Anuario 2004
Sudán
"El conflicto de Darfur empaña el proceso de paz entre el norte y el sur de Sudán"
Neus Contreras

No hay tregua para Sudán. Cuando, tras veinte años de contienda, el fin de la interminable guerra que enfrenta a norte y sur parece más cercano que nunca, el recrudecimiento del conflicto en la región occidental de Darfur ensombrece de nuevo el horizonte del país más grande de África, así como uno de los más pobres del continente.
Porque cada año, la población de Darfur -situada en el oeste de Sudán, con una extensión similar a la de Francia y una población de casi seis millones de personas, la mayoría de ellas musulmanes suníes- recibe con júbilo la llegada de la estación de las lluvias. Es en esta época cuando, entre otras cosas, se planta la única cosecha y, por tanto, de ella depende que sus habitantes puedan hacer frente al posterior periodo de sequía.

A principios de este mes de agosto, sin embargo, una de las principales preocupaciones de los refugiados en los campos de Darfur era conseguir plásticos. La llegada de la estación húmeda era inminente y centenares de miles de habitantes de la zona necesitaban proteger del agua sus rudimentarias tiendas. Como todos preveían, los chubascos convirtieron la árida superficie donde se levantan la mayoría de estos asentamientos improvisados en enormes barrizales, lo que propició la aparición de enfermedades infecciosas y dificultó todavía más la llegada de ayuda humanitaria.

Fue entonces cuando los medios de comunicación se llenaron de reportajes y crónicas de enviados especiales desplazados a la zona. Se hacían así eco -un eco efímero, que coincidió con la aridez informativa de los de los meses de verano- de lo que la comunidad internacional hacía meses que condenaba con la boca pequeña. Y de lo que antes, mucho antes, habían denunciado sin éxito organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Médicos Sin Fronteras (MSF), Amnistía Internacional (AI) y la Asociación Sudanesa de Activistas de Derechos Humanos de Darfur en Toronto (Canadá).

Y es que esos centenares de miles de personas que malvivían -y malviven- en los campos de refugiados de Darfur y que coparon la atención de los medios durante un breve periodo de tiempo no habían surgido de la nada. Eran los supervivientes de un conflicto que estalló, tras años de enfrentamientos intermitentes, en febrero de 2003, cuando casi todas las tribus negroafricanas de la región se rebelaron contra el régimen militar y arabo-islamista del teniente general Omar Hassan al Bashir. No fue un levantamiento desorganizado: los rebeldes se agruparon bajo la denominación de Frente de Liberación de Darfur, para poco después constituirse en el Ejército de Liberación de Sudán (SLA, en sus siglas en inglés). Al SLA -que no se debe confundir con el grupo rebelde del sur de país, el Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA)- se unió posteriormente el Movimiento por la Igualdad y la Justicia (JEM), integrado en gran parte por militantes del partido del líder islamista Hassan al Turabi, el Congreso Nacional Popular (CNP), según ha denunciado reiteradamente el Gobierno sudanés. Además, en un primer momento ambos grupos estaban formados fundamentalmente por miembros de las tribus negras zaghawa, fur y masaalit, a los que posteriormente se añadieron miembros de etnias más pequeñas, como los jebel y los dorok. Pero mientras al SLA se le atribuía un mayor potencial militar, los observadores internacionales consideraban que el JEM tenía una agenda política más definida.

En todo caso, a principios de año las exigencias del SLA y del JEM se resumían en tres puntos: impulso del desarrollo socioeconómico de la región, a la que consideraban marginada por Jartum; un mejor reparto de poder, y el fin de las milicias tribales locales, cuyo origen se encuentra en la represión llevada a cabo por el antecesor de Bashir, Sadiq El Mahdi (1986-1989), quien decidió armar a una de las tribus árabes de la zona, los baggara. El Gobierno, sin embargo, desoyó las peticiones de los rebeldes de Darfur -a los que calificó de “bandidos”-, se negó a negociar y lanzó una ofensiva para acabar con los insurrectos. Así, a lo largo de 2003 la policía y el Ejército respondieron a las acciones de los rebeldes -cuyo principal objetivo eran los intereses gubernamentales en la región- tanto con bombardeos aéreos como mediante ataques por tierra.

