Anuario 2007
Rumania
"Las diferencias entre liberales y demócratas terminan con la débil coalición de centroderecha "
Alexandra Mestres

Sólo era cuestión de tiempo que las tensiones latentes en el seno de la coalición de centroderecha –en el poder desde finales de 2004– terminaran por dinamitar al Ejecutivo. 2007 ha sido testimonio de ello y, ahora, el Partido Nacional Liberal –(PNL), la tercera facción más importante en la Cámara de los Diputados y partido del primer ministro, Calin Popescu-Tariceanu– tiene  que sobrevivir hasta el final de la legislatura en 2008 con un único aliado en la maltrecha coalición: la Unión Democrática Húngara de Rumania. Además, la hostilidad entre el primer ministro (PNL), y el presidente de la República, Traian Basescu (Partido Demócrata, PD), ha llegado a tal punto que el jefe de Estado se ha tenido que enfrentar a la impugnación de la Cámara Baja y al ulterior referéndum, que ganó, eso sí, con holgada facilidad. Pero los altibajos en la política interna del país han alertado al resto de la Unión Europea –a la cual Rumania pertenece desde el 1 de enero de este mismo año–, que ha visto como estas riñas han arrinconado los esfuerzos del país para luchar contra la corrupción y el crimen organizado; aspectos que, precisamente,  Rumania tenía que mejorar cómo condición sine qua non para su ingreso en la Unión. Sea como fuere, la adhesión del país balcánico a la UE ha traído más de un quebradero de cabeza a los otros países miembros, que, además, han sido testigos del afianzamiento del atlantismo rumano: el Parlamento ha aceptado este 2007 la llegada de 3.000 soldados norteamericanos de forma permanente; aspecto nunca visto en un país ex miembro del Pacto de Varsovia. 
Si ya la marcha del Partido Conservador (PC) de la coalición de Gobierno en diciembre de 2006 dejó al Ejecutivo del liberal Calin Popescu-Tariceanu (Partido Nacional Liberal, PNL) sin una mayoría parlamentaria, el año 2007 no ha hecho otra cosa que ahondar en la inestabilidad por la que atravesaba el Gobierno de centroderecha. El 1 de abril de este año, el primer ministro, Calin Popescu-Tariceanu, decidía romper los maltrechos lazos con el Partido Demócrata (PD) y partido del presidente Traian Basescu. Así pues, de la inicial coalición cuatripartita saliente de los comicios de 2004 –constituida por el PNL, PD, PC y UDHR–, en abril de este año sólo restaban en el poder el partido del jefe de Gobierno, el PNL y la Unión Democrática Húngara de Rumania (UDHR). De este modo, de una Cámara de los Diputados de 332 miembros, los 56 diputados liberales sólo cuentan hasta el final de la legislatura en 2008 con el respaldo de los 22 escaños que aporta la UDHR, y con las ayudas puntuales de la oposición socialdemócrata; se espera, por lo tanto, un fin de legislatura para Tariceanu muy dependiente de este apoyo socialdemócrata, que a su vez es la fuerza mayoritaria en la Cámara Baja. La hostilidad que primer ministro y jefe de Estado se profesan mutuamente es el motivo que yace tras este divorcio político.
    Aunque los encontronazos se remontan al verano de 2006, cuando Tariceanu abogó por la marcha de las tropas rumanas de Irak frente la acérrima oposición de Basescu, lo cierto es que el clímax de las tensas relaciones se alcanzó a mediados de enero de 2007. En una intervención telefónica en un programa de televisión en el que estaba presente el primer ministro, Basescu acusó a Tariceanu de haberle enviado una nota en 2005 donde le pedía “tener una charla con los fiscales” que estaban investigando los quehaceres de un amigo suyo y aliado político, Dinu Patriciu. En ese momento, Patriciu dirigía una de las compañías petrolíferas más importantes del país y se le imputaban los cargos de evasión de impuestos y de recibir tratos preferentes. Así pues, abierta la caja de truenos entre los dos políticos, sólo era cuestión de tiempo que la bomba de relojería terminara por dinamitar los débiles cimientos de la coalición tripartita.
    La respuesta del primer ministro no se hizo esperar. Tariceanu contraatacó aduciendo que Basescu pretendía derrocar su Gobierno, así como destruir su partido. El enfrentamiento abierto entre estas dos figuras provocó, a su vez, el claro posicionamiento propresidencial de los demócratas y el proprimer ministro de los liberales, y la consiguiente fractura entre estos dos socios de Gobierno. Sea como fuere, y después de un mes de bloqueo gubernamental, el 2 de abril de 2007 nacía el nuevo Gobierno bipartito entre liberales y la Unión Democrática Húngara de Rumania. Basescu denunció que el nuevo Ejecutivo no respondía a los deseos del electorado y abogó por convocar elecciones anticipadas. Pero más allá de sus exigencias, el presidente de Rumania cuenta con poderes limitados y entre ellos no se encuentra el de disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas.  
