Anuario 2005
Malasia
"El Gobierno malayo aplica duras medidas para luchar contra la inmigración ilegal"
Joan Colàs

El gran desarrollo económico que está viviendo Malasia durante estos últimos años ha provocado que sea el país del sureste asiático en el que los índices de inmigración crecen cada vez más. El problema es que la mayoría de esta nueva población que llega al país lo hace de manera ilegal y crea grandes problemas al Gobierno. Por este motivo, en noviembre de 2004, el Ejecutivo del primer ministro, Abdulah Badawi, abrió un periodo extraordinario de legalización de inmigrantes para todos aquellos que en esos momentos estuvieran trabajando ilegalmente en Malasia.
El Gobierno aprobó ese año una dura reforma de la ley de inmigración para echar del país a todos aquellos inmigrantes en situación ilegal. Con aproximadamente entre 1.200.000 y 1.650.000 personas extranjeras no regularizadas, Malasia se ha convertido en el país del sureste asiático al que sus vecinos pobres acuden para encontrar una mejor vida. Pero harto de que cada vez sean más los que llegan y se establecen sin respetar la ley, el año pasado el Gobierno de Badawi decidió dar un periodo de regularización que estaba previsto que durara hasta finales de 2004 pero que finalmente se alargó hasta finales de febrero de 2005.

Para hacer eficiente la nueva ley, se llevó a cabo toda una campaña informativa, que finalizó el 1 de marzo, en la que se advertía sobre las consecuencias que podrían sufrir aquellos “sin papeles” que se encontraran en el país una vez llegada esta fecha. Y es que una vez iniciado marzo, el Gobierno de Kuala Lumpur se dedicó a rastrear todas aquellos negocios y empresas en los que el trabajo irregular era más frecuente, es decir, restaurantes, plantaciones y constructoras.

La propuesta parecía funcionar, ya que desde el primer día en que entró en vigor la nueva ley, los cuerpos de seguridad detuvieron a cuarenta personas que estaban trabajando en una obra de las afueras de la capital, Kuala Lumpur, en situación irregular. En tan sólo cuatro meses el recuento de inmigrantes ilegales expulsados ascendía a 50.000, y el Gobierno esperaba detener a otros 400.000 antes de finales de año.

Parte de la población se mostró partidaria de esta medida. Prueba de ello es que miles de voluntarios estaban dispuestos participar en esta especie de campaña de “búsqueda y captura” de inmigrantes ilegales, a la que en un primer momento Gobierno destinó a 25.000 agentes, pero ya anunció que tenía reservados otros 290.000 malayos que estaban dispuestos a colaborar en el rastreo por ciudades, pueblos, e incluso la jungla, por un sueldo de 80 ringgits (24 euros).

Pero las cosas no salieron como Badawi esperaba. Según admitió la Federación de Trabajadores de Malasia y fuentes cercanas al Gobierno de Malasia, durante los cuatro meses de regularización extraordinaria de inmigrantes, cerca de dos tercios no acudieron a las oficinas a solucionar su situación, debido a que muchos de los empresarios no estaban dispuestos a regular su legalización, además de otros muchos que probablemente desconocían esta nueva ley.

Después de largos meses en los que las fuerzas de seguridad lograron detener y expulsar del país a miles de inmigrantes, el Gobierno se dio cuenta de que no era tan sensato deshacerse de mano de obra, ya que el 26 de mayo, el ministro del Interior, Azmi Khalid, anunció que necesitaban cubrir 600.000 puestos de trabajo. De esta manera, en agosto, el Gobierno tuvo que conceder situaciones especiales a los inmigrantes expulsados para que volvieran al país a cubrir los puestos vacantes en algunos lugares de trabajo, pero esta vez respetando la ley.

Este fue uno de los últimos problemas, consecuencia de la nueva ley de immigración. El más importante se produjo al inicio de su implantación debido a la dificultad de cerrar el periodo de regularización extraordinaria que abrió el Gobierno en noviembre de 2004. Según el Ejecutivo de Badawi, esta oportunidad de normalizar la situación de los “sin papeles”, en un principio, tenía que finalizar con el año. Pero la demanda fue tan grande, que se tuvo que retrasar el período durante tres veces. Finalmente, la fecha que fijó el Gobierno fue el 1 de marzo de 2005.

El primer ministro malayo quiso dejar claro que, a partir de esa fecha, todo aquel inmigrante ilegal que siguiera en el país se tenía que atener a las consecuencias y a la actitud que adoptarían las fuerzas de seguridad del Estado con ellos.

