Anuario 2005
España
"La revisión del modelo autonómico encona la discusión política y provoca la reaparición de viejos fantasma"
Gaspar Pericay

Primero fue la reforma del estatuto de autonomía del País Vasco, bautizada como Plan Ibarretxe -tomando el nombre del lehendakari (presidente) de dicha comunidad autónoma-, que soliviantó los ánimos de los dos grandes partidos de ámbito nacional de España, el Partido Socialista (PSOE) y, especialmente, el conservador Partido Popular (PP), que está en la oposición desde las elecciones del 14 de marzo de 2004. El Plan Ibarretxe, que fue rechazado a trámite en el Congreso, daba al País Vasco el rango de “Estado” y proponía una “libre asociación” con el Estado español, y lo hacía con la herida aún abierta del llamado “conflicto vasco” y el terrorismo de ETA como telón de fondo. En segundo lugar, la modificación del estatuto de Cataluña, que ha vuelto a poner sobre la mesa la revisión del modelo territorial del Estado y la distribución de las competencias y de los recursos en el complejo proceso de descentralización de España, planteando no sólo una modificación del papel del Estado en Cataluña, sino una reforma del sistema de financiación, que a su vez condiciona las cuentas de todo el Estado al ser Cataluña una de las comunidades más ricas y de las que más aporta a las arcas de la Agencia Tributaria. Una y otra reforma estatutaria, pese a sus notables diferencias de contenido y de aspiración, plantean la revisión del encaje en el Estado de las distintas naciones que conviven en el territorio español; encaje que se definió durante la transición a la democracia después de casi cuarenta años de una dictadura fascista que intentó aniquilar los sentimientos nacionalistas imponiendo un férreo régimen centralista.
Treinta años después de la muerte del dictador, el debate vuelve a aparecer porque, con la Constitución de 1978 y los posteriores estatutos de autonomía, no se satisfacieron las aspiraciones de las nacionalidades históricas. Así que este año 2005 ha visto cristalizar en estas dos propuestas concretas lo que la transición no resolvió.

Además, para acabar de encender los ánimos de los sectores más conservadores, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha aprobado leyes que acentúan su política progresista y partidaria de la “España plural”. Las polémicas iniciativas legislativas, que ya son una realidad, son la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción, la reforma educativa que rechaza que las clases de religión sean obligatorias y materia evaluable o la ley que autoriza la retribución a sus legítimos propietarios en Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas franquistas y depositados en un archivo de la ciudad castellana de Salamanca. Todos estos temas, de muy diversa naturaleza, han sido utilizados para polarizar a la opinión pública y crear un clima de crispación que ha acabado contaminando casi todos los debates e instituciones. Incluso la Iglesia Católica ha saltado al ruedo por voluntad propia y se ha alineado al lado de algunas opiniones políticas que coinciden con las del PP, liderado por Mariano Rajoy.



Las reformas estatutarias revisan la asignación de competencias y recursos

Durante la segunda etapa de gobierno de José Maria Aznar, entonces presidente del Partido Popular, entre los años 2000 y 2004, en la que disponía de mayoría absoluta, dos de las tres autonomías históricas reconocidas en la Constitución española, País Vasco y Cataluña, empezaron a gestar la reforma de sus estatutos de autonomía. Eran la respuesta a las políticas centralistas del Gobierno de España, que dificultaban, según estas comunidades, el pleno desarrollo de la autonomía prevista en sus estatutos respectivos. Fue entonces cuando las tesis de volver a plantear un nuevo pacto con el Estado que garantizara las competencias y los recursos sin estar a merced de la voluntad del Gobierno central comenzaron a cuajar. Los trabajos para modificar los estatutos de autonomía de País Vasco y de Cataluña empezaron. Paralelamente, tras las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, el Gobierno central cambió de signo político y el PSOE accedió a la Moncloa (la residencia del presidente del Gobierno español). El Partido Popular mostró su frustración ante la victoria socialista y consideraba que los sanguinarios atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 habían condicionado el voto ciudadano y que, por esa única razón, habían sido apartados del poder. Todavía digiriendo la derrota electoral, el PP se resituó en el nuevo escenario político y se propuso hacer una implacable oposición al Gobierno. Por su parte, el PSOE no tenía la suficiente mayoría parlamentaria para gobernar únicamente con el apoyo de sus diputados, así que necesitaba pactar. Hacerlo con el Partido Popular era impensable para ambos (y para casi todos en España) y hacerlo con los nacionalistas moderados vascos o catalanes tampoco era una opción, ya que eran duros adversarios políticos en esas comunidades autónomas. Así es que únicamente encontró el apoyo en los votos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds (grupo parlamentario de cinco diputados formado, respectivamente, por una agrupación de partidos comunistas y de izquierda de ámbito estatal y por otro partido ecosocialista catalán) y en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, partido independentista catalán con una representación de ocho escaños). Con este curioso escenario político llegaron las propuestas estatutarias al Congreso de los Diputados, el paso previsto después de su aprobación por los respectivos Parlamentos autonómicos.

