Anuario 2005
Estados Unidos
"Bush inicia su segundo mandato asediado por los problemas"
Gonzalo Bans

Este ha sido uno de los años más aciagos para el Gobierno que preside George Bush. Una serie de escándalos -caso “Plame”-, decisiones desafortunadas -gestión de los huracanes Rita y Katrina-, posicionamientos polémicos -tuvo que renunciar a imponer a su candidata a ocupar una plaza en el Tribunal Supremo por las críticas demócratas pero, sobre todo por la presión de los sectores más conservadores de su partido-, o los casos de procesamientos de las personas de confianza de su gestión de gobierno -la mano derecha del vicepresidente fue procesado por mentir en la investigación de la filtración a la prensa del nombre de una espía de los servicios secretos-, han mermado la credibilidad del presidente en este año 2005.
Y es que desde el inicio de su segundo mandato, Bush no ha tenido ni un solo mes en el que las cosas no se le girasen en contra. Quizá el caso más llamativo y que más críticas ha generado a su maltrecha salud presidencial ha sido el del huracán Katrina. Como muchos periódicos titularon, el caso de la inundación de toda la ciudad de Nueva Orleans ha sido la crónica de una “desgracia anunciada”. Para más inri, los detractores del presidente aprovecharon la coyuntura política del momento para vincular la situación en Irak con las catástrofes naturales que azotaron Norteamérica a principios de otoño.

Abierto el campo de fuego de las críticas, el perdedor de las pasadas elecciones presidenciales, John Kerry, también aprovechó el momento para arremeter contra el presidente. Kerry calificó la respuesta del Gobierno al Katrina como un modelo de incompetencia y negligencia. La pareja de baile de Kerry en los pasados comicios, John Edwards, hizo hincapié en la teoría de las dos Américas, al afirmar que el Gobierno hizo diferenciaciones a la hora de ayudar a las víctimas: “Primero iban los ricos y, luego los pobres”, sentenció Edwards. No escapa de la memoria de los más críticos un artículo publicado en 2001 en una revista científica más populares de Estados Unidos, Scientific American, en el que se vaticinaba, con todo tipo de detalles, exactamente la situación que se produjo con los diques de Nueva Orleans. En dicho artículo se proponían una serie de medidas para reforzar los diques y así evitar un desbordamiento de agua. El autor del texto rememoró en un artículo en el “The New York Times” las diversas soluciones propuestas ya hace 17 años para el pronosticado desbordamiento de los diques y subrayó que los implicados -científicos, autoridades locales, Congreso y Gobierno- dejaron pasar el proyecto de reforzamiento de los diques, que costaba entonces 14.000 millones de dólares.

Con todos los sondeos en su contra -según Gallup, sólo el 41% respaldaba su gestión durante la crisis, contra el 57% que lo criticaba- Bush no pudo levantar el vuelo ya que incluso gente de su partido alzó la voz contra su actuación en la crisis del Katrina. El presidente tardó más de cinco días en anunciar algún tipo de medida para la zona. Tardó más de una semana en visitar la zona y en hacerse fotos con las “clases altas” de los desplazados. Y, además, a diferencia de lo que hizo semanas después con el huracán Rita, esta vez la Casa Blanca no quiso desplegar al Ejército en las operaciones de rescate de las víctimas.

Bush sufrió una gran crisis de confianza entre las filas republicanas, por lo que algunos entienden como desmesurada respuesta de gasto. Ante la tardía reacción del Gabinete Bush en la crisis del Katrina, el presidente decidió pedir una partida de ayudas extra al Congreso. Algunos analistas estiman que la reconstrucción de la zona afectada por el Katrina puede costar unos 200.000 millones de dólares, que tendrían que asumir en casi su totalidad el Gobierno de la nación. Esta política de gasto excesivo en la reconstrucción es lo que los republicanos critican a Bush. El Congreso lleva aprobados 60.000 millones para paliar los efectos de la catástrofe. Con estas cifras para la reconstrucción, el legado del huracán se va a llevar por delante algunos de los objetivos de los conservadores para este mandato, como por ejemplo el proyecto de anular el impuesto sobre las herencias. Ante tal panorama, la mayoría republicana en el Congreso paralizó, meses después, otra partida de fondos para reconstruir las casas de las personas aún desplazadas. Los conservadores seguían insistiendo que no tenía que haber más gasto para temas sociales o de ayudas, sino que por el contrario debía haber contención presupuestaria excepto para dos áreas: defensa y seguridad.

Los republicanos opinan que la solidaridad social no es responsabilidad del Gobierno de la nación, sino de los gobiernos federales y locales. Es por ello que los recortes fiscales de los republicanos, los últimos años, han enriquecido al 20% de la población que constituye la franja superior en la escala de rentas y riqueza. Así, esta política de cerrar el grifo para políticas sociales llevada a cabo por los republicanos es lo que provocó, 100 días después de la catástrofe, que revistas como “Time” publicase en páginas interiores y en un gran titular: “Son unos ladrones”, en clara referencia a los políticos conservadores. Proseguía la revista con informaciones y declaraciones que aseguraban que el dinero recaudado para las ayudas no habían llegado ni mucho menos en su totalidad y que el dinero recaudado no había sido repartido eficientemente. Varios políticos de la Costa del Golfo han recurrido a las hemerotecas para resucitar frases del presidente en las que afirmó que las zonas devastadas por los huracanes no serían olvidadas. Un centenar de días después del Katrina, tres de cada cuatro vecinos viven fuera de sus hogares. Muy pocas zonas tienen gas y agua. Sólo un colegio ha abierto, en un sistema educativo que contaba con 55.000 alumnos antes de la tragedia. Más de cinco millones de toneladas de escombros y basuras esperan aún ser recogidas. Por último, las autoridades locales reclaman más dinero para la reconstrucción, pero muchos congresistas de Washington -la mayoría republicanos- se niegan al considerar que el Estado de Lousiana no gasta el dinero eficazmente. El recuerdo de lo sucedido en Nueva Orleans ha vuelto a sacudir a Bush, en este caso, acusándolo de incumplir sus promesas y de lanzar, los días de la catástrofe, vanas palabras al viento para contentar a las masas.

La mala suerte que tuvo el presidente Bush es que todas las crisis y sus consiguientes críticas le azotaron de una manera continua. Sin tiempo de sobreponerse a una, ya estaba con el agua al cuello inmerso en algún otro quebradero de cabeza. Tal es el caso de lo sucedido con el ya bautizado “Caso Plame”; las derrotas de su partido en dos estados: Virginia y Nueva Jersey; la nominación frustrada de Harriet Miers como jueza del Tribunal Supremo y las escuchas extrajudiciales a ciudadanos estadounidenses tras el 11-S. Los cuatro casos fueron un torpedo a la línea de flotación de la salud presidencial. Los cuatro escándalos le afectaron de una manera personal, ya que en todos, estaba implicado personalmente. Quizá el caso del Tribunal Supremo es el que más dañó su imagen pública y sobre todo su liderazgo dentro del partido republicano.

Para entender por qué se le da tanta importancia a lo sucedido con el Tribunal Supremo, cabe señalar que el juez supremo de Estados Unidos es una de las personas más relevantes del país. El Tribunal Supremo de Justicia es un órgano vital en el sistema de Gobierno. A través de su interpretación de la Constitución determina asuntos sobre los cuales muchas veces el poder legislativo no tiene competencia. Así, dependen de los dictámenes de esta Corte la legalidad del aborto, la eutanasia, la pena de muerte, el matrimonio entre gays y también el futuro de los detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, por citar algunos ejemplos. Incluso el Supremo decide quién es el presidente en caso de duda en unas elecciones, como ocurrió con Bush y Gore en las elecciones presidenciales de 2000.

El cargo de juez en el Tribunal Supremo es vitalicio. Por ello, los conservadores se frotaron las manos cuando se produjeron dos vacantes en los últimos meses y ya imaginaron que con los nombramientos que debía realizar Bush lograrían finalmente un giro a la derecha en el Tribunal que durase durante décadas (hasta el fallecimiento de los jueces designados por el presidente). No hubo problemas con el nombramiento del primer juez, John Roberts. Con quien sí hubo polémica fue con el nombramiento del juez para suplir la segunda de las vacantes. Bush propuso a Harriet Miers. Las críticas ante este nombramiento se sucedieron desde los dos bandos del panorama político norteamericano. Los demócratas criticaron la estrecha amistad que, según decían, tenía el presidente con Miers. Pero los reproches más duros vinieron desde el seno del partido republicano. Los conservadores no consideraron que, después de escuchar las declaraciones de la candidata en las que defendía ciertas políticas abortivas y la separación de Estado e Iglesia, tuviese un perfil lo suficientemente derechista como para ocupar el cargo. Lo que acabó de condenar a Miers fueron las acusaciones de ciertos sectores republicanos que sospechaban que la candidata era lesbiana. Finalmente, y ante tanta crítica, Miers acabó retirando la candidatura y dejando a Bush en una situación más delicada si cabía.