    Sin embargo, y además de las confrontaciones personales entre Tariceanu y Basescu –quien es uno de los políticos más populares y al que también se le conoce por su espontaneidad oral y a veces, temida sinceridad–, la disolución del tripartito era un secreto a voces y augurado desde la creación de la coalición tras los comicios de 2004. Ideológica y pragmáticamente distintos –el PNL es de centroderecha y el PD, de centroizquierda–, su unión puso fin al monopolio gubernamental que había ejercido el Partido Social Demócrata (ex comunistas) desde la caída de la dictadura de Nicolae Ceausescu en 1989, es decir, desde el fin del dominio soviético en suelo rumano. Pero a las diferencias entre liberales y demócratas, a éstos últimos se les sumó un socio incómodo en el seno de la coalición: los conservadores. Tradicionalmente aliados de los socialdemócratas, lo siguieron siendo en la campaña electoral de 2004, pero para su sorpresa y tras los resultados electorales, el líder de los conservadores, Dan Voiculescu, no pudo resistirse a los distintos cargos gubernamentales que el nuevo primer ministro le ofreció. Desde el principio, el presidente demócrata Train Basescu mostró su oposición a aceptar al PC en el seno de la coalición. Finalmente, y después de una escalada en las desavenencias entre demócratas y conservadores, en diciembre de 2006 se daba la primera de las dos escisiones que ha vivido la coalición: los conservadores dejaban sin mayoría parlamentaria al Gobierno de Calin Popescu-Tariceanu.
    Pero lo cierto es que se mire donde se mire, la huella de Traian Basescu se encuentra en casi todos los baches que ha tenido que sortear la coalición; unos baches que, sea dicho de paso, han ido debilitando cada vez más al Ejecutivo. A los enfrentamientos directos con Tariceanu y Voiculescu, hay que sumar la acérrima oposición del presidente a nombrar como ministro de Asuntos Exteriores a Adrian Ciorocianu, candidato propuesto por el primer ministro. El bloqueo de Basescu, aduciendo su falta de experiencia, no sólo ha enfurecido aún más a un de por sí fatigado primer ministro, sino que, además, desde la dimisión en diciembre de 2006 del anterior ministro de Asuntos Exteriores, Mihai Razvan, el país no ha contado con un representante en esta cartera durante meses. Asimismo, este impasse diplomático ha supuesto dejar a Rumania sin embajadores en capitales importantes tales como Londres, París y Washington. Finalmente, en abril Tariceanu nombró a Teodor Melescanu, miembro del Partido Nacional Liberal, nuevo jefe del Ministerio.
    Así pues, el ejercicio de este año 2007 no ha sido tarea fácil para los compañeros de viaje del presidente Basescu, ni para éste mismo. A pesar del amplio apoyo popular con el que cuenta, despierta poca simpatía entre la clase política. El 19 de abril y después del desenlace final en el Gobierno de coalición, el Parlamento rumano aprobaba, con 322 votos a favor y 108 en contra, su impugnación. Fueron cinco las formaciones políticas que respaldaron su suspensión, aduciendo los abusos de poder en los que supuestamente habría incurrido. Pero nada más lejos de la realidad: los motivos reales que había detrás del impeachment eran su firmeza en la lucha contra la corrupción y su intención de limpiar la clase política de los restos del comunismo y de los servicios secretos de la Securitate (policía política de la época comunista). El 19 de mayo se celebraba el referéndum que debía decidir su destino: Basescu ganó con holgada facilidad.  Un 74’4% de los votantes respaldaron el estilo y maneras de hacer del presidente. La Unión Europea, a la que Rumania pertenece desde este 2007, respiró tranquila, ya que el jefe de Estado es uno de los políticos que despiertan simpatías en Bruselas.
    Sin embargo, parece ser que ni la integración de Rumania al seno de la UE este mismo año puede apaciguar los conflictivos derroteros por los que anda la política rumana. Así, por ejemplo, los acontecimientos que se han dado en la cartera de Justicia han sido un desfile de despropósitos y demuestra que Rumania sigue cojeando de sus tradicionales puntos débiles, como es este ámbito. Ya en abril de este año y a partir de la reorganización del Ejecutivo, saltaba la primera chispa con la destitución de la ministra de Justicia, Monica Macovei, a manos del primer ministro, Tariceanu. Macovei, que siempre había aparecido como nombre cercano al presidente Basescu, se ganó el respeto de Bruselas con su cruzada contra la corrupción latente en Rumania. Desde entonces, la ministra, de 48 años, se ha perfilado como la clave para entender la entrada del país en la UE el 1 de enero de 2007: con el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales rigurosos e independientes para erradicar la corrupción, Macovei estaba remediando la asignatura pendiente del país balcánico para poder ser miembro del grupo de los 25. Sin embargo, y a pesar de los amigos que cosechó en Bruselas, en Rumania le surgieron enemigos y prueba de ello fue su rápida destitución con el fin de la coalición tripartita.
