Anuario 2005
México
"López Obrador se presenta a las elecciones presidenciales de 2006 pese al desafuero"
Maria Beneyto

Andrés Manuel López Obrador presentó a mediados de 2005 su candidatura a las elecciones presidenciales que se celebrarán en México el próximo año 2006. A finales de año ya se postulaba como uno de los más firmes sucesores del actual presidente, el panista Vicente Fox, a pesar del largo proceso de desafuero impulsado por el propio Gobierno, que intentó destituir a López Obrador de su cargo como alcalde de México DF.
El pasado 7 de abril, la Cámara de Diputados mexicana dictaminó, con 206 votos a favor y 127 en contra, el desafuero del jefe del Gobierno de Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, lo que supuso el retiro de la protección constitucional que le otorgaba el cargo, por un delito de desacato y abuso de poder. De este modo se ponía fin a casi cinco años de litigio entre el alcalde, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y la empresa promotora Santa Fe, que lo había denunciado en diciembre de 2000 por violar la orden judicial que obligaba a la Administración federal a suspender las obras de construcción de dos calles de acceso a un hospital en unos terrenos propiedad de dicha promotora, conocidos como El Encino.

A pesar de la resolución de la Cámara de los Diputados, el 25 de abril de 2005 López Obrador regresó al frente del Gobierno capitalino alegando que aún mantenía su cargo y, por lo tanto, la inmunidad que éste le confiere. Desde el Ejecutivo, la decisión de López Obrador fue interpretada como una provocación y una violación de la ley. Sin embargo, dos días más tarde, el presidente Vicente Fox manifestó su compromiso de archivar el expediente del caso antes del 29 de julio, lo que permitiría al líder perredista poder presentar su candidatura a las elecciones presidenciales, previstas para 2006. Además, Fox comunicó la “renuncia” del que había sido uno de los principales responsables del proceso judicial contra el mandatario capitalino, el procurador general de la República, Rafael Macedo. Con este anuncio, el Gobierno despejaba cualquier duda en torno a su promesa de garantizar a López Obrador el acceso a la candidatura presidencial, y demostraba que tras la defensa del desafuero no se escondían intereses electorales de cara a los comicios de 2006.

Esta reacción del Ejecutivo fue del todo inesperada, pues, junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) había exigido que el desafuero impidiese a López Obrador volver a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y no sólo la separación del cargo durante la presente legislatura. Aunque desde la oposición la resolución final de Fox fue bien recibida, en el PRI y en algunos sectores del PAN surgió la polémica, ya que contradecía lo que habían estado defendiendo defendido desde que se inició el proceso.

Finalmente, el 2 de agosto, López Obrador se registró como candidato del PRD a las elecciones presidenciales y comenzó su campaña electoral. Sus defensores aseguran que, de ser elegido, el ex alcalde de México D.F. pondría de manifiesto la desilusión del pueblo mexicano con las reformas a favor del libre mercado propuestas por Vicente Fox y la vinculación de éste último Gobierno con la Administración Bush. Por otra parte, sus detractores advierten que su victoria supondría la llegada al poder de otro antiyanqui de línea dura como Hugo Chávez. Por eso, sus partidarios prefieren acercarlo más a las posturas moderadas del líder brasileño Lula da Silva que a las del presidente venezolano. Aunque López Obrador no acepta ni una ni otra comparación, desmiente las acusaciones que lo tachan de antiyanqui pues es consciente de la importancia de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, ya que ambos países comparten frontera y, por lo tanto, los mismos problemas en cuanto a inmigración, narcotráfico y seguridad fronteriza.

