Anuario 2006
Colombia
"Un Uribe fortalecido por la reelección explora la vía política con la guerrilla"
Pau Cortina

Álvaro Uribe se ha convertido este año en el primer presidente de Colombia que obtiene un segundo mandato de cuatro años para dirigir el país. El mismo Uribe consiguió en la última legislatura reformar una disposición constitucional que negaba la posibilidad al presidente de la nación de presentarse a la reelección. Una vez eliminado este impedimento legal, la victoria electoral de su candidatura “Primero Colombia” ha sido abrumadora. Primero, en las elecciones legislativas celebradas el 12 de marzo, los partidos afines a Uribe –los conocidos como “uribistas”–, principalmente Cambio Radical, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática– obtuvieron 61 de los 102 representantes al Senado y 91 de los 166 diputados en el Congreso, es decir, una clara mayoría absoluta. Y finalmente, en las elecciones presidenciales del 28 de mayo, Uribe arrasó al candidato del Polo Democràtico Alternativo, Carlos Gaviria, con un 61% de los votos a favor. De esta manera, el presidente colombiano tiene carta blanca durante cuatro años más para tratar de acabar con la gran asignatura pendiente de Colombia: el final de la violencia armada, cuyos actores son la guerrilla (FARC Y ELN), los paramilitares y el Ejército, policía y cuerpos especiales del Estado. Y todo ello el año en que finalmente Colombia ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un acuerdo que debe facilitar la inversión colombiana en el mercado norteamericano y viceversa, que además confirma las buenas relaciones entre los dos países y la buena sintonía entre los presidentes Bush y Uribe en política antiterrorista.
Uribe se ha ganado la popularidad entre la población del país planteando la lucha por la seguridad ciudadana como principal prioridad de su Gobierno, y a cualquier precio. La consecuencia ha sido una política antiterrorista que a lo largo de su primer mandato se ha hecho visible con actuaciones de “mano dura” y de exhibición de fuerza, es decir con la acción militar y policial como vía prioritaria para acabar con las guerrillas y obviando el diálogo y la negociación política. Solo en el último año de mandato Uribe se mostró abierto a un posible proceso de negociaciones. Un ejemplo del criterio gubernamental es el “Plan Patriota” del año 2004, continuación del anterior “Plan Colombia”, que es un operativo militar que consiste en el despliegue de tropas nordamericanes a la zona norte del país, donde se concentra un gran número de los guerrilleros de las FARC, y también grandes aportaciones económicas por valor de armas, transportes, equipos de comunicación y ejercicios de entrenamiento militares.

Intensificación de la vía política
No obstante, ya desde el año pasado y también durante este año 2006, el presidente ha intensificado la acción política y no sólo la militar para resolver el conflicto, con la apertura de procesos negociadores y medidas conciliadoras entre los diversos actores. El Gobierno ha puesto especial énfasis en la desmovilización de los paramilitares (grupos armados que combaten la guerrilla al margen de la legalidad) como instrumento para forzar el diálogo con las guerrillas. El 2005 se aprobó la Ley de Justicia y Paz, para promover el desarme total de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) –los grupos paramilitares– fijando un período límite que concluye a finales de este año.
 Ahora mismo parece improbable que este plazo se cumpla, a pesar de que el número de desmovilizados ha estado notable. Del total de 20.000 integrantes de las AUC que se contabilitzaban el año 2005, el mismo año –por efecto de la nueva ley- se desmovilizaron unos 10.000. Este año el ritmo no ha sido el mismo. En el mes de enero unos 2.500 paramilitares entregaron las armas (en el departamento de Antioquía), lo que significa la desmovilización más grande de paramilitares desde el año 2003. Pero eso no ha tenido continuidad a lo largo del año. En agosto, y a pesar de la renuncia de 745 militares más, Ernesto Báez, portavoz de las AUC, declaraba que el proceso de paz se encuentra en una “gravísima crisis”, alegando que los paramilitares no cuentan con suficientes garantías de seguridad jurídica una vez desarmados. Así pues, el carácter simbólico esperanzador del abandono del paramilitar más viejo que se conoce, Ramón Isaza, producida el mes de febrero, ha quedado en eso: un acontecimiento aislado. Meses después, en septiembre, se entregaron algunos de los principales líderes de los grupos paramilitares colombianos. Un hecho, este, que ha creado controversia en la opinión pública colombiana porque se desconoce si realmente fue una entrega voluntaria o una detención pactada con el Gobierno.
En cualquier caso, y se cumpla o no el plazo impuesto por la Ley de Justicia y Paz, la desmovilización de paramilitares es un proceso en marcha que se debe atribuir a la voluntad política de Uribe. Lo que ya no está tan claro es que se trate de un proceso irreversible, pues “el estatuto político” especial que se otorga a los paramilitares desmovilizados ni los desposee de los bienes ni de los beneficios económicos obtenidos por el narcotráfico, ni corta con las redes de contacto de estos individuos dentro de los grupos paramilitares. En este sentido, desde la aprobación de la mencionada ley, al Gobierno colombiano le han llovido críticas tanto dentro como fuera del país. Carlos Gutiérrez M., director de la edición colombiana de “Le Monde Diplomatique”, escribía en un artículo publicado en 2005 que la ley de Uribe es una forma encuberta de dar impunidad total a los paramilitares, que se reintegran en la sociedad sin prácticamente ninguna sanción por los crímenes cometidos ni por su vinculación con el narcotráfico. Desde el exterior, las Naciones Unidas, congresistas nordamericanos, editorialistas de todo el mundo y organizaciones pro derechos humanos también han criticado la ley argumentando que pone en peligro la paz, la justicia y el Estado de derecho a Colombia.

