Anuario 2006
Guatemala
"La justicia agita los fantasmas del pasado"
Sergi Sagués

Dos procesos judiciales contra dos ex jefes de Estado de Guatemala protagonizaron el panorama político de este país en 2006. Se trataba del ex general golpista José Efraín Ríos Montt y del ex presidente Alfonso Portillo. Sobre el primero pesaban cargos de genocidio, tortura, terrorismo y detención ilegal cometidos durante su presidencia. La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu le había demandado, en 1999, ante la Audiencia Nacional española. El juez Baltasar Garzón ya había llevado a cabo un proceso contra Pinochet por cometer crímenes contra la humanidad. En 1998, el juez dictó una orden internacional de arresto de Pinochet para extraditarlo a España. El ex general sufrió un arresto domiciliario en Londres. Menchu quería que los homólogos del general chileno en Guatemala también fueran investigados y procesados. Además, jugaba a su favor el hecho de que el ex presidente Lucas García hubiese ordenado, en 1980, la embajada española. Hubo 36 fallecidos entre ellos su padre. Tribunal Constitucional de Guatemala aceptó, en la última semana del año anterior, dar luz verde a las acciones contra los inculpados. El instructor del caso, el juez Santiago Pedraz, viajó a Guatemala acompañado del fiscal Jesús Alonso, en junio de 2006, para interrogarlo. Pero nada más llegar, se enteraron de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción había suspendido de manera indefinida el proceso.
Los magistrados guatemaltecos también atendieron el recurso de otro de los acusados en este proceso: Germán Chupina. El que fuera director de la desaparecida Policía Nacional alegó que Pedraz no era competente para juzgarlo. Al recurso se sumó una petición de inconstitucionalidad presentada por Ríos Montt, quien calificó las investigaciones de Pedraz y Alonso como una “intromisión y violación a la soberanía nacional”.  Todo ello hizo que Pedraz regresara a Madrid con las manos vacías tras no haber podido interrogar a ninguno de los procesados.
El resto de los demandados por Rigoberta Menchu eran el también general golpista Óscar Mejía Víctores; los generales Benedicto Lucas, Ángel Guevara y Pedro García Arredondo; el ex ministro del Interior Donaldo Álvarez, en paradero desconocido desde diciembre de 2004, y el ex presidente Romeo Lucas García. Este último se libró para siempre del juez Pedraz. Falleció el 27 de mayo a los 82 años de edad en Caracas. Venezuela no aceptó extraditarlo a España en 2005. Sin embargo, la justicia guatemalteca, en noviembre, sí que aceptó extraditar a España a todos los inculpados por el juez Pedraz, salvo el más importante: Ríos Montt.
Guatemala no accedió a extraditar a España a Ríos Montt tras la orden internacional de captura del 7 de julio emitida por el juez Pedraz contra todos los inculpados en el proceso. La defensa del ex general, el abogado Francisco Palomo, había sostenido que no era posible juzgar a Ríos Montt ya que los acuerdos de paz de 1996 incluían una amnistía que eximía de ser juzgados a todos los protagonistas del conflicto. Pero los activistas de derechos humanos critican este argumento porque, según ellos, el genocidio es una excepción y no está amparado por ninguna amnistía.
    El Gobierno de España decidió seguir la propuesta del ministro de Justicia de español, Juan Fernando López Aguilar, de echar un cable al juez de la Audiencia Nacional. Lo hizo solicitando a Guatemala la extradición de Ríos Montt, reforzando así la petición del juez Pedraz. A su vez, Guatemala también solicitó otra extradición. En este caso, se solicitó a México el arresto y la posterior entrega a la justicia guatemalteca de su ex presidente Alfonso Portillo, que gobernó Guatemala desde 1999, y fue sustituido por Óscar Berger, de la conservadora Gran Alianza Nacional (GANA), después de ganar las elecciones de 2003.
    A Portillo se le acusa de haber desviado casi 16 millones de dólares de los fondos públicos del Estado. La prensa guatemalteca elevó esa cifra a más de 500 millones de dólares. México aceptó buscar, capturar y extraditar al ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo el 1 de noviembre de 2006. El ministro de Exteriores mexicano, Luis Ernesto Dérbez, firmó la orden porque consideró que eran suficientemente sólidas las pruebas presentadas por la justicia guatemalteca. Berger y Fox se habían reunido el 10 de octubre para hablar de la extradición de Portillo. Un año antes, los dos países habían firmado un convenio bilateral sobre extradiciones.

