Anuario 2006
Chile
"Los progresistas ganan con Michelle Bachelet el año en que ha muerto Pinochet"
Pau Cortina

Chile ha escogido este año nuevo presidente para los próximos cuatro años. Después de una primera vuelta ajustada el diciembre de 2005, la candidata socialista Michelle Bachelet
–sucesora de Ricardo Lagos– que se presentaba por la coalición de centroizquierda, Concentración Democrática, superó en la segunda vuelta del mes de enero a Sebastián Piñeiro, el candidato del Alianza Popular. Esto ha significado una doble noticia para el país: en primer lugar, la novedad que por primera vez en la historia de América del Sur una mujer gobierna un país. En segundo, el hecho de que la coalición progresista se haya mantenido en el poder cuando todos los indicios apuntaban a un relieve hacia el otro gran bloque político e ideológico del país, la coalición de derechas Alianza Popular. Bachelet anunció en cuanto accedió al poder un plan de acción inmediato con treinta-seis objetivos en el ámbito laboral, educativo,  la seguridad social, la investigación y el medio ambiente, que se debía hacer efectivo en los 100 primeros días de gobierno. Pero algunos de estos planes se le han vuelto en contra a la presidenta chilena convertinéndose en conflictos sociales importantes, como por ejemplo su propuesta educativa, que la ha enfrentado con un amplio sector del alumnado de la educación secundaria y del mundo universitario. Además, y dejando en el margen conflictos puntuales por la acción de gobierno, lo más negativo para la imagen de Bachelet han sido los escándalos de corrupción, principalmente el caso Chiledeportes, que ha centrado, al término de este año la atención de los medios chilenos, de la clase política y el poder judicial.

Pero sin duda, este año será recordado en Chile por la muerte del dictador Augusto Pincochet, el militar que gobernó el país entre 1973 y 1988, y que marcha sin haber sido condenado por ningún de las causas abiertas que se le imputan por los crímenes cometidos durante su dictadura. Tras su muerte, en Chile se ha hecho más visible que nunca la existencia de una división social profunda entre detractores y partidarios del personaje.

Por lo que respecta a la política interna chilena, y ante la reedición de un gobierno de la Coalición Por la Democracia hay que situar el complejo mapa de los partidos políticos chilenos y la importancia de las coaliciones políticas, que son la base de la gobernabilidad del país. El mapa político chileno está formado por una gran cantidad de partidos, todos ellos con un apoyo electoral suficiente por obtener cuotas de representación en la Cámara baja y el Senado. No obstante, lo que no existe en Chile es un “gran partido” de masas capaz de obtener una mayoría suficiente por formar gobierno en solitario. Dadas estas circunstancias se estableció desde las primeras elecciones democráticas posteriores a la dictadura de Augusto Pinochet una “cultura de coalición”. Es decir, la formación de bloques que agrupan varios partidos unidos por un denominador común con el objetivo de obtener la mayoría parlamentaria. Estos bloques son dos: la Coalición Por la Democracia y la Alianza Popular. El primero, que actualmente gobierna el país, aglutina los partidos de centro y de izquierdas como el Partido Por la Democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC), Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) y el Partido Socialista (PS), que es el partido de la presidenta Michelle Bachelet y también del expresidente Ricardo Lagos. El bloque de la Alianza Popular está integrado por dos partidos de derechas: Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Pero al margen de la orientación política clásica, se debe tener en cuenta que los dos bloques se crearon en un momento histórico de máxima división social entre pinochetistas y demócratas, o si se prefiere, entre nostálgicos del régimen pinochetista y opositores al mismo. Por ello, desde entonces, y todavía hoy, la voluntad de revisar y juzgar los casos criminales de la dictadura es para unos una necesidad mientras que para los otros es un anacronismo que no tiene sentido. Por lo tanto, este es un elemento de división y discordia bastante significativo entre los dos bloques y posiblemente sea el denominador común más claro que los distingue.