El proceso de la demanda de desafuero no hizo más que marcar aún más diferencias entre la derecha y la izquierda mexicanas de cara a las próximas elecciones de 2006. Durante 2005, oposición y Gobierno se enzarzaron en un debate político y en un intercambio de acusaciones que superaba los límites del caso de El Encino y daba lugar a una importante crisis política. Los perredistas acusaron al Ejecutivo de utilizar la causa de López Obrador con fines electorales para desprestigiarlo y eliminarlo de cara a los próximos comicios, en las que podría desbancarle del poder. Por su parte, los panistas apoyados por los priístas y, en menor medida, por miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), denunciaron el desacato del gobernador capitalino y sus intentos de movilizar a la población a su favor. Y es que desde las filas del PRD, López Obrador inició lo que llamó “un movimiento pacífico” abierto a todos aquellos mexicanos que consideraban necesario manifestarse por sus derechos civiles y políticos y que veían en el proceso de desafuero “una amenaza a la democracia mexicana”.



“Alerta roja” en Chiapas

El 19 de junio de 2005, el EZLN decretó la “alerta roja” en los territorios rebeldes y llamó a filas a todos aquellos miembros de la organización que se encontraban haciendo labores sociales en comunidades zapatistas. Además, recomendó la evacuación de la población ante posibles enfrentamientos militares, lo que avivó aun más las tensiones entre los zapatistas y el Gobierno foxista.

Según los zapatistas, la “alerta roja” se produjo como medida de precaución ante la llamada a consulta del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN a sus tropas insurgentes, comandantes, responsables regionales y locales y bases de apoyo, pues, en febrero de 1995, mientras todos los miembros del EZLN se encontraban reunidos fueron atacados por las fuerzas gubernamentales. De este modo, se quiso evitar cualquier tentativa de ataque por parte del Ejército Federal y, a su vez, proteger a los miembros de las comunidades rebeldes de posibles enfrentamientos armados.

Días más tarde, el 29 de junio, los zapatistas hicieron pública la Sexta Declaración de la Selva Locandona, toda una declaración de principios e intenciones entre los que destacó la formulación de una nueva iniciativa política. El presidente Vicente Fox respondió manifestando su disposición a ponerse de inmediato “a sus órdenes [las de Marcos] para trabajar en esta integración” de los zapatistas en la vida política del país e iniciar así una etapa de acuerdos. Asimismo, en la declaración, el EZLN reiteró su oposición a la globalización, al neoliberalismo y a los acuerdos de libre comercio suscritos por México.

A pesar de que el subcomandante Marcos anunció el 16 de julio la vuelta a la normalidad, en un comunicado emitido días después, el líder zapatista advertía que los territorios rebeldes se mantenían en alerta ya que el Gobierno había dicho que el EZLN perdería y que sus miembros acabarían cayendo, incluso sus líderes más venerados. Marcos aseguró que la rebelión zapatista continuará a pesar del encarcelamiento o los asesinatos selectivos de sus partidarios, pues el EZLN posee todo lo necesario “para sobrevivir a cualquier ataque o acción”. Sin embargo, el subcomandante definió la alerta como medida de precaución y de defensa, y descartó que el EZLN estuviese preparando una ofensiva militar.

De ese modo, y en lo que muchos calificaron como un intento por acaparar la atención de cara a las próximas elecciones, el subcomandante Marcos logró sembrar la incertidumbre ya que sus palabras no dejaron clara cuál era su intención al mantener la “alerta roja”. Y, no sólo eso, en su última carta Marcos lanzó al vuelo un mensaje sorprendente y que no ha vuelto a mencionar: ésta “quizás podría ser mi última carta”.

Esta actitud del EZLN se podría interpretar como un intento por saltar a los medios de comunicación tras un periodo en el que se había mantenido bastante alejado de la actualidad política y, por lo tanto, había dejado de ser noticia. Al decretar la “alerta roja” lograron que todas las miradas de los mexicanos se fijasen en su causa y se volviese a discutir sobre el conflicto de Chiapas y las reivindicaciones de la población de los territorios rebeldes. Además, era otra manera de reafirmar su poder y su fuerte presencia en estas zonas del país, así como una forma de hacer campaña de cara a las elecciones de 2006 y de llamar la atención a la clase política, quienes no pueden ignorar esta situación.