Medidas contra la ola de asesinatos
La dificultad para llevar a cabo el proceso judicial contra el ex general genocida Ríos Montt es una metáfora de la impunidad generalizada del crimen en Guatemala. El diputado de la oposición Mario Ronaldo Pivaral, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, fue asesinado el 6 de abril en la capital del país. El político formaba parte de varias comisiones del Congreso. Sólo fue uno de los 5.885 asesinados que hubo en el país en 2006, buena parte de ellos con ensañamiento. Así, la gran cantidad de homicidios que sufre de manera estructural Guatemala volvió a aumentar este año en más de medio millar de víctimas. El único dato positivo fue que el 15 por ciento de incremento medio anual de homicidios de los últimos años se rebajó en un 9,3 por ciento en 2006. Las mujeres guatemaltecas golpeadas, mutiladas, violadas y asesinadas superan en número a las de Ciudad Juárez en México. Sólo en el primer semestre de 2006, ascendió a medio millar el número de guatemaltecas asesinadas. La ONG internacional Casa Alianza daba a conocer, en octubre, otro dato estremecedor: cada mes mueren 47 menores en Guatemala.
Precisamente, en abril se conoció el caso del linchamiento de dos personas en una aldea indígena por haber robado niños. No era ningún caso aislado. El director en Guatemala de Casa Alianza, Arturo Echevarría, explicó a la prensa que en el asesinato de menores estaba participando tanto el crimen organizado como agentes de policía guatemaltecos. El Estado negó la implicación de agentes del Estado en los asesinatos de menores, pero esta ONG asegura que en Guatemala existe hoy una “limpieza social” bajo el pretexto de que se lucha contra las bandas juveniles, otra lacra de Guatemala.
 Miles de menores guatemaltecos de ambos sexos pertenecen a las “maras”. El fenómeno de estas bandas no es un hecho aislado, sino que ocurre lo mismo en el resto de países de Centroamérica. Las “maras” son responsables de una parte de los delitos de narcotráfico, y de más de un tercio de los asesinatos del país. Se trata de una violencia que la mayoría de veces obedece a la rivalidad entre las distintas “maras”. También suelen estar ligadas al proxenetismo. La dificultad de los menores para conseguir trabajo, o las carencias en educación, los expone a entrar a formar parte de las “maras”, donde encuentran un sentido a sus vidas, aunque este acabe siendo absolutamente irracional. Las “maras” son una buena metáfora del caos de violencia que sufre este país.  Precisamente, la principal crítica que se le hace a Berger es que no ha conseguido parar ni a las “maras” ni a la delincuencia organizada ni al narcotráfico. Quizás la comunidad internacional le ayude a cambiar la situación a partir de ahora.
La ONU firmó, el 13 de diciembre, un acuerdo con la Administración Berger con el fin de frenar la sangrienta ola de asesinatos que azota Guatemala. El acuerdo consistía en crear la Comisión Internacional en contra de la Impunidad. Estará formada por varios ex fiscales no guatemaltecos que investigarán y colaborarán con la justicia de Guatemala para instruir denuncias contra bandas armadas, el grueso de las cuales, a excepción de las “maras”, tuvieron su origen en la guerra civil. Pero al Gobierno de Guatemala se le critica que, a la vez, se siga usando al Ejército para atajar el creciente número de asesinatos.  
Berger nombró, el 29 de diciembre, al nuevo ministro de Defensa, general Ronaldo Cecilio Leiva, que sustituía a otro general, Francisco Bermúdez. Las organizaciones de derechos humanos criticaron que Bermúdez considerara el aumento de la seguridad de los guatemaltecos como el reto que debía perseguir su sucesor en 2007. Según las organizaciones, de la ola de asesinatos sólo se debería ocupar la Policía Nacional Civil (PNC). Otro de los focos de la lacra de crimen que hay en Guatemala se encuentra en el narcotráfico, que hace de este país un lugar de paso de la principal ruta de introducción de la droga consumida en EE.UU.
 Según el Gobierno estadounidense, tres cuartas partes de la cocaína consumida por su población pasó por Guatemala antes de entrar a EE.UU. por México. Se calcula que 150 toneladas de cocaína cruzan Guatemala cada año, aunque un diez por ciento se queda para el consumo local. Cabe recordar aquí el escandaloso encarcelamiento en noviembre del año anterior del mayor responsable antidrogas de Guatemala de ese momento, Adan Castillo, por haber conspirado para introducir droga en EE.UU. La detención fue esperpéntica, al producirse mientras Castillo daba, en Virginia, una cínica conferencia sobre la lucha contra el narcotráfico. A mediados de diciembre, el presidente de México, Felipe Calderón, ordenó reforzar la vigilancia de la frontera con Guatemala. Cada año entran 400.000 indocumentados a Chiapas a través de la frontera de Guatemala con México. Calderón dijo que los guatemaltecos que entraran a México con fines criminales no serían bien recibidos.


