Anuario 2006
Bolivia
"Evo Morales se lanza al control de los recursos energéticos
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Pau Cortina

El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), ganaba las elecciones presidenciales bolivianas por mayoría absoluta y se convertía así en el primer líder político indígena que gobierna Bolivia –lo que resulta un hecho paradójico si se tiene en cuenta que los treinta-seis grupos indígenas de este país representan el 70% de la población–. Después de casi un año de mandato, Morales ha confirmado con hechos la máxima aspiración política que se le atribuía: aplicar la Ley de Hidrocarburos aprobada el año 2004 y conseguir, de momento de manera parcial, la nacionalización de los recursos energéticos. Esta política ha tenido efectos positivos en los indicadores macroeconómicos del país. El presidente boliviano, sin embargo, ha asegurado que la traslación de esta mejora a la economía y bienestar de los contribuyentes se empezará a notar a partir del año que viene. Aparte de la lucha por el control de los recursos energéticos, el gran asunto en política interna del primer año de mandato de Morales ha sido el debate sobre la posible reformulación de la organización territorial de Bolivia. En este debate, donde se enfrentaban básicamente los partidarios de la descentralización y la creación de autonomías con el frente centralista representado por el Gobierno, se ha impuesto el último, en un proceso que no ha estado exento de controversia por el cambio de criterio a última hora de Morales y su partido.
En la toma de posesión, el 22 de enero, Morales declaró “el fin del estado colonial”. Con proclamas como esta el presidente se fue ganando, aún más, la desconfianza de las empresas petrolíferas que operan en el país, la brasileña Petrobras, la francesa Total y la hispano-argentina Repsol YPF (y en menor medida BP, BG y Exxon), y dejó claro que la voluntad de llevar a cabo la nacionalización del sector donde operan estas tres empresas era firme. Hasta hacer efectivo este “control total” de los hidrocarburos, el mes de mayo y mediante el “decreto 28701”, el principal conflicto se produjo con Repsol YPF, cuyos directivos se pronunciaron en contra de la política del Gobierno. La respuesta del presidente boliviano a la actitud reluctante de la compañía –secundada por el Gobierno español, en funciones de mediador– fue la criminalización de sus directivos locales. Primero, la Aduana Nacional demandó la compañía por presunto contrabando de petróleo y se emitió una orden de búsqueda y captura contra el delegado de Repsol en Bolivia. Más adelante la Fiscalía boliviana registró su sede y detuvo dos directivos. Este conjunto de presiones forzaron la dimisión del presidente de Repsol en Bolivia, Julio Gascito, y la intervención en la crisis del presidente de la entidad que posee la mayoría de acciones de la empresa, “La Caixa”, el catalán Antoni Brufau. Desde este momento, Repsol YPF modificó sensiblemente su actitud, entendiendo que era preferible negociar su continuidad en territorio boliviano a pesar de que los beneficios que obtiene en este país cayieran sustancialmente.
     Así, el 24 de marzo, las petroleras internacionales aceptaban –por primera vez– un proyecto de nacionalización del sector “siempre y cuando no pasara por la expropiación y se hiciera concertadamente con el Gobierno”.
     Como se ha dicho anteriormente, este proyecto se formalizó el 1 de mayo con un decreto gubernamental que transfería el control de los hidrocarburos a la “soberanía boliviana”. No obstante, el control total de la gestión y distribución de petróleo que prevé el decreto de nacionalización, y que asumiría la compañía estatal Yacimientos Petroleros y Fiscales de Boliviano (YPFB), no se ha llegado a hacer efectivo aún, ya que el proceso de negociación de renovación de los contratos entre Gobierno y petroleras es lento. Además, la compañía brasileña Petrobras se mostró contraria a “renunciar” a sus “derechos en el territorio boliviano”, y amenazó con recorrer a organismos internacionales para defenderlos. Por eso el ministro de Hidrocarburos boliviano decidió parar el proceso y mantener las negociaciones con la petrolera. A pesar de esta circunstancia, sólo con las auditorías realizadas a las petroleras internacionales para calcular la deuda financiera millonaria (por evasión de impuestos) contraída con el Estado boliviano durante años, y el pago del nuevo impuesto sobre los hidrocarburos, que asciende a treinta-dos millones de dólares, la suma de dinero que ha ingresado el Estado boliviano es enorme.
Con todo, la economía boliviana ya ha notado positivamente los efectos de la política de control de los recursos energéticos; la Ley de Hidrocarburos determina el aumento de la presión fiscal a las empresas productoras de gas y petróleo de uno 18% a un 50%. Además, en el proceso de nacionalización, Morales ha implantado la fiscalización de todas las fases de la producción de crudo, desde su extracción, tratamiento, y comercialización (si bien esta pasaría ahora a ser competencia del Estado). En consecuencia, los ingresos en impuestos han aumentado enormemente en el transcurso del año.