Michelle Bachelet asumió desde el primer momento que el suyo sería un mandato corto de tan solo cuatro años. Es por eso que anunció en seguida los ejes principales de la política social a desarrollar, dando un plazo corto para alcanzarlos. La priorización de la acción social sobre otras cuestiones se debe entender en el contexto de un país en que los indicadores macroeconómicos han sido históricamente sinónimo de crecimiento, lo cual ha favorecido que la agenda política no estuviese condicionada –como sí lo está en muchos países de la región– por la presión de la “recuperación” económica. Y no sÓlo eso, sino que ha permitdo que se destinaran  más recursos al desarrollo social
En efecto, Chile, con una población de solo dieciséis millones de habitantes, es la sexta economía más potente de América Latina, con un crecimiento sostenido del PIB desde los años 90 de un 7%. El país ha apostado por una liberalización económica que la ha llevado a firmar una gran cantidad de Tratados de Libre Comercio con países y asociaciones que representan el 65% de la población mundial como la NAFTA (North American Free Trade Agreement), la Unión Europea, EFTA (European Free Trade Agreement), Corea del Sur o China. Esto, sumado a los beneficios de la exportación de productos industriales, de minería (principalmente el cobre), y en menor medida los agrícolas, explica la buena marcha de la economía chilena. Esta tendencia se ha ido traduciendo en la mejora de los indicadores de desarrollo social, como son por ejemplo, una esperanza de vida de 74,8 años para los hombres y 80,8 años para las mujeres, que es la más alta de toda América Latína, o un índice de alfabetización altísimo y de mortalidad infantil muy bajo, al nivel de los países más desarrollados.
Lo que ya no es tan positivo es la distribución de la riqueza entre los habitantes, que por ahora es muy desigual y crea un gran abismo entre las rentas de los más ricos y los más pobres. De hecho, según un informe de la ONU del año 2005 sobre desarrollo humano, Chile se situa en el número 113 de la lista de países en igualadad de ingresos, entre los últimos 15 del mundo; por ello, la reducción de esta polarización social se presenta como uno de los grandes retos de futuro del país.
La estabilidad económica es pues uno de los elementos que ayudan a entender el programa de gobierno de Bachelet, que por otro lado no se diferencia mucho de su predecesor y compañero de partido, Ricardo Lagos. En palabras de la misma presidenta, el objetivo de su mandato es “aumentar los niveles de prosperidad para llegar al objetivo del presidente saliente, Lagos, de alcanzar el estatus de ‘país desarrollado' el año 2010”. Este objetivo se quiere conseguir, en la medida del posible, con las 36 propuestas hechas por Bachelet al principio de la legislatura (mencionadas al inicio de este artículo). Propuestas que se dirigen a consolidar la estructura del Estado de bienestar mediante políticas que fortalezcan, entre otros, la seguridad social. Así se debe entender el anuncio de reajustar las pensiones más bajas con 300 millones de pesos (unos 600.000 euros) presupuestados a tal efecto, y que deben beneficiar a un millón de pensionistas chilenos, o el acceso automático a la “pensión asistencial”, que se convierte en un derecho. También en materia de sanidad, el Gobierno se ha comprometido a crear 60 centros comunitarios de atención familiar, aumentar hasta 40 las patologías que cubre el sistema público de atención sanitaria y garantizar la gratuidad de la atención hospitalaria a todos los ciudadanos mayores de 60 años. La política laboral también queda recogida en las propuestas de Bachelet, con iniciativas como el aumento del subsidio por paro hasta un 50% del salario mínimo, la normalización de los contratos laborales por horas para facilitar que los jóvenes estudiantes puedan al mismo tiempo trabajar, o una propuesta de ley que establece que el Estado pagará a las empresas las cotizaciones de los jóvenes contratados para incentivar el empleo en este sector social