Por lo que se refiere a la reforma del Estatuto Vasco, ésta fue votada por el Parlamento de Vitoria el último día hábil de 2004. El 1 de enero de 2005, el presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptaba que la propuesta se debatiera en el Congreso de los Diputados para decidir si debía ser admitida a trámite. Pasar por el Pleno del Congreso es el paso normal previsto en el Estatuto y en la Constitución, pero el Partido Popular consideraba que el denominado Plan Ibarretxe era inconstitucional y que no debía ni tan siquiera ser debatido en el Congreso para ser aceptado o no a trámite. Sobre la constitucionalidad del Plan Ibarretxe había pocas dudas entre la clase política española, aunque el Tribunal Constitucional no llegara a pronunciarse oficialmente sobre ello. Y es que esta modificación estatutaria establecía un nuevo marco en las relaciones País Vasco-España. Dejaban de ser las de un Estado soberano con una de sus comunidades autónomas y se convertían en las de dos Estados soberanos que decidían estar unidos en una “libre asociación”. Así que el Plan Ibarretxe no proponía la secesión del País Vasco, sino su independencia para decidir seguir estar ya no “en” España, sino “con” España. La Constitución española no prevé tal situación por muy flexible que pueda ser su lectura, por lo que el proyecto de reforma estatutaria fue rechazado el 1 de febrero con la intervención del propio Zapatero y del lehendakari Ibarretxe en el Congreso, y cómo no, la de Mariano Rajoy, jefe de la oposición. De todas maneras, con la no aceptación a trámite por parte del Congreso, el proyecto volvía a la Cámara vasca para su entera revisión.

Sin embargo, durante todo el mes de enero la tormenta política que provocó fue muy ruidosa. El Partido Popular acusaba a Zapatero de ser demasiado blando y de ceder, según ellos, ante una reforma amparada por las armas de la organización terrorista vasca ETA, que lleva más de tres décadas de actividad criminal con el argumento de que lucha por la independencia del País Vasco. Cabe decir que ETA no se quedó de brazos cruzados aquellos días y quiso tener voz en la polémica, así que, en enero, cinco artefactos estallaron, en tres días distintos, sin provocar ninguna víctima. Además, ETA dijo en un comunicado del día 16 que estaba dispuesta a dialogar. Muchos vieron en este paso un gesto de debilidad de la organización terrorista y un escenario propicio para llegar a un futuro acuerdo de paz para el conflicto vasco, cosa que busca el Gobierno de Zapatero y que irrita al Partido Popular, que niega la existencia de un “conflicto vasco” y que opina que la única manera de acabar con ETA es mediante la incansable acción policial. De hecho, durante todo 2005 los atentados de ETA fueron de poca intensidad y sin víctimas mortales, y en todo momento quedó claro que la organización y el Gobierno mantenían algún tipo de diálogo, aunque nunca fuera confirmado oficialmente.

La otra gran reforma estatutaria del año, sin menospreciar a la de la Comunidad Valenciana, es la de Cataluña. Después de meses de negociaciones y de ríos de tinta, la propuesta de nuevo estatuto era aprobada por el Parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 con 120 votos a favor de los 135 totales, o lo que es lo mismo, con los votos favorables de cuatro de los cinco grupos de la cámara a excepción del Partido Popular. La nueva propuesta fue enviada al Congreso de los Diputados para ser aceptada a trámite. El PP volvió a pedir que ni tan siquiera se debatiera en el Pleno su aceptación a trámite, como ya había hecho con el Plan Ibarretxe. El argumento del PP volvía a ser la supuesta inconstitucionalidad del proyecto legislativo. La modificación del Estatuto catalán se basa en tres puntos clave: definir Cataluña como nación, “blindar” las competencias exclusivas de la Generalitat (Gobierno de Cataluña) y ampliarlas, y concretar un nuevo modelo de financiación que asegure que, respetando la solidaridad territorial, esta comunidad no recibirá mucho menos de lo que aporta a las arcas del Estado como ha pasado hasta el día de hoy.