Desde su partido recibía presiones para designar a alguien claramente conservador y asegurarse su supremacía en el Supremo por años, pero desde filas demócratas le presionaban para que no diera un giro a la derecha con el nuevo nombramiento. Difícil papeleta para Bush, quien debía proponer un juez para el Supremo ante la atenta mirada de los demócratas y las constantes exigencias de los políticos de su propio partido.

El caso, ya mencionado, de las derrotas electorales en dos estados supuso un desprecio personal a George Bush como político. El presidente se involucró personalmente en la campaña del estado de Virginia. Acudió a diversos mítines para intentar arrebatar a los demócratas un estado que llevaban gobernando durante décadas. Pero los esfuerzos de Bush fueron en vano. Es más, todas las ayudas que prestó al candidato republicano, Jerry Kilgore, restaron fuerza a este último en su carrera a gobernador, debido a la baja popularidad que arrastraba el presidente. Con las elecciones de Virginia se demostró que el presidente no aportaba ningún plus a los candidatos, más bien todo lo contrario. Los demócratas aseveraron de inmediato que los resultados anticipaban una tendencia que les llevaría a abordar con perspectivas de éxito el intento de reconquista de las Cámaras, en noviembre de 2006, y la Casa Blanca en 2008. Por su parte, los republicanos declararon que los dos estados en los que acababan de perder habían sido siempre feudos demócratas, hecho que quita relevancia a su derrota electoral. En un editorial durísimo de “The New York Times”, el diario se mostraba realista en el sentido de que unos resultados estatales no se pueden extrapolar a nivel nacional, pero no es menos verdad, proseguía el diario, que “el capital político de Bush se había convertido en un déficit”. Y aunque en las elecciones locales hay muchos factores “locales”, el presidente se implicó personalmente en la campaña del candidato republicano de Virginia. Ese era el hecho más relevante, la derrota personal de Bush.

El último “escándalo” en el que Bush se vio inmerso es el del “caso Plame”. Según un sondeo del Pew Center -una asociación de periodistas-, tres de cada cuatro estadounidenses consideraba muy importante que la verdad de este caso saliese a la luz. Y es que en este asunto, Bush y su vicepresidente, Dick Cheney, se jugaban su credibilidad y honestidad tras más de dos años negando que desde el Gobierno se filtrase el nombre de la agente especial de la CIA -los servicios secretos norteamericanos-. Finalmente, tras años y medio de pesquisas judiciales, el más estrecho colaborador de Cheney y jefe de su gabinete, Scooter Libby, fue procesado por desvelar a Judith Miller, periodista de “The New York Times”, el nombre de la agente Plame. Por esta revelación -y por negar en su día bajo juramento el haber cometido tal delito-, Lobby fue condenado por obstrucción a la justicia, perjurio y falso testimonio. En los próximos meses el juez decidirá si debe ir a la cárcel ya que en Estados Unidos difundir el nombre de un espía se paga con prisión.

Con el procesamiento de Libby se prueba que Cheney mintió, y se fortalece el argumento de que el presidente estaba al corriente de todo el asunto. El caso tomó un cariz más peligroso contra Bush en el momento en que Karl Rove -principal asesor político del presidente y su hombre de confianza (fue el ideólogo de la campaña de reelección de 2004)- fue acusado por la prensa de filtrar a otro periodista el nombre de la agente secreta. De momento no se han encontrado pruebas contra él. Pero la sospecha que más pesa contra Rove es el hecho de que ha sido la cabeza pensante de Bush y quien negó que todo el “caso Plame” tuviera nada que ver con la guerra de Irak. Pero las investigaciones judiciales llevadas a cabo por el momento indican todo lo contrario. Según se ha podido saber, la filtración de Plame como agente secreta de la CIA fue una maniobra a modo de venganza, por parte de personas cercanas a Bush, contra el marido de ésta, ex embajador de EE.UU. y duro detractor de los argumentos de Bush previos a la intervención en Irak. Si se confirman estas acusaciones, el crédito de Bush se verá agotado al haber reincidido en la mentira. De momento, y sin saber el veredicto del juez, más de un 50% de los norteamericanos considera que tienen un presidente deshonesto.


