Anuario 2005
Bangladesh
"Crece el hostigamiento de los grupos integristas islámicos"
C. Ortega-Monasterio

La lucha antiterrorista es, un año más, la asignatura pendiente de Bangladesh. 2005 ha estado marcado por los ataques violentos de grupos terroristas contra todo aquel que se mostrase afín al los partidos de la oposición del Gobierno, principalmente a la organización hindú de la Liga Awami, que acusa al Ejecutivo de la primera ministra, Khaleda Zia, del Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), que encabeza una coalición gubernamental integrada por dos partidos islamistas, de alentar el islamismo radical en todo el país.
Pese al escaso rigor de las investigaciones policiales, que por falta de medios o por presiones no pueden -o no quieren- avanzar en la lucha antiterrorista de su país, todo indica a que los culpables son grupos radicales relacionados con algunos miembros de los partidos que actualmente forman parte de la coalición del Gobierno, como la Sociedad del Islam -Jama'at e Islam-. El 21 de agosto, un atentado con granada contra dirigentes de la Liga Awami que participaban en un mitin causó la muerte de 22 personas y centenares de heridos. La oposición culpó del atentado a grupos islamistas de la coalición del Gobierno, y ésta inició una investigación judicial cuya imparcialidad fue motivo de preocupación tras sugerir el primer ministro que la propia oposición podría haber sido responsable del atentado para empañar la imagen del Gobierno. Asimismo, cinco personas, entre ellas el ex ministro de Economía y uno de los dirigentes de la Liga Awami, Shah Kibria, murieron en el atentado con granada perpetrado el día 27 de enero por la noche en un mitin que se celebraba en el distrito de Habiganj, al nordeste de la capital, Dhaka. Decenas de personas resultaron también heridas.

Según informes del Gobierno, alrededor de 150 personas han muerto durante el año (aunque se teme que sean muchos más), en lo que califican como “muertes bajo fuego cruzado” entre las fuerzas especiales de seguridad, conocidas como Batallón de la Intervención Rápida (un grupo militar formado por el Gobierno y, teóricamente, al servicio de la lucha contra el crimen), y presuntos delincuentes. Casualmente, estos “sospechosos” tenían algún vínculo con los partidos de la oposición al Gobierno, lo que ha provocado múltiples denuncias por parte de éstos y la más absoluta indiferencia por parte del Ejecutivo. Además, miles de personas han sido arrestadas durante 2005 en diversas oleadas de detenciones masivas durante varias semanas sin ninguna acusación clara. Lo más habitual ha sido que los arrestos se produjeran en el transcurso de huelgas generales y de protestas contra el Gobierno organizadas por la Liga Awami. Las organizaciones de derechos humanos de Bangladesh han cuestionado la legalidad de estas detenciones frente al Tribunal Superior, y éste, a su vez, ha pedido en más de un ocasión explicaciones al Gobierno, aunque sin ninguna respuesta.

Según diversos informes de Amnistía Internacional, el nexo entre delincuentes y políticos refuerza la corrupción institucionalizada, la violencia y la impunidad de los abusos contra los derechos humanos. La corrupción está incluso presente en el sistema penal, lo que hace aún más complicado castigar a los terroristas. Ya en 1999, el Gobierno de turno no cumplió con su compromiso de crear un Tribunal Superior que separase el poder judicial del ejecutivo. Sin embargo, y para satisfacción de la oposición, el pasado mes de noviembre se creó el Servicio Judicial de Bangladesh, un posible paso adelante en la lucha anticorrupción.

También han llegado hasta los oídos de Occidente los numerosos actos de violencia contra las mujeres, como ataques con ácido y casos de mujeres muertas en discusiones por la dote. Según la Fundación de Supervivientes de Ataques con Ácido, al menos 153 mujeres han sido atacadas entre enero y octubre, y sólo uno de cada nueve casos que se han llevado a juicio ha acabado en procesamiento. Según los informes, en algunos casos la cuestión se “resolvía” extrajudicialmente entre las familias de la víctima y del responsable.