Los nacionalistas españoles, representados por la mayoría del PP y destacados sectores del PSOE, se niegan a que Cataluña pueda definirse como nación ya que consideran que la única nación es la española. En cambio, la mayoría de los nacionalistas catalanes (los moderados) esgrimen que España es una nación de naciones y que Cataluña es una de estas naciones, por un sentimiento mayoritario y por los derechos históricos que así lo avalan. La Constitución de 1978, aprobada apenas tres años después de la muerte del dictador fascista Francisco Franco, en un clima de gran tensión política y con las fuerzas del régimen franquista todavía muy vivas, dice que España es una nación formada por “regiones” y “nacionalidades”. Precisamente en la ambigüedad del término “nacionalidad” radica el problema. Unos dicen que se usó “nacionalidad” por la imposibilidad en la época de escribir “nación”, y los otros dicen que hay que respetar escrupulosamente lo que dice la Carta Magna. Las opiniones sobre el tema han llegado desde todos los frentes, incluidos dirigentes del Partido Socialista. Este hecho es significativo porque la propuesta estatutaria fue aprobada en el Parlamento catalán con los votos del PSC, la rama catalana del PSOE. De hecho, el PSC es el partido mayoritario del Gobierno catalán, que también está integrado por los independentistas de ERC y los ecosocialistas de Iniciativa, y que, al estar integrado por tres formaciones, es conocido como “tripartito”. Así que fue el “tripartito” y los nacionalistas moderados de Convergència i Unió los que pactaron el texto que fue remitido a las Cortes españolas. De esta manera, con el tripartito catalán a un lado, el apoyo parlamentario del otro y la promesa electoral que Zapatero hizo de no tocar lo aprobado por el Parlamento catalán, el Gobierno y el PSOE se encontraron en una situación difícil. El estatuto se debatió en el Congreso en un pleno maratoniano el 2 de noviembre y fue aceptado a trámite.



El modelo de financiación, el verdadero escollo

En España, las comunidades autónomas son las que gestionan la mayoría de los servicios públicos como la educación o la sanidad, y es la Administración que más competencias tiene sobre la vida directa de los ciudadanos. La financiación de los gobiernos autonómicos depende, en muy buena medida, de la asignación que el Gobierno central decide dar a los autonómicos, salvo en los casos de País Vasco y Navarra, a los que se les reconocieron sus derechos históricos en la transición y se les otorgó un régimen tributario foral, con el que estas comunidades recaudan todos los impuestos y dan una cantidad al Estado en concepto de solidaridad y de pago por los servicios prestados en el territorio. En cambio, el resto de las diecisiete comunidades, incluidas las otras dos históricas, Cataluña y Galicia, funcionan con el llamado “régimen común”. Esto hace que sea la Administración del Estado quien controle qué cantidad de dinero recibe cada comunidad. La Generalitat no puede recaudar la totalidad de los impuestos -como sí lo hace el Gobierno del País Vasco-. Sólo tiene competencias en algunos muy concretos, como en el de los hidrocarburos (en el que puede aumentar ligeramente la tasa impositiva); en los mayoritarios como el del IVA (impuesto sobre el consumo) o el de la renta se le adjudica un porcentaje determinado de lo recaudado en Cataluña.

La propuesta del nuevo estatuto catalán preveía que fuera la Generalitat quien recaudase todos los impuestos en Cataluña mediante su propia agencia tributaria y diera un cupo al Estado, como las dos comunidades de régimen foral. Además, limitaba la cuota de solidaridad con el resto de territorios para seguir indirectamente aportando recursos a las regiones más pobres pero sin llegar a las cantidades que denuncia la clase política catalana. Afirman que la inversión del Estado por habitante es sensiblemente mayor en regiones mucho más pobres que Cataluña, y que la diferencia entre lo que Cataluña da y lo que recibe del Estado es excesiva y abusiva. Este déficit fiscal varía según quien lo calcula, y no hay unas cifras oficiales del Ministerio de Economía porque se ha negado a ello, aunque todos los estudios coinciden en que existe y que es considerable. El Partido Popular y destacados dirigentes socialistas, como el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, critican esta propuesta de financiación porque dicen que acaba con el principio de solidaridad, al no garantizar que los territorios ricos paguen a los pobres. Los valedores del nuevo estatuto opinan lo contrario, así como, con matices, la dirección del PSOE y el presidente del Gobierno.

Este asunto es tanto o más clave que el del término “nación”, puesto que trata sobre el dinero que hace funcionar la Administración pública y todo lo que depende de ella. De hecho, un nuevo acuerdo en materia de financiación es una reivindicación de muchos años de Cataluña. Con la nueva propuesta estatutaria, el Parlamento de esta comunidad también ha acordado un nuevo sistema de financiación, uno de cuyos ejes principales es el mantenimiento de la solidaridad territorial pero disminuyéndola; de esta manera, Cataluña seguirá aportando más dinero del que recibe del Estado, pero verá su balanza fiscal más compensada. De llevarse a la práctica, significaría que, al dar Cataluña menos dinero, el Estado tendría menos que repartir al resto de comunidades. En un año en el que el futuro presupuesto de la Unión Europea se está revisando y se ha dado por hecho que España perderá buena parte de las ayudas comunitarias, muchas regiones tienen miedo de perder el dinero europeo y el catalán al mismo tiempo. Todo ello ha generado un gran estado de crispación, con episodios desafortunados como la propuesta de boicotear productos catalanes, como el cava, en el resto de España.