Un elemento central del programa de gobierno es la educación. Y precisamente en este sector es donde la presidenta ha encontrado más dificultades para conciliar sus propuestas con los receptores de las mismas; ha chocado con una fuerte oposición que le reclamaba medidas integrales y no pequeñas reformas. De hecho, Bachelet anunció una batería de medidas exhaustiva: proporcionar un subsidio para financiar la atención preescolar de las familias que representan el 40% más pobre de la población, agilizar el proyecto de ley “subvención diferenciada” para extender el subsidio también a los niños hasta cuarto curso de primaria, aumentar el número de estudiantes universitarios becados... No obstante, eso no ha impedido un serie de protestas estudiantiles sin precedentes en el Chile posterior a Pinochet. En el mes de mayo, una huelga de alcance nacional fue secundada por unos 300.000 estudiantes de secundaria y universitarios, que reivindicaban  la derogación del actual Ley de Educación (promulgada por Pinochet el día antes de abandonar el poder) que establece el predominio de la iniciativa privada en la educación y que “ha generado la proliferación de escuelas para pobres y escuelas para ricos”. De hecho, con eso los estudiantes negaban a Bachelet la eficacia de sus políticas “correctoras” y le reclamaban  que fuera a la raíz, al origen de la situación actual, que ellos sitúan en la ley de educación vigente. La protesta, que se extendió casi un mes entero, tuvo un gran eco, y además recibió el apoyo del profesorado y la simpatía de la mayoría de partidos políticos. Por eso Bachelet se comprometió a abrir un diálogo con los estudiantes. Finalmente, la presión de estos tuvo sus frutos ya que la presidenta anunció un “paquete” de medidas; la más importante, un proyecto de reforma constitucional que incluya que el Estado “velará por una educación de calidad” y también un proyecto de reforma de la LOCE, la ley orgánica de la educación.
La valoración popular de Bachelet, que peligraba al principio de ésta crisis, finalmente no cayó especialmente, dado que amplios sectores sociales le reconocieron su flexibilidad y voluntad negociadora para con los estudiantes. Paradójicamente, lo que sí está pasando factura a la presidenta es algo que tiene poco que ver con su planificación de la legislatura, y que ha sorprendido en el país por su magnitud. Hablamos de la crisis política generada alrededor de la revelación de un caso de corrupción de gran calado, cuya resolución es aún incierta. Lo que sí se sabe es que Michelle Bachelet se enfrenta, sólo ocho meses después de ser investida presidenta de Chile, a un caso de corrupción sin precedentes en este país.
El escándalo saltó en Chiledeportes, la institución gubernamental que se dedica al desarrollo y la promoción del deporte, y a la que se acusa de hacer un uso partidista del dinero público del que dispone para entregar “recursos” a las instituciones solicitantes de fondos para el desarrollo de proyectos deportivos. En conjunto se trataría de uno total de entre 900 y 1.000 iniciativas aprobadas por un comité técnico, por valor de aproximadamente cinco mil millones de pesos –unos 8 millones de euros–, cuya aprobación dependía de dos directores generales del período que será investigado por el fiscal. Estos dos responsables políticos forman parte de partidos que integran la coalición de gobierno de Bachelet: Juan Michel, del Paritt Democristiano (DC), y Orlando Morales del Partido Por la Democracia (PPD). El fiscal que investiga el caso decidió el mes de noviembre que revisaría todos los proyectos que recibieron asignaciones directas de la dirección metropolitana (del área de Santiago de Chile) de Chiledeportes a partir del junio de 2005 y hasta el octubre de este año, que es el momento en que saltó el escándalo. La explicación más aceptada para justificar como se han podido producir estas irregularidades apunta a la Ley del Deporte, el marco general que regula la actividad de instituciones como Chiledeportes. Esta ley, aprobada antes de que Bachelet fuera presidenta, fija los requisitos que cualquier sociedad (empresa) necesita para poder asolicitar el apoyo económico de esta institución, y parece que el problema reside en que sólo por el hecho de constituirse en “club deportivo” la ley ya permite el acceso a las ayudas. Aprovechando este contexto, muchas empresas habrían presentado multitud de proyectos con el objetivo de obtener fuentes de financiación diversas, sin aclarar cuál era el auténtico objetivo de la solicitud. La consecuencia de esta falta de control real de los proyectos ha sido que en el cómputo global de las subvenciones entregadas en el transcurso de un años, el 50% del fondo se ha repartido entre no más de cinco o seis empresas.