Pugna con Caracas
    En junio de 2006, trascendía el apoyo de EE.UU. a la candidatura de Guatemala para relevar a Argentina, a partir del 1 de enero de 2007, en uno de los dos asientos reservados al grupo de países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Administración Bush quería presionar para evitar que la Venezuela de Hugo Chávez lograse sentarse en el Consejo. Guatemala reaccionó con preocupación a esta información. Según la Administración Berger, este apoyo podía ser contraproducente y provocar el efecto contrario del deseado por la Casa Blanca, fastidiando el ansiado objetivo del país centroamericano.
    Guatemala había presentado su candidatura en 2002, tres años antes que Venezuela.  La elección entre ambos países adquirió una gran resonancia por las intenciones de Chávez de oponerse por sistema a Washington si Venezuela lograba el asiento. El 16 de octubre de 2006, la Asamblea General de la ONU empezó las votaciones para decidir cuál de los dos países se sentaría en el Consejo de Seguridad. Tras 47 rondas de votaciones, Guatemala ganó en 46, pero fue incapaz de conseguir los dos tercios de los votos requeridos para convertirse en miembro del Consejo. Ambos países rechazaron retirarse y provocaron una situación de estancamiento.
Tras varias reuniones fracasadas entre ambos países, el 1 de noviembre se anunció que Panamá sería el candidato de consenso para representar a América Latina junto a Perú, que ocupa el otro asiento de esta región hasta 2008. No era la primera vez que se solucionaba la disputa por un asiento con un candidato de consenso. En 1979, Cuba y Colombia compitieron por un asiento en el Consejo de Seguridad. En aquella ocasión, tras un centenar de votaciones, se pactó que fuese México el candidato de consenso.