    El broche final del escándalo en la cartera de Justicia lo puso el nuevo ministro, Tudor Chiuariu, el cual, el 10 de diciembre y, por lo tanto, ocho meses después de asumir la cartera, dimitía de su cargo. La Fiscalía Anticorrupción lo había acusado a él y a un antiguo ministro de Telecomunicaciones de corrupción cuando, supuestamente, habrían vendido la oficina de inmuebles de la empresa pública de correos a una compañía de titularidad privada y estrechamente relacionada con el Partido Nacional Liberal y del que además Chiuariu es miembro.
    Pero el elevado nivel de corrupción –igualmente sostenido por los últimos informes de la agencia anticorrupción Transparency International– y el ineficaz sistema judicial también se ha puesto de manifiesto con las grabaciones que prueban cómo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Decebal Traian Remes, aceptó un soborno de 15.000 euros, 20 kilos de salchichas y 100 litros de brandy de ciruela. El desenlace de tan excéntrico revuelo terminó con la dimisión de Remes.
    Más allá de las repercusiones políticas, el elevado nivel de corrupción también se ha hecho notar en la economía, ya que, tradicionalmente, ha contaminado los negocios del país. Tras el fin del dominio comunista, Rumania tuvo que hacer frente a una base industrial obsoleta y un modelo de producción que no respondía a las necesidades del país. Sin embargo, la economía empezó a remontar a partir de 2000 gracias a las elevadas importaciones a cargo del mercado europeo; así por ejemplo, en 2006, el 67’7% de las exportaciones tuvieron como destino la Europa de los 25. En los últimos cinco años, el crecimiento del PIB se ha mantenido alrededor del 5’8%, cosa que ha hecho de Rumania una de las economías europeas con un crecimiento  más rápido. Así por ejemplo, en 2006, el Producto Interior Bruto llegó al 7’7%, lo que significó 121.000 millones de dólares.
    La tasa de desempleo en Bucarest y el oeste del país ha disminuido hasta el 2%; sin embargo, muchos expertos apuntan que estos bajos niveles de desempleados se deben, en parte, a la emigración de rumanos en búsqueda de trabajo. Mientras que un rumano gana de media tan sólo unos 300 euros brutos al mes, el salario medio en la UE es de 2.041 euros, según datos de Eurostat. Esta diferencia abismal en los salarios es una de las causas que promueven los flujos migratorios de rumanos a otros países miembros de la UE. De hecho, el mismo presidente confesó que el país estaba atravesando una crisis de mano de obra y dijo que “se encuentra ahora en la posición de no poder sostener casi su propio desarrollo por culpa de la falta de trabajadores”. Se estima que entre 600.000 y 2 millones de rumanos han ido a vivir y trabajar al extranjero desde 1989. Sin embargo, también es cierto que ya en los últimos años ha empezado a surgir en Rumania una clase media y, por consiguiente,  la vasta pobreza latente dentro de sus fronteras va corrigiéndose muy paulatinamente. Todavía en 2005, el 22% de los rumanos –porcentaje que acogía casi al 80% de los gitanos– vivía por debajo del lindar de la pobreza. El noreste del país es la zona que presenta los mayores índices, mientras que en Bucarest se registran los niveles más bajos. A todo esto, hay que sumar una deuda externa en 2006 de 54.400 millones de dólares.
    A pesar de la compleja situación por la que atraviesa ahora el sector agrario del país, lo cierto es que Rumania había sido tradicionalmente un productor importante del sector primario. Según, la Biblioteca del Congreso de los EE.UU., en 2004 el sector agrario representaba el 30% de la ocupación en Rumania, mientras que sólo aportaba un 10% al PIB del país. Desde el fin del comunismo en el país, la agricultura ha vivido grandes cambios, ya que en 1990 toda la tierra era de propiedad colectiva, ya fuera por las cooperativas agrarias o por la titularidad pública de las granjas. Desde entonces, han florecido cuatro millones de pequeñas granjas privadas, aunque ello no haya supuesto la total recuperación del sector.
    Sea como fuere, el ejercicio de 2007 ha demostrado que Rumania sigue el patrón que ha dominado la vida política del país desde el fin del control soviético. Ningún partido político es capaz de ganar la mayoría necesaria para formar un gobierno en solitario, lo cual, junto con las enemistades personales latentes entre políticos, contribuye a la inestabilidad de estos ejecutivos de coalición. También hay otra constante que se ha repetido este 2007, como son las escisiones en las formaciones políticas; así por ejemplo, a finales del año pasado el que fuera líder del PNL y primer ministro entre 1991-1994, Theodor Stolojan, anunció la formación de un nuevo partido, el Partido Demócrata Liberal (PDL), constituido por tránsfugas de la Plataforma Liberal de Tariceanu.
    