Pero un tercer cuerpo, en este caso paramilitar, apoyaba a las Fuerzas Armadas regulares: las milicias nómadas Janjawid (los jinetes del diablo), formadas por bandidos y cabecillas de las tribus árabes. A ellas se las ha considerado las principales responsables de las atrocidades que se han cometido en la zona a lo largo de casi dos años. Montados a caballo o en camello, armados con machetes y kaláshnikovs, los milicianos han saqueado, han asesinado a sangre fría, han organizado masacres de civiles, han violado y han quemado aldeas enteras. El Gobierno sudanés niega rotundamente cualquier vinculación con las Janjawid, pero tanto los testimonios de las víctimas de sus acciones como los de personal humanitario en la zona dejan poco lugar a dudas: el Ejército regular y la policía han participado o, cuando menos, han supervisado los ataques de los milicianos.

La comunidad internacional, no obstante, parece resistirse a denunciarlo abiertamente. Así, y tras la pasividad mostrada a lo largo del año pasado, en 2004 ha estado más ocupada en debatir la terminología adecuada para referirse al conflicto de Darfur -¿limpieza étnica?, ¿genocidio?, ¿conflicto tribal?- que en aplicar soluciones. De hecho, hasta bien entrado el año la ONU no despertó de su letargo, un despertar que se materializó con la aprobación, el 30 de julio, de una resolución para la región sudanesa. Para entonces, el número de muertos se elevaba a 50.000 y el de desplazados a campos de refugiados -diseminados por el mismo Darfur, así como en la frontera con el vecino Chad- a un millón. Hasta entonces, y haciendo oídos sordos a las constantes denuncias de las organizaciones humanitarias, la comunidad internacional se conformaba con las declaraciones de buenas intenciones. Como la del secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Egeland, que el 3 de junio hizo un llamamiento para recaudar fondos destinados a ayudar a los refugiados de Darfur.

La resolución del Consejo de Seguridad, en cualquier caso, amenazaba al régimen de Al Bashir con “tomar medidas” para poner fin a la crisis de Darfur si en el plazo de un mes Jartum no cumplía con tres compromisos: el desarme de las milicias y el enjuiciamiento de los principales responsables, facilitar el despliegue de la ayuda humanitaria y proteger a la población civil. Sin embargo, la diplomacia estadounidense, impulsora del texto y actor clave en el proceso de paz entre el norte y el sur del país, retiró del último borrador la amenaza explícita de sanciones contra el Gobierno sudanés debido a las reticencias de algunos miembros del Consejo. De este modo, la palabra sanción se sustituyó por la mención del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, que prevé la ruptura de las relaciones y sanciones económicas, pero excluye el uso de la fuerza.

Pese a esta suavización de última hora, la reacción de Jartum fue, cuando menos en un primer momento, airada, y llegó a pedir la movilización del país para la yihad (guerra santa). El 31 de julio el portavoz del régimen, Al Zahaui Ibrahim Malek, rechazó la resolución y tres días después su homólogo del Ejército, general Mohamed Bachir Suliman, calificaba de “declaración de guerra” las peticiones de la ONU. El 4 de agosto, sin embargo, el régimen sudanés anunciaba el inicio del desarme de las milicias en unos días.

La decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en todo caso, no puso fin al debate terminológico en el que políticos, juristas y burócratas internacionales están enfrascados desde principios de este año. Así, el 23 de julio el Congreso de Estados Unidos calificó de “genocidio” las atrocidades cometidas por las milicias Janjawid, un posicionamiento que la Casa Blanca no secundó, por boca del entonces secretario de Estado, Colin Powell, hasta el 9 de septiembre. La ONU, por su parte, prefiere calificarlo de “limpieza étnica”, además de considerarla “la peor catástrofe humanitaria del momento”. No en vano, desde el momento en que utilice la palabra genocidio para referirse al conflicto de Darfur estará obligada a actuar para detenerlo, según la legislación internacional.