Una OPA de la catalana Gas Natural a la eléctrica Endesa levanta pasiones

Lo que en principio tenía que ser una operación estrictamente empresarial ha acabado siendo una gran tormenta política. La empresa energética Gas Natural, con sede en Barcelona, lanzó el 5 de septiembre una Oferta Pública de Acciones (OPA) sobre el gigante español de la electricidad, Endesa. Gas Natural es el primer distribuidor de gas de España pero es la tercera compañía eléctrica del mercado estatal, por detrás de Endesa e Iberdrola. Participada con un 32% por La Caixa -caja de ahorros de Barcelona y la principal de España-, Gas Natural planeaba con esta operación situarse como líder en el mercado energético español y, según afirman analistas económicos, desde esta posición de fuerza poder dar el salto al mercado internacional. Sin embargo, la operación ha estado muy lejos de ser tan sólo una operación empresarial y ha cobrado una gran dimensión política. Endesa, su presidente, Manuel Pizarro, y el consejo de administración de la compañía se han negado rotundamente a la OPA y se han amparado a todos los órganos posibles, incluso a la Comisión Europea. Ésta no les dio la razón, dictaminó que era una decisión española porque no afectaba la competencia a nivel europeo -cosa que sí que afirmaba Endesa- y que las instituciones comunitarias no se tenían que implicar en disputas empresariales. El Partido Popular salió en defensa de Endesa y acusó al Gobierno de Zapatero de ceder ante las presiones de sus socios catalanes para salvar su mandato y el del tripartito en Cataluña. Paralelamente, los dos organismos en España competentes en la materia pero cuyos dictámenes no son vinculantes han ofrecido informes contradictorios. El primero fue favorable a la operación y fue redactado por la Comisión Nacional de la Energía, controlada por el Gobierno y presidida por la catalana Maite Costas. El segundo fue contrario y fue elaborado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, controlado por personas muy próximas al Partido Popular. La imparcialidad de ambos organismos reguladores queda pues en entredicho y deja en el Gobierno y concretamente en el veterano vicepresidente económico, Pedro Solbes, la última palabra. La decisión se espera para ya entrado 2006.

El partido popular relacionó la OPA con el proyecto de estatuto de Cataluña, con la estabilidad del Gobierno central y catalán, y con una posible actuación irregular del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y ministro de Industria, José Montilla. La Caixa, entidad copropietaria de Gas Natural y de la petrolera Repsol-YPF, ha condonado parte de un préstamo de 1994, por valor de 6,5 millones de euros, al PSC. Montilla fue quien llegó al acuerdo con la entidad financiera y el PP consideraba que el ministro estaba demasiado implicado en los intereses de La Caixa, y por tanto de Gas Natural, para supervisar el mercado energético español, una de sus competencias directas. La petición de dimisión de Montilla no prosperó y posiblemente el asunto tenga su continuidad en 2006.



Las reformas sociales también crean duros enfrentamientos

En medio de este clima enrarecido, el Gobierno socialista de Zapatero aprobó algunas leyes de marcado carácter progresista. Posiblemente la más importante por su notoriedad, polémica y dimensión internacional sea la de los matrimonios homosexuales. Después de Bélgica y de los Países Bajos, España se convirtió el 30 de junio en el tercer país del mundo en aceptar estos matrimonios, y lo hacía días antes de Canadá, que fue seguida por Sudáfrica y Reino Unido, que se sumaban a la lista a finales de año. Otros países también aceptan las uniones homosexuales como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Francia y Portugal, pero no las consideran un “matrimonio”. Lo significativo de la norma legal es que se autoriza el uso para estas parejas de esta palabra “matrimonio”, hasta ahora reservada únicamente para uniones de personas de distinto sexo. Además, la nueva ley iguala los derechos de estos matrimonios a los de cualquier otro, y eso incluye el derecho de adopción de menores, tanto en territorio nacional como en el extranjero, aunque ésta última depende también del país al cual se va a buscar al niño. Esta propuesta de ley indignó a la Iglesia Católica, y concretamente a uno de sus pilares en España, la Conferencia Episcopal, que se alineó al lado del recientemente creado Foro Español de la Familia, que preside el miembro del Partido Popular y ex secretario de Estado de Infraestructuras en el anterior Gobierno de José María Aznar, Benigno Blanco. Esta organización convocó una multitudinaria manifestación en Madrid el 18 de junio como protesta por la, según ellos, “desintegración de la familia”. La Conferencia Episcopal animó a los fieles a acudir a la congregación de protesta e incluso algunos obispos y cardenales, como el de Madrid y Toledo, asistieron a la manifestación. Era la primera vez que la cúpula eclesial acudía a una manifestación en España y que se veían obispos rodeados de pancartas. El PP se mostró también contrariado con la propuesta legislativa e intentó frenarla por todos los medios posibles, hasta que al final interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que al finalizar el año aún no había emitido dictamen. Quien sí que se pronunció fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado claramente por miembros designados por el Partido Popular, sin que ni el Gobierno ni el Parlamento se lo pidieran. Emitió, por propia iniciativa, un informe muy crítico con la nueva ley, en el que comparaba las uniones homosexuales a las de un hombre con un animal. Al poco rectificó la comparación, pero mantuvo su visión contraria. Mientras tanto, los miembros progresistas del CGPJ se quejaban de la instrumentalización política del poder judicial en manos de la mayoría conservadora.