Represión de la prensa

El 27 de febrero, atacantes desconocidos apuñalaron a Sumi Khan, corresponsal de la revista Weekly 2000 en Chittagong, cuando se dirigía en bicicleta a enviar un artículo a su director. Al parecer, el motivo de la agresión tenía que ver con sus artículos de investigación sobre la participación de políticos locales y grupos islamistas en ataques contra miembros de la comunidad hindú. En 2005 se han registrado dos muertes a periodistas además de denuncias diarias que acusan al Gobierno bengalí de atentar contra la libertas de prensa. Desde hace varios años, la práctica del periodismo supone un gran peligro para todo aquel que lo ejerza, ya que son muchos los casos de periodistas golpeados, hostigados y amenazados al querer llevar a cabo su labor. El pasado mes de mayo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), informó durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2005 que Bangladesh, junto con Filipinas, Irak, Colombia y Rusia, eran los países más peligrosos para ejercer el periodismo.



Precariedad laboral, vida precaria

Desde que comenzó el año han habido 15 huelgas generales en el país a causa de las pésimas condiciones laborales (salarios mínimos, explotación, etc.) que deben hacer frente los bengalíes. El derrumbe de las instalaciones de la fábrica Spectrum, el 11 de abril, fue una tragedia anunciada. La fábrica, que exportaba camisetas a múltiples marcas conocidas a escala mundial, fue construida sobre un terreno pantanoso. Además, el permiso de construcción había sido otorgado para un edificio de cuatro pisos, pero los propietarios decidieron después añadir cinco más. Con el derrumbe, sesenta y cuatro trabajadores murieron, muchos desaparecieron y 84 resultaron heridos, la mayoría de ellos lisiados de por vida. De hecho, no se supo el número exacto de trabajadores afectados durante muchos meses, ya que Spectrum declaró que sus registros habían sido destruidos, y con ellos los datos de los trabajadores que tenían en plantilla.

El gobierno de Bangladesh ha sido duramente criticado a nivel internacional por no ayudar a establecer una industria viable y sostenible para poder proporcionar más puestos de trabajo a sus ciudadanos. Además, las precarias condiciones en las que se encuentra el sector primario del país ha provocado que durante los últimos años exista un intenso fenómeno migratorio que empuja miles de familias de las áreas rurales a trasladarse a las zonas urbanas. Este goteo masivo de gente que busca una mejor calidad de vida ha elevado la densidad de población de la capital, Dhaka, hasta los 1.243 habitantes por metro cuadrado, según los datos de la Oficina de Estadísticas del Gobierno de 2005. A estas circunstancias se suman las condiciones habituales de insalubridad que caracterizan a estos asentamientos, en los que las basuras se amontonan y no existen hábitos de higiene diaria.



¿Puede haber una esperanza económica?

El pasado 14 de diciembre la compañía estadounidense de servicios petroleros WG Petroleum LLC anunció que planeaba invertir 2.500 millones de dólares en los sectores de gas y petróleo en Bangladesh. Económicamente hablando, esta oferta de la compañía americana ha significado un suspiro aliviador para la zona, puesto que se ha dado en un momento en el que el Estado bengalí estaba esforzándose por conseguir ganarse la confianza de posibles inversores internacionales, que ven poco prudente hacer negocios con un país en constante alerta terrorista. Además, la propuesta sigue a otra del grupo indio Tata, que tiene intención de invertir 2.500 millones de dólares en los sectores de fertilización, energía y acero.

Según fuentes gubernamentales, la inversión extranjera directa en Bangladesh creció durante el año 2004 cerca de un 50%, es decir, en unos 660,8 millones de dólares, un ritmo que no ha cesado durante el 2005. La economía de esta región asiática depende en un 35% de la agricultura y el sector primario en general. Esto le hace un país extremadamente vulnerable a las catástrofes naturales, y en especial a las numerosas inundaciones que amenazan el lugar constantemente. De hecho, durante este año, las riadas han sido especialmente crueles con el país, lo que ha provocado que el PIB bengalí haya descendido 0.1 puntos respecto al año anterior.