El primer año de Rumania en la Europa de los 27 no satisface las expectativas de la UE

    Perdió la oportunidad de entrar en la UE con la mayor ampliación de la Unión, en 2004, en la que se incorporaban 10 países más a los quince que ya había en su seno. Sin embargo, el 1 de enero de este año, Bucarest consiguió el preciado sueño de todos los países de Europa del Este y antiguos países satélites de la URSS: incorporarse desde el fin del comunismo soviético a toda institución europea  y en este caso a la UE. Rumania lo ha hecho este año, de la mano de su vecina Bulgaria y aportando treinta millones de habitantes a una Unión que ya suma 500 millones de europeos y en la que, además, cerca de la mitad de sus miembros son ex países bajo órbita comunista.
    En todo este panorama, la entrada de Rumania no ha dejado indiferente al resto de los países miembros. A pesar de que Bruselas la incorporó este año a la Unión, también es cierto que conminó al país a seguir mejorando sus puntos débiles tales como la corrupción, el crimen organizado, el control de los fondos estructurales y la seguridad alimenticia. Pero la vorágine política por la que ha navegado Rumania este 2007 le ha hecho perder de vista dichos objetivos y replegarse en su política interna. Así, por ejemplo, es paradigmática la ausencia de una Agencia de Integridad Nacional –organismo propuesto a instancias de la Comisión Europea–, como muestra de la lucha rumana contra la corrupción. Monica Macovei fue la que puso más ímpetu en el proyecto, pero con su destitución sus esfuerzos quedaron en papel mojado. Lejos de la institución independiente que ella reclamaba, lo cierto es que el actual borrador del proyecto idea un organismo subordinado al Senado e incapaz de iniciar investigaciones acerca de los activos de los políticos a menos de que haya la luz verde de la Cámara Alta.
    Por todo ello, lejos de permanecer impasible, la Unión Europea ha enviado ultimátums a Rumania como arma de presión para mejorar el sistema judicial en general, así como para paliar la corrupción endémica del país. Y las amenazas de la UE, en el mes de octubre, demuestran que la Unión no se anda con rodeos: a menos que Bucarest revisara el sistema que supervisa los pagos de los granjeros, la Unión Europea retendría una cuarta parte (111 millones de euros) de las ayudas ganaderas previstas para 2008. Así pues, Bruselas quiere para Rumania un nuevo sistema informático que controle el destino de dichas ayudas y que prevenga el fraude y las malversaciones de los fondos de la Unión.
     Pero no sólo los quehaceres internos del país le han supuesto a la UE más de un quebradero de cabeza, sino que las repercusiones externas derivadas de su adhesión también han ayudado. La entrada de Rumania y Bulgaria permitió la formación de un partido de ultraderecha en el Parlamento Europeo: se cumplían las exigencias de la Eurocámara de tener un mínimo de 20 diputados provenientes de al menos cinco países miembros. De este modo y tras una década de intentos para la creación de dicho partido, a mediados de enero se formó Identidad, Soberanía y Tradición, que contó con miembros tales como Jean-Marie Le Pen, del francés Frente Nacional, o la italiana Alessandra Mussolini, nieta del líder fascista. A la nueva formación, Rumania aportó cinco miembros procedentes del partido de Corneliu Vadim Tudor, el partido de la Gran Rumanía. Todos ellos se oponían frontalmente a una hipotética entrada de Turquía a la UE y defendían la abolición de leyes que “restringen la libertad de expresión”, como las que castigan las manifestaciones racistas o la negación del Holocausto.
    Sin embargo, el sueño de los ultraderechistas tan sólo duró diez meses. El 14 de noviembre se disolvía Identidad, Soberanía y Tradición tras la marcha de los diputados rumanos enfurecidos por los comentarios de Alessandra Mussolini después de que detuvieran al supuesto asesino rumano de Giovanna Reggiani, esposa de un oficial de la Marina italiano. “Romper la ley se ha convertido en un modo de vida para los rumanos que residen en Italia y que son incapaces de vivir mediante un trabajo honesto”, declaró Mussolini. Como no podía ser de otro modo, las otras formaciones de la Eurocámara se entusiasmaron al conocer la noticia.
     