Otra ley, aparentemente con mucha menos carga simbólica, volvía a crispar a los sectores más reaccionarios. Era la reforma educativa que preparaba el Gobierno. Los dos puntos polémicos eran que la clase de religión pasaba a ser una asignatura únicamente opcional y ni era materia evaluable ni los alumnos que no la cursaban debían asistir a alguna otra clase. Esto cambiaba la norma anterior, aprobada por el Partido Popular, en la que los alumnos debían ir a clase de religión o de historia de las religiones. Otro punto polémico era el de las escuelas concertadas, que temían ver reducida la aportación de la Administración. Finalmente, esto no fue así aunque sí que es cierto que el aumento de inversión en la escuela pública fue mucho mayor que en la concertada, y la mayoría de éstas últimas son escuelas religiosas. El Partido Socialista y el propio Zapatero mantuvieron reuniones para lograr la complicidad de las asociaciones del mundo educativo, y de casi todas tuvieron una respuesta bastante positiva. Sin embargo, ante toda esta iniciativa, la Iglesia volvió a protestar y de manera muy enérgica, tanto que tensó al máximo sus relaciones con el Gobierno (con intervención de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y del secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano). Apareció en el debate público el Concordato entre la Iglesia y el Estado español, firmado en 1953 pero revisado en 1976 y 1979, en el que ésta se comprometía a autofinanciarse en el futuro, cosa que nunca ha hecho. Izquierda Unida, socia de Zapatero en el Congreso, pedía la anulación del Concordato a medio plazo y otras voces, su actualización. El Gobierno fue mucho más comedido, pero la vicepresidenta primera y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, llegaron a advertir a la Iglesia que el Estado español cumplía sobradamente con ella, incluso mucho más allá de sus obligaciones legales. La cúpula eclesial, una vez más, animó a los feligreses y a los creyentes de la fe católica a asistir a la gran manifestación contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) del 12 de noviembre, que congregó en el centro de Madrid a más de 400.000 personas según la policía y dos millones según los organizadores. Y por segunda vez en la historia, y en el año 2005, los obispos volvieron a salir a la calle detrás de una pancarta.

La última gran polémica del año estalló durante los dos últimos meses, aunque lleva casi dos décadas gestándose. Es la ley que devuelve a sus propietarios los documentos incautados por las tropas franquistas al finalizar la Guerra Civil (1939) y depositados en Salamanca, en el archivo nacional destinado a este acontecimiento bélico. Esta ley es la segunda que busca la recuperación de la memoria histórica en esta legislatura tras la aprobación de una pensión para los “niños de la Guerra”, los niños del bando republicano que fueron enviados a la URSS durante la Guerra y que al finalizar nunca pudieron volver. La ley que autoriza la devolución de estos documentos expoliados a la Generalitat y a particulares de Cataluña empezó a estudiarse en la década de los ochenta, pero no fue hasta el último Gobierno socialista de Felipe González, en 1995, cuando se autorizó su devolución. Sin embargo, en 1996, el PP llegó al poder y todo se paralizó. Después de informes de expertos, el 15 de septiembre el Parlamento español volvió a ordenar que se devolvieran los llamados “papeles de Salamanca”, que representan un 3% del archivo y de los que se guardara copia en el archivo salamantino. El Ayuntamiento de la ciudad castellana, así como el Gobierno de Castilla y León, ambos controlados por el PP, se oponen. De todas maneras, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, ya ha comunicado que el traslado se va a hacer porque así lo dice la ley.



