Anuario 2006
Argentina
"Argentina afronta su deuda con los ciudadanos por el “corralito” seis años después"
Pau Cortina

Argentina, que este año preside el Consejo de Seguridad de la ONU, se mantiene en el camino de la recuperación económica, una tendencia sostenida desde la gran crisis financiera del año 2001 que arruinó el país en términos económicos y sociales. Una muestra de la estabilización de la economía y el aumento de las reservas estatales ha sido la cancelación definitiva de la deuda externa que el país había contraído con el FMI. A  principios de año, el presidente Néstor Kirchner cumplió la promesa hecha el 2005 de liquidar la deuda en un solo pago, utilizando a tal efecto casi unt tercio de las reservas monetarias del Banco Central de Argentina para abonar la cantidad de 9.810 millones de dólares. Kirchner, que asumió la presidencia el año 2003 con un apoyo inusualmente reducido (el 22% de los votos), se vió reforzado el último año en las elecciones legislativas, que le han proporcionado una cómoda situación en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría de escaños por su partido, el Frente Para la Victoria. Ahora, el presidente argentino mira de reojo la próxima cita electoral del año 2007 cuando, si finalmente se presenta a la reelección, deberá demostrar si la tendencia que marcaron las legislativas se traduce o no en un apoyo electoral amplio a su persona y a su gestión como presidente. En el contexto de unas presidenciales “a la vista” es donde deben ubicarse medidas como la anulación de la deuda externa o la promesa de devolver el dinero del “corralito” de 2001, pues es seguro que dará buenos réditos electorales al Gobierno. 
La anulación de la deuda externa con un último pago tan elevado se ha leído desde algunos sectores como una apuesta personal de Kirchner por desvincularse de Estados Unidos como tutor de las relaciones interregionales de Argentina en materia económica. Se ha dicho, por ejemplo, que el Gobierno tenía expectativas de llevar a la práctica el acuerdo de colaboración económica firmado con Venezuela, y que el vínculo con los norteamericanos se lo impedía. Verdad o no, lo cierto es que después de finiquitar la deuda, se firmó el acuerdo a tres entre Brasil, Venezuela y Argentina sobre el proyecto de construcción del gran oleoducto transamazónico, y en paralelo, se ha evidenciado el acercamiento comercial entre los dos últimos países.

También este año se ha puesto finalmente sobre la mesa una reivindicación permanente de la clase media afectada por la política del “corralito” del año 2001: que les devuelvan el dinero que perdieron. El embargo por parte del Estado de todo el dinero de millones de ciudadanos depositado en entidades bancarias, como medida para paliar el descalabro financiero, está en vías de resolverse. El Gobierno ha anunciado al término de este año su compromiso de hacer efectiva esta demanda, pero solo para aquellas personas que puedan acreditar que en su día recurrieron ante la justicia por este caso. En total serán unas 50.000 personas, es decir, una pequeña parte del total de afectados. Por otro lado, el importe será devuelto únicamente en pesos, a pesar de que muchos habían ahorrado entonces en dólares. Y no sólo eso, pues la devaluación constante de la moneda a lo largo de los últimos cinco años hará que el importe a percibir sea muy inferior en términos relativos al que poseían el año 2001.

Sin embargo, y a pesar de las limitaciones obvias de las medidas antes mencionadas, los indicadores económicos parecen apuntar a un crecimiento sostenido de la economía. Solo hay un factor que el Gobierno no ha conseguido controlar: la inflación. En el 2005 este indicador llegó al 12,3%, y a principios de 2006 el Ejecutivo ya alertó sobre esta cuestión afirmando que la inflación “es el peor enemigo de la recuperación económica”. La devaluación del peso para favorecer la exportación y el consecuente aumento de dinero en circulación no se ajusta a la capacidad de consumo de la población. Así, el precio de los productos va aumentando paulatinamente y a un ritmo claramente superior al del aumento anual del salario medio. Este año, las previsiones sobre el incremento anual del IPC se sitúan en un 8,8%.