Concretamente, el Banco Central de Bolivia ha hecho público a finales de este año que el volumen de reservas internacionales limpias (RIN) ha llegado a los tres mil millones de dólares, es decir, cuatro veces más que el año 1995, tres más que el 2004 y aproximadamente el doble que el año pasado. Lógicamente, uno de los factores determinantes del gran crecimiento de este indicador macroeconómico es el incremento de los ingresos petrolíferos (fiscales). Pero también se le ha de añadir una balanza comercial positiva por las exportaciones y el fomento del uso de la moneda nacional en detrimento del dólar (aunque la moneda ha tenido una devaluación sensible y continua a largo del año). La consecuencia básica de esta situación de bonanza, según sostiene el gerente de Operaciones Internacionales del BCB, David Espinoza, es la ayuda al pago de las “obligaciones externas” –la deuda externa– y también la posibilidad del Banco Central de ser prestamista “en última instancia” de las entidades bancarias del país, de modo que el sistema financiero queda reforzado y en consecuencia también la confianza de los “depositadores” de dinero en estas entidades: los clientes. Y este no es el único indicador de la economía boliviana que evoluciona positivamente pues en lo que al PIB se refiere, el país ha aumentado el índice a un 4,42% respeto el 4% en que se situó el año pasado. Por contra, el indicador negativo es el índice de precios al consumo (IPC) que arrastra una tendencia inflacionista notable, pues si en el mes de mayo estaba alrededor del 1,42%, en octubre llegó al 3,38% (acumulado), marcando un ritmo de crecimiento que no se ajusta al del salario medio.
La política energética de Evo Morales, así como el hecho novedoso que fuera de origen indígena pusieron en alerta a los países inversores en Bolivia, en el sentido de que no sabían calcular el alcance de sus propuestas electorales ni tampoco el talante del personaje en las relaciones internacionales. Estos dos elementos crearon “alarma” mediática los primeros meses, pero finalmente todo se han ido concretando, a lo largo del año, con más tranquilidad de lo previsto. Políticamente el incidente más destacable entre Bolivia y terceros países se ha producido con el Estado español precisamente por su intervención como parte implicada en el conflicto derivado de la difícil situación que la petrolera Repsol YPF afronta en este país. Pero en todo caso la confrontación de intereses no se ha saldado con ningún ruptura de las relaciones entre los dos países, ni en el plan institucional ni en el comercial. Por otro lado, hay un efecto negativo de las nuevas “políticas izquierdistas” que Bolivia sí ha podido notar a corto plazo. Eso es, una ligera pérdida de las inversiones extranjeras –que quieren estabilidad y garantías de rentabilidad–, reticentes con el país por el efecto alarma del ascenso al poder de uno líder indigenista y nacionalista como Evo Morales.
Pese a ello, en el plano de las relaciones interregionales Morales ha encontrado dos aliados claros: Venezuela y Cuba. Estos dos países han bendecido la victoria de Morales en Bolivia y la han apoyado públicamente en todo lo referente al delicado asunto de la nacionalización de los recursos energéticos. El presidente venezolano, Hugo Chávez, tiene en Bolivia un nuevo aliado en su planteamiento de integración interregional alternativa a la vía neoliberal norteamericana. De hecho el país no se ha demorado y ya integra, junto a Cuba, Venezuela i Nicaragua, la alianza regional antagónica al ALCA (Área de Libre Comercio de las Amèriques), denominada ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latín y el Caribe). A pesar de esta “coalición” de países en buena sintonía, Bolivia también ha debido tratar con Estados latinoamericanos que no son precisamente afines al estilo político de Morales o de Chávez y por supuesto tampoco de Castro. Los ejemplos de Brasil y Argentina son paradigmáticos de un tipo de relaciones más pragmáticas –y no tan marcadas por las afinidades ideológicas– que este año se han centrado básicamente en la cuestión de los hidrocarburos. Argentina, por ejemplo, ha aceptado el sustancial aumento de precio del gas boliviano que importa (lo pagará hasta un 50% más caro) y además se ha comprometido a seguir importándolo por lo menos en los próximos veinte años. Brasil ha vivido más intensamente la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos por la implicación de su empresa petrolera Petrobras, que era una de las más grandes operadoras en terreno boliviano. Pero a diferencia del caso Repsol, con la intervención expresa del Gobierno español como parte interesada, Lula no ha querido ser parte del conflicto entre la compañía gasística y el Estado boliviano.