Aun la entrada en la UE, Rumania sigue tejiendo sus lazos más allá del Atlántico

    Quizás Polonia y la República Checa han sido los dos países de Europa del Este que han estrechado más claramente sus vínculos con Estados Unidos este 2007. Su luz verde a implantar en su terreno parte del escudo antimisiles norteamericano, que tiene que proteger a buena parte de Europa de un supuesto ataque norcoreano o iraní, según la Administración de George Bush, ha sido una de las muestras más evidentes del atlantismo imperante de estos ex países bajo órbita comunista y que, frente al temor que aún despierta Rusia, buscan el paraguas protector de Washington –se prevé que Polonia acoja 10 cohetes antimisiles, mientras que en suelo checo se espera la implantación de un sistema de radar. Pero lo cierto es que Rumania, así como sus países vecinos, también ha entendido el ejercicio de 2007 como la posibilidad de seguir estrechando sus lazos con los norteamericanos. Por un lado, el 7 de junio un nuevo informe del Consejo de Europa –agencia que defiende los derechos humanos a un nivel paneuropeo– confirmó la existencia de prisiones clandestinas de la CIA tanto en Rumania como en Polonia, y que estuvieron en funcionamiento entre 2003 y 2005. Albergaron miembros dirigentes de Al Qaeda, entre ellos Khalid Sheik Mohammed, que confesó ser uno de los principales ideólogos de los ataques del 11-S; Ramzi bin al-Shaibh, miembro de la célula de Hamburgo y que organizó la conspiración; y Abu Zubaida, considerado una de las figuras más importantes de Al Qaeda. Asimismo, también se probó la existencia de dichas instalaciones en suelo polaco, aunque tanto Polonia como Rumania han negado reiteradamente estas acusaciones.
    De este modo, el informe desacreditaba las conclusiones emitidas a mediados de febrero por la comisión parlamentaria rumana que investigó estas sospechas. En ese momento Rumania descartó la existencia de cualquier instalación de esas características, además de negar que la Agencia Central de Inteligencia hubiera usado el espacio aéreo rumano para trasladar a través de Europa a los sospechosos terroristas. Mientras que las cárceles más importantes se hallaban en suelo polaco –concretamente en Stare Kjekuty, zona militar durante la Guerra Fría–, en Rumania se encontraban prisioneros de bajo rango provenientes de Afganistán e Irak y que fueron retenidos en una base militar cerca del Mar Negro. Las cárceles eran gestionadas en su totalidad por la CIA y, de hecho, a las autoridades locales no se les especificaba el número exacto o la identidad de los prisioneros.
    El informe de Dick Marty, senador suizo y encargado de la investigación, también reveló las condiciones más que cuestionables en las que se encontraban los presos. Vigilados por silenciosos y enmascarados guardias, los presos eran retenidos en estrechas celdas, en las que además se liberaban ráfagas de aire congelado o ardiente, como forma de desgastarles. Además, también se les aplicaba la recientemente polémica tortura del “waterboarding”, esto es, provocar sobre el detenido la sensación de que se está ahogando en agua –aún resuena el escándalo desatado a principios de diciembre cuando la CIA admitió haber grabado interrogatorios en los que se ejercían dichas técnicas y, posteriormente, haber destruido las cintas con las pruebas. Gran parte de las conclusiones del informe yacían sobre el testimonio de agentes de la misma CIA, aunque si bien es cierto que también contaron con indicios materiales, tales como un centenar de vídeos que muestran los traslados de los prisioneros. Así pues, Estados Unidos ha encontrado en Rumania un gran aliado con el que llevar a cabo su “guerra contra el terror”.
    Pero la huella norteamericana no sólo la hemos encontrado como reminiscencia de algo ya pasado. El 2 de mayo de 2007, el Parlamento rumano aprobaba la llegada y el estacionamiento de 3.000 militares norteamericanos en cuatro bases militares en su territorio: el aeropuerto de Mihai Kogalniceanu (costa del Mar Negro) y las bases de Smardan, Babadag (sureste) y Cincu (centro del país). Esta colaboración entre ambos países se debe al acuerdo –con vigencia de 10 años–, pactado por los dos países en diciembre de 2005 y en el que se estipula que Estados Unidos puede usar la base aérea, las zonas de entrenamiento y de tiro que hay en suelo rumano. Cabe resaltar que el principal destino de dicho asentamiento será la base militar de Mihai Kogalniceanu y que, además, este estacionamiento se convierte en la primera presencia permanente estadounidense en un país ex miembro del Pacto de Varsovia.
    Este atlantismo y búsqueda de la protección norteamericana no es de extrañar, aún más cuando en mayo de este año resurgieron con fuerza los viejos fantasmas del comunismo; esto es, dieciocho años después de la insurrección que terminó con la dictadura de Nicolae Ceausescu y del ulterior fusilamiento de éste y su esposa el 25 de diciembre de 1989. De hecho, con el derrocamiento de Ceausescu, Rumania se libró del mandato soviético que la había constreñido desde la firma de un armisticio con la URSS en 1944 y que otorgaba, en la práctica, todos los poderes a las autoridades soviéticas de ocupación. Y fue con el cambio de color político en el Gobierno rumano en las elecciones del 2004 –fue entonces cuando el Partido Social Demócrata, heredero del PC, quedaba en el banquillo de la oposición– cuando se presentó la propuesta del Gobierno liberal de Tariceanu de llevar ante la justicia a 200 antiguos guardias de prisiones de la era Ceausescu, acusados de crímenes contra la paz y la humanidad. De hecho, fueron estos guardias los que, tanto en cárceles como en campos de trabajo forzosos, maltrataron a cientos de presos políticos hasta 1964, y después de forma más disimulada. Golpes, descargas eléctricas, ejecuciones, inmovilización en posturas incómodas, comida insuficiente o abusos sexuales eran algunas de las formas de tortura que practicaban. La más macabra: reeducar a los enemigos del comunismo a base de torturarlos para que después torturaran a sus compañeros.
    Ésta es además una propuesta que se articula alrededor del proyecto de ley que pretende aumentar las pensiones de las víctimas y anular las sentencias de la dictadura. Dicha ley también ha permitido abrir los archivos secretos de la Securitate y prevé una “ley de lustración” para que los que ocupen altos cargos públicos tengan que rendir cuentas de su posible pasado comunista. Aunque esta última reforma ha sido una de las más polémicas y, de hecho, se encuentra bloqueada en el Parlamento. Queda de manifiesto, así pues, los procesos revisionistas que todos los antiguos países controlados por la URSS están haciendo en los últimos años. Después de un periodo centrado en recuperarse económica y socialmente, ha llegado su hora para cerrar heridas que todavía restan abiertas.
    Un tema, el del comunismo, que, además, los expertos asocian indiscutiblemente con el persistente problema de la corrupción en Rumania. Sostienen que detrás de todos los escándalos hay un ex policía secreto o un alto cargo de la Nomenklatura –los ciudadanos que en tiempo de la URSS sostenían cargos administrativos clave en todos los ámbitos sociales, tales como el gobierno, industria, y la educación– que han sabido sacar partido de la información confidencial y contactos que consiguió la Securitate –policía política del comunismo– a base de torturar, espiar y asesinar.  