Estas consecuencias a las que se refería el Gobierno eran bastante duras, ya que según la nueva normativa sobre inmigración toda aquella persona que se encontrara trabajando en una situación ilegal dentro del país se arriesgaba a que los cuerpos de seguridad y la justicia, una vez detenían a los inmigrantes, les podían condenar a cinco años de cárcel, ser multados antes de ser deportados, e incluso los oficiales podían torturar a los inmigrantes menores de 50 años, según establecía la ley.

A esto hay que sumarle las protestas de varias Organizaciones pro Derechos Humanos, ONG, miembros de los partidos de la oposición y los propios inmigrantes, que salieron a la calle a manifestarse contra las condiciones en que estaban siendo tratados los “sin papeles”, y, en especial, los indonesios. Por este motivo, miles de indonesios se concentraron el mes de agosto delante de la sede del Gobierno, en Kuala Lumpur, para criticar la expulsión de inmigrantes del país.

Y es que los inmigrantes indonesios fueron los más perseguidos por las fuerzas de seguridad. No tan sólo porque las personas de esta nacionalidad fueran más, sino por las tensas relaciones que mantienen estos países. Y eso que, antes de iniciarse el período de expulsión de inmigrantes, Malasia e Indonesia firmaron un tratado de cooperación mediante el cual todos aquellos inmigrantes indonesios que fueran expulsados del país por estar trabajando en situación irregular se podrían apuntar a un programa de amnistía mediante el cual, siempre que hiciera falta trabajadores en Malasia, se podrían acoger a él para volver al país a trabajar de manera temporal, legalmente. Incluso el Departamento de Inmigración de Malasia anunció la creación de nueve oficinas de atención en Indonesia para que pudieran acudir todas aquellas personas que quisieran apuntarse a este nuevo programa. Todo ello sumado a las palabras del ministro del Interior, Khalid, que apuntó que estudiaría detenidamente los casos de aquellos indonesios que abandonaron Aceh (provincia del isla de Sumatra en el nordeste del archipiélago indonesio) tras el tsunami y a los que Malasia acogió.

Situación parecida vivieron los inmigrantes procedentes de China. El departamento de inmigración malayo consideró denegar la entrada a las mujeres chinas ya que, según esta oficina, la mayoría de la población femenina de China que llega a Malasia sola acabar dedicándose a la prostitución. Esta es una de las razones que expuso el Ejecutivo malayo cuando propuso al Gobierno de Jiang Zemin una serie de normas por las que sólo se permitiría la entrada al país a mujeres que acudieran a Malasia en grupos de visita turística o con referencias profesionales. Este argumento lo expresó con una serie de datos recogidos en 2003 en los que se reflejaba que, de las 5.100 prostitutas detenidas ese año, 1.700 mujeres eran de nacionalidad china. Para el Gobierno malayo el dato más preocupante es que estas mujeres no tan sólo se encontraban en “nightclubs” o karaokes, sino que muchas veces eran contratadas por ejecutivos que requerían los servicios de prostitutas de alto “standing” para que acudieran a sus lugares de residencia, cuando no se establecen en caravanas que hacen servir de vivienda.

Caso contrario es lo que sucedió con los inmigrantes procedentes de Pakistán, país con el que el Gobierno de Badawi mantiene estrechas relaciones. Pese a que también hubo expulsiones de inmigrantes paquistaníes que se encontraban en situación ilegal, cuando Malasia dio a conocer que diversos sectores necesitaban de nuevo mano de obra, fueron los primeros en beneficiarse. Desde Kuala Lumpur, el primer ministro anunció que, debido a la necesidad de más trabajadores, concedería a aquellos trabajadores paquistaníes expulsados una condición especial en caso de que sean requeridos para trabajar en el país. Badawi, en su visita a este país del Indostán, anunció que Malasia permitiría la entrada de 100.000 paquistaníes para cubrir las vacantes de los temporeros o trabajadores con contratos a corto plazo, al considerar que es necesario este tipo de trabajos para cubrir las vacantes de 200.000 trabajadores en empresas manufactureras, 150.000 en el sector de la construcción y otros 50.000 en plantaciones. El primer ministro malayo argumentó esta decisión de dar prioridad a los trabajadores procedentes de Pakistán diciendo que éstos tenían más experiencia y estaban mejor formados que los de otras nacionalidades para suplir determinados puestos.



Tensión con Indonesia a causa del petróleo

Hace años que las relaciones entre Indonesia y Malasia se están deteriorando. Y este año el problema más grande que volvió a enfrentar a estos dos países fue el petróleo.