Tengan o no razón las Naciones Unidas en sus reticencias a hablar de genocidio, lo cierto es que, a lo largo de los últimos meses, diversos analistas han cuestionado incluso los tintes étnicos y raciales que todo el mundo atribuye al conflicto de Darfur. Y es que, a su modo de ver, la situación en la región no es más que un recrudecimiento de los enfrentamientos tribales que desde hace tiempo se vienen produciendo en la zona, motivados por la lucha por el control de los recursos.

Es un planteamiento a tener en cuenta. Pero olvida a los muertos y los refugiados de Darfur. Es precisamente mirándolo desde esta perspectiva, la de las víctimas, cuando se disipa cualquier duda sobre la conveniencia de utilizar el concepto de “limpieza étnica” para referirse a la situación de Darfur. Así, mientras las aldeas árabes continúan en pie e incluso intactas, prácticamente ningún poblado negro -y, particularmente, los de las etnias fur, zaghawa y masalit -ha escapado de la política de tierra quemada de los Janjawid. La única opción que les quedaba tras los ataques de las milicias era huir, y ahora malviven en los asentamientos improvisados.

La persecución a la que se ve sometida la población negra de Darfur desde febrero de 2003 no puede hacer perder de vista, sin embargo, que las raíces del conflicto son más profundas. Se remontan, de hecho, a mediados de los años ochenta, cuando terribles sequías, y las consiguientes hambrunas, coincidieron con un fuerte aumento de la población. Este cúmulo de circunstancias exacerbó las tradicionales disputas por el control de los recursos naturales -y, en especial, por los pozos de agua-, que enfrentaban a los grupos de pastores nómadas del norte -tanto árabes como no árabes, estos últimos los zaghawa- y a las castas árabes del sur (baggara), con los grupos de agricultores sedentarios del centro de la región, integrados en su mayoría por las etnias negras de los fur y los masalit. No en vano, el centro de Darfur, presidido por el imponente macizo de Jabel Marra, es la zona más fértil de la región, frente al desértico norte (una prolongación del Sáhara libio) y el sur, que, aunque menos árido, depende totalmente de la buena marcha de la estación de las lluvias y se ve afectado por la progresiva desertización del terreno. Así pues, no es del todo descabellado afirmar que la lucha étnica encubre una lucha por la conquista de las ínfimas zonas cultivables y de los pastos, cada vez en situación más precaria. O, en otras palabras, que los tradicionales enfrentamientos por la posesión de los recursos naturales han desencadenado un proceso de limpieza étnica.

Pero, así como la resolución de la ONU del 30 de julio no puso fin al debate terminológico sobre la situación de Darfur, la amenaza difusa de imponer sanciones al Gobierno sudanés tampoco surtió efecto. Transcurrido el plazo de un mes dado por el Consejo de Seguridad, ni las milicias habían sido desarmadas ni la situación de la población civil había mejorado. De hecho, las mismas Naciones Unidas daban cuenta de bombardeos aéreos del Ejército y ataques de las milicias a refugiados que escapaban de la violencia. Es más: Human Rights Watch denunció que, lejos de intentar acabar con las acciones de los Janjawid, el régimen sudanés estaba integrando a parte de los milicianos en las fuerzas de seguridad regulares, una acusación que se ha repetido con frecuencia en los últimos meses.

Eso sí, durante ese plazo de un mes no faltó la palabrería, tanto por parte de Jartum como de la comunidad internacional. El 6 de agosto, por ejemplo, el Gobierno de Omar al Bashir acordó con la ONU una especie de hoja de ruta para atajar el conflicto de Darfur. El plan -elaborado por el ministro de Exteriores de Sudán, Mustafá Osmán Ismael, y el representante especial de Naciones Unidas en Sudán, Jan Pronk- quedó en papel mojado, mientras Jartum se dedicaba a posponer una vez tras otra el desarme de las milicias.

El empeoramiento de la situación obligó a la ONU a aprobar una nueva resolución el 18 de septiembre, apenas tres semanas después del vencimiento del primer plazo. El contenido del nuevo texto era muy parecido al del que se adoptó el 30 de julio y los retoques en lo referido a las sanciones eran mínimos. En este caso, no obstante, el Consejo de Seguridad dejaba claro que si Sudán no cumplía con los compromisos adquiridos con la comunidad internacional se consideraría “la adopción de medidas adicionales” de castigo, entre las que se citaban acciones contra “su sector petrolero”.