La inmigración rumana en Italia enciende los ánimos de la UE

Ni las incorporaciones en masa de los países de Europa del Este al seno de la Unión parecen poder acabar con ciertos muros invisibles que aún separan la Europa del Este a la occidental. Así por ejemplo, sus estructuras económicas todavía son bien distintas y estos nuevos socios de la UE también han demostrado que no se pliegan a cualquier exigencia que provenga de Bruselas. Además, la apertura de las fronteras de la Unión hacia el este ha contribuido a importantes migraciones de los nuevos ciudadanos europeos hacia la Vieja Europa. Y Rumania es un caso paradigmático de esta tendencia, pero también de los retos a los que se deben enfrontar los países miembros más veteranos. Así por ejemplo, el asesinato de Giovanna Reggiani, esposa de un oficial de la Marina italiano, a manos, supuestamente, de un rumano fue una de las pruebas a superar para la Europa de los Veintisiete.
    Además, dicho asesinato puso en primera página un asunto candente durante meses e incluso años: la delincuencia protagonizada por ciudadanos rumanos –y especialmente, la ejercida por el pueblo gitano, como en este caso–, con el agravante para Bruselas de que ahora son miembros de la Unión. Así pues, a partir del asesinato de Giovanna Reggiani, el 1 de noviembre, los acontecimientos se siguieron trepidantemente. Romano Prodi convocó una reunión extraordinaria del Gobierno para aprobar un decreto ley que permitiese la expulsión inmediata de los delincuentes procedentes de la UE –aunque no quedara por escrito, el objetivo era básicamente el pueblo rumano residente en Italia. Dicho proyecto perseguía extender a los ciudadanos comunitarios las medidas represivas que se aplican a otros inmigrantes.
    El decreto fue aprobado automáticamente por el presidente de la República italiana, no sin antes desestabilizar la coalición de Prodi que, haciendo de  garante de la caótica vida política italiana, ya se había mostrado suficientemente débil y vulnerable. Mientras que el flanco izquierdo de su Ejecutivo rechazaba el decreto por sus connotaciones xenófobas, la oposición conservadora encontró en el trágico suceso la baza perfecta para atacar y hacer tambalear al Ejecutivo italiano; así, aun pudiendo aprobar el decreto in extremis del primer ministro, la derecha italiana tildó el proyecto de simple parche para una “crisis gravísima” y pidió mano dura con los extranjeros que delinquen o carecen de medios de subsistencia. Mientras que el presidente de Alianza Nacional, Gianfranco Finni, ex ministro de Asuntos Exteriores, abogó por expulsar de Italia a “unas 250.000 personas”, Silvio Berlusconi, ex presidente del Gobierno, planteó la posibilidad de cerrar las fronteras a los rumanos.
    El tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicación no ayudó a apaciguar la convulsa situación. Como ya es de costumbre volvieron a repetir datos alarmantes de los que allí también llaman rom: 556.000 rumanos residen actualmente en Italia (son la comunidad inmigrante más numerosa en el país) y en los últimos cuatro años el número de ellos que viven en Roma ha aumentado un 92%. De hecho, Italia y España (cuenta con 505.670 rumanos en el país) son sus principales destinos. A todas estas cifras, periódicos y televisiones añadieron las estadísticas delictivas del periodo 2004-2006; los rumanos encabezan siete apartados sobre actos delictivos cometidos por residentes extranjeros: homicidios (15’4%), agresiones sexuales (16’2%), robo de automóviles (29’8%), robos por la calle (37%), robos en las casas (19’8%), en tiendas (26’9%) y extorsiones (15%). A todo ello, se le suma el incremento del flujo migratorio de los rumanos hacia Italia desde enero de este año, con su incorporación en la UE y que ha agravado el problema de los asentamientos de chabolas en la periferia de las grandes ciudades.