El país que más crece en la región
Guatemala está en la posición número 118 del ránquing internacional del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Tiene un coeficiente de 0,67 y está en el grupo de países de Desarrollo Humano Medio.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), su renta per cápita anual, en 2006, fue de 2.108 dólares. Pero nada menos que tres cuartas partes de su población viven en la extrema pobreza. En Guatemala, la mitad de la población trabaja en el campo. Esto la ha hecho más vulnerable a las políticas neoliberales de los últimos años. Peor aún: Berger firmó el 10 de marzo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. Vista la experiencia de países vecinos, como México, la situación económica rural empeorará. Si se repite lo que pasó en los países que ratificaron el TCL, los precios de los productos agrícolas se desplomarán. Las zonas rurales indígenas guatemaltecas no podrán afrontar la competencia del grano estadounidense. Aparte, el TCL dará luz verde a las multinacionales para explotar de manera desenfrenada los recursos naturales, ya que la “Ley de Concesión”, un proyecto neoliberal del gobierno guatemalteco, abrirá la puerta de los bienes y servicios públicos al capital extranjero. De nuevo, las poblaciones indígenas corren el riesgo de quedar en peor situación tras expropiárseles sus tierras. Por otro lado, los que no trabajan en el campo, sufren explotación laboral. Por ejemplo, las guatemaltecas empleadas en las “maquilas”, fabricas con subcontratación donde, sobre todo, hay mujeres. Éstas trabajan 70 horas semanales por salarios que no cubren sus necesidades básicas.
Pese a este alto grado de miseria en la población, en 2006, el PIB de Guatemala creció en un 4,6 por ciento, según el FMI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el mayor índice de los últimos ocho años y uno de los mayores de toda la región. Así, el Gobierno de Óscar Berger fijó el reto, para 2007, de superar el 5,1 por ciento de crecimiento del PIB.  El vicepresidente, Eduardo Stein, dijo que, pese a que en septiembre de 2007 habría elecciones, y que eso suele desacelerar la economía, todo apuntaba a que el año próximo se repetiría el éxito de 2006.
El PIB creció gracias a un aumento del consumo privado, ya que llegaron más remesas familiares, el dinero que envían los emigrados a sus familias desde el extranjero. Sin embargo, en 2006, hubo 18.305 deportaciones de guatemaltecos que residían en EE.UU. Los emigrados guatemaltecos no sólo son adultos: un 1 por ciento de los niños nacidos en Guatemala en los últimos años fueron adoptados por parejas estadounidenses, 4.275 en 2006. Otro motor de la demanda fue el turismo, que mejoró un 16,4 por ciento y alcanzó los 1.012 millones de dólares, siendo, junto a las remesas, la mayor fuente de entrada de divisas. La demanda también aumentó gracias a que hubo una mayor inversión de las empresas, sobre todo en la construcción. Pero este aumento de la demanda interna hizo subir la inflación, que fue del 5,79 por ciento. Para contener los precios, el Banco Central elevó tres veces, en 2006, los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en un cinco por ciento.  
  El déficit fiscal fue del 1,7 por ciento del PIB. Uno de los principales gastos de la Administración fue el de las reparaciones por los destrozos de la tormenta tropical “Stan”, que azotó el país en octubre del año anterior. Pero, aunque la entrada en vigor del TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. hizo bajar los ingresos de aduanas, varias medidas del Gobierno para perseguir el contrabando y la evasión de impuestos aumentaron los ingresos del Estado en un siete por ciento, cosa que redujo el déficit fiscal.
En cuanto al sector exterior, las exportaciones aumentaron un 10 por ciento, y llegaron a ser, en 2006, de 5.478 millones de dólares. Las importaciones subieron un 12,5 por ciento, y registraron la cantidad de 10.783 millones de dólares. El déficit en la cuenta corriente fue del 4,3 por ciento del PIB. Contribuyó a ello el alto precio que alcanzó el petróleo, que representó una quinta parte del total de las importaciones. Pero la entrada de capitales extranjeros superó al déficit comercial, y esto propició un superávit en la balanza de pagos de 225 millones de dólares. La razón fue que, con la entrada en vigencia del TLC, aumentó la inversión extranjera directa, que alcanzó los 325 millones de dólares. Este flujo de capital fue a parar a los sectores de comunicaciones, del comercio y a la industria química. 