Conservadores y liberales mantienen su pulso

Una serie de acontecimientos acontecidos en Estados Unidos han puesto de manifiesto la gran división ideológica que vive el país. Si años anteriores los temas que solían acaparar la atención en los medios eran el aborto y la legalización de las parejas homosexuales, este año el caso de la tetrapléjica Terri Schiavo y del ejecutado número 1.000 desde que se reinstaurara la pena de muerte en el país han separado, aún más si cabe, a la sociedad. La separación entre conservadores y liberales es clara. Hay quien habla, incluso, dentro del partido demócrata, de una revolución conservadora encabezada por el presidente Bush, de quien dicen que se ha marcado como objetivo plasmar sus convicciones tradicionalistas en la sociedad norteamericana Lo sucedido en Florida con Terri Schiavo a principios de año es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar esa escisión antes mencionada. El tema de la eutanasia caló de una manera general en los debates del país durante los más de cinco meses que duraron las protestas. El caso de Schiavo se centró en la disyuntiva de desconectar a una persona que llevaba 15 años enchufada a una máquina que la mantenía con vida. El caso de Terri dividió a jueces, legisladores, políticos y hasta hizo pronunciarse al presidente del país, George Bush. Incluso dentro de la familia de la enferma hubo grandes disputas y fuertes divergencias en torno a qué hacer con la vida de la paciente. Todo empezó cuando en 1998 Michael Schiavo, en contra de la voluntad de los padres de Terri, solicitó autorización judicial para poder retirar a su esposa las sondas de alimentación artificial. A partir de ese momento la lucha entre marido y familia carnal fue creciendo. Los médicos estaban divididos ante la posibilidad de que Terri pudiese sobrevivir. No fue hasta 2003 cuando el juez Creer ordenó que se retirasen las sondas. En este punto intervino el gobernador de Florida, Jeb Bush, quien aprobó la “Ley Terri”, para frenar la sentencia del juez y lograr que los tubos de alimentación de Terri volviesen a ser conectados. El presidente del país, George W. Bush, respaldó esta ley dos horas más tarde de ser aprobada. A partir de este punto el presidente tomó claramente cartas en el asunto. Pese al apoyo del presidente a la ley, la Corte Suprema de Florida declaró inconstitucional la Ley Terri. Aunque la sentencia era clara, Jeb Bush apeló. Apelación que fue rechazada por la Corte en enero de este 2005. Ese mismo mes, la Corte Suprema fijó el 18 de marzo como fecha en la que debían ser desconectados los tubos a Terri. La opinión pública estaba totalmente dividida. Ciudadanos a favor de mantener con vida a la enferma y los que defendían desconectarla de la máquina para que la naturaleza siguiese su curso se manifestaban en frente del hospital donde la paciente estaba ingresada y ante la casa de la familia de ésta. Dada la gran repercusión que tuvo este acontecimiento, en un acto insólito, el Comité de Salud del Senado de EE.UU. citó a Terri, a pesar de su estado “vegetal”, y a su esposo Michael para que compareciesen ante este organismo el 28 de marzo. Asimismo, el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes inició su propia investigación y mandó citación a los familiares de la enferma. Todas estas maniobras trataban de impedir la desconexión de Terri, pero una nueva sentencia del juez Greer autorizó la retirada de los tubos, que finalmente fueron desconectados el mismo 18 de marzo. Ante las presiones de los sectores más conservadores de Estados Unidos, los congresistas republicanos trabajaron a contrarreloj e incluso interrumpieron sus vacaciones de Semana Santa con el fin de aprobar una ley para aliviar a los padres de Terri -la ley alargaba unos días la vida de la paciente-; dicha ley la firmó de madrugada del presidente Bush. Llegados a este punto, en el que Bush se había involucrado tan personalmente, un juez federal, James Wittemore, decidió comenzar a investigar. Al día siguiente, 22 de marzo, Wittemore rechazó ordenar la reconexión. Pese a los pertinentes recursos presentados por los padres de Terri, ninguno prosperó. Al decimocuarto día sin recibir ni agua ni comida, el 31 de marzo, Terri falleció en un Hospital para enfermos terminales de Pinellas Parak. Con la muerte de la mujer de 41 años no acabó todo. En la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría republicana, Tom Delay, hizo que el Congreso investigase a fondo cómo los tribunales trataron el caso de la tetrapléjica. Los debates televisivos sobre el caso se sucedieron constantemente. Un dato revelador es que la popularidad del presidente después de haber tomado parte a favor de la familia de la enferma bajó estrepitosamente hasta situarse en un 40%. Bush fue acusado de inmiscuirse en un debate familiar que, pese a que había alcanzado gran relevancia a nivel de todo el país, no era de su “incumbencia”, aseguró un periódico local de Florida. Si el caso Schiavo separó, aún más si cabe, las posturas ideológicas de progresistas y tradicionalistas, el caso del reo de muerte número 1.000 hizo ahondó más en ese distanciamiento. Cabe decir que la escisión en este caso de detractores y partidarios de la pena de muerte no corresponde a la división entre demócratas y republicanos como en otros asuntos como el aborto o el matrimonio entre homosexuales. En 1994, el 80% de la población norteamericana estaba a favor de la pena de muerte. A día de hoy esa cifra ha bajado a un 64% según el último sondeo de Gallup. Profundizando más en esta estadística, se observa que dentro del bando demócrata, un 55% de ellos apoya la pena máxima a los reos de muerte. Las cifras en el bando conservador son más altas y alcanzan un 77% de aprobación. Pero hay otro dato revelador y es que si se plantea la alternativa de que los criminales culpables sean condenados a cadena perpetua sin posibilidad de salir de la cárcel, el apoyo a la pena de muerte se reduce al 50%. Estas cifras deberían ser bastante preocupantes para sus detractores, pero según Richard Reiter, director del Centro sobre la Pena de Muerte, “hay señales claras de que este país está replanteándose el asunto”. Y, ¿cuáles son esas señales? La primera es que a principios de marzo, el Tribunal Supremo anuló la pena de muerte para los menores de edad (entre 15 y 18 años .Los menores 15 años ya estaban exentos por otra ley de 2002, de esta pena). Unos 70 jóvenes de entre 16 y 17 años que se encontraban en el “corredor” se vieron beneficiados por la medida. Según Amnistía Internacional, desde 1990 hasta la actualidad se han ejecutado, en los 19 estados del país en que esta práctica estaba todavía en vigor, a 19 menores de edad, el 56% de todas las ejecuciones de menores del mundo en ese periodo. Otro indicador que denota el descenso del apoyo a la pena de muerte como mecanismo represor para criminales, es lo sucedido con el condenado a muerte número 1.000 desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. Su nombre es Robin Lovitt, y debía haber sido ejecutado a finales de noviembre. Pero en su caso había dudas “más que razonables” de que cometiera el crimen por el que fue condenado a muerte en 1999, según informaron sus abogados. Su sentencia a la pena máxima atrajo la atención mundial y varios conservadores acérrimos, como el fiscal especial Kenneth Starr, quien investigó las relaciones extramatrimoniales del ex presidente Bill Clinton, reclamaron al gobernador de Virginia, Mark Warner, que conmutase su sentencia. Lovitt aseguró que no había cometido el crimen por el que fue acusado, matar al jefe de un local nocturno. Sus abogados argumentaron que hubieran podido demostrar su inocencia si una prueba de ADN presentada por el acusado no hubiera sido destruida ilegalmente. Ante la presión popular, Lovitt recibió a última hora la gracia del gobernador Warner, quién decidió conmutar finalmente la ejecución por una condena a cadena perpetua. Las pruebas de ADN, supuestamente destruidas ilegalmente y que finalmente aparecieron, fueron las que acabaron de convencer a Warner. En este caso, el ADN y el no tener la seguridad 100% sobre la culpabilidad del acusado fueron lo que hicieron rectificar al gobernador. Otro debate más se abría en Estados Unidos, no relativo a la potestad de un gobernador para decidir sobre la vida de un reo, sino relativo a la fiabilidad de las pruebas para dictar penas de muerte. El ejecutado número 1.000 fue Kenneth Lee Boyd, condenado por matar a su esposa y a su suegro ante dos de sus hijos. La ejecución de Boyd no levantó tanto revuelo, ya que se declaró culpable, como la llevada a cabo en el estado de California a Stanley Tookie Williams. Este condenado a muerte era un asesino rehabilitado que había sido propuesto en varias ocasiones para Nóbel de la Paz. Williams se convirtió en los últimos años en todo un símbolo contra la pena de muerte y, desde prisión, editó una serie de libros para niños que se han convertido en todo un referente contra la violencia callejera y le valieron en su día una nominación al Nobel de Literatura. Williams congregó a más de 2.000 personas en los aledaños de la prisión de San Quintín, donde fue ejecutado, entre ellos el reverendo Jesse Jackson, la cantante Joan Baez y el actor Sean Pean. Por su arrepentimiento y por su clara influencia en la sociedad actual como “converso”, la ejecución de Williams despertó la indignación en el país, incluso en gente que tradicionalmente apoya la pena de muerte. Jackson señaló tras la ejecución que “esto ha acabado, pero en realidad éste no es el fin”, en referencia a la larga lucha contra la pena capital. Más severo se mostró contra Arnold Shchwarzenegger, gobernador del estado de California, que denegó días antes la clemencia para Williams. Para Jackson, el gobernador prefirió la venganza al perdón. En 1976, en plena oleada de criminalidad, el Tribunal Supremo falló a favor de la reanudación de las ejecuciones, después de una pausa de 10 años. Tras los ya más de mil ejecutados desde 1976, otra señal llama al optimismo de los detractores de la pena máxima: las estadísticas muestran que desde finales de la década de los 90 las penas capitales han descendido en un 50%, así como el número de ejecuciones que han disminuido en un 40%, dándose el número más alto en 1999, con 98 ejecuciones. Además, el descenso de la criminalidad, las dudas sobre la eficacia disuasoria de la pena capital, las nefastas defensas que sufren muchos de los condenados que no tienen dinero para pagarse un buen abogado y los avances en las técnicas de ADN -que han contribuido a demostrar la inocencia de más de un centenar de condenados a muerte- han tenido eco en la sociedad. Finalmente Bush, que está con la mayoría favorable a la pena máxima ya que considera que esta medida sirve para garantizar la seguridad y salvar vidas, ha lanzado una iniciativa para extender el empleo de las pruebas de ADN en las investigaciones criminales. Pero, según varios analistas, el camino para la extinción de la pena de muerte aún es largo. Si bien es cierto que estados como Illinois y Nueva Yersey han adoptado moratorias en todas las ejecuciones pendientes y que comisiones parlamentarias de California y Carolina del Norte revisan sus normas, la mayoría de los estados de Norteamérica aplican la pena de muerte. La vigencia de la pena de muerte en EE.UU. no ha estado exenta, como hemos visto, de una creciente, aunque moderada, movilización social a favor de su abolición. La presión internacional también está influyendo en este sentido; en concreto, los requerimientos del Consejo de Europa, del que Estados Unidos tiene el estatus de observador. Este organismo pretende que Norteamérica establezca una moratoria sobre las ejecuciones para que sirva de ejemplo a Turquía, país en el que hasta hace poco la pena máxima era legal. Y es que una de las cosas que se le achaca a Estados Unidos, y en concreto a su presidente, es el juego dicotómico que contienen sus políticas. Si pretende instaurar democracias en países de regímenes tiránicos, la persistencia de la pena de muerte en Norteamérica puede servir de coartada para su mantenimiento en estados no democráticos. Entonces no se entiende cómo el país “paradigma de la libertad” comparta esta atentado contra las libertades con países como Irán, Arabia Saudí y China, que ejecuta en un año a tres veces más condenados que Estados Unidos. Otros temas que, por tradición, siempre han suscitado enfrentamientos, son el aborto y los derechos de los gays y lesbianas. Respecto al aborto, el Tribunal Supremo volvió a manifestarse a finales de mayo con la intención de revisar en unos cuantos estados, como New Hampshire, leyes estatales que limitan el aborto a menores de edad. Hasta la fecha, si una menor 18 años quería abortar, debía pedir permiso a sus padres o tutores. El Supremo estudia dinamitar esta limitación para que jóvenes niñas puedan abortar a su libre albedrío. La reacción de conservadores tampoco se hizo esperar. Las calles de New Hampshire se abarrotaron de antiabortistas que alegaban que los índices de interrupciones de embarazos se duplicarían de una manera brutal, argumentando que no puedes dar libertad a una menor para abortar ya que en muchas ocasiones la “joven” no es suficientemente madura como para tomar esta decisión. Si las trifulcas entre unos y otros fueron desmesuradas antes de que la ley haya entrado en vigor, si la ley se aprueba finalmente, las disputas, no tan sólo callejeras, serán de enormes dimensiones. Igual de importantes que la revocación de un tribunal de California de una ley del Gobierno Shchwarzenegger que definía el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. Parece que California empieza a seguir los pasos de Massachussets, único estado de la Unión que permite este tipo de uniones. Duro palo contra el republicano Shcwarzenegger, que pese a que en según qué cosas no es tan conservador como el resto de miembros de su partido, en este tema siempre ha mostrado una inamovible posición.