Las difíciles relaciones guerrilla-gobierno
Por lo que respecta al proceso negociador con las guerrillas de las FARC y la ELN, la situación se encuentra en una fase mucho más embrionaria. EL Ejército de Liberación Nacional pasa por tener una mayor predisposición a pactar con el Gobierno colombiano y asentar las bases de un proceso de paz que acabe con la violencia y posibilite la reintegración a la sociedad de los guerrilleros. El año pasado la guerrilla dio muestras de esta voluntad negociadora cumpliendo la promesa de desmovilizar la mitad de sus combatientes, unos 11.000 hombres. Desde diciembre de 2005, ELN y Gobierno han mantenido conversaciones formales en cuatro ocasiones, unas reuniones que han tenido como escenario La Habana, Cuba. En el último encuentro, este mes de noviembre, los representantes de las dos partes se pusieron de acuerdo en dos principios básicos del proceso de paz: que se genere un “ambiente” que favorezca la paz y que la sociedad participie en el mismo. Dos compromisos muy ambiguos de los que se desprende una predisposición adecuada de las dos partes pero también una ausencia de acuerdos concretos y de una agenda que regule el avance del proceso.
Las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– son la guerrilla más importante de Colombia y actualmente también la más activa militarmente, por delante del ELN. Las negociaciones con el Gobierno de Uribe se limitan casi siempre a pactos puntuales por intercambios “humanitarios”, es decir, por la liberación de reenes por parte de la guerrilla a cambio de la excarcelación de presos guerrilleros por parte del Gobierno. Las acciones contra esta guerrilla han buscado históricamente impedir no tanto su actividad “violenta” como la producción de cocaina y el posterior narcotráfico, que son la principal fuente de ingresos de la organización.
Pero Uribe, en la línea de reconducir el proceso de paz, preguntó abiertamente a las FARC, el mes de febrero de este año, si estaría dispuesta a abrir negociaciones políticas con el Gobierno una vez las AUC se hayan desarmado definitivamente. Este es un gesto sin precedentes por parte del dirigente colombiano, pero en cualquier caso no obtuvo una respuesta clara de la guerrilla. Como se ha dicho, las FARC se han mantenido activas durante el 2006, reclamando la autoría de más de una decena acciones violentas con víctimas mortales, la mayoría miembros del Ejército y cuerpos policiales del Estado pero también algunos civiles. La última acción atribuida a esta guerrilla se produjo el pasado mes de octubre con la explosión de un coche bomba en Bogotá que causó 23 muertos. Después del atentado, Àlvaro Uribe hizo marcha atrás sobre un nuevo proceso de intercambio para liberar 59 civiles, dejando que fuera el Ejército quien interviniese por la fuerza en la liberación de los reenes. Pero dos semanas después, Uribe rectificaba y volvía a extender la mano a las FARC para reconducir las relaciones entre las dos partes. La guerrilla aceptó el gesto de Uribe y aceptó el mencionado intercambio humano de reenes por guerrilleros, mientras añadía en un comunicado que “una vez superada esta etapa podamos entre todos avanzar en procesos políticos que lleven a acuerdos de convivencia y paz”.
Esta es la dinámica actual en las relaciones entre guerrillas, paramilitares y Gobierno. La reelección presidencial de Uribe ha permitido la continuidad del diálogo entre todos los actores del conflicto; eso ha favorecido –en parte– el acercamiento de posiciones, especialmente del lado gubernamental, pero también ha puesto de manifiesto la dificultad de desenrocar las piezas de un conflicto político-militar en el que hay muchos intereses cruzados.