Y las elecciones vascas también trajeron polémica

Tras el rechazo del Plan Ibarretxe, la actualidad vasca giraba alrededor de las elecciones del 17 de mayo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), en el poder desde la transición, se presentaba fortalecido de cara a su electorado más fiel por su defensa de la reforma estatutaria en Madrid y por haber aguantado los años de dura contienda entre el Gobierno de Ibarretxe y el de Aznar -que alcanzó las cotas de inexistente relación institucional-. Sin embargo, el PNV sufría el desgaste de muchos años de gobierno y con el Plan Ibarretxe había ido perdiendo al votante más moderado a la vez que perdía también al más nacionalista, que lo consideraba demasiado blando. El PP parecía ahora que podía verse perjudicado por su táctica de polarización política persistente, que tan buenos resultados le había dado en el pasado. El Partido Socialista (PSE), con un nuevo candidato -Patxi López- mucho más vasquista que el anterior parecía que podía desbancar al PP como segunda fuerza y quien sabe si se podría reeditar un pacto PSE-PNV. Pero todas las miradas estaban puestas en lo que pasaría con la izquierda “abertzale”, con los independentistas vascos. En las elecciones anteriores acudieron con el nombre de Euskal Herritarrok, y lo cambiaron por el de Batasuna cuando la Audiencia Nacional los relacionó con el entorno de la banda terrorista ETA. La ley de partidos, que aprobó el Partido Popular en el Congreso con sus únicos votos durante la pasada legislatura y que levantó mucha polémica, declaró ilegal Batasuna y cualquier partido que derivara de éste. Batasuna, pues, no podía presentarse a las elecciones autonómicas e intentó hacerlo con otro nombre, cosa que también era ilegal. Un partido llamado Aukera Guztiak (AG) publicó sus listas. El Partido Popular pidió que se prohibiera inmediatamente las listas de esta formación que consideraba heredera de Batasuna. Zapatero pedía calma y dejar actuar a la justicia. Ésta se pronunció y AG fue declarado ilegal. Sin embargo había pasado desapercibida otra formación de curioso nombre: el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en euskera). La junta electoral autorizó las listas y las de EHAK estaban allí. Fue entonces cuando el PP pidió que también se declarara ilegal a esta formación, y más cuando los líderes de la ilegalizada Batasuna pidieron el voto para ella. Sin embargo, ni la Fiscalía General del Estado ni la Audiencia Nacional vieron indicios para declarar ilegal a EHAK y pudo presentarse a las elecciones. EL PP acusó al Partido Socialista y a Zapatero de haber permitido que los terroristas vuelvan a presentarse.

El PNV, que se presentaba con otro partido, Eusko Alkartasuna (EA), volvió a ganar con el 38,6% de los votos, que se tradujeron en 29 escaños, cuatro menos que en los anteriores comicios. En segundo lugar quedó el PSE, con el 22,6% de los votos emitidos y 18 diputados, logrando 5 más. El PP consiguió el 17,3% y perdía 4 escaños respecto a los 19 que obtuvo en 2001. Izquierda Unida se mantuvo con sus 3 representantes y la gran sorpresa esperada fue EHAK, que llegó a los 9 diputados y al 12,5% de los sufragios. Estos resultados mejoran en dos representantes populares los que tenía EH en la pasada legislatura. Por último, los independentistas moderados que sí han condenado la violencia de ETA, Aralar, lograron arañar un diputado. Con estos resultados, la formación de gobierno estaba complicada, e Ibarretxe optó al final por reeditar el pacto tripartito con Izquierda Unida y EA, con quien había acudido a las urnas, pese a estar en minoría, consciente no obstante de que difícilmente PP, PSE y EHAK podrían votar juntos. Tras significativos problemas en la sesión constitutiva del Parlamento para lograr mayorías, empezó la legislatura.



