Anuario 2004
Argentina
"Un paso más de Kirchner para la reconstrucción del país"
Adriana Garay

La Argentina de hoy se enfrenta a uno de sus mayores retos: recuperar la confianza perdida desde la crisis. Confianza que el pueblo otorgó a Kirchner quizás porque era el mal menor, aferrándose a éste como un clavo ardiendo. El año finaliza con datos que muestran una mejora de la situación económica pero el pueblo argentino es exigente y no parará de reivindicar todo aquello que la corrupción, el clientelismo y los amiguismos en el sistema político le arrebataron.
El problema económico que atraviesa Argentina desde la crisis de 2001 es una de las mayores preocupaciones para el Gobierno de Kirchner pero no la única. Más allá de la recuperación económica del país, dirigida por una buena gestión del Ministro de Economía, Roberto Lavagna, la Argentina de hoy sigue con muchos, por no decir con todos los problemas del ayer. El caudillismo de la mayoría de gobiernos provinciales llega hasta límites más cercanos a un sistema feudal que a lo que debiera ser una democracia participativa. Durante décadas, las provincias han estado marcadas por una mala gestión. En palabras del politólogo Julio Burdman, “formas políticas como el caudillismo, el clientelismo y el nepotismo describen una cultura política primitiva que en muchas provincias argentinas no hemos logrado cambiar”. Kirchner también ha dado, en este sentido, un paso más. El Gobierno ha dirigido durante este año una serie de medidas encaminadas a reconstruir los carcomidos gobiernos de estas provincias.



Caudillismo provincial: ¿el inicio del fin?

Santiago del Estero es uno de los ejemplos más claros de caudillismo político en Argentina. La provincia ha estado durante 50 años dominada por el matrimonio Juárez. Carlos Juárez y la popularmente conocida como “Nina” Aragonés, su esposa, han tejido durante años el entramado de corrupción, abuso de poderes y tráfico de influencias que han hecho de la provincia situada al norte del país una zona al margen de la ley. Las reivindicaciones sociales que reclamaban justicia hicieron que, ya en 1993, la provincia fuese intervenida por el Gobierno central. En marzo de este año, el Ejecutivo decidía realizar la que ha sido la segunda intervención en la provincia, aunque en esta ocasión no ha sido la presión social la desencadenante. La sospecha de violaciones a los derechos humanos ha impedido que el Gobierno de Kirchner siga mirando hacia otro lado. El proceso tiene su inicio en febrero de 2003, con el doble crimen de dos adolescentes en el que podrían estar implicadas autoridades políticas de la provincia, entre las que se encuentran el matrimonio Juárez. Por este delito sólo se realizó la detención del ex jefe de la Inteligencia provincial, Antonio Musa Azar. “Nina” Aragónes, por aquel entonces gobernadora, nombró a su esposo, de 87 años, Carlos Juárez, ministro de Economía de la provincia con el fin de asegurar su inmunidad judicial, lo que llevó al punto álgido del conflicto. Kirchner puso al mando de la provincia a Pablo Lanusse, quien trabaja por conseguir una renovación de las autoridades y por desarticular el poder de quienes administran la justicia y la economía.

Las investigaciones realizadas por el Gobierno central han mostrado algunas de las prácticas llevadas a cabo por estos “señores feudales”. Cuadros oficiales donde el matrimonio Juárez estaba retratado con coronas reales, decretos que obligaban a llamar “beneméritos” al matrimonio, o libros escolares de obligatoriedad en las escuelas donde se exaltaba la figura de los Juárez. Carlos Ick, propietario del grupo empresarial más poderoso de la provincia, es también una pieza clave del entramado corrupto. Dueño del Banco Central de Santiago del Estero y de los principales medios de comunicación de la zona, el empresario ha mantenido negocios con los Juárez que le han permitido hacerse con el control económico de la zona.

El siguiente paso del Gobierno interventor será el de permitir unas elecciones internas del justicialismo transparentes. Hasta la fecha, los candidatos eran designados a dedo por el gobernador. Para inicios de enero de 2005 se espera que las 446.000 personas que están habilitadas para votar decidan, por primera vez en la historia de la región, qué candidatos merecen optar al puesto de gobernador. Un primer paso para la normalización constitucional de la provincia, aunque el sistema está tan podrido que requerirá de una limpieza a fondo.