La doctora Dora del Carmen Orfila, de la Universidad de Buenos Aires, sintetiza así el círculo vicioso de la inflación: “Para regular el mercado, el Banco Central compra divisas, y como contrapartida realiza emisión monetaria. Pero para evitar el aumento de la inflación absorbe una gran cantidad de pesos y en consecuencia coloca Lebac (letras del Banco Central) entre los inversores financieros. Eso hace que se incrementen las tasas de interés y por lo tanto los costes, los precios de los bienes y servicios, y finalmente el círculo se cierra con el aumento de la inflación”.

 De esta manera es difícil que indicadores positivos como el nivel de producción total del país, el PIB, que supera ya el 7%, acaben revirtiendo en una mejora visible del bienestar de la población. Cierto es que la gran clase media, que prácticamente desapareció a raíz de la crisis de 2001, poco a poco se va recuperando. Pero este es un proceso lentísimo pues se calcula que actualmente la pobreza afecta todavía alrededor del 45% de la población total. Y a pesar de todo se perciben síntomas de recuperación como la reactivación del consumo y la dinamización de la actividad económica, es decir la producción y el comercio. En este contexto, algunos analistas señalan que la capacidad productiva está llegando a su límite debido a un déficit de las importaciones de bienes y tecnología necesarios para incrementar los objetivos de  producción actual.

Las relaciones interregionales
En el terreno de las relaciones interregionales, destaca el acuerdo alcanzado con Bolivia sobre el precio del gas, un producto que Argentina importa anualmente en gran cantidad. Kirchner ha asumido el aumento de precios que la política energética “proteccionista” del presidente boliviano, Evo Morales, imponía. Hasta un 56% más caro pagará el país el gas boliviano. Además se ha comprometido a seguir importándolo al menos 20 años más. Tanto el interés por hacer efectivo una serie de acuerdos comerciales signados con Venezuela el año 2005 como la aceptación de las condiciones económicas del Gobierno boliviano muestran el pragmatismo de Kirchner, que apuesta por cohabitar con un modelo económico aunque no sea el “suyo”.
 A diferencia de la buena sintonía actual con estos países vecinos, las relaciones con el también vecino Uruguay no pasan por un momento muy dulce. En uno de los pocos puntos que comunican los dos países por carretera, el que une Gualeguaichú (Argentina) con Fray Bentos (Uruguay), la instalación de una fábrica de celulosa de papel ha generado el rechazo de los vecinos del lado argentino por el riesgo de contaminación ecológica que esta actividad industrial puede provocar sobre el río Arroyo Verde. La  planta, que de momento no ha entrado en funcionamiento, es propiedad de Botnia, una sociedad finlandesa que cuenta con el aval y el apoyo económico del Banco Mundial para llevar adelante esta explotación. La empresa española Ence también pretendía construir una planta de celulosa en la zona pero finalmente decidió trasladarse a otra parte de la Uruguay. La movilización de los habitantes de la zona y de militantes ecologistas –organizados en asamblea–, que “ocuparon” el acceso a la fábrica por territorio argentino, comportó que el Gobierno uruguayo desplegara un destacamento policial para custodiar el recinto. Ante la persistencia de los que se oponen a la planta, el presidente de Uruguay, Tavaré Vázquez, envió también el Ejército con el fin de “evitar males mayores”, ya fuera la ocupación de la fábrica, un atentado... El conflicto diplomático entre los dos países no se ha resuelto, y la cuestión ha llegado al Tribunal Internacional de La Haya, donde sus representantes diplomáticos han buscado un veredicto externo. Este tribunal no acepta por ahora la petición argentina de trasladar la “papelera” a otro sitio. Pero en La Haya también se ha valorado el conflicto desde el punto de vista de las consecuencias del corte de las comunicaciones entre países en aquellos pasos fronterizos donde la asamblea se ha movilizado. En efecto, el tramo del río Arroyo Verde que transcurre en paralelo y a unos 12 kilómetros de la frontera entre Uruguay y Argentina, se ha convertido en la “nueva frontera” real controlada por los opositores. El último episodio del conflicto, a mediados diciembre, fue la retirada del Ejército de la planta de Botnia a petición de la compañía finlandesa “para no deteriorar su buena imagen”. Y de hecho, la retirada se produjo sólo dos semanas antes de una nuevo encuentro diplomático a La Haya.