Pero, una vez más, de nada sirvió que Naciones Unidas renovara sus amenazas contra el régimen de Jartum. A decir verdad, no son pocos los países que creen que la aplicación de sanciones sería “contraproducente”, un parecer que se ha concretado en la suavización de las resoluciones de julio y septiembre. El mismo Jan Pronk afirmó a principios de septiembre que todavía no era el momento de castigar a Jartum, pese a admitir que no había ningún indicio de que el régimen sudanés tuviera la intención de cumplir con las exigencias de la comunidad internacional.

Asimismo, de poco han servido los numerosos encuentros entre los rebeldes de Darfur y el Gobierno sudanés que la Unión Africana (UA) ha auspiciado a lo largo de este año. La lista es interminable, pero el único compromiso firme se consiguió, tras casi un mes de negociaciones, el pasado 9 de noviembre, cuando ambas partes firmaron un protocolo humanitario y otro de seguridad en Abuja (Nigeria). El acuerdo incluía el compromiso del régimen de Omar al Bashir de poner fin a las incursiones aéreas en Darfur. No obstante, apenas unos días después Pronk condenaba en un comunicado la escalada de violencia que se había producido en Darfur tras la firma del acuerdo y acusaba a ambas partes de romper el alto el fuego pactado. Una condena que suscribieron posteriormente la UA y las organizaciones humanitarias desplegadas en la zona, quienes aseguran que la situación se ha deteriorado todavía más desde la firma de los protocolos.

Un sentir que recogió en noviembre la revista The Economist, bajo el elocuente título de Lo peor aún está por llegar. El número de víctimas mortales, recuerda el artículo, se eleva ya a 70.000 y el de desplazados a un millón y medio. Este año, además, se ha cultivado, como mucho, la mitad de la tierra que se cultivaba en tiempos de paz, por lo que los habitantes de Darfur, tanto árabes como no árabes, dependerán de la ayuda humanitaria por lo menos un año más, hasta la próxima cosecha.

La ONU, mientras tanto, sigue firme en su empeño de evitar presionar excesivamente al Gobierno sudanés. Así, el Consejo de Seguridad, reunido de forma excepcional en Nairobi (Kenia), aprobó, el pasado 19 de noviembre, una tercera resolución sobre el conflicto. En ella, la posible aplicación de sanciones quedaba, si cabe, aún más matizada que en los dos textos anteriores y, tras pedir a los dos bandos enfrentados el cese de la violencia, amenazaba con “adoptar las medidas que corresponda contra cualquiera de las partes que no cumpla sus compromisos”.

Esta vez, sin embargo, las Naciones Unidas sí tenían una buena excusa para justificar lo difuso de su postura respecto al conflicto de Darfur. Al fin y al cabo, el mismo 19 de noviembre, el Gobierno sudanés y los rebeldes del sur del país, el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA, en sus siglas en inglés), se habían comprometido ante el Consejo de Seguridad a cerrar antes de finalizar el año el acuerdo de paz que debe poner fin a la guerra que, desde 1983, enfrenta al norte, árabe y musulmán, con los pueblos negros del sur del país, mayoritariamente cristianos y animistas. Era esta una promesa que tanto el vicepresidente sudanés, Alí Osman Taha, cono el líder del SPLA, John Garang -los dos principales negociadores-, habían pronunciado en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años. Pero esta vez fue diferente: lo hicieron por escrito y ante los quince embajadores del Consejo de Seguridad.

Después de la ceremonia de la firma, el Consejo se apresuró a aprobar por unanimidad una resolución en la que promete apoyo político y económico a Sudán una vez terminada tanto la guerra entre el norte y el sur como el conflicto de Darfur. La crisis de esta región occidental se convertía así en el lunar del texto, ya que los avances en las negociaciones entre el régimen sudanés y el SPLA contrastaban con el fracaso del acuerdo de paz entre Jartum y los rebeldes de Darfur.