Entre la violencia religiosa y la lucha étnica

El importante ascenso del movimiento islamista parece ser el principal motivo de prácticamente todas las tensiones que se viven actualmente en Bangladesh. Los partidos islamistas bangladeshíes, pese a haber apoyado en muchas ocasiones a otros partidos políticos que han estado frente al Ejecutivo de Bangladesh, nunca ha ocultado su intención de instaurar un modelo de Estado basado en la ley islámica. Bangladesh es oficialmente un país laico, aunque casi el 90% de su población es musulmana. En los años cuarenta surgió una organización estudiantil (Islamic Chhatra Shibir) que buscaba entroncar el movimiento estudiantil con la ideología islamista, aunque será a partir de los noventa cuando las organizaciones islamistas cobrarán peso y protagonismo. También cabe destacar que hasta los años cuarenta el 30% de la población era hindú, pero debido a los movimientos de población que siguieron a la independencia de la colonia británica y a la posterior partición de la India, este porcentaje se ha reducido hasta llegar al 10% actual. Durante los noventa, y con una importante influencia del movimiento talibán afgano y de la ideología de Osama Bin Laden, se formó el Harkat-ul-Jehad-al-Islami (HuJI), que buscaba el establecimiento de la ley Hukumat islámica (es decir, instaurar un régimen de islamismo radical). Otra organización, Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB), que en ocasiones actúa bajo el nombre de Jammat-ul-Mujahideen, también ha cobrado protagonismo en estos últimos años. Se ha especulado, además que este grupo puede contra con el apoyo de mandos policiales, e incluso de algunos miembros del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que actualmente es el principal partido de la coalición gubernamental. Muchos analistas se preguntan qué hay detrás de estos atentados. Los objetivos no sólo han sido intelectuales y portavoces de ideologías contrarias el Gobierno, sino que también han sido algunas instituciones y edificios gubernamentales, al tiempo que han demostrado que estos grupos tienen una alta coordinación y pueden disponer de la colaboración de cientos de personas para llevar a cabo una operación de tales dimensiones. Otro de los conflictos que más han condicionado al país se sitúa en torno a las colinas de Chittagong Hills Tracts, distrito ubicado en el sudeste del país y rico en recursos forestales y minerales (petróleo, gas, cobre y uranio). Hasta mediados de los años setenta, en la región vivían una docena de grupos étnicos con cultura, religión y lengua diferentes. Sin embargo, con la llegada masiva de colonos bengalíes musulmanes, favorecidos por la legislación centralista y cuya intención era ocupar tierras en las montañas, han sido fuente de importantes tensiones en la zona. Diferentes movimientos en defensa de los derechos de las etnias locales se han enfrentado al Gobierno central, quien no dudó en recurrir a la fuerza y la represión para acallar las protestas. La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Bangladesh y los representantes de las tribus en diciembre de 1997 pareció asegurar que los derechos civiles y políticos de éstas serían respetados, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, ocho años después de su firma, el gobierno de Bangladesh no ha conseguido hacer cumplir en su totalidad las disposiciones más cruciales del acuerdo, incluidas la rehabilitación de todos los refugiados, la colonización de las tierras confiscadas a los pueblos tribales durante el conflicto, la retirada de los campamentos del ejército de Chittagong Hill Tracts y la transferencia del poder a las autoridades locales de la región. El pasado mes de mayo se celebró Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, donde Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Bangladesh que garantizase a los cuatro dirigentes de los pueblos tribales (Mangal Kumar Chakma, Mrinal Kanti Tripura, Ina Hume y Albert Mankin) que no serían sometidos a hostigamiento e intimidación. De momento, esta petición ha serenado en cierta medida la situación. No obstante, las demandas de los grupos autónomos permanecen sobre la mesa, y en cualquier momento se pueden volver a desatar las tensiones en las colinas de Chittagong.


 


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