Nubarrones sobre un paisaje económico en crecimiento

Si nos ceñimos a lo que dicen los datos económicos en Estados Unidos, podemos decir que 2005 ha sido un año positivo. En su discurso semanal por radio del el 31 de diciembre, el presidente del país se enorgulleció de la política económica llevada a cabo por su Gobierno. Si bien es cierto que la economía estadounidense sigue siendo la envidia de la mayoría de países del mundo, los motivos que esgrime Bush del porqué de este liderazgo en 2005 son discutidos por muchos dentro de su propio partido. En dicha alocución radiofónica, Bush señaló que la razón de la buena marcha de la economía americana es la reforma tributaria que pusieron en marcha en 2003; la moderación de gastos; un fuerte ritmo en el crecimiento, del 4,1% en el tercer trimestre, que se mantiene en tasas superiores al 3% por décimo periodo consecutivo; una inflación controlada; un ascenso de 4'1% de la productividad, muy por encima de la estimación inicial del 2'5% y la creación de más de cuatro millones y medio de empleos desde mayo de 2003 (dos millones en los últimos doce meses), que ha hecho que el índice de paro se sitúe en el 4'9% a finales de año. Parece que Bush, en su tradicional discurso, no tuvo en cuenta el gran gasto militar que supone el mantenimiento de sus casi 150.000 efectivos que aún dispone en Irak. Por ello, a principios de año pidió una partida al Senado de 80.000 millones de dólares adicionales para gastos militares. Esta cantidad fue reducida, considerablemente, por la parte conservadora de la Cámara en casi un 45 por ciento. Y es que la realidad económica presenta algunos riesgos: la constante subida de los tipos de interés en los últimos meses, que la Reserva Federal ha colocado en el 4,25% (a mediados de año estaban un punto más bajo), ha empezado a enfriar el sector inmobiliario, que ha sido uno de los motores de la economía. Tampoco parece que el presidente haya tenido en cuenta el paso de los devastadores huracanes Rita y Katrina. Aparte de las cuantiosas pérdidas que dejaron ambos, dañaron muy gravemente una de las mayores reservas energéticas que tiene el país, situada en el golfo de Lousiana. El temor a un desabastecimiento, sumado a la subida del petróleo, causó la alarma en la nación norteamericana. El todavía presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, reconoció la inquietud de su país por la tendencia al alza de los precios del crudo, pero disipó dudas sobre posibles efectos similares a la crisis de la década de los 70. Greenspan mostró su preocupación por la producción y la venta de refinado por debajo del acuerdo internacional -es decir, por debajo de un precio mínimo acordado por los países productores- y pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que amplíe sus inversiones en la extracción de crudo para satisfacer la demanda creciente, sobre todo de China y de otras economías emergentes de Asia, que no hacen más que influir en la demanda norteamericana encareciendo los precios del crudo. Se calcula que los dos huracanes podrían costarle a Estados Unidos más de un punto del PIB y más de 400.000 empleos. En muchas de las áreas afectadas, incluida la ciudad de Nueva Orleans, se prevén trastornos en la actividad económica “sustanciales y prolongados”. Pese a no ser comparable por su naturaleza, son inevitables las equiparaciones con las consecuencias que tuvieron los atentados del 11-S. Y es que después de esa fatídica fecha de 2001, el crecimiento en EE.UU. del año siguiente cayó un 0'5%. Inicialmente, el vaticinio de las consecuencias económicas de los huracanes era mucho más demoledor, debido a la incertidumbre del alcance de la catástrofe. Las expectativas cambiaron a un cierto optimismo al saber que algunas refinerías y oleoductos se habían salvado de la catástrofe. A mediados de octubre, Bush pidió una partida extraordinaria al Congreso de 51.800 millones de dólares para la ayuda de primera necesidad a los damnificados por los huracanes. Anteriormente ya se había aprobado la concesión de 10.500 millones para ayuda de urgencia. Todas estas cantidades influyen directamente a la balanza fiscal de Estados Unidos. Si bien es cierto que las catástrofes naturales no ocurren por expreso deseo de nadie, éstas han sucedido cuando el Gobierno norteamericano más necesitaba una política de gastos austera. Aún no se conocen las cifras del déficit comercial ni fiscal de Estados Unidos para todo el año 2005. Pero si se analiza lo que fue el primer semestre del año, fechas en las que los huracanes aún no habían azotado el país, las previsiones económicas a este respecto no parecen muy halagüeñas. Los seis primeros meses del año reflejan que el déficit comercial del país se disparó al 6,4% del PIB, un nivel sin precedente en los últimos 25 años. Otra cifra de este periodo es el aumento del déficit por cuenta corriente, que creció un 3,6% en el primer trimestre y alcanzó los 195.100 millones de dólares, la cifra más alta en la historia de este indicador. Gran parte de la culpa de estos desequilibrios la tiene la subida del precio del petróleo. Según el Departamento de Comercio, las importaciones registradas hasta abril crecieron un 4,1%, muy por encima del 3% de alza experimentada por las exportaciones. Tan sólo en octubre, la balanza comercial de bienes y servicios aumentó su saldo negativo en un 4,4% y alcanzó la cifra de 68.900 millones de dólares. Un dato muy revelador es que en el periodo entre enero y octubre de este año, Estados Unidos ha acumulado un déficit comercial de 598.331 millones de dólares, 100.000 millones más que en el mismo periodo de 2004. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Los más apocalípticos señalan que el endeudamiento de EE.UU. puede comportar que llegue un momento en que el crédito inagotable de dinero, esa es la sensación que el país da con la constante dotación de partidas extra presupuestarias por parte del Congreso, se acabe y repercuta tanto en la economía nacional como en la internacional. Pero es que los huracanes han hecho cambiar las previsiones para 2006. Si las estimaciones iniciales situaban el déficit fiscal en 341.000 millones de dólares, después de los fatídicos meses de septiembre y octubre, esta previsión ha situado el déficit previsto para el próximo año en más 400.000 millones de dólares. Para el director de la Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Joel Kaplan, este hecho es transitorio. “Volveremos a una disminuición del déficit y nos mantendremos en la senda de reducirlo a la mitad para 2009”, pronosticó Kaplan En opinión de los demócratas, George Bush tan sólo se ha centrado en la creación de empleo -la mayor parte, contratos temporales- y en bajar los impuestos -que afecta mayoritariamente a las rentas más altas-. Entre 2001 y 2003 su Gobierno aprobó un recorte de impuestos especial por un periodo de cinco años. Dicho recorte hizo que las protestas por todo el país se generalizaran. Ahora, en vista del buen resultado obtenido con dicha rebaja, el presidente quiere volver a la carga en su propósito. Bush presiona al Congreso, en este final de 2005, para que extienda con carácter permanente los recortes de impuestos aprobados en 2001 y en 2003, al tiempo que intenta que se frene el gasto en programas sociales como Medicaid y Medicare -la asistencia médica a pobres y ancianos- y en becas estudiantiles. Los recortes puestos en marcha entre hace tres y cinco años tienen que ver con las exenciones por hijos y por matrimonio, la rebaja de los impuestos sobre los dividendos y sobre los beneficios de capital, y las ventajas tributarias para pequeñas empresas. “Para mantener nuestra economía fuerte y asegurar el sueño americano para las futuras generaciones, los líderes de Washington deberían tomar decisiones sanas. Y una de las mejores decisiones que tomamos desde que accedí al cargo fue la de recortar los impuestos para que ustedes puedan quedarse mayor parte del dinero que tanto les ha costado ganar y, gastarlo en lo que quieran”. Ante tal discurso, la respuesta de la oposición demócrata nos se hizo esperar: su líder en el Senado, Harry Reid, acusó a la Administración Bush de impulsar una agenda radical y ultraderechista, a expensas de una clase media cada vez más castigada. Pese a la insistencia de la Casa Blanca, el Congreso no ha accedido aún a aprobar la prorroga de dicha rebaja impositiva ya que varios senadores republicanos moderados se oponen a ello. Esgrimen que es demasiado arriesgado seguir la línea de rebaja de impuestos mientras se libra una guerra muy costosa para el país, se tiene que reconstruir toda la zona devastada por los huracanes y el déficit público es astronómico. El ya habitual crítico del presidente Bush, “The New York Times”, no ha querido dejar pasar la oportunidad ante tal panorama. En un editorial acusó al presidente de ser muy selectivo en la lectura de los datos económicos, de “escoger las cerezas” que más le gustan y presentar así un escenario en exceso optimista. “The Times” criticaba el estancamiento o la caída de los sueldos por hora en los últimos años y el excesivo endeudamiento de los norteamericanos. Para el “Times” la existencia de trabajos bien pagados y el aumento de los salarios son esenciales para garantizar una prosperidad general a largo plazo. Sin ellos el crecimiento económico se concentrará cada vez más en las grandes empresas, los accionistas y el sector, del 20%, de gente con los ingresos más altos.