Las elecciones gallegas prejubilan al histórico Manuel Fraga

Siguiendo el retroceso del Partido Popular en el País Vasco, en su feudo de Galicia el PP también perdió posiciones, aunque, teniendo en cuenta la catástrofe petrolera del buque “Prestige” de finales de 2002 y el desgaste de haber estado gobernando, fue una “dulce derrota”. De hecho, el PP ganó las elecciones del 19 de junio, pero al no alcanzar por un solo escaño la mayoría absoluta de la que Fraga siempre había gozado y por la imposibilidad de forjar alianzas con los otros grupos después de años de gobierno en solitario -con todos los vicios que esto acarrea-, no pudo formar un Ejecutivo. El hasta entonces presidente de la Xunta (Gobierno gallego), Manuel Fraga, anciano de 83 años, veía cómo un ligero retroceso electoral le imposibilitaba seguir gobernando su tierra. De esta manera, el político español en activo más veterano debía empezar a pensar en una alternativa a estar gobernando, atrás quedaban los distintos ministerios que ocupó, como el de Información y Turismo, que le dio la fama y en cual se encargaba de la propaganda del régimen franquista, o ya con Arias Navarro (justo al morir Franco), la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Gobernación, en el que controlaba el orden público, tan necesario en una dictadura; atrás quedaban también la formación de Alianza Popular y su cambio de nombre para llamarse Partido Popular, cuando pasó el relevo a un inexperto Aznar en 1989. En breve volverá a rememorarlo porque esta derrota electoral acelera su esperada retirada de la dirección del PP gallego y abre decididamente la carrera sucesoria, que ya había empezado a vislumbrarse con alguna lucha interna que trascendió a la luz pública. En el otro lado, los socialistas del PSG, encabezados por Emilio Pérez Touriño, pactaban con el partido nacionalista gallego hegemónico, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de Anxo Quintana, quien también había perdido escaños. Era una alianza ya forjada antes de las elecciones porque los sondeos dejaban claro que ninguno de los dos conseguiría poder gobernar en solitario, aunque esas encuestas auguraban un aumento de los socialistas que finalmente ocurrió. Así las cosas, Touriño fue investido presidente de Galicia el 29 de julio y Anxo Quintana se convertía en vicepresidente. La sucesión de Fraga iba a decidirse en un congreso en enero de 2006.