Meses más tarde, el 25 de noviembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) liderado por el subcomandante Marcos, disolvió el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZNL) que, desde 1996, había encabezado la lucha política en defensa de la libertad y los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas. En el comunicado, los líderes zapatistas destacaron la presencia entre las filas del desaparecido FZLN de personas corruptas que utilizaron la organización y su proximidad con el EZLN para fines personales y para “aislarse y aislarnos”. Asimismo, el EZLN anunció la creación de una comisión de transición formada por algunos frentistas-miembros del FZLN- con el objetivo de asumir progresivamente todos los trabajos y bienes del FZLN.

De este modo, se abría una nueva etapa en el zapatismo que respondía a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, hecha pública en junio y que anunciaba el inicio de un periodo en el que un sector del EZLN se encargará de “hacer trabajo político abierto, civil y pacífico” en la llamada “otra campaña”. Esta nueva organización, que vendrá a sustituir las funciones que llevaba a cabo el FZLN, estará controlada por los máximos responsables de la Comisión Sexta del EZLN. Además, la cúpula directiva del EZLN se encargará de designar a cada uno de sus miembros.

La Comisión Sexta está formada por un grupo de rebeldes del EZLN que se encargarán de llevar a cabo la denominada “Otra Campaña”. Según explicó el subcomandante Marcos en un comunicado hecho público en julio de este año, su misión es “encargarse de los pueblos zapatistas, defenderlos, apoyarlos en la autonomía y orientarlos en la lucha” a nivel nacional, mientras que la Comisión Intergaláctica lo hará a nivel internacional.



Los feminicidios de Ciudad Juárez

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez aumentaron en 2005 después de un periodo de recesión, según un informe de la comisión federada encargada de analizar y buscar una solución a los homicidios sistemáticos de mujeres, en su mayoría jóvenes, que atemorizan a la población de la localidad, fronteriza con Estados Unidos, desde hace más de diez años. Tan sólo en los cuatro primeros meses de 2005 las muertes ascendían a 22, a lo que se tiene que sumar un número indeterminado de desaparecidas, pues muchas veces las propias familias temen denunciar la situación por miedo a represalias.

Asimismo, la portavoz de la comisión, Guadalupe Morfin, comunicó sus sospechas de que un “círculo de explotación sexual de mujeres” que envuelve a “grupos poderosos asociados con miembros del cuerpo de Policía” podría estar detrás de las 700 desapariciones de mujeres y cerca de 450 feminicidios que ya llevan registrados en Ciudad Juárez. De hecho, aunque los familiares de las víctimas también han apuntado a este grupo, las investigaciones policiales nunca han dado frutos.

En una entrevista realizada a finales de octubre, la periodista estadounidense Diana Washington, que ha dedicado los ocho últimos años a investigar los crímenes de Juárez, sostuvo que el móvil de los homicidios es una mera demostración de poder de los que, asegura, se encuentran detrás de todas las muertes y desapariciones. Éstos se dividen en cinco grupos que se solapan: “Uno: dos asesinos en serie, fugados por negligencias, que sospecho relacionados con una familia poderosa. Dos: narcotraficantes de bajo nivel. Tres: dos pandillas sádicas con ciertos rituales de ingreso que incluyen asesinatos. Cuatro: un grupo de hombres poderosos, que se encuentra en la cúspide de la trama y que emplea sicarios de otros grupos. Y cinco: imitadores esporádicos”.

Sin embargo, según datos oficiales de 2005, Ciudad Juárez no es el Estado mexicano con mayor número de feminicidios, pues a la cabeza se encuentra México DF. En ambos casos, como en el resto del país, cerca del 38% de los asesinatos de mujeres tienen una motivación sexual.



Seguridad

En 2005, el Gobierno presentó el programa “México Seguro” con el cual se pretende hacer frente a los focos de violencia que se puedan producir en el país y luchar contra el crimen organizado. Además, junto con el Gobierno de Bush, puso en marcha el Plan de Seguridad Fronteriza con la misión de frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, que en 2004 ascendió a 396.000 mexicanos

Sin embargo, a pesar del aumento del control policial en la frontera, tanto en el lado estadounidense como en el mexicano, el 32% de los inmigrantes repatriados a México a lo largo de 2005 ya lo habían intentado en anteriores ocasiones, lo que evidencia la poca efectividad de las políticas de seguridad fronteriza de ambos países.