Santiago del Estero ha sido el caso que más repercusión ha tenido, tanto a nivel nacional como internacional, pero no es el único. La dinámica se repite en distintas provincias de toda la geografía argentina. Los Rodríguez Saá controlaron durante 18 años el poder político, económico y judicial de San Luis; en la provincia de Catamara, las acusaciones al gobierno local y a la policía por ocultar información sobre el crimen de una joven también desencadenaron la intervención federal de la zona a principios de los años 90, o el caso del ex presidente Menem, que aún mantiene privilegios en la provincia de La Rioja, donde fue gobernador tres veces consecutivas.

La reforma constitucional provincial es el tema pendiente del Gobierno. En septiembre la propuesta fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia, pero el líder argentino ha manifestado su intención de seguir trabajando para conseguir la normalidad política en estas regiones



La dictadura militar: una herida todavía abierta

Argentina requiere de una reconstrucción a todos los niveles. El resentimiento de la ciudadanía por una mala gestión política, económica y social, se une al dolor de una herida aún abierta: la dictadura militar. Más de 30.000 personas fueron torturadas, secuestradas o asesinadas durante el régimen militar de Jorge Videla entre 1976 y 1983. Distintas organizaciones cívicas, políticas, no gubernamentales y de derechos humanos han estado reivindicando, desde entonces, justicia. En julio, un juez federal procesó al ex jefe del Ejército Guillermo Suárez Masson y a otros cinco ex militares por el secuestro y tortura de 254 detenidos ilegalmente durante la dictadura. Según el magistrado, durante el régimen de 1976 a 1983 Buenos Aires fue dividida en siete áreas que dependían del Primer Cuerpo del Ejército -que comandaba Suárez Mason- donde funcionaban numerosos centros clandestinos de detención en los que se implementó "de manera sistemática" el secuestro, la tortura y la desaparición de ciudadanos considerados "subversivos". La investigación se inició en agosto del año pasado, cuando el Congreso anuló dos leyes de amnistía que favorecían a los ex militares. Por estos delitos se encuentran presos alrededor de 30 ex militares, que en su mayoría cumplen arresto domiciliario porque superan los 70 años. Los procesos judiciales traspasan fronteras y llegan hasta Alemania o España, donde se espera la extradición de algunos ex militares. En el caso de España, el Tribunal Supremo confirmó en noviembre la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar al ex militar Adolfo Scilingo. En marzo, Alemania pidió la extradición de otro ex militar.



El inacabable problema de la deudaOtro paso más en el complejo proceso del pago de su deuda con organismos internacionales como el FMI, por un lado, y con los acreedores privados, por otro. El Gobierno de Néstor Kirchner ha centrado sus esfuerzos en el canje de la deuda que tiene con los inversores privados e institucionales, de Argentina y del exterior. La oferta del Gobierno a los acreedores llega tras meses de postergación y abre una nueva puerta para la renegociación de la deuda con el FMI, en suspenso desde mediados del pasado año. El organismo internacional condicionó la tercera revisión de la deuda a la consecución de un acuerdo entre el Gobierno y los acreedores, con lo que ahora sólo cabrá esperar a que éstos acepten o no la oferta del Gobierno. Entre las medidas exigidas por el FMI para la revisión de la deuda, la reforma de la banca y los servicios públicos son dos de las asignaturas pendientes del Gobierno Kirchner.

La deuda que el Gobierno argentino mantiene con los acreedores privados se encuentra en cese de pagos desde enero de 2001, cuando el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saa ordenó que Argentina dejara de pagar bonos por un total de 81.800 millones de dólares. Desde entonces, Gobierno e inversores han estado negociando. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó en noviembre de este año la oferta para el canje de deuda. El Gobierno ha anunciado que emitirá nuevos bonos que reemplazarán a los que están en “default” (cesación de pagos). Los acreedores tendrán como plazo máximo el 25 de febrero de 2005 para escoger entre las tres nuevas clases de bonos que les propone el Gobierno.

Las primeras respuestas no han sido positivas; representantes de los acreedores dentro y fuera del país han manifestado su rechazo. En Italia, por ejemplo, la organización Comitato Creditori Argentina, que representa a unos 270.000 inversores de ese país, calificó de inaceptable la propuesta argentina. En EE.UU., la respuesta también fue negativa. Hans Humes, codirector del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina, declaraba: “No me parece que sea una propuesta atractiva; está muy por debajo del consenso general sobre cuál es la capacidad de pago de Argentina”.