El lento regreso al realismo en política exterior

En el discurso de investidura de su segundo mandato que pronunció el presidente Bush, se vislumbraron ciertos indicios de cambio en lo que a política internacional se refiere. Por lo que se ha visto en 2005, y sobre todo comparándolo con la actuación de Bush en su anterior mandato, parece que el presidente intenta girar hacia la escuela de pensamiento de los políticos más realistas, que rivalizan un tanto con los conservadores. Esto es, intentar ser más pragmático en sus relaciones internacionales. “EE.UU. no tiene derecho ni deseo ni intención de imponer su forma de Gobierno a nadie, nuestro objetivo es acabar con la tiranía y apoyar la democratización de países bajo este tipo de regímenes”. Además, Bush inició su segundo mandato con la clara voluntad de respetar los lazos transatlánticos. Ha existido un cierto deseo de acercamiento y normalización de las relaciones con la UE. Pero a tenor de sus actuaciones este año, Bush sigue sin dar respuesta a una de las preguntas más importantes sobre su actitud en las relaciones internacionales: ¿sigue en vigor la visión norteamericana de un mundo “sin tratados” en el que Estados Unidos opta por el multilateralismo a la carta, según sus objetivos y exigencias de seguridad? ¿Dependen las coaliciones con los aliados del tipo de misiones que EE.UU. se encomienda a sí mismo? Hay muchas dudas respecto si esta Administración podrá seguir ejerciendo este unilateralismo. Según Anatol Lieven, de la New American Foundation, Estados Unidos debe abandonar sus ambiciones imperiales, ya que no puede pagar los costes que supone tener tantos frentes abiertos, ni dispone de los soldados necesarios para asumir tales tareas. Un año más, Irak ha sido el asunto más importante en la política internacional estadounidense. A finales de 2005, mucho es el camino que le queda todavía por recorrer a las tropas aliadas, que, dicho sea de paso, cada vez son menos. 32.140 son ya las víctimas que se ha cobrado la intervención en Irak. De ellas, unas 30.000 son civiles iraquíes y el resto, tropas norteamericanas. Cifras impensables cuando comenzó la guerra, el 20 de marzo de 2003. ¿Quién iba a decir al presidente norteamericano que, a finales de 2005, el 68% de la población norteamericana reprobaría su actuación en la contienda iraquí? Y eso que los comienzos de año fueron esperanzadores para el futuro del país y para el futuro político de Bush. El 30 de enero se celebraron las primeras elecciones parlamentarias en la historia del país árabe. El índice de participación fue más alto de lo esperado, con un 59%. Ganaron las elecciones los chiíes de la Alianza Unida Iraquí. El pasado 15 de octubre los iraquíes tuvieron una nueva oportunidad para afianzar su democracia en la votación de la nueva Constitución. Pese a la gran campaña suní en contra del texto, finalmente la Carta Magna salió adelante con un 78% de votos a favor. Dos meses más tarde, el 15 de diciembre, los iraquíes tuvieron otra cita con las urnas, esta vez para los comicios legislativos. Hubo una gran participación pese a que los resultados no se conocerán hasta principios de febrero de 2006. Pese a que Bush se enorgullecía de la progresiva democratización del país árabe, las críticas internacionales -de la Unión Europea y de la comunidad árabe- y las de ciertos sectores de su propio país respecto a la inestabilidad de la zona y las continuas bajas que causaba el conflicto -tanto de civiles iraquíes como de soldados estadounidenses- hicieron que la Casa Blanca pasara a la ofensiva presentando un plan sobre cómo lograr la victoria en Irak y su definitiva normalización democrática. Bajo el título de “Estrategia Nacional para la victoria en Irak”, este dossier no considera el “fracaso” en el país árabe como una opción. Pese a ello, el documento elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional sí acierta en su dictamen sobre las consecuencias que se producirían en caso de que se diera ese fracaso: Irak se convertiría en un santuario para el terrorismo, los reformadores en Oriente Próximo no volverían a confiar en el apoyo estadounidense a la democracia, y la zona podría caer en el caos con graves efectos para la seguridad de la región. El documento define la victoria en Irak por etapas: a corto plazo, progreso en la lucha contra los terroristas, construcción de instituciones democráticas y asentamiento de fuerzas de seguridad; a medio plazo, el informe vislumbra un Irak que derrota a los terroristas y garantiza su propia seguridad con un Gobierno plenamente constitucional. Y por último, a largo plazo, un Irak en paz, unido, estable, seguro, bien integrado en la comunidad internacional y un gran compañero en la lucha contra el terrorismo. Muchos ya han calificado este “utópico” informe como una excusa para alargar la estancia de las tropas norteamericanas en Irak. Lo que la Casa Blanca ha dejado claro es que no hay un calendario para el retorno de las tropas, sino que éstas se quedarán hasta cumplir la “misión”, pero que también podrían reducir su número conforme las fuerzas de seguridad iraquíes vayan tomando el control de la lucha contra el terrorismo. El inconveniente del mantenimiento de las tropas americanas en Irak es que alimenta el problema de la insurgencia, sobre todo suní, a la ocupación, pero a la vez su retirada podría llevar a una guerra civil entre diferentes bandos -básicamente el suní y el chií- y a la consiguiente ruptura del país. Estados Unidos está en este momento en la encrucijada de que no saber ni cómo ni cuándo marcharse. Es más, sabe que haga lo que haga, las consecuencias de su decisión pueden ser nefastas. Amenaza nuclear Si en el conflicto que mantiene con Irak, EE.UU. ha mostrado un claro unilateralismo, con Corea del Norte e Irán parece que el Gobierno de George Bush cuente con un cierto apoyo de sus “aliados”. Tanto la Unión Europea como Rusia han mostrado reparos a la actitud mostrada por Teherán y el régimen de Kim por el desarrollo de sus programas militares atómicos. En el caso de Corea del Norte, la presión internacional surtió efecto. A finales de septiembre se comprometió a renunciar a sus armas atómicas y a regresar al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) a cambio de ayuda. Desde Washington afirmaron que era una buena noticia comparada con la grave crisis que se puede avecinar si Irán persiste en el desarrollo de armas de uranio enriquecido, desoyendo las amenazas de Norteamérica y de la Unión Europea. El “pacto” con Corea consiste en la renuncia por parte de ésta a su plan de rearmamiento nuclear a cambio de ayuda económica y energética de los países firmantes del acuerdo: Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, China y Japón. Pese a las incógnitas del pacto -debido a que Corea del Norte está bajo un rígido régimen comunista-, el hecho de que Estados Unidos se reafirme en la negociación con este grupo de países es un indicador del consenso que pretende dar George Bush a su política internacional. China ha sido la gran valedora del pacto frente a posicionamientos más firmes y amenzantes de Washington. Pero es evidente que la pobreza que atraviesa Corea ha sido un factor decisivo a la hora de aceptar el desarme nuclear del régimen de Kim a cambio de ayudas económicas. El caso de Irán es diferente. Según las últimas noticias, Irán ha reanudado su programa nuclear. Es más, ha mostrado claramente sus cartas al mundo, afirmando que piensa construir una segunda planta nuclear, a pesar de la presión internacional sobre su programa nuclear, en la provincia de Juzistán. Desde finales de 2003, Irán y la Comunidad Internacional venían acordaron una suspensión voluntaria de su programa de enriquecimiento de uranio, a cambio de una solución negociada del contencioso en vez de impulsar una denuncia contra este país ante el Consejo de Seguridad. En 2004, se reforzó este acuerdo con el llamado tratado de París, con el que Teherán reiteraba su voluntad de mantener suspendido su programa militar mientras negociaba con la UE un amplio paquete de incentivos económicos, políticos y nucleares a cambio de no fabricar su propio combustible. Pero las cosas cambiaron el pasado mes de agosto. Con la llegada de Mahmud Ahmadineyad al poder, y ante la supuesta falta de progreso en las negociaciones, Irán decidió reactivar la planta de conversión de uranio que posee en la zona de Ispahán, en el centro del país. Las conversaciones con los europeos quedaron interrumpidas. Y es que el enriquecimiento de uranio es la parte más sensible del ciclo de combustión nuclear, ya que tiene tanto aplicaciones civiles como militares, en función del grado de pureza del material producido. Así, permite fabricar desde combustible para las plantas nucleares de generación eléctrica -para lo que Irán asegura que lo utiliza- hasta la carga de una bomba atómica. El Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), al que pertenece Irán, no prohíbe este proceso siempre y cuando tenga objetivos pacíficos. Sin embargo, según el OIEA esas buenas voluntades no se han podido comprobar en el caso iraní. Y, ¿cuál es el papel de EE.UU. en todo este asunto? La Administración estadounidense es quien más sospechas tiene acerca del posible mal uso del uranio por parte de Irán. Bush ha incluido a este país en su particular “Eje del mal”. Le señala como fuente de terrorismo islámico y asegura que oculta un programa secreto para la adquisición de armas nucleares. Incluso ha advertido a Teherán de que no descarta la vía militar como último recurso para resolver el conflicto. Washington ha declarado en reiteradas ocasiones su intención de llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones al país islámico ya que considera que el diálogo y la negociación no han conseguido