En cualquier caso, con esta nueva resolución la ONU intentaba disipar las críticas por el manejo de la crisis de Darfur y, sobre todo, el escepticismo con que se habían recibido últimamente los anuncios de un inminente final de la guerra entre norte y sur, la más antigua del continente africano. Un escepticismo nada sorprendente si se tiene en cuenta que el acuerdo definitivo se ha dado por hecho en diversas ocasiones a lo largo de los últimos meses.

El primer amago se produjo apenas inaugurado el año. Concretamente el 7 de enero, cuando el Gobierno sudanés y el SPLA pactaron en la ciudad keniana de Naivasha el reparto a partes iguales de los ingresos que reportan los yacimientos petrolíferos, situados al sur del país, tradicional feudo del SPLA. Un reparto del que, probablemente, Estados Unidos no tardará en beneficiarse, aunque sólo sea como recompensa al apoyo financiero que los sectores fundamentalistas cristianos, próximos al Partido Republicano, han dado al SPLA para que acabase con lo que consideraban una persecución de cristianos por parte de musulmanes. Alianzas aparte, las declaraciones de Garang tras rubricar el acuerdo daban lugar a la esperanza: “El proceso de paz en el Sudán es ahora realmente irreversible”, afirmó entonces el líder de los rebeldes. Un optimismo que secundó al día siguiente el portavoz de los rebeldes, Yaser Arman, quien añadió que el acuerdo era “cuestión de horas”.

Hubo que esperar hasta el 26 de mayo, sin embargo, para que el SPLA y el régimen sudanés firmaran tres protocolos que resolvían los asuntos que todavía quedaban pendientes para cerrar un conflicto que, desde 1983, se ha cobrado cerca de dos millones de vidas y ha provocado el éxodo de cuatro millones de personas. A saber: el establecimiento de fórmulas para compartir el poder político y la definición del estatus y la administración de las zonas de Abyei, del Nilo Azul y de las montañas del Nuba, cuyo control se disputan norte y sur. Sólo quedaba pendiente, pues, la redacción de un acuerdo global que incluyese los detalles y aspectos técnicos de todo lo pactado. Los mediadores consideraron entonces que este trámite final podría estar listo a mediados de julio, un plazo que, por el momento y según el documento del 19 de noviembre, se alarga como máximo hasta el 31 de diciembre. Queda por ver ahora si estos avances hacia la pacificación no son sólo apariencias, como lo fueron los anteriores.

De lo que no cabe la menor duda es de que los avances en las negociaciones Garang-Taha no repercutirán directamente en las conversaciones de paz para Darfur. De hecho, el probable fin de esta larga guerra quizá sirva para que aquellos que en los últimos meses se han empeñado en considerar el conflicto de Darfur como un frente más de la contienda entre norte y sur entiendan, de una vez por todas, que la rebelión de esta región occidental tiene poco que ver con el enfrentamiento entre Jartum y el SPLA. Para empezar, en la revuelta de Darfur no se observan los tintes religiosos que, sobre todo durante los primeros años, marcaron la guerra norte-sur. En este sentido, no se debe olvidar que fue el intento del Gobierno sudanés de imponer la ley coránica (sharia) a todo el país lo que desencadenó, en 1983, el inicio de este conflicto.

Cabe recordar también que la guerra que enfrenta al norte y al sur del país desde hace veinte años -continuación de la que se declaró tras la independencia, en 1956, y que duró hasta 1972- tiene su origen último en la colonización británica de la zona. Y es que Sudán no es más que la unificación, artificial y burocrática, de dos comunidades rivales: norte y sur.