Por todo este contexto la política interior de Bolivia ha quedado, a nivel mediático, en un segundo término. Estigmatizado el líder boliviano con el sello de “cocalero” y populista se ha olvidado que a pesar del gran apoyo electoral que obtuvo en diciembre de 2005, los episodios de confrontación interna sí han existido. Morales ha afrontado ya al menos tres huelgas en dos sectores diferentes. La primera, la de los trabajadores de la compañía boliviana Lloyd Aéreo, que bloquearan los aeropuertos bolivianos durante un día. La segunda, protagonizada por el sector de los transportes –el sector con una implantación sindical más fuerte– en protesta por el aumento del precio de los carburantes. Y la tercera, también de los transportistas, bloqueó La Paz unos días. Las movilizaciones de los transportistas señalan un hecho un tanto paradójico de la política de Evo Morales: por una parte se avanza hacia la nacionalización de los recursos energéticos para “devolverlos al país”, pero por otra eso no se traduce, como en este caso, en el abaratamiento del precio de la gasolina.
Sin embargo, el conflicto social más grande que ha vivido el país no ha venido de las huelgas concretas de un sector económico u otro sino del debate alrededor de la necesidad o no de reformular la ordenación territorial del país. El Gobierno sometió a referéndum esta cuestión el mes julio. Se trataba de escoger entre la posibilidad de descentralizar el país con la creación de autonomías o mantener la estructura actual. La opción de cambio del ordenamiento es una demanda histórica de las regiones ricas del norte oriental del país –Santa Cruz, Beni y Tarija– que ven en la autonomía la posibilidad de una mejor gestión de sus intereses locales. El “no” a la reforma era la opción con que se identificaba la mitad sur del país, la de la altiplano –y la más pobre-, que por motivos obvios prefieren la estructura actual. Por otra banda, Morales, que había defendido históricamente el modelo autonómico, pidió –él y el MAS (Movimiento al Socialismo)– el voto por el “no”, alegando que detrás del proyecto autonomista se encuentra “la oligarquía y los propietarios de tierras de Santa Cruz”, uno de los departamentos ricos. La victoria del “no” final fue una victoria por Morales. Pero al mismo tiempo eso condicionó el apoyo de los representantes de las regiones autonomistas para aprobar la nueva Constitución boliviana a la Asamblea Constituyente. Con este panorama, el presidente intentó una reforma de la Asamblea por la que obtenía todos los poderes para legislar con “libertad”. La consecuencia fue una huelga general de las cuatro regiones opuestas al centralismo, hecho que forzó el presidente a hacer marcha atrás.
Dejando al margen la “fractura social” derivada del asunto territorial, el Gobierno boliviano ha aplicado políticas de izquierda, que la han conciliado con el voto popular e indígena que le llevó el poder. A destacar, los cambios que afectan a la organización del mismo Ejecutivo: la supresión del Ministerio de la Mujer y los Asuntos Indígenas –“por discriminatorio”– y la reducción de los sueldos de los miembros del Gobierno al 50%. Y también en la política laboral, donde Morales suspendió la “libre contratación” y subió el salario mínimo interprofesional, de manera excepcional, en un 13,9%. También se debe considerar, en este caso como proyecto en marcha, la ambiciosa “segunda revolución agraria”; un largo proceso que empezaba el mes de mayo con un proyecto de ley para eliminar los denominados “latifundios ociosos”, en otras palabras, amplías extensiones de territorio sin explotar.

Continúa la “Guerra del Pacífico”
En lo referente al contencioso con Chile sobre la demanda histórica boliviana de obtener una salida al Pacífico por territorio chileno, el contexto actual parece el idóneo para que se resuelva definitivamente. La presidenta chilena Michelle Bachelet ha aceptado incluir esta demanda en la agenda política de su país en un año en que las relaciones entre los dos países se ha estrechados. En el mes de marzo, Morales y Bachelet pactaban  fortalecer las relaciones bilaterales; más adelante, la presidenta chilena se mostraba conciliadora con la demanda boliviana, y el mes de septiembre Morales negociaba con el país vecino la venta amistosa de gas, pese a la oposición interna a esta medida. La demanda territorial de Bolivia pasa por modificar el límite fronterizo entre este país, Chile y Perú en unos diez kilómetros de anchura, que permitirían unir la ciudad de La Paz con el puerto de Arica (chileno). Con el acceso al pacífico, Bolivia también pide la soberanía en un trozo de esta costa para desarrollar su actividad comercial e industrial.



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