes, potenciada, en parte, por toda la red de comunicación engendrada en este estado mexicano, ya sea a través de páginas en internet, o con poesía, literatura u otras formas de comunicación. El mayor icono de la causa indígena es el subcomandante Marcos, un hombre que mezcla una donosura más que correcta, con un atuendo que aúna los misterios de la selva de Lacandona -donde habita- con la heroicidad de su causa. Un hombre siempre ataviado con pasamontañas, y con un walkie-talkie -para comunicarse con sus colaboradores en medio de la selva-, un pañuelo rojo -que se puso por vez primera el 1 de enero de 1994 cuando el EZLN tomó San Cristóbal de las Casas-, una linterna -para, según él, iluminarse en la cueva donde vive confinado-, y dos relojes, uno por cada muñeca -que empezó a utilizar el día del inicio de la insurgencia chiapaneca, uno, y el día que llegó a la selva de Lacandona hace 21 años, el otro-. La actividad pública de Marcos este 2004 ha sido más bien escasa, aunque la prensa internacional ha destacado que trabaja en la publicación de una novela, forjada a cuatro manos junto al escritor azteca Paco Taibo, que aparecerá, por capítulos y de forma semanal, en el diario mexicano Reforma. Según explica Taibo, aceptó la propuesta de Marcos por tratarse de una “locura”, y definió el sistema de comunicación entre ambos, que nunca se han visto las caras, como propio de una “película en blanco y negro de los años veinte”. Esta no es la primera colaboración de Marcos con un primera espada de las artes. En 2002 participó junto a Joaquín Sabina en la composición de la canción Como un dolor de muelas. Por otro lado, Chiapas vivió, a principios de octubre, una jornada electoral en los 118 municipios que hay en el Estado. En doce de ellos se registraron algunos incidentes entre simpatizantes de varios partidos. La victoria fue para el Partido de la Revolución Institucional (PRI), con 56 alcaldías, seguido del Partido de la Acción Nacional (PAN), con 33, y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 14. Diez años después del alzamiento zapatista El primero de enero de 2004 fue un día especial para la comunidad indígena de Chiapas. Para conmemorar los diez años de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se celebraron, en unos actos iniciados en noviembre de 2003 hasta la segunda semana del año siguiente, todo tipo de eventos: conferencias, conciertos de rock, exposiciones de pintura y fotografía o pases de documentales, a los que acudieron personas venidas de todo el mundo. Toda esta avalancha de foráneos llegados a Chiapas tenían clara una consigna, exhortada por miembros del EZLN: “Hace diez años nos levantamos contra un Gobierno que decía que no existíamos y cuando hablamos nos quiso callar con sus cañones. Pero aquí estamos. Ni nos callamos ni nos fuimos”. Así, diez años después, el lema que defiende el subcomandante Marcos ¬-un hombre que ha promocionado la causa chiapaneca de modo parecido a como lo hizo Yasser Arafat en Palestina¬- sigue vigente. Sus quejas radican en los fuertes desequilibrios existentes en Chiapas: mientras esta zona sureña del país generaba un 35% de la producción eléctrica de México, un 34% de su población no disponía de este servicio; mientras la zona es rica en recursos naturales, un 60% de sus habitantes sobrevivían con el salario mínimo; además, el 60% de niños en edad escolar no pueden asistir a la escuela, y sólo un 57% tenían acceso a agua potable. Estos datos de 1994, año en que se inició el movimiento insurgente, mantienen, hoy en día, una tendencia similar. El primer día de ese año, un grupo de indígenas dirigidos por el subcomandante Marcos y que habían tomado el nombre de Emiliano Zapata, conquistó por la fuerza siete ciudades del estado de Chiapas entre las que destacaron San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo. Escoger el nombre de un revolucionario como Zapata para dar nombre al Ejército destinado a defender a los indígenas chiapanecos, respondía al deseo de identificarse con el líder revolucionario del México de principios de siglo, cuyo lema era “Tierra y libertad”, así como “la tierra es para quien la trabaja”. Las demandas de este ejército formado por campesinos no distaban en exceso de las del revolucionario azteca nacido más de un siglo antes: techo, tierra, trabajo, salud, educación, alimentación, libertad, independencia, justicia, democracia y paz. Pronto sus reivindicaciones pasarían a las primeras páginas de los diarios, y las simpatías de la comunidad internacional hacia este grupo de rebeldes irían en aumento. El movimiento chiapaneco contó, también, con el apoyo de muchos sectores de la sociedad mexicana: el 8 de enero de 1994, más de 10.000 personas se manifestaban en DF a favor de la causa emprendida en el sur del país. Precisamente, fue esa simpatía general la que obligó al Gobierno a decretar un alto al fuego, impulsado de forma unilateral, para poner punto y final a doce días de enfrentamientos que causaron 146 muertos -según cifras oficiales- o 1.000 -según el EZLN-. La insurrección armada de Chiapas tuvo mucho de simbólica, puesto que se llevó a cabo el mismo día en que México firmaba su adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un hecho que muchos veían como el definitivo acceso del país al llamado “primer mundo”.


Cronologia año  2004
5 de enero. Un grupo de hombres armados asalta una cárcel y liberan a 25 reos, cinco de los cuales pertenecen al Cartel del Golfo.

11 de febrero. La esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún anuncia su intención de presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2006.