Turabi sigue en prisión acusado de instigar la revuelta de Darfur

En marzo pasado, el Gobierno sudanés detuvo a Hassan al Turabi, considerado el padre del islamismo político y uno de los principales actores de la historia reciente del país, acusándole de fomentar la revuelta de Darfur. Y es que, según asegura el régimen de Omar Hassan al Bashir, por las filas del Movimiento por la Igualdad y la Justicia (JEM), uno de los grupos rebeldes de Darfur, han pasado numerosos militantes del partido de Turabi, el Congreso Nacional Popular (CNP). Una acusación que han avalado organizaciones como Human Rights Watch (HRW). Cuatro meses después de la detención, el 27 de julio, el ministro de Agricultura, Majsub al Jalifa Ahmed, anunció que el Gobierno de Sudán iba a liberar “tan pronto como sea posible” a Turabi. Pero la liberación se fue posponiendo y el 25 de septiembre Jartum aseguró haber frustrado un golpe de Estado, además de acusar al CNP de organizarlo. “Las acusaciones del Gobierno contra el CNP de apoyar al JEM se mantienen y el Gobierno cuenta con pruebas de que ayuda a los rebeldes”, reiteró en diciembre el secretario de Estado para Interior, Ahmed Moharem Harun. “El juicio a los sospechosos de la reciente tentativa subversiva revelará aún más pruebas”, añadió Harun. Turabi, sin embargo, ha negado reiteradamente estas acusaciones. Ya a finales de diciembre de 2003, por ejemplo, el líder islamista aseguró que su partido no tiene nada que ver con los rebeldes de Darfur. “Los miembros del CNP que han apoyado a los hombres armados de Darfur lo han hecho sin el consentimiento del partido”, afirmó Turabi. “Todos los partidos, incluido el partido en el poder, tiene miembros que han entrado en los grupos armados de allí”, añadió. Pero el líder islamista ha dejado una puerta abierta a la especulación, pues en los últimos meses ha reiterado en diversas ocasiones que apoya la causa de los rebeldes de la región. En cualquier caso, las últimas acciones de Jartum contra el líder islamista bien podrían servir para ilustrar la evolución del Gobierno de Omar al Bashir. Porque Turabi fue, ni más ni menos, quien estuvo detrás del golpe de Estado que, en 1989, llevó al actual presidente al poder. Juntos instauraron un duro régimen islamista que convirtió al país africano en la bestia negra por antonomasia de Estados Unidos. De hecho, Osama bin Laden llegó a vivir en Jartum a principios de los años noventa, invitado por Turabi, trasladó al grueso de sus fuerzas allí y contribuyó a la financiación de varias obras públicas de gran envergadura. Pero ahora el régimen sudanés ha abandonado las veleidades extremistas y el antiguo aliado político de Al Bashir se ha convertido en la principal amenaza para el Gobierno. De hecho, el pragmatismo del que ha hecho gala el actual presidente sudanés en los últimos años -sobre todo durante el proceso de paz con los rebeldes del sur- ha sorprendido a propios y extraños. Quizá Al Bashir se haya dado cuenta de que sólo la paz y la estabilidad permitirán que Sudán se convierta en un importante país exportador -es rico en petróleo, gas y oro, sin olvidar las aguas del Nilo- y, sobre todo, que para ello necesita el beneplácito de la comunidad internacional, con Estados Unidos al frente.


Cronologia año  2004
7 de enero. El Gobierno y los rebeldes del Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA) llegan a un acuerdo en Kenia para repartirse las zonas petrolífersa del país. El líder del SPLA, John Garang, asegura que el proceso de paz “es ahora realmente irreversible”.

Marzo. El líder islamista del partido de oposición Congreso Popular, Hasan al Turabi, es encarcelado acusado de instigar la rebelión en la región de Darfur (oeste del Sudán).

8 de abril. El ministro de Exteriores, Mustafá Ismael Osman, anuncia que el Gobierno y los dos grupos rebeldes de la región de Darfur (oeste del país) han firmado un alto al fuego de 45 días renovables.

20 de abril. El Gobierno autoriza el acceso a la región de Darfur a una misión de la ONU.

23 de abril. La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) denuncia la complicidad del Ejército de Sudán en la matanza de 140 civiles en Darfur. Entretanto, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adopta un texto sobre la crisis en la región.

10 de mayo. El Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS), principal grupo rebelde del país, denuncia que al menos 204 civiles han muerto en la región de Akobo (sur) en ataques de milicias progubernamentales.

26 de mayo. El Gobierno y los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán firman tres protocolos que resuelven los asuntos pendientes para cerrar el conflicto que, desde 1983, enfrenta a norte y sur.