Fallece el golpista que prendió fuego a la Embajada española


El ex jefe de Estado de Guatemala, entre 1978 y 1982, Fernando Lucas García, falleció por atrofia cerebral generalizada a los 82 años de edad, el 27 de mayo de 2006, en un hospital de Caracas, donde residía desde que empezara su exilio en 1982. Venezolana era su mujer, Elsa Cirigiliano, con la que vivió en Puerto La Cruz, a 200 kilómetros de la capital. Cirigiliano alegó, en 2004, a la justicia venezolana que su marido no podía ser juzgado por su estado de salud. También sufría diabetes, Alzheimer y una infección urinaria crónica. Aun así, la justicia española pidió su extradición a Venezuela en 2005.
Era uno de los ex dirigentes guatemaltecos incluidos en la demanda presentada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu. Indígena quiché guatemalteca, Menchu vivió en sus propias carnes la represión de Lucas García. Su padre murió, junto a 36 personas más, en el incendio de la embajada española de 1980. Las heridas graves que sufrió el embajador Máximo Cajal provocaron que se acusara a Lucas García de asesinato en grado de tentativa. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela denegó su extradición a España. La había pedido el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. Según Venezuela, había acabado el plazo de presentación de la documentación correspondiente al caso Lucas García. Aparte de provocar el incendio de la embajada española, el ex general también había gobernado Guatemala con mano de hierro durante su mandato.
Ganó las elecciones de 1978 contando con el apoyo de la extrema derecha: el Institucional Democrático y Revolucionario. La oposición nunca reconoció los resultados. Durante su mandato, los indígenas de Guatemala fueron perseguidos. La Fundación Rigoberta Menchu lamentó que Lucas García hubiese fallecido sin recibir un castigo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. La represión empeoró con la llegada al poder de Ríos Montt.


Promesas incumplidas tras diez años de paz


La guerra civil de Guatemala fue una de las más violentas que hubo en Latinoamérica. Varios generales gobernaron el país en las últimas cuatro décadas del siglo XX, y llevaron a cabo brutales represiones. La insurgencia estaba formada por varios grupos guerrilleros, que en 1982 se unieron y crearon la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El conflicto estaba enmarcado en la inestabilidad latinoamericana que hubo durante la Guerra Fría. Duró 36 años, de 1960 a 1996, y dejó un saldo de 200.000 fallecidos, 50.000 desaparecidos y 600 comunidades destruidas. El fin del mundo bipolar, junto con un mayor interés de la comunidad internacional por el largo derramamiento de sangre guatemalteco, propiciaron que las partes enfrentadas firmasen la paz en 1996.  
Los 13 acuerdos de paz firmados hace una década tenían varios objetivos. Uno de ellos consistía en reformar el Ejército y el aparato político guatemalteco. También se diseñó una redistribución de tierras. Se avanzó en materia de derechos humanos y se creó una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para averiguar los crímenes de lesa humanidad cometidos. Se desmovilizó a la guerrilla y se preparó su reincorporación a la sociedad. Pero las ayudas económicas pactadas para reinsertarlos nunca llegaron.
El 29 de diciembre de 2006, Óscar Berger planteó, durante el discurso de conmemoración de los diez años de paz, una reforma de la Constitución que retomara dichos acuerdos. Se trataba de que el Ejército se ocupara tan sólo de la seguridad exterior. También de que el Estado reconociese la realidad pluricultural de su sociedad, el multilingüismo y la variedad étnica: en Guatemala hay 24 etnias. El 41 por ciento de los guatemaltecos son indígenas: cuatro millones, de origen maya; 16.000, de origen xinca, y 5.000, de origen garifuna. Pese a tan importante presencia de población indígena, los diputados de estas etnias no llegan al 10 por ciento del total del Congreso. Por último, se debía crear un poder judicial más independiente.
En el planteamiento de Berger de retomar los acuerdos de paz, había el reconocimiento implícito de que, diez años después, no se habían cumplido las expectativas. Entre otras cosas, continuó la impunidad de los dirigentes genocidas, las reparaciones económicas no llegaron, dificultando la reincorporación a la sociedad de los guerrilleros, y una sanguinaria ola de asesinatos se convirtió en lacra. “Uno de los países más violentos de la tierra.” Con esta contundente frase describió la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbou, el 27 de mayo de 2006, la situación de caos criminal y de ola de asesinatos en la que está inmersa la población guatemalteca.