De este modo, en diciembre Bush planteó una drástica solución al problema de la inmigración mexicana: la construcción de muros o barreras para separar la frontera mexicana de la estadounidense, y la imposibilidad de legalizar la situación de todo ciudadano mexicano que se encuentre sin documentos en Estados Unidos. En su anuncio, el presidente Bush dijo que su Gobierno levantará vallas en aquellas zonas urbanas de la frontera en las que no existe una división física entre ambos territorios. El canciller Luis Ernesto Derbez advirtió que “México no considera que la construcción de bardas sea un elemento de solución” al problema migratorio.

Asimismo, el Gobierno foxista rechazó de inmediato la propuesta de Bush sobre la legalización de los inmigrantes a menos que se buscasen alternativas para la regularización de aquellos que se encuentran ya en territorio estadounidense y de los que en un futuro tengan que ir por motivos laborables. Desde el Congreso mexicano se pidió al Ejecutivo que explorase “vías institucionales” como alternativa a las medidas radicales propuestas por Bush “de tal manera que la dignidad y la seguridad de los inmigrantes sea respetada”.

A la inseguridad fronteriza se suma la que se vive en las cárceles mexicanas, en las que el hacinamiento y la organización de los presos en clanes provocaron numerosos incidentes en 2005. El más notable se produjo en las cárceles de La Palma y Matamoros, donde a principios de año se produjeron diversas revueltas y enfrentamientos entre los reclusos y los cuerpos de seguridad que provocaron el despliegue de un importante dispositivo militar en torno a las dos prisiones y la prohibición, por unos días, de las visitas a los presos.

A lo largo de 2005, varios informes del Fondo monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y Amnistía Internacional alertaron de la pobreza y la falta de seguridad y justicia en México, sumado a la violación sistemática de los derechos humanos y al incremento de la violencia, especialmente contra las mujeres, en los últimos años, pero de forma acentuada en 2005.

El informe de Amnistía Internacional corroboró un anterior estudio del Departamento de Estado mexicano, que alertaba del “clima pobre de derechos humanos” en el que vive la población mexicana. Mientras que el estudio del Banco Mundial situó, por primera vez desde que Fox ocupa el poder, al país centroamericano fuera del grupo de las 10 economías más fuertes del mundo. En cuanto a los ingresos anuales por habitante, México ocupó en 2005 la posición 80 dentro del ránking mundial, mientras que en 2000 ocupaba la número 76.

Sin embargo, a pesar de mantenerse entre las economías más potentes del planeta, el FMI aseguró que México arrastra tales niveles de pobreza y marginación que, aunque haya logrado superar la crisis que sufrió en los últimos seis años, limitarán su desarollo económico frente al resto de los países emergentes de América Latina



Buena coyuntura regional para el crecimiento económico

Por tercera vez consecutiva, las economías de América Latina y El Caribe despidieron el año 2005 con un fuerte crecimiento económico. Pero esta vez con el reto que significa la llegada de un 2006 plagado de elecciones presidenciales y la incertidumbre sobre las nuevas políticas económicas que estos gobiernos decidan aplicar.

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la región creció en 2005 de forma estimada un 4,3%, unas décimas por debajo de los 5,6 del año anterior, pero todavía mostrando un fuerte impulso positivo y dos décimas por encima de lo esperado. Los países que más crecieron fueron Venezuela, República Dominicana y Argentina, mientras que México se situó al nivel de la media general.

Mientras que América del Sur el superávit representó el 3% del producto interior bruto (PIB), en Centroamérica y México fue del 1,8%. En México, el PIB fue del 2,8%, cifra inferior a la observada en 204, ya que se produjo un descenso en la actividad industrial, así como se registró cierta debilidad en el sector servicios a causa de la intensa temporada de huracanes y sus consecuencias destructivas en el turismo.