La política exterior cambia de rumbo

Enfrentados en casi todos los terrenos, PSOE y PP no podían dejar la política exterior de lado. 2005 ha significado la consolidación del cambio de rumbo iniciado con la primera decisión de Zapatero al ser nombrado presidente del Gobierno: la salida de las tropas españolas de Irak. Esto provocó un muy notable distanciamiento con el Gobierno norteamericano del presidente republicano George Walker Bush, molesto por la rapidez de la decisión y por no haber sido consultado previamente. Así es que las relaciones con la primera potencia militar, política y económica del mundo se han visto seriamente afectadas. De poco parecen haber servido el despliegue de más efectivos en Afganistán, el otro gran frente de la “Guerra contra el Terrorismo”, o la colaboración de la policía española en la desarticularización de supuestas redes de terrorismo islamista en España. En Afganistán, tropas españolas participan en el mantenimiento de la paz, y fue allí donde 17 soldados murieron el 16 de agosto en un accidente de helicóptero. El suceso trajo a la memoria el del Yakolev-42 en Turquía, el 26 de mayo de 2003, cuando murieron 62 militares, y que acabó en un escándalo por la chapucera identificación de los cadáveres. Esta vez no hubo quejas en este sentido y el Ministerio de Defensa abrió una investigación para saber con precisión las causas del siniestro. Es en Afganistán donde la ayuda española, aparte de la proporcionada en el terreno militar, también se centra en la instrucción de funcionarios y de policías. Y lo mismo se ha hecho en Irak, aunque esta vez no en el propio país, sino que la instrucción se lleva a cabo en terreno español. Estos pequeños pasos han distendido ligeramente las relaciones entre España y Estados Unidos, y, así, se entrevistaron en Washington, el 15 de abril, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, con el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y, por otro lado, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, con el ministro de Defensa, José Bono, el 3 de mayo. Todavía parece quedar muy lejos un encuentro Bush-Zapatero, aunque sí han intercambiado saludos en alguna que otra reunión internacional. Prueba de que todavía falta mucho es la no inclusión de España como escala en ninguna de las giras europeas de la secretaria de Estado. Aparte de estos problemas, las buenas relaciones que el Gobierno de Zapatero mantiene con el del controvertido presidente venezolano, Hugo Chávez, no son precisamente una ayuda. Chávez, aliado del dictador comunista cubano, Fidel Castro, lleva a cabo una política provocativa contra la Administración Bush. El actual Gobierno de Estados Unidos considera a Chávez como casi un dictador, un golpista, y lo que es peor, un comunista. En definitiva, una amenaza para la estabilidad de la región que Estados Unidos siempre ha considerado como su “patio trasero”. Concretamente, el jugoso acuerdo comercial que España ha alcanzado con Venezuela para venderle aviones y barcos militares que, según el Gobierno español, no son para fines bélicos, sino para misiones de vigilancia y lucha contra el narcotráfico, ha provocado las quejas de la Administración Bush. Otro país en el que convergen ambos intereses es en Marruecos, declarado recientemente aliado comercial preferente por Estados Unidos. El Gobierno de Zapatero y, en especial, la buena sintonía que Moratinos mantiene con el mundo árabe han recompuesto las relaciones hispano-marroquíes, muy deterioradas con el anterior Gobierno de Aznar. Los lazos comerciales entre ambos países y el control de la inmigración hacia España centran estas relaciones. El conflicto sobre el Sahara Occidental, el acceso a los bancos de pesca o al posible petróleo de la plataforma continental bajo el Atlántico y los enclaves de Ceuta y Melilla son temas espinosos de los que es mejor no hablar. La cooperación en materia de desarrollo comercial, que data de muchos años atrás, y la creciente colaboración en inmigración pretenden reducir sustancialmente los flujos migratorios que llegan a las vallas de Ceuta y Melilla o que cruzan ilegalmente el Estrecho de Gibraltar. La idea es crear cada vez más riqueza en Marruecos para que la población no tenga la necesidad de partir y para que los emigrantes que llegan provenientes del África subsahariana puedan, algunos de ellos, permanecer en el país alauí. La Unión Europea también se está esforzando en enfocar sus políticas de vecindad hacia esta dirección. Es de hecho con la Unión Europea con quien España más ha notado el cambio de Gobierno. Las relaciones de Aznar con sus socios comunitarios eran muy variadas; mantenía una excelente sintonía personal con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y con el británico, Tony Blair, aunque en los últimos tiempos se había enfriado algo. También tenía buena conexión con el presidente polaco, Aleksander Kwasniewski, aunque para entonces Polonia era tan sólo un país candidato. A los cuatro los unía que eran los aliados predilectos de Bush en Europa. Así, pues, Aznar intentó colocar España mucho más cerca del eje atlántico que del europeo, se distanció del eje París-Berlín (motor de la construcción europea) e intentó construir el eje Londres-Madrid-Roma. Al llegar al poder Zapatero, y especialmente a primeros de 2005, empezó a rehacer las maltrechas relaciones con Francia y Alemania, con el gran debate de los futuros presupuestos para 2007-2013 en juego y el proyecto de Constitución cerrándose. De hecho, el acuerdo estaba bloqueado, para desesperación de la mayoría de socios comunitarios, por la negativa de Aznar y Kwasniewski a firmar. El cambio de estrategia de Zapatero permitió el acuerdo de los líderes en el proyecto constitucional y esto convenció a sus grandes valedores, Francia y Alemania, del europeísmo del presidente del Gobierno español. La apuesta definitiva por Europa y la Constitución Europea se escenificó con el hecho simbólico de ser el primer Estado en convocar un referéndum sobre la Carta Magna. España votó “sí” el 20 de febrero de 2005 con el 76,7% de los votos emitidos, y con un 17,2% que votaba “no”. La participación también fue protagonista porque tan sólo fue del 42% del censo. Sin embargo, el rechazo de Francia a la Constitución, que le hizo perder peso en Europa, y los pronósticos de derrota en Alemania de Schröder -con quien Zapatero tiene un excelente entendimiento personal- propiciaron un acercamiento al Reino Unido, el tercer motor de Europa. Las relaciones con Londres eran fluidas con vistas a aprovechar la presidencia británica de la UE para lograr un acuerdo ventajoso para España en el nuevo presupuesto. Al final, apurando la última oportunidad, Blair consiguió un acuerdo que no satisfacía a nadie en la Unión, pero que tampoco indignaba a nadie: este terreno medio sin entusiasmos ni disgustos parecía el único posible donde pudiera germinar el acuerdo. Al final, las tres grandes economías europeas, enfrascadas en las luchas para reducir el “cheque británico”, las ayudas agrícolas y sus aportaciones a los fondos comunitarios, se acercaron ligeramente a la posición española. El drama para España es que con la reciente ampliación a veinticinco, del 1 de mayo de 2004, pasó de ser considerado un país pobre a un país medianamente rico, cuando la riqueza era evidente que no había aumentado de golpe, sino que España sufría los efectos estadísticos de la ampliación al haber entrado diez nuevos Estados todos ellos con unas rentas mucho más bajas que la media comunitaria. Así las cosas, según los acuerdos comunitarios, España dejaría de tener derecho a buena parte de los fondos y ayudas al desarrollo y a la cohesión territorial que recibía. Se pretendía incluso que para 2013 España fuera contribuyente neta de la UE. El Gobierno de Zapatero exigía un período de transición y poder seguir recibiendo ayudas también en el período 2007-2013. Finalmente, la posición española fue tenida en cuenta aunque de manera muy comedida. Se decidió dar una moratoria a España en los Fondos de Cohesión, pero estableciendo un mecanismo gradual y decreciente de ayudas, pasando de los 1.200 millones de euros en 2007 a los 100 de 2013. Se creó también un fondo para innovación y desarrollo tecnológico de 2.000 millones de euros, así como otro para el control de la inmigración en toda la UE. Con estos nuevos fondos se consiguió que el saldo para España fuera positivo.


 


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