Pulso entre peronismo oficialista y  centro-derecha en Buenos Aires
El 7 de marzo se producía un hecho sin precedentes en Argentina. El alcalde de Buenos Aires se convertía en el primer gobernante destituido por el mecanismo del juicio político. Este sistema es una práctica habitual en este país, y a diferencia de lo que son las mociones de censura o las comisiones de investigación parlamentarias en Europa, el juicio político tiene las virtudes competenciales del poder judicial, es decir que puede causar, como en este caso, la destitución de uno político al margen del apoyo que haya obtenido en las urnas. El alcalde Aníbal Ibarra ha sido cesado de su cargo por su responsabilidad en la “tragedia de Cromañon” –el incendio en una discoteca de la ciudad el año 2004, donde murieron decenas de personas–.

El caso es que este conflicto, trascendiendo el ámbito municipal en el que se jugaba, ha pasado a ser un buen ejemplo del pulso abierto entre el partido oficialista de Kirchner –y -las familias peronistas que le son afines–, y el peronismo de orientación conservadora. Después de que Ibarra, del partido oficialista, fuera suspendido (no destituido) de su cargo en 2004 a petición del candidato de la derecha Mauricio Macri, la fuerza del peronismo de izquierdas en Buenos Aires menguó claramente. Así, en las elecciones legislativas de 2005, lo único que impidió a Macri hacerse con la alcaldía fue la alianza de varios partidos afines a Kirchner. Ahora, coincidiendo con la celebración del juicio político, la ciudad ha vivido grandes manifestaciones de signo opuesto, unas por el cambio en la alcaldía y las otras por la continuidad del representante del oficialismo, lógicamente, con un alcalde de circunstancias que supla el destituido Ibarra. El 25 de mayo, por ejemplo, coincidiendo con los tres años de mandato del presidente, la ciudad acogió una multitudinaria marcha de apoyo a Kirchner que congregó a 350.000 personas.

El pulso entre éstas dos corrientes del peronismo argentino se ha producido ahora en la captial, Buenos Aires, pero el choque da pistas de cuál puede ser el gran duelo en las elecciones presidenciales del año próximo, en las que Kirchner tendrá la oportunidad de refrendar el apoyo popular obtenido en las legislativas, siendo reelegido presidente, o por el contrario, caer derrotado y hacer buenas las previsiones del centro-derecha que ahora saca pecho en la capital.

Hay que decir, no obstante, que el presidente argentino aún no ha anunciado de manera oficial y definitiva su participación en las elecciones presidenciales de 2007, pero sí que mostró, a mediados de año, su predisposición a hacerlo. De confirmarse su candidatura, el presidente tiene grandes posibilidades de ser reelegido, teniendo en cuenta que después de unos años muy convulsos social y económicamente en Argentina, durante su legislatura el país parece haber emprendido el rumbo de la estabilidad institucional y la recuperación económica.

Pero incluso bajo esta “tranquilidad” institucional, en este último año la actividad política en el Congreso argentino no ha estado exenta de polémicas, principalmente centradas en una iniciativa gubernamental para reformar el órgano encargado de designar y revocar los jueces del país: el Consejo de la Magistratura. En febrero, la Cámara de Diputados votó una propuesta de ley que reducía de veinte a trece el número de miembros del Consejo; de estos trece, cinco pasaban a ser representantes del Gobierno y, además, se reducía el número de representantes del mundo profesional (abogados, académicos o jueces) en detrimiento de personas provenientes de la esfera política. La ley se aprobó por la mayoría parlamentaria que Kirchner y los partidos que le apoyan tienen en la Cámara argentina, pero ha suscitado grandes críticas tanto de la oposición como de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, por la situación de vulnerabilidad frente al poder político en la que queda el estamento judicial argentino, y sobretodo, porque aseguran que no es coherente con “todo lo que ha hecho Kirchner por recuperar la credibilidad de la justicia argentina y por fortalecer el Estado de Derecho”. No menos polémica fue la aprobación de una modificación de la Ley de Administración Financiera, el mes de agosto, en virtud de la que el Gobierno ha pasado a tener plenos poderes sobre la gestión de los presupuestos estatales. Así, el Ejectivo está capacitado para modificar las partidas presupuestarias a su gusto, mientras que hasta ahora ello estaba arbitrado por la Ley de Presupuestos, que requería la aprobación del Parlamento.



Cronologia año  2006

 


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