Los acreedores ahora, pueden optar por quedarse con los antiguos bonos en “default” y recurrir a la justicia, aunque el Gobierno ha anunciado que no garantiza pagos futuros a quienes no acepten la oferta. El debate se genera entonces sobre qué porcentaje de los acreedores aceptará la oferta. Si supera el 70% de los 81.800 millones que el Estado debe, el Gobierno emitirá bonos por un total de 41.800 millones de dólares; pero si la aceptación es inferior al 70%, la cantidad se reducirá a 38.500 millones de dólares.

Si el porcentaje de aceptación es bajo, Argentina seguirá siendo considerado un país en “default” por los mercados e inversores internacionales, con consecuencias negativas para su economía. Por el contrario, una respuesta positiva implicaría la reanudación de las negociaciones con el FMI y la posibilidad de volver a atraer inversiones.

El diario argentino “La Nación” recogía la opinión de cuatro economistas argentinos acerca del panorama que se presenta en Argentina si acaba saliendo del “default”. Aunque el canje de la deuda con los acreedores restaría una cantidad considerable al monto de la deuda, ésta no acabaría desapareciendo. La reforma tributaria (tan demandada por el FMI desde que Kirchner asumió la presidencia) se torna ahora más imprescindible que nunca. Argentina tiene una recaudación tributaria que representa el 21% del PIB, una cifra baja en comparación con otros países de la región como Brasil, que recauda un 30%, o Chile con un 25%. El Gobierno argentino trabaja ahora para conseguir reducir los altos índices de evasión de los tributos.

Otra de las medidas prioritarias del Gobierno es la de desarrollar una política comercial que aliente a las exportaciones.

Argentina se encuentra en un punto clave de definición de su política exterior. Hasta ahora, el país ha estado condicionado a la negociación de su deuda. La posible salida del “default” hace que el país pueda empezar a establecer las medidas que, al margen de las presiones de organismos internacionales como el FMI, le permitan salir del bache. Aumentar sus exportaciones, diversificar sus productos y los destinos como modo de salir de la pobreza y la marginalidad o solucionar el desempleo son algunas de las medidas que el Gobierno de Kirchner considera imprescindibles para un desarrollo sustentable.

El país vivió momentos de tensión en la negociación de acuerdos comerciales con Brasil pese a la buena relación que los dos líderes políticos, Lula y Kirchner, han mantenido durante todo este tiempo. La recuperación económica del país brasileño y el incremento de sus exportaciones provocaron lo que los argentinos denominaron una “invasión de productos brasileños”; justo cuando el país argentino se esfuerza en mejorar su competitividad a nivel interno, Buenos Aires decidió aplicar salvaguardas a determinados productos brasileños, como el trigo, para asegurar su incipiente recuperación industrial. Este punto de enfrentamiento entre los dos mayores países del Mercosur hizo abrir el debate acerca de la capacidad efectiva del bloque comercial.

La economía argentina registró un crecimiento del PIB del 8,3% en el tercer trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se confirma así la tendencia a la recuperación desde el segundo trimestre de 2002.

Economistas del país señalan el fuerte incremento de las inversiones como explicación del crecimiento del tercer trimestre del año. La inversión aumentó en un 33%, siendo el sector de la construcción el más beneficiado, con un porcentaje del 22,7% respecto a 2003. Otro de los motores de la incipiente expansión ha sido el consumo privado, que aumentó un 8,8%.

Hubo una reducción de tres puntos en los índices de desempleo, que en el segundo trimestre del año alcanzaban casi el 15% de la población. Aunque los beneficiados del Plan Jefes del Hogar, que son desempleados que realizan contraprestaciones por recibir subsidios, no están contemplados como “desempleados”. Si se incluyese a este sector de la población en los índices de desempleo, éste subiría casi al 18%.


La reforma política que no llega

La reforma política ha sido uno de los cambios que los distintos presidentes han venido prometiendo a la sociedad argentina. En el caso de Kirchner, la reforma política también fue uno de los temas principales de su campaña aunque el año ha finalizado sin ningún avance en ese sentido. Según lo publicado en el periódico argentino “La Nación”, Kirchner prefirió no desatar conflictos en medio del año electoral que se aproxima. Hay un importante sector de la sociedad argentina que considera las “listas sábana” como la mayor causa de los problemas funcionales del sistema político, aunque es, sin duda, la financiación de los partidos políticos, el punto más controvertido del sistema político argentino. En 2002 fue aprobada la Ley de Financiamento, cuyo objetivo era exigir a los partidos políticos una justificación de sus gastos. Esta medida también se queda en papel mojado, pues son varios los partidos que durante 2004 no han podido justificar el origen de sus recursos.