los fines que buscaban: la moderación del régimen fundamentalista y la renuncia a fabricar armas atómicas. Según muchos analistas internacionales, Estados Unidos acabará llevando a Irán ante la ONU porque la posibilidad de otra invasión norteamericana a un país islámico es un tanto remota por tres razones: el enorme gasto y el cuantioso déficit que arrastra Estados Unidos por los costes de la guerra de Irak son enormes y no hay dinero para pagar otra intervención; Occidente tendría grandes problemas de abastecimiento de petróleo ya que Irán es uno de los mayores productores de crudo a nivel mundial; y, por último, las tropas de ocupación sufrirían mucho más que en Irak, tanto por el factor orográfico como por la homogeneidad de la población iraní, como porque los iraníes han tenido tiempo para prepararse. Ante las amenazas de EE.UU. de llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Teherán ya ha respondido que como primera medida suspenderá sus exportaciones de petróleo -2'4 millones de barriles diarios- en caso de que se produzca algún tipo de sanción al país. Ante la falta de unanimidad entre EE.UU. y la UE acerca de Irán -el primero apuesta por llevar al país árabe de inmediato a la ONU, mientras que el segundo aún espera agotar los últimos cartuchos negociadores- el director de la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica), Mohamed El Baradei, advirtió a Irán de que la Comunidad Internacional se “estaba impacientando”, aunque reconoció que este país carece de armas nucleares y no representa una amenaza “inminente”. El Baradei propuso a la Comunidad Internacional que continúe el diálogo con Irán para llegar a una solución y, evitar así, remitir al país islámico al Consejo de Seguridad de la ONU, fase que definió como “la última de las opciones, la más desagradable, pero la más probable según como están las cosas día de hoy”. El Baradei prosiguió afirmando que es partidario de sanciones económicas y de la contención antes que una actuación militar Fracaso en el intento del acuerdo del ALCA En su intento de crear una zona de libre comercio con la mayoría de los países de América, George Bush fracasó nuevamente tras la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina. Pero el presidente norteamericano tiene razones para albergar esperanzas para un futuro acuerdo. La mayoría de medios iberoamericanos hicieron hincapié en las principales diferencias de la reunión argentina como si evidenciaran una polarización irresoluble entre el bloque del TCLAN (Estados Unidos, Canadá y México) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Son muchas las dificultades para avanzar en la firma del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, pero el principal escollo es el rechazo de países como Argentina y Brasil a los subsidios agropecuarios -relativos a la agricultura y la ganadería- de Estados Unidos. Pero pese a estos rechazos, estos países no se oponen al ALCA, sino que quieren una negociación más equitativa y justa. Así, pese a esta “tensión”, muchos analistas señalan que parece inevitable la integración comercial de la región. De hecho, Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados. Los países centroamericanos, más la República Dominicana, también. Incluso países como Perú o Ecuador están elaborando las bases para un tratado semejante. El hecho de que Estados Unidos tenga acuerdos bilaterales de comercio con muchos países del hemisferio sur muestra una clara voluntad de estos países para avanzar hacia un esquema de liberalización económica continental, que es precisamente lo que busca la Administración norteamericana. Pero como muy bien dijo el presidente mexicano, Vicente Fox, la polarización de las Américas puede poner en peligro esta alianza. En este momento existe una gran mayoría de más de 20 naciones que desea el ALCA, y unas seis que se oponen al mismo por motivos diferentes. Estos países opositores serían los cuatro del Mercosur, más Venezuela y Cuba que son, hasta ahora, los dos únicos que defienden la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Este plan es una estrategia de enfrentamiento comercial y político con Estados Unidos, ideada por Chávez. Ni Lula ni Kirchsner, dos importantes economías emergentes encabezadas por gobiernos de izquierda, han firmado el ALBA, y prefieren mantenerse en la lógica de la integración regional que supone el Mercosur, mientras se negocia en busca de un ALCA más equitativa. Otro hecho indicativo del cambio de rumbo en la política estadounidense es el comportamiento respetuoso del presidente Bush con sus homólogos argentino y brasileño -cuando Lula llegó al poder en Brasil, muchas alarmas se desataron en Washington ante la posibilidad de que Brasil siguiese los pasos de Venezuela-. Esta actitud se puede enmarcar en el avance, lento y puede que a veces conflictivo, de una diplomacia entre dos Américas que, finalmente, con democracias ya consolidadas, deje atrás suspicacias del pasado y promueva firmes alianzas entre los gobiernos. Desde el punto de vista político, existe una clara polarización: una América democrática de unas 33 naciones de la región, una América autoritaria, con Cuba como referente y una América híbrido de las dos anteriores que tiene tintes claramente bolivarianos como Venezuela y seguramente Bolivia en un futuro. Muchos de estos países, empezando por México, tuvieron serias rencillas con Washington hasta hace bien poco por la guerra de Irak y sus consecuencias. A día de hoy, con las cicatrices de esa falta de apoyo cerradas, un nuevo panorama se vislumbra para el futuro de América. Desde el 11-S, todo vale para la seguridad estadounidense Después del 11-S, Estados Unidos ha dividido el mundo en dos campos: el civilizado y el bárbaro. El criminal de guerra, el terrorista, el Estado irresponsable, pertenecen a la segunda categoría y personifican lo que Bush llama “Eje del Mal”. Estados Unidos considera que para hacer frente a este eje, está legitimado a usar cuantos medios tenga a su alcance. Y esos medios muchas veces son incompatibles con el derecho y el orden jurídico internacionales. Ese difícil equilibrio entre el trabajo en la sombra y el respeto de las reglas democráticas lo ha roto Norteamérica con comportamientos transgresores de la legalidad internacional. Esto ha provocado la aceptación de la tortura, incorporada con naturalidad a los medios contra el terrorismo, con la bendición de Alberto Gonzales, secretario estadounidense de Justicia, quien en un acto de redefinición eufemística de la tortura la define como “la violencia hecha a los prisioneros siempre que la misma no afecte irremediablemente a su integridad física”. Guantánamo, el Presidio de Bagram en Afganistán, las cárceles de Irak, con la de Abu Ghraib como emblema, son las claves de una siniestra geografía de la humillación con la que EE.UU. ha consagrado una práctica deleznable que ha puesto el grito en el cielo de medio mundo, entre ellos, sus aliados. El asunto de las torturas, más o menos conocidas antes, estalló ante la opinión pública mundial tras el descubrimiento de los vuelos secretos de la CIA -los servicios secretos norteamericanos- y de su red de cárceles secretas fuera de EE.UU., para allí recluir a sospechosos de terrorismo. Durante 2005 se han procesado a militares y un tribunal norteamericano ha condenado a varios soldados acusados de abusar y torturar a presos. Un año después de las primeras fotos aparecidas de Abu Ghraib (abril de 2004), Amnistía Internacional sigue denunciando que aún no ha habido un trato compensatorio a las víctimas de tales abusos. La organización va más allá al afirmar que los malos tratos se siguen cometiendo. Por todo esto, Amnistía Internacional demanda al Gobierno de Estados Unidos una investigación exhaustiva, sobre todo en lo relacionado con las prácticas de detención e interrogatorio en el contexto de “la guerra contra el terrorismo”. Asimismo, reclaman que observadores independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y expertos de la ONU, tengan acceso a todos los detenidos bajo custodia estadounidense. Nombramientos significativos Las directrices que esbozó Bush en la toma de posesión de su segundo mandato dieron a entender que pretendía llevar a cabo una política menos unilateral y menos intervencionista. Es más, quiso dejar claro que pretendía abrirse al multilateralismo y al consenso. Pero con una serie de nombramientos realizados este año, parece no encaminarse en esa dirección. Entre ellos destacan Alberto Gonzales como ministro de Justicia; John Negroponte como único jefe de todos los servicios de espionaje norteamericanos; John Bolton, embajador ante Naciones Unidas, y Paul Wolfowitz designado para dirigir el Banco Mundial. Todos ellos son “halcones” y opuestos al multilateralismo en las relaciones internacionales. Estos nombramientos chocan con lo expresado por Bush en su reunión con varios líderes europeos. “EE.UU. quiere extender la democracia en el mundo, mantener una conversación con el resto de países y no un monólogo”. Muchos de los nombres designados para estos cargos son personas destacadas, al menos hasta ahora, por haber hecho todo lo contrario. Especialmente polémico es el nombramiento de John Bolton, quién durante toda su carrera se ha destacado por oponerse a que Estados Unidos coopere con otros países, en lo que a política internacional se refiere. ¿Qué se puede decir de Paul Wolfowitz para el cargo mencionado? Según “The New York Times”, es el padre de la “guerra preventiva”. Juntamente con Cheney y Rumsfeld, apadrinaron la doctrina rotundamente unilateralista conocida como Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América. El periódico va más allá al asegurar que Wolfowitz es el arquitecto de la guerra contra Irak y uno de los más