23 de febrero. Un vídeo muestra al presidente del Partido Verde (PVEM) y senador de Quintana Roo, Jorge Emilio González, negociando sobornos.

3 de marzo. El presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, René Bejarano, anuncia que dejará el cargo después de haberse difundido un vídeo en el que se le ve aceptado dinero de un empresario.

24 de marzo. El ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, presenta su candidatura a las presidenciales de 2006.

29 de marzo. El fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, dimite de todos sus cargos en el partido aunque no renuncia a presentarse a las presidenciales de 2006.

30 de marzo. El Gobierno de Vicente Fox propone un drástico recorte de las subvenciones a los partidos y una revisión de la carta de derechos humanos del país azteca.

31 de marzo. Detenido el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, acusado de sobornar a miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

26 de abril. Fox presenta la reforma judicial más amplia y ambiciosa de la historia de México.

3 de mayo. Crisis diplomática entre México y Cuba. Fox retira a su embajador de La Habana y pide al embajador cubano que abandone el país. El motivo son las valoraciones de Cuba sobre el empresario azteca Carlos Ahumada, detenido en la isla, y las críticas de Fidel Castro a México por votar recientemente en contra de la Revolución Cubana en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

4 de mayo. México no da por rotas sus relaciones con Cuba, aunque afirma que la situación está en la “antesala de la ruptura total”.

21 de mayo. El presidente del PRD, Leonel Godoy denunció ayer la campaña que se está llevando a cabo contra su candidato a las presidenciales y actual alcalde de Ciudad de México, Antonio Manuel López Obrador, para apartarlo de los comicios de 2006.

16 de junio. Fox remite al Congreso un proyecto de ley para que los mexicanos que viven fuera del país tengan derecho a voto.

27 de junio. Gran manifestación en México DF contra la inseguridad ciudadana. La movilización es apoyada por Vicente Fox, que busca erosionar la imagen del alcalde López Obrador.

7 de julio. Fox anuncia que tanto él como su esposa abandonarán la política al final de mandato en 2006.

14 de julio. El ex presidente de México, Luis Echeverría, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante su mandato.

15 de julio. Cárdenas (PRD) confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2006.

19 de julio. México y Cuba reanudan las relaciones diplomáticas después de la crisis de mayo. El restablecimiento se produjo tras una reunión de varias horas entre los cancilleres de Cuba y México, Felipe Pérez Roque y Luis Ernesto Derbez

23 de julio. El fiscal especial mexicano, Ignacio Carrillo Prieto, presenta cargos criminales contra el ex presidente de México, Luis Echeverría, acusado de la matanza de 25 estudiantes en 1971.

24 de julio. El juez federal César Flores deniega la orden de detención al ex presidente Luis Echeverría por genocidio al considerar que los hechos que se le imputan ya han prescrito.

25 de julio. La fiscalía apelará a la Suprema Corte de Justicia la decisión del juez Flores de no detener a Echeverría.

31 de julio. El presidente Vicente Fox y el alcalde de Ciudad de México, Antonio Manuel López Obrador, se reúnen por primera vez en 13 meses. De la reunión no salieron acuerdos sustanciales.

1 de agosto. Elecciones en tres estados: Oaxaca, Baja California Norte y Aguascalientes. En los dos primeros se impone el PRI mientras que en el tercero lo hace el PAN.

23 de agosto. La policía mexicana detiene a El Gilillo, uno de los principales narcotraficantes de México acusado de controlar casi la mitad de la droga de la zona fronteriza con EE UU.

29 de agosto. Unos doscientos mil manifestantes apoyan al alcalde de Ciudad de México, quien está siendo investigado por la Justicia Federal. La investigación, supuestamente incitada por Fox, trata de apartar del camino al candidato mejor situado para las elecciones de 2006.

1 de septiembre. La oposición mexicana boicotea a Fox durante su discurso ante el Congreso, mediante pancartas e insultos durante su alocución.

6 de octubre. Veinte diputados de Ciudad de México pertenecientes al PRD, en protesta contra el plan del Gobierno central de obligar al Ayuntamiento a asumir el gasto de la educación pública.

10 de octubre. La Fiscalía General detiene al ex tesorero de Ciudad de México, Gustavo Ponce, acusado de fraude, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y extorsión.

18 de octubre. La Procuraduría del DF vincula al ex presidente Carlos Salinas de Gortari con Carlos Ahumada, el empresario acusado de sobornar a miembros del PRD.

26 de octubre. Fox y el primer ministro canadiense, Paul Martin, firman la Alianza México-Canadá para impulsar una relación bilateral más amplia.

10 de noviembre. El ex secretario particular del alcalde Andrés Manuel López Obrador y ex presidente del Congreso capitalino, René Bejarano, es arrestado por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

14 de noviembre. El PRI vence claramente los comicios en Tamaulipas, Puebla y Sinaloa.

18 de noviembre. El PRI impugna los resultados electorales del estado de Tlaxcala.

19 de noviembre. Fox impugna los presupuestos de Egresos para el 2005, aprobado por las fracciones del PRI, PRD, PT y Convergencia en la Cámara de Diputados.

24 de noviembre. Una multitud asesina y incendia a dos agentes la Policía Federal Preventiva en Tláhuac, un suburbio de Distrito Federal.

 


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