El proceso de investigación del caso no ha hecho más que empezar pero en Chile el tema ya ha suscitado una enorme polémica. La oposición reprocha a Bachelet que no haya intervenido antes en el asunto, teniendo en cuenta que estas prácticas se venían produciendo desde la época de Ricardo Lagos. Por su parte los medios de comunicación chilenos –mayoritariamente de perfil conservador y contrarios al gobierno actual–  centraron su atención en el caso, y abrían día sí día también con la evolución de las investigaciones, la implicación de cargos políticos o la responsabilidad de la presidenta. La crisis en el seno del Gobierno chileno es un hecho, y la primera consecuencia es que en la calle, la buena imagen que Bachelet había cultivado al llegar al poder empieza a diluirse, pues no ha reaccionado con la determinación que muchos le atribuían al inicio de su mandato.

La muerte de Pinochet
Este año será recordado en Chile y en todo el mundo por la muerte, a los 91 años, del dictador Augusto Pinochet. Su desaparición ha puesto de manifiesto la división social en Chile entre partidarios y detractores de su persona. Poco después de que se informase de su muerte, ambos sectores sociales protagonizaran manifestaciones masivas de signo antagónico por las calles de Chile. El féretro de Pinochet, trasladado al edificio de la Escuela Militar de Santiago, vio pasar delante suyo a más de 60.000 personas. Tanto el Ejército como destacados dirigentes de la oposición política reivindicaron un funeral de Estado para Pinochet pero el Gobierno de Bachelet decidió limitarlo a una ceremònia propia de su rango militar, es decir, Jefe de las Fuerzas Armadas.
Dieciséis años después del final de su dictadura militar, el país sigue inmerso en un proceso de revisión de aquel período histórico, con investigaciones judiciales de todo tipo de casos por esclarecer, como la desaparición de personas, la vulneración sistemática de derechos humanos y las responsabilidades políticas de todas las atrocidades cometidas durante los años de dictadura. Desde que en el año 2000 Pinochet fue retenido en Londres a petición del juez Baltasar Garzón, que solicitó su extradición a España para juzgarlo,  este proceso se había intensificado. De todas maneras, a pesar de los años que separan la sociedad chilena de aquellos hechos, el proceso avanzó siempre entre contradicciones procesales y con un importante sector social de partidarios del régimen y seguidores de Pinochet que querían que no se revisase y que, obviamente, se oponían a que se juzgase al general.
El mes de enero de este año un juez procesó la cúpula de la policía política de la dictadura, conocida como la DINA, y posteriormente se retiraba la inmunidad política a Pinochet. Pero una buena muestra de las contradicciones y lentitud del proceso la encontramos en el siguiente caso: el 23 de enero un juez procesó toda a la familia Pinochet por presunto fraude fiscal y sólo un mes después el mismo juez, que estudiaba el origen de la fortuna del dictador, era inhabilitado. En esta dinámica propia del proceso tiene mucho que ver la derecha chilena nostálgica del régimen, representada en el Congreso por la Alianza Popular, que este año ha impedido, entre otras cosas, el ascenso a la Corte Suprema del juez que investigaba las cuentas de Pinochet. En mayo fueron amnistiados seis presuntos responsables de la “Caravana de La Muerte” y el mes de junio un juez anulaba el proceso contra la hija y la mujer del dictador. El 16 de junio la Corte Suprema tomó la polémica decisión de no hacer pública la identidad de los torturadores de la dictadura. En relación a los cargos imputados al dictador por fraude fiscal por evasión de impuestos durante años, se produjo la paradoja que la justicia chilena accedió a levantarle el embargo parcial de su fortuna –una medida que la misma justicia había impuesto– para que Pinochet pudiese pagar como mínimo los impuestos relativos a sus múltiples propiedades
Finalmente, y a pesar de la gran cantidad de causas abiertas y de imputaciones de la justicia chilena, Pinochet consiguió no llegar nunca a sentarse en el banco de los acusados, a tener que declarar ante un tribunal. Tanto la lentitud de los procesos  como la obstrucción reiterada por parte de la oposición han hecho que ya sea tarde para condenarlo. A día de hoy, los jueces chilenos han cerrado todas las causas pendientes contra el dictador decretando su “sobreseimiento” .



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