destacados defensores en Washington del Israel de Ariel Sharon. Quizá en su nuevo puesto cambia de parecer en lo que cuestiones internacionales se refiere, pero no hay que olvidar que el mismo Wolfowitz fue quien alentó a negar contratos en el Irak post-Sadam a todas las compañías europeas no pertenecientes a la coalición “amiga”, según afirma el mismo periódico Pese al recelo mundial causado por estos nombramientos, Sott McClellan, portavoz de la Casa Blanca, resaltó “el fuerte compromiso de Bush para lograr que los organismos multilaterales sean eficaces”. Por su parte, el nuevo embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, John Bolton, declaraba que era un firme partidario de la política multilateral eficaz. El mismo Bolton tiene una batalla personal contra el Tribunal Penal Internacional, organismo que encarna como pocos la vigencia del derecho internacional. Hace pocos años, Bolton dijo que “el apoyo al TPI se basa en gran manera en una convocatoria emocional a un ideal abstracto de sistema judicial internacional, contrario a los más firmes principios de la resolución internacional de conflictos”. Según muchos analistas norteamericanos, las designaciones de Bolton, Wolfowitz, así como la del ministro de Justicia, Gonzales (que persuadió a Bush de que las convenciones de Ginebra no debían aplicarse en Guantánamo), y la de John Negroponte están directamente relacionadas con la aversión del entorno presidencial hacia las instituciones internacionales multilaterales. Estos políticos conservadores, “neocon”, son quienes difunden que la ONU es un desastre, “una institución en profunda crisis y en extrema necesidad de un liderazgo norteamericano firme”. Es decir, Naciones Unidas no sirve a los intereses norteamericanos. La UE no se ha opuesto al nombramiento de Wolfowitz para dirigir el Banco Mundial. Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, dijo que no se debían tener prejuicios en el nombramiento de nadie, sino que había que darle tiempo. El tiempo dio la razón a los escépticos a estos nombramientos ya que meses después de asumir el cargo como embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, propuso al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Jean Ping, y a un selecto grupo de naciones que es necesario introducir cambios importantes en el documento de consenso -sobre la pobreza en el mundo- que estaba listo para ser sometido a la cumbre del 60 aniversario de la ONU. Los objetivos de Bolton son varios, y chocan todos ellos con los propósito de consenso internacional. El embajador norteamericano sugiere quitar todas las referencias a los Objetivos del Milenio -plan de la ONU contra la pobreza- y sustituirlas por una apelación genérica de la reducción de la pobreza. En esta línea, señala que el compromiso suscrito por las naciones ricas para aportar un 0,7% de su producto interior bruto a ayuda internacional debe ser sustituido por un llamamiento a los países pobres para que reformen sus economías para instaurar el mercado. En materia de cambio climático, Bolton quiere anular cualquier referencia al Protocolo de Kyoto. También sugiere eliminar las referencias que existen al Tribunal Penal Internacional, que la Administración Bush intenta ningunear. Bolton se tomó la declaración del 16 de septiembre -que abordaba todos estos temas- como el punto de partida para la reforma de la ONU, intentando hacerse eco de las críticas que tanto el Congreso de EE.UU. como la Casa Blanca vierten hacia la ONU. Con estos hechos está claro que el nuevo multilateralismo que propone Bush pretende buscar alianzas paralelas, en competencia con la ONU, y no en la misma línea. Quizá lo más grave del asunto es la imagen que está dando Bush dentro de Estados Unidos afirmando que la ONU no beneficia en nada los intereses norteamericanos. Entre esa recuperación parcial del multilateralismo -nunca podrá ser completa mientras reniegue de la ONU- está la de la OTAN. Cabe el peligro de hacer de la organización trasatlántica un organismo contra el yihadismo islamista, el “enemigo”, como proponen ciertos conservadores de EE.UU. El problema que se plantea, a finales de 2005, con la OTAN, es que Norteamérica no ve esfuerzos europeos para lograr más capacidades militares, aunque aprecie los esfuerzos de los europeos en zonas como Gaza, Aceh o los Balcanes, o los políticos con Irán. En su viaje por Europa al inicio de su segundo mandato, Bush trató a la UE como un interlocutor estratégico. Ante este hecho, la Unión no pudo responder al reto de potenciar la OTAN ya que estaba en plena criris tras el fracaso de la Constitución Europea en Francia y los Países Bajos. Según Robin Niblett, vicepresidente del Center for Estrategia and Internacional Studies, al no haber sido atacado desde el 2001, las medidas de recortes de libertades que llevaa cabo Estados Unidos -no sólo en su territorio- seguirán. Y si hay un ataque, habrá un rebrote de este tipo de medidas que irán todavía, más si cabe, contra el derecho internacional. Después de todo este panorama, ¿qué quedará? Para Richard Haas, ex jefe de planteamiento político del Departamento de Estado con Colin Powell, se verá, previsiblemente, una sociedad más aislacionista, el abandono de la guerra preventiva, un cierto multilateralismo, pero a su manera y no centrado en la ONU, por parte de un país que seguirá considerándose exento de buena parte del derecho internacional. Una política con menos ambiciones de cambiar el mundo, pero tampoco con más ganas de adaptarse a él. Los vuelos de la CIA: nueva crisis con la UE tras el conflicto iraquí A Bush se le está reabriendo también el frente europeo. En nombre de la presidencia de turno de la UE, el británico Jack Straw tuvo que pedir a Washington “clarificaciones” sobre los supuestos vuelos y escalas en Europa en los que la CIA habría trasladado ilegalmente a presos para interrogarles en cárceles especiales, algunas de las cuales están en países europeos. Washington se comprometió a responder. En su primer discurso en el Bundestag como cancillera, Angela Merkel dejó claro, en referencia a estos vuelos, que las relaciones transatlánticas han de basarse sobre la sinceridad y el respeto a los derechos humanos. Mientras se iban desvelando datos sobre los vuelos secretos de la CIA, la Casa Blanca hizo público el famoso informe sobre la “Victoria Nacional en Irak”. Un documento sobre la situación del país asiático y de las etapas que se debían seguir para ganar en Irak, retirar las tropas y reforzar el papel del país árabe como un país democrático y aliado. Según el periódico “The New York Times”, dicho informe era una estrategia para paliar las críticas que recibía Bush por la situación en Irak y por los vuelos de la CIA. “Esta espinosa cuestión no la tapará ninguna estrategia nacional para la victoria en Irak” concluyó. La secretaria de Estado, Condolezza Rice, hizo un vuelo de urgencia por varios países de la UE, para apaciguar las críticas y la crisis internacional abierta por las presuntas cárceles clandestinas que la CIA tenía por Europa con sospechosos de terrorismo. Rice, se limitó a decir que la CIA impide actos terroristas y que salva vidas en todos los países, por lo que los gobiernos deben decidir si colaboran o no con EE.UU. Además, afirmó reiteradamente que su Gobierno no permite la tortura ni el trato cruel a los presos, e insistió en que las obligaciones de su país, según los tratados internacionales, sobre el trato cruel a los detenidos, “se extienden al personal estadounidense donde quiera que esté, ya sea en Estados Unidos o fuera de ellos”. Estas declaraciones no contrastan con la realidad que impera en las cárceles norteamericanas, sino con una pretensión de cambio en la política norteamericana que responde a la presión internacional y del propio Congreso. El pasado día 15, la Cámara de Representantes apoyó por 308 contra 122 una enmienda que prohíbe la tortura a los prisioneros bajo custodia estadounidense. La iniciativa busca presionar al presidente Bush para que acepte regular por ley el impedimento del trato o castigo cruel, inhumano y degradante a los detenidos. Dicha enmienda vino del senador y previsible candidato presidencial republicano John McCain, y no tardó en tener respuesta por parte del Gobierno. Según la Casa Blanca, esta enmienda limita la capacidad de su país de prevenir más ataques terroristas. EE.UU. sigue ignorando el medio ambiente Otro tema que está provocando altercados entre la diplomacia estadounidense y las del resto del mundo, sobre todo la europea, son las políticas medioambientales. Estados Unidos es culpable de la emisión del 25% de los gases contaminantes del mundo. Pese a encabezar esta estadística, no es el primer país en tomar medidas. A finales de noviembre, se celebró en Montreal la XI Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático. En ella, la UE, Canadá y los países en vías de desarrollo cerraron un acuerdo en el que, por el momento, EE.UU. se niega a participar, para abrir conversaciones sobre las medidas contra el cambio climático tras 2012, año en que concluye el periodo cubierto por el Protocolo de Kyoto. Todo el mundo está a la espera de que Estados Unidos diga si finalmente se suma al acuerdo de principio. Desde el inicio de la cumbre, el 28 de noviembre, EE.UU. no ha querido mantener conversaciones porque se oponen a negociaciones formales, postura que ha bloqueado la cumbre. El ex presidente Bill Clinton realizó el discurso final de la cumbre abogando por el uso de energías alternativas. Hizo hincapié en que esto es posible, no es una utopía, e instó al presidente de su país, George Bush, a no negarse a dialogar sobre futuras medidas para la lucha contra el cambio climático ya que será perjudicial para todo el mundo, incluido los Estados Unidos.