Un conflicto territorial –ladillo-
El conflicto colombiano, con todo, tiene mucho que ver con la cuestión del control territorial del país, un pastel muy fragmentado entre las guerrillas, los paramilitares y el Ejército (el Estado). El poder de estos actores se mide a menudo precisamente en función de los territorios, zonas o departamentos enteros que controlan y dentro de los que establecen formas de gobierno al margen del Estado colombiano. Así, se produce la situación que “el Estado” como tal no sólo no es soberano en estas zonas sino que en muchos casos ni tan siquiera tiene acceso a ellas.

A excepción de los grandes departamentos del este del país (Amazonas, Viehada, Vaupés...) donde no hay presencia guerrillera ni de paramilitares, el resto del territorio Colombiano constituye un mapa de un complejo entramado de contrapoderes que se disputan la tierra. En primer lugar, las FARC controlan amplias zonas del oeste del país desde el departamento (provincia) fronteriza con Ecuador de Putumayo y hasta determinadas zonas de los departamentos centrales como Santa Fe, Boyacá. Antes del Plan Colombia, la guerrrilla se extenía también hasta el extremo noroeste, en el departamento de Córdoba, pero el despliegue de militares norteamericanos en virtud de este plan la hizo retroceder. EL ELN, que originalmente apareció en los departamentos del nordeste como Santander, extiendiéndose después hacia Bolívar, Araucano o César, ha cedido parte de estos territorios a las FARC y actualmente está presente en el extremo sudoeste del país, básicamente en los departamentos de Mariño, Cauca, Huila y PuntoMayo, donde debe convivir con una presencia importante de las FARC. Los paramilitares están ubicados mayoritariamente en el departamento de Antioquía (alrededor de su capital, Medellín) y en los departamentos limítrofes como Córdoba o Chocó.

Desbloqueo de la negociación del TLC  con EE.UU
Después de 21 meses de negociación entre las dos Administraciones, el 17 de febrero se cerraba el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Si el último año las negociaciones a tres bandas, junto a Perú y Ecuador, se rompieron por diferencias en materia de agricultura y sanidad, finalmente, el consenso ha llegado mediante un acuerdo exclusivo entre los dos países. El tratado es especialmente beneficioso para la economía colombiana, más interesada en acceder al mercado norteamericano que no a la inversa.
 Además, el acuerdo comercial confirma las buenas relaciones entre los dos países, especialmente desde que Álvaro Uribe accedió al Gobierno el año 2001 anunciando mano dura contra las guerrillas. Se considera, de hecho, que Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos en América del Sur, y prueba de eso es la estrecha colaboración de ambos en la lucha antiterrorista. El Plan Colombia –ahora Plan Patriota– supuso una inversión millonaria de los norteamericanos por liberar zonas controladas por las guerrillas, una ayuda que se justifica por la sintonía ideológica entre la Casa Blanca y Uribe en este ámbito.

Buena marcha económica
En el plano económico, en el 2006 Colombia ha mantenido la buena línea de los últimos años en sus indicadores macroeconómicos. El Producto Interior Bruto se situaba el primer trimestre en un 5,96% de crecimiento, lo que significa un aumento de 0,6 puntos con respecto al último trimestre del año anterior, y por lo tanto, la continuidad de la dinámica de recuperación económica del país. A este indicador hay que añadir un descenso continuado de la inflación, un poco por encima de los objetivos (“metas”) estatales pero inferior a la de los dos últimos años, ubicándose en el 4'19%. Esta cifra és más positiva todavía si se tiene en cuenta que el aumento porcentual de los salarios se ha situado ligeramente por encima de la inflación, lo que significa que el aumento de los precios de los productos no ha afectado los bolsillos de los consumidores si no que puede haber ayudado a incentivar el consumo. Según  el Banco de la República de Colombia, en un informe del mes de junio, la demanda interna crece alrededor del 8% mientras que la demanda externa está contribuyendo a la expansión de las exportaciones y el aumento del ingreso nacional. Lógicamente el país tiene importantes bolsas de pobreza que convierten los indicadores mencionados antes en datos orientativos de la tendencia económica que vive Colombia más que en una explicación detallada de las dificultades propias de cada segmento social, especialmente el de los más desfavorecidos. En este sentido que hay que mencionar la gran masa de población rural que tiene aún este país, posiblemente el sector social más pobre y también el que más ha sufrido y sufre el conflicto militar Estado-guerrillas por la gran  implantación territorial de sus actores.



Cronologia año  2006

 


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