    Pero la cuestión más importante en todo este panorama es si el decreto promulgado por el Gobierno italiano es o no es compatible con la legislación comunitaria. Precisamente, el año pasado entró en vigor la normativa que regula las expulsiones de nacionales de otros países comunitarios; todo país miembro de la UE cuenta con el aval de Bruselas para expulsarlos siempre que lo haga de forma individual y razonada en motivos de seguridad pública o sanitaria. “Toda expulsión debe fundarse en motivos individuales, que también son aplicables a familias, pero las expulsiones en grupo están prohibidas”, aclaró Friso Roscam, portavoz del comisario, Franco Frattini, responsable de Justicia, Libertad y Seguridad.
    Y desde Bucarest, la posible expulsión de rumanos de Italia fue recibida con críticas y preocupación, ya que alegaron que dicha iniciativa podría desatar una ola de xenofobia contra el medio millón que vive en el país. Sin embargo también es cierto que muchos de ellos justifican las expulsiones de sus compatriotas, siempre que se traten de delincuentes, y, sobre todo, si pertenecen al pueblo gitano, como es el caso del sospechoso, Nicolae Romulus Mailat. A pesar de todo esto, la visita del primer ministro de Rumania, Calin Popescu-Tariceanu, a Italia y el ulterior encuentro con su homólogo italiano rebajó la alarma desatada en Italia. El día 7 de noviembre, seis días después de la muerte de Giovanna Reggiani, y fruto de la reunión que mantuvieron los dos mandatarios, tanto Rumania como Italia se comprometieron a crear un grupo de trabajo que tiene que garantizar la seguridad de la ciudadanía, además de pedir a la UE ayudas destinadas a la integración social de los emigrantes, en especial de los rumanos.
    A la espera de la aprobación parlamentaria del polémico decreto y de las posteriores modificaciones, lo cierto es que el proyecto se ha descafeinado considerablemente desde su redacción de urgencia a principios de noviembre. Sea como fuere, lo cierto es que todo esto no deja de ser un ejemplo de los retos a los que a partir de ahora debe enfrentarse Bruselas. Los miembros de la UE han manifestado el rechazo a una Unión entendida como organización supraestatal –aun la aprobación del nuevo Tratado europeo en Lisboa en diciembre, todavía resuena el fracaso absoluto de la Constitución europea tras los “no” francés y holandés–, y es por eso que abogan por una unidad europeísta al servicio de los intereses económicos y que ha conllevado a estas incorporaciones masivas. Pero a su vez, estas integraciones –tales como la de 2004, que incorporó 10 nuevos miembros a la UE– plantean nuevos problemas como el que se puede derivar del libre movimiento de personas, uno de los pilares sobre los que descansa la filosofía europea, junto con la libre circulación de bienes y el mercado único. “La Unión Europea organizó las normas sobre la circulación de personas pensando en casos individuales. Nunca se llegó a pensar en migraciones masivas, porque nunca ocurrirían. Pero ahora el flujo de rumanos es fortísimo, y dentro de él se camuflan muchos delincuentes. La UE debe hacer frente a ese problema, porque no estamos preparados para afrontar la situación. Debemos perfeccionar las normas europeas sobre movimientos de personas”, declaró Giulano Amato, ministro del Interior italiano en medio de toda la vorágine suscitada por la muerte de Giovanna Reggiani.
    Lo cierto es que la normativa europea establece que no hay limitaciones de tránsito de los ciudadanos comunitarios en los primeros 90 días de residencia en otro país de la Unión, transcurridos los cuales deben demostrar que cuentan con medios de subsistencia, además de no suponer ningún peligro para la seguridad del país de acogida ni para su sistema sanitario. Sin embargo, parece ser que la diversidad interna derivada de las múltiples ampliaciones de la UE pide cambios en la gestión del libre movimiento de ciudadanos europeos.