3 de junio. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, lanza un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar 236 millones de dólares destinados a ayudar a más de un millón de desplazados por el conflicto en Darfur.

5 de junio. El ministro de Exteriores, Najeeb Al Kheir Abdul Wahab, anuncia que los rebeldes de Darfur han secuestrado a 16 empleados de la ONU en la región.

21 de junio. Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte de que las milicias árabes y progubernamentales Janjawid controlan la periferia de los campos de refugiados de la región “convirtiéndolos en prisiones donde la población vive atemorizada”.

29 de junio. El secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, inicia una visita de dos días a Sudán, donde amenaza a Jartum con una “acción del Consejo de Seguridad de la ONU” si el Gobierno no retira su apoyo a las milicias árabes Janjawid.

30 de junio. Kofi Annan, se reúne con Powell en Jartum. Éste último visita un campo de refugiados de Darfur.

3 de julio. El Gobierno de Sudán se compromete, en un comunicado suscrito por Jartum y por la ONU, a iniciar “inmediatamente” el desarme de las milicias janjawid. El texto se divulga al finalizar la visita de Annan al país.

19 de julio. Amnistía Internacional (AI) denuncia que las milicias janjawid están utilizando la violación como arma de guerra en Darfur.

23 de julio. El Congreso de EEUU califica de “genocidio” las atrocidades que están cometido las milicias árabes janjawid contra la población negro africana de Darfur.

27 de julio. El ministro de Agricultura, Masjub al Jaifa Ahmed, anuncia que el Gobierno va a liberar “tan pronto como sea posible” al líder Hasan al Turabi.

30 de julio. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que da un plazo de un mes al Gobierno de Sudán para que desarme las milicias que actúan en Darfur y amenaza con la adopción de las medidas necesarias para poner fin a la crisis humanitaria en la zona.

31 de julio. El portavoz del Gobierno, Al Zahawe Ibrahim Malik, rechaza la resolución de la ONU y asegura que el Ejecutivo prepara una “movilización general” en contra de una intervención militar extranjera.

2 de agosto. El portavoz del Ejército, general Mohamed Bachir Sulimán, califica de “declaración de guerra” la orden de la ONU par desarmar a las milicias.

3 de agosto. El ministro de Información, Al Zahaui Ibrahim Malek, afirma que el Gobierno está dispuesto a conceder “un auténtico federalismo” a Darfur.

4 de agosto. Miles de sudaneses se manifiestan antela sede de la ONU en Jartum para protestar contra una hipotética intervención extranjera en Darfur.

5 de agosto. El Gobierno anuncia que el desarme de las milicias se iniciará la próxima semana.

6 de agosto. El Gobierno acuerda con la ONU un plan para desarmar las milicias, elaborado por el ministro de Exteriores, Mustafá Osmán Ismael, y el representante de Naciones Unidas en Sudán, Jan Pronk.

30 de agosto. Expira el plazo de un mes que la ONU dio al Gobierno sudanés para poner fin a las atrocidades en la región de Darfur sin que se observe una mejoría en la región.

6 de septiembre. El enviado de la ONU en Sudán, Jan Pronk, asegura que “todavía no el momento” para aplicar sanciones contra Jartum, pese a que el Gobierno no ha cumplido sus compromisos.

9 de septiembre. Powell califica de “genocidio” la crisis humanitaria en Darfur.

17 de septiembre. El Gobierno de Sudán anuncia la ruptura de las negociaciones de paz con los grupos rebeldes de la región de Darfur, que se celebraban en Abuja (Nigeria).

18 de septiembre. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución sobre Darfur, en la que amenaza con sancionar el sector petrolero sudanés si el Gobierno no garantiza la seguridad en la zona.

25 de septiembre. Jartum afirma que ha frustrado otro golpe de estado, supuestamente instigado por el opositor Congreso Nacional Popular (CNP). Su líder, Hasan Turabi, sigue encarcelado.

5 de octubre. Se reanudan en Nairobi (Kenia) las negociaciones de paz destinadas a acabar con el conflicto entre el norte y el sur de Sudán.

 


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