Cronologia año  2005
2 de enero. EE.UU. aporta 350 de los 2.000 millones de dólares de la comunidad internacional a los afectados por el tsunami.

6 de enero. Washington estudia sancionar a Siria por no controlar su frontera.

7 de enero. Siete soldados estadounidenses mueren en un atentado en Bagdad.

9 de enero. Condenado a 6 meses un militar de EE.UU. por la muerte de un detenido iraquí.

12 de enero. Bush lanza una campaña para justificar su plan de privatización parcial de las pensiones. EE.UU. y la UE pactan resolver en tres meses la guerra entre el Boeing y el Airbus.

13 de enero. EE.UU. desiste de la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak.

14 de enero. Bush dice que la invasión de Irak valió la pena pese a la ausencia de armas de destrucción masiva.

16 de enero. United Steelworker y Pace se unen para crear el mayor sindicato industrial en EE.UU.

17 de enero. Washington identifica objetivos nucleares en Irán mediante operaciones secretas.

19 de enero. Condonleezza Rice asegura que para EE.UU. ha llegado la hora de la diplomacia. Según los sondeos, el 58% de los estadounidenses desaprueba la actuación en Irak.

20 de enero. EE.UU. cerró 2004 con una inflación del 3,3%, la mayor en 4 años

25 de enero. Intelectuales y artistas de EE.UU. se movilizan contra Bush.

27 de enero. EE.UU. sufre en Irak la peor jornada desde la Invasión

29 de enero. EE.UU. cierra 2004 con una tasa provisional de crecimiento de 4,4%

1 de febrero. Un juez norteamericano declara inconstitucionales los juicios de Guantánamo.

2 de febrero. Bush defiende ante el Congreso su plan para extender la democracian y combatir la tiranía. La Reserva Federal eleva los tipos de interés al 2,5% en la sexta subida desde junio.

4 de febrero. Bush amenaza a Siria e Irán y pide reformas demcráticas a Egipto y Arabia Saudí.

5 de febrero. Rice asegura que un ataque a Irán no está en su agenda “por el momento”. El Senado confirma a Gonzales como fiscal general.

8 de febrero. La Casa Blanca presenta ante el Congreso el presupuesto para 2006. Bush incrementa el gasto militar a costa de un gran recorte social.

10 de febrero. EE.UU. asegura que las diferencias con Europa sobre Irak están superadas.

12 de febrero. Washington rechaza establecer relaciones bilaterales con Corea del Norte. EE.UU. aprueba una Ley para limitar las demandas millonarias contra las empresas

15 de febrero. EE.UU. exige que Líbano pueda vivir sin la violencia de la ocupación siria.

17 de febrero. Irán y Siria anuncian la formación de un frente común contra las amenazas de Bush. Greenspan respalda ante el Senado la privatización del sistema de pensiones propuesta por Bush.

18 de febrero. Bush designa al embajador de Irak para que coordine 15 agencias de espionaje.

23 de febrero. Bush y la UE sellan su reconciliación.

4 de marzo. Hugo Chávez amenaza con suspender el suministro de petróleo a EE.UU.

14 de marzo. Un juez declara inconstitucional ley matrimonial de California.

16 de marzo. Bush y Blair obligan a Berlusconi a dar marcha atrás en la retirada de tropas italianas de Irak.

1 de abril. Fallece Terri Schiavo.

11 de abril. El presidente de Irak calcula que la salida de Irak de EE.UU. se producirá en dos años.

13 de abril. Sube al 50%l a aprobación de la labor del presidente.

20 de abril. Rice se opone a venta de armas de Rusia a Venezuela.

26 de abril. Rice comienza gira clave por Latinoamérica.

1 de mayo. La investigación de EE.UU. halla abusos contra prisioneros en Guantámano.

6 de junio. Sancionado el general que dirigía cárcel de Abu Ghraib.

14 de mayo. Protesta sangrienta contra EE.U en Afganistan.

15 de mayo. Rice realiza una visita sorpresa a Irak en medio de la incesante violencia.

23 de mayo. Supremo de EE.UU. revisará la ley estatal que limita el aborto entre menores de edad.

31 de mayo. Desvelada la identidad de “Garganta Profunda” en el escándalo Watergate.

22 de junio. EE.UU. anuncia que dará más ayuda alimenticia a Corea del Norte.

1 de julio. Se retira primera jueza de la Corte Suprema de EE.UU.

11 de julio. Los meteorólogos pronostican activa y feroz temporada de ciclones en la costa atlántica. Cerca de millón y medio de personas son obligadas a dejar sus hogares como medida de precaución.

21 de julio. EE.UU., "horrorizado" por los atentados de Londres.

1 de agosto. Bush soslaya al Congreso y designa a Bolton embajador en la ONU.

3 de agosto. Bush y Uribe presentarán un frente unido contra terrorismo

25 de agosto. Las bancarrotas suben 11% desde el mes de enero

27 de agosto. El huracán Katrina cobra fuerza y amenaza con volver a tocar tierra.

30 de agosto. El Katrina arremete con furia contra la costa del sur del país. Bush declara Luisiana zona de desastre.

31 de agosto. Estiman cientos de muertos por el Katrina y la situación se agrava en el sur de EE.UU. Bush cree reconstrucción tardará años.

1 de septiembre. Clinton y Bush padre lideran la recaudación de fondos para las víctimas del huracán.

2 de septiembre. Se Calcula en más de 10 mil los muertos por el Katrina. Bush llega a Alabama para inspeccionar alcance del desastre. El Congreso aprueba 10.500 millones para los damnificados.

4 de septiembre. Fallece de cáncer el presidente del Supremo , William Rehnquist.

20 de septiembre. El ciclón Rita sigue los pasos del Katrina.

28 de septiembre. Condenado a tres años de càrcel un soldado por cometer abusos a prisioneros en Irak,.

30 de septiembre. John Roberts, nuevo presidente de la Corte Suprema.

 


Periodismo Internacional © 2022 | Créditos
Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Aviso legal | Política de protección de datos | Política de Cookies