Cronologia año  2004
9 de enero. Reunión con el titular del FMI, Horst Köhler, en Monterrey. Kirchner ratifica que su gobierno no aumentará el monto destinado este año para pagar la deuda ni modificará la oferta pública a los acreedores privados en default.

10 de enero. El FMI aprueba la revisión del acuerdo del préstamo de 600 millones de dólares.

15 de enero. Se pide exención fiscal que deje a los productos argentinos al margen de los alcances de la reforma fiscal.

25 de enero. Reforma en el Senado. Creación de comisiones para evitar amiguismos; profunda reforma administrativa; voto electrónico obligatorio y transmisión de las sesiones por televisión con el objetivo de alcanzar una mayor transparencia.

27 de enero. El Gobierno suizo incluye al ex presidente Menem en una lista especial integrada por una docena de ex líderes políticos de todo el mundo investigados por presuntos vínculos con hechos de corrupción y lavado de dinero.

29 de enero. El FMI aprueba la primera revisión del acuerdo (358 millones de dólares).

5 de febrero. El G-7 exige a Argentina “que inicie un diálogo constructivo y de buena fe” con el conjunto de acreedores, con quienes Argentina debe canjear bonos en “default” por valor de 90.000 millones de dólares.

19 de febrero. Los tres bancos extranjeros que actuarán como organizadores del canje de la deuda tendrán una comisión de 178 millones de dólares.

20 de febrero. El Gobierno lleva al Congreso un proyecto de ley que obliga a realizar análisis de ADN a supuestos hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar.

22 de febrero. El Gobierno empieza a trabajar de forma activa en la provincia de Santiago del Estero. Ha instalado dos oficinas dependientes del Ministerio de Justicia que ya reúnen más de 100 denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos, corrupción o brutalidad policial.

28 de febrero. Viaje presidencial a Venezuela. Kirchner busca respaldo en el Grupo de los 15 para la renegociación de la deuda con los acreedores.

Reunión con Lula para diseñar una estrategia conjunta ante los organismos financieros.

5 de marzo. Köhler renuncia de su cargo. Ana Krueger le reemplazará temporalmente.

6 de marzo. Krueger palneta al ministro de Economía, Roberto Lavagna, algunas condiciones para aprobar al segunda revisión del acuerdo.

10 de marzo. Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno y el FMI alcanzan un acuerdo para que el organismo financiero apruebe la segunda revisión del programa a tres años firmado en septiembre de 2003.

13 de marzo. Brasil acepta reducir la venta de productos textiles en Argentina.

20 de marzo. Kirchner acompaña a un grupo de ex detenidos durante la dictadura militar al ESMA, que en su día fue centro de torturas.

27 de marzo. Kirchner analiza la aplicación de la primera gran medida destinada a frenar los cortes de energía eléctrica.

1 de abril. “Los Juárez” son detenidos por el Juez Toledo. Se aprueba en el Congreso la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero.

2 de abril. El ex secretario de Justicia, Pablo Lanusse, es designado interventor de Santiago del Estero.

6 de abril. Carlos Juárez declara como imputado en una causa por la desaparición de varios dirigentes políticos entre 1974 y 1976.

10 de abril. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anuncia un proyecto del ley que favorece la compra de bienes para la producción.

17 de abril. El Comité Global de Bonistas acepta la negociación con el Gobierno.

19 de abril. Aumentan los cortes de gas en la industria.

24 de abril. Las provincias piden cambios en el Plan estratégico de seguridad. (Este plan podría introducir fuerzas federales en los municipios, lo que los gobernadores no están dispuestos a admitir).

2 de mayo. Ciudadanso de la provincia de San Luis se manifiestan en reclamo de la intervención federal.

4 de mayo. 4ª visita de Kirchner a EE.UU. Se tratará el tema de la crisis energética y la negociación de la deuda.

1 de junio. Lavagna presenta la nueva oferta a los acreedores.

11 de junio. Llega una misión del FMI a Argentina y arranca la tercera revisión del acuerdo.

19 de agosto. Rodrigo Rato visita Argentina para presionar por las reformas (pide avances en materia fiscal, en tarifas, en el sistema bancario y en la salida del “default”).

1 de septiembre. Rato pide a Argentina que pague más a los acreedores; insistió en reclamar un mayor superávit y Kirchner se negó de manera tajante.

2 de septiembre. Se anuncia un incentivo para los bonistas que acepten el canje.

22 de septiembre. En la ONU, Kirchner pide un rediseño del FMI.

 


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