Cronologia año  2007
1 de enero. Rumania, junto con Bulgaria, entra a formar parte de la Unión Europea. Rumania aporta treinta millones de habitantes a una UE, que ya suma 500 millones de europeos.

15 de enero. Nace en el Parlamento Europeo Identidad, Soberanía y Tradición, partido de ultraderecha y que cuenta con miembros tales como Jean-Marie Le Pen o Alexandra Mussolini. La entrada de Rumania y Bulgaria es lo que le permite partido cumplir con las exigencias que pide la Eurocámara para poder crear grupo parlamentario.

17 de enero. El presidente de la república, Traian Basescu, interviene telefónicamente en un programa de televisión en el que está presente el primer ministro Tariceanu. Basescu acusa al jefe del Gobierno de haberle enviado una nota pidiéndole que hablara con los fiscales que estaban investigando a un amigo suyo con tal de ayudarle. Este encontronazo marca el punto álgido en los desacuerdos entre los dos políticos.

21 de febrero. La comisión parlamentaria rumana, encargada de investigar las sospechas de que Rumania había albergado en el pasado prisiones clandestinas de la CIA, anuncia que no ha encontrado pruebas suficientes que puedan sostener tales acusaciones.    

1 de abril. El primer ministro Calin Popescu-Tariceanu decide romper con uno de sus socios en el Gobierno, el Partido Demócrata (PD) y partido del presidente de Rumania Traian Basescu.

2 de abril. Nace el nuevo Gobierno bipartito entre el Partido Nacional Liberal –partido de Calin Popescu-Tariceanu– y la Unión Demócratico Húngara de Rumania. Atrás queda la inicial coalición cuatripartita saliente de los comicios de 2004. Con las reorganizaciones en el seno del Ejecutivo, la ministra de Justicia, Monica Macovei y miembro del Partido Demócrata, es destituida de sus funciones.

19 de abril. Con 322 votos a favor y 108 en contra, el Parlamento rumano aprueba la impugnación del presidente Traian Basescu.

2 de mayo. El Parlamento rumano aprueba la llegada y el estacionamiento de 3.000 militares norteamericanos en cuatro bases militares.

19 de mayo. Celebración del referéndum que debe decidir el destino del presidente de la república: un 74’4% de los votantes respaldan al presidente y Basescu supera sin dificultades este bache político.

20 de mayo La UE da toques de aviso a Rumania para que retome los esfuerzos para luchar contra la corrupción; Bruselas había establecido la batalla contra la corrupción y el crimen organizado como una de las condiciones sine qua non para que Rumania pudiera entrar en el seno de la Unión.

7 de junio. Un nuevo informe del Consejo de Europa –informe de Dick Marty, senador suizo y encargado de la investigación– confirma la existencia de prisiones clandestinas de la CIA en Rumania y en Polonia entre 2003 y 2005 y, de este modo, desacredita las conclusiones emitidas por la Comisión Parlamentaria rumana en el mes de febrero.

10 de octubre. Dentro del contexto de avisos de Bruselas a Rumania para que combata la corrupción latente en el país, la Unión amenaza a Bucarest con retener una cuarta parte de las ayudas ganaderas previstas para 2008 si no revisa el sistema que supervisa los pagos de los granjeros.

1 de noviembre. Muere Giovanna Reggiani, esposa de un oficial de la Marina italiano, después de que el día 30 de octubre fuera agredida, supuestamente, por un ciudadano rumano. El mismo día 1, el primer ministro Romano Prodi convoca una reunión extraordinaria del Gobierno para aprobar un decreto de ley que permita la expulsión inmediata de los delincuentes procedentes de la UE:

2 de noviembre. El presidente de la República italiana aprueba automáticamente el decreto.
        
5 de noviembre. El presidente de Alianza Nacional, Gianfranco Finni, pide expulsar de Italia a “unas 250.000 personas” y Silvio Berlusconi, ex presidente del Gobierno, plantea la posibilidad de cerrar las fronteras a los rumanos.

7 de noviembre. El primer ministro rumano, Calin Popescu-Tariceanu, visita Roma y se reúne con su homólogo italiano. Fruto de la reunión, los dos dirigentes se comprometen a crear un grupo de trabajo que debe garantizar la seguridad ciudadana.
       
14 de noviembre. Se disuelve Identidad, Soberanía y Tradición tras la marcha de los diputados rumanos.
                 
10 de diciembre. Sólo ocho meses después de asumir la cartera de Justicia, el ministro Tudor Chiuariu dimite de su cargo. La Fiscalía Anticorrupción lo acusa a él y a un antiguo ministro de Telecomunicaciones de corrupción.   

13 de diciembre. Los Veintisiete firman el nuevo Tratado europeo en Lisboa y terminan así con la crisis institucional que se había acontecido en la UE desde los “no” de Holanda y Francia a la antigua Constitución en 2005.
 

 


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