En febrero de 2005, la empresa petrolera nacional más importante de Malasia, Petronas, llegó a un acuerdo con Shell para tener los derechos de explotación del área marítima de Blocs ND6 y ND7 (tal y como se nombra a esta zona marítima de territorio malayo), al este de Kalimantan. El problema reside en que el Gobierno de Baladawi es consciente del enfrentamiento que durante años Malasia está manteniendo con Indonesia por esta zona marítima, que el archipiélago considera de su dominio. La discusión se agrava cuando la decisión sobre a quien pertenece esta parcela de mar está en manos del Tribunal de Justicia Internacional. Los ministros de Economía de ambos países han mantenido varias reuniones a lo largo de este año para discutir sobre los derechos de esta zona marítima y sobre las relaciones que Petronas ha establecido con la internacional Shell, pero estos encuentros siempre han acabado igual que comenzaron, con acuerdos de pequeño calado entre estos dos países en materia de economía y con el mantenimiento de las posturas iniciales sobre esas zonas.

Malasia en los últimos años se ha convertido en una potencia en desarrollo con unos índices de crecimiento económico de entre el 5 y el 7% anual, en parte gracias a sus buenas relaciones con otro gran gigante del sureste asiático como Singapur. Pero durante estos últimos años las cosas no han ido tan bien. Tras la catástrofe del tsunami, Malasia pareció volcarse con sus vecinos indonesios y tailandeses, ayudándoles económicamente y ofreciendo acogida a los afectados. Pero el Gobierno de Badawi no esperaba que el tsunami le afectaría indirectamente. Malasia vio cómo la cobertura mediática mundial que supuso el tsunami tuvo un impacto negativo en su economía, ya que el turismo en el sureste asiático descendió de manera considerable, y el país no fue una excepción. Y comprobó cómo sus previsiones de crecimiento económico descendían por esta razón y por los conflictos cada vez más importantes en el norte del país, donde se refugian los grupos separatistas islamistas tailandeses.

Precisamente, Tailandia es otro de los países vecinos con el que Malasia mantiene una tensa relación. Entre otras razones, por la presencia en territorio malayo de los islamistas radicales del sur de Tailandia, que atentan contra su propio país para lograr la independencia de los territorios del sur encuentran cobijo en territorio malayo. Así que el Gobierno de Tailandia pidió a Malasia que controlaran a estos grupos islamistas e impidieran que pudieran recibir ayudaras en su país para poder desarrollar o preparar sus acciones en su país. De modo que Badawi, cada vez preocupado por los problemas que mantenía con sus países vecinos, y por poder ser tachado como un país peligroso que de refugios a combatientes islámicos, accedió a entregar a todos aquellos terroristas tailandeses que se encontraban dentro de las fronteras de Malasia.

En su objetivo de ser el ejemplo de país islámico moderado para el resto del mundo, tuvo una destacada importancia las declaraciones realizadas por la asociación de mujeres musulmanas Hermanas del Islam, que se mostraron orgullosas de los niveles de libertad que estaban empezando a disfrutar en este país. Para esta agrupación de mujeres, la posibilidad de poder llevar a cabo una campaña a favor de la defensa del papel de la mujer en la sociedad, a la que llamaron “jihhad de género”, a través de todo el país, era todo un ejemplo de hasta qué punto la democracia se ha asentado en Malasia y ha dado la posibilidad para que todo el mundo pueda defender su opinión su temor a ser castigado por ello.

Pero sus buenas palabras no acaban de convencer al mundo occidental, que no deja de ver a Malasia como un país islámico que mantiene contactos con países que cuentan con varias redes terroristas que consideran a Occidente como su enemigo, como es el caso de Pakistán e Irán. Las relaciones con el Gobierno pakistaní se basan en grandes acuerdos para abrir mercados y fronteras a la compraventa de productos entre ambos países. Pero con Irán las cosas llegaron más lejos cuando el primer ministro Badawi criticó las posiciones de Estados Unidos y de Gran Bretaña respecto al Gobierno de Mohamed Jatami y su negativa a firmar el tratado de no proliferación nuclear. Badawi tachó de insultantes las exigencias de estos países, de quienes dijo que eran más peligrosos para el resto del mundo que Irán. Para el primer ministro malayo, Estados Unidos estaba haciendo más daño, matando a miles de personas en la guerra de Irak, que el que está causando Irán con su industria nuclear. Esto llegó a tal extremo que, en junio, Malasia se desentendió del pacto de cooperación en materia antiterrorista que ocho países del sureste asiático habían firmado con Estados Unidos.



 


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