Por otra parte, la inversión se expandió apenas el 6,1 en México, en contraste con el 12% que experimentó Suramérica. Además, al contrario de lo pronosticado por los analistas, la economía mexicana disminuyó su tasa de expansión. Sin embargo, la inversión extranjera en el país creció respecto 2004 en casi 3.000 millones de dólares.

La deuda pública neta mexicana se estabilizó (por debajo del 51% del PIB), pero el balance fiscal primario (lo que ingresa menos lo que gasta, sin contar el servicio de la deuda externa) parece haber revertido los saldos negativos de antaño.

Según datos de la CEPAL, el paro bajó un 9,8 en 2005, manteniéndose todavía muy por encima del 6% registrado en la década de los ochenta. No obstante, el comportamiento del empleo sigue siendo bastante errático debido a que hay una gran movilidad de personas contratadas temporalmente, además de un gran número de personas que trabajan en situaciones precarias y con sueldos excesivamente bajos.

Después de años de pretender una inflación del 3%, en 2005 la política monetaria restrictiva cumplió finalmente con el propósito logrando una inflación del 3,08%.

Si bien México creció en 2005 menos que la media de los países en desarrollo (5,9%), la buena noticia es que organismos internacionales como la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) aseguran que su economía seguirá esta trayectoria de crecimiento en 2006. Sin embargo, los altos precios del petróleo, las elevadas tasas de interés y la incertidumbre que generan los comicios electorales que se avecinan continúan siendo los mayores riesgos para la región. A esto se suma que los precios de las materias primas siguen bajando y que México tampoco se ha apuntado grandes logros (al menos a corto plazo) en el marco de las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los subsidios agrícolas.

Es por eso que, a pesar de que las cifras macroeconómicas resulten buenas en 2005, el desempleo, la corrupción, la pobreza, la violencia, la alta migración, la baja inversión y las desigualdades a la hora de comerciar, siguen siendo los problemas que las autoridades mexicanas, y por extensión de la región, tienen que resolver.


Doce años de desapariciones y muertes

En los últimos doce años, 700 mujeres han desaparecido y cerca de 450 han sido brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez sin aparente explicación y ante la indiferencia y pasividad de las autoridades. Tras años de homicidios impunes, lo único que se sabe es que las víctimas, en su mayoría jóvenes, mueren torturadas o por múltiples heridas de bala. Sus cuerpos, o parte de ellos, son abandonados en terrenos baldíos, desérticos o en la cuneta de alguna carretera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los cuerpos jamás llegan a aparecer. Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos alertaron este año en repetidas ocasiones sobre el aumento a gran escala de la violencia y el maltrato a las mujeres que se está generalizando en México, y que ha provocado que cada año se produzcan más feminicidios. El término, acuñado por las antropólogas estadounidenses Diane Rusell y Hill Radford, define el asesinato de una mujer sólo por el hecho de serlo, lo que explicaría el ensañamiento de los homicidas y las humillaciones a las que son sometidas las víctimas antes de morir- los cadáveres presentan signos de maltrato y mutilaciones, sobre todo de uno de los senos, que es cercenado o arrancado a mordiscos. La preocupación gubernamental ante el problema ha ido aumentando a medida que se ha ido difundiendo la información, por lo que se crearon dos comisiones especiales, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a los feminicidios en Ciudad Juárez y el resto de México. Sin embargo, el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidos (CEDAW) ha expresado reiteradamente su preocupación porque “no se ha procedido a investigar seria y profundamente cada caso, incluso se han ignorado denuncias de familiares y se han destruido evidencias y pruebas”. Por su parte, las familias de las víctimas responsabilizan a las autoridades y a los poderes económicos locales de la impunidad y han manifestado su desaliento tras los informes que se han presentado desde la fiscalía federal sobre la investigación de los crímenes denunciados (aunque se sospecha que la cifra real sea mucho superior). De los funcionarios que han sido identificados como negligentes ninguno ha sido detenido, mientras que la veintena de personas encarceladas como presuntos responsables de los homicidios han denunciado haber declarado bajo tortura.


 


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