Seis años de persecución judicial contra Ríos Montt


El viaje a Guatemala, el 28 de junio de 2006, del juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz era el resultado de un proceso penal que empezó en 1999 con la demanda presentada por la Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchu contra José Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado. Como Guatemala era firmante de los pactos internacionales de protección de derechos individuales y colectivos, no pudo evitar que el procedimiento internacional contra Ríos Montt siguiera su curso. Tras muchos debates, el 26 de septiembre de 2005, el Tribunal Constitucional autorizó las acciones contra el ex general. Se le atribuye el asesinato de 20.000 personas, la mayoría indígenas campesinos mayas, durante su presidencia entre 1982 y 1983, nada menos que un diez por ciento del total de víctimas de los 36 años que duró la guerra civil, entre 1960 y 1996. Las matanzas fueron cometidas por militares y por Milicias de Autodefensa Civil (PAC). Los ex dirigentes Óscar Humberto Mejía Victores, jefe de Estado de Guatemala entre 1983 y 1986, y Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación (del Interior) entre 1978 y 1982, también estaban imputados e iban a ser interrogados. Pero Montt, además, fue demandado desde el interior del país.
    Fue en marzo de 2004, cuando el juez guatemalteco Víctor Herrera ordenó el arresto domiciliario de Montt por los disturbios provocados por sus seguidores, en julio de 2003, en los que murió el periodista de televisión Héctor Ramírez. El conflicto ocurrió tras el rechazo de la Corte Constitucional de permitir la candidatura presidencial de Ríos Montt a las elecciones de noviembre de 2003, ya que ésta entraba en conflicto con la Constitución por el pasado golpista del candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En ese momento, Ríos Montt era el presidente del Parlamento. Tras la presión de sus partidarios, la justicia accedió a permitir la candidatura del ex general. El FRG, con su candidato Ríos Montt, no superó ni siquiera la primera vuelta. Herrera fue el primer juez que falló en su contra, anticipándose dos años a la orden internacional de extradición del juez Pedraz. De Guatemala también proceden las demandas de genocidio contra Ríos Montt presentadas por la asociación Justicia y Reconciliación del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), que agrupa las acusaciones de 22 comunidades que sufrieron las matanzas dictadas por el ex general.


Portillo, el ex presidente que se siente perseguido


México aceptó, en noviembre de 2006, extraditar al ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, del mismo partido político que Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Huyó de la justicia de su país, que lo acusó de malversación de fondos públicos, y se fue a México en 2004, un día después de que los jueces le retiraran su inmunidad (derivada de su condición de diputado del Parlamento Centroamericano) y poco antes de que le prohibiesen salir del país. Se supone que hoy sigue en México, en paradero desconocido.  Explicó, poco antes de escapar, que era “un perseguido político”. Su esposa, Evelyn Morataya, aseguró que Portillo regresaría a su país, y que estaba siendo acosada por funcionarios de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad Presidencial (SAAS). Alfonso Portillo había gobernado el país desde 2000.
Portillo aplicó una política neoliberal, de creación de infraestructuras, y de acercamiento a las economías mexicana y estadounidense. También prometió integrar a Guatemala en el área de libre comercio centroamericana (objetivo cumplido en 2006). Este año también se cumplió otro de los objetivos que propuso al asumir la presidencia: aumentar los ingresos del Estado por la vía de un mayor control de la evasión de impuestos sin aumentarlos. Se comprometió a continuar aplicando los acuerdos de paz. Pero la parte referente a la reinserción económica y al acceso a servicios sociales brilló por su ausencia.
 Decretó el “estado de calamidad pública” en Guatemala debido a la escasez de alimentos, en septiembre de 2001, pero según la prensa guatemalteca, la verdadera ruina del país era él, ya que sus delitos de corrupción superaron los 500 millones de dólares. La Fiscalía de Guatemala, lo acusó del desvío de 120 millones de quetzales (casi 16 millones de dólares) de las arcas del Estado, de una partida que se esfumó después de transferida al Ministerio de Defensa. En uno de los momentos de más tensión de su mandato, el 16 de marzo de 2002, fue asesinado el dirigente del Partido Patriota Jorge Rosales. Este partido había exigido la renuncia de Portillo.



Cronologia año  2006
31 de enero. El ex director guatemalteco Rós Montt, absuelto por los disturbios de 2003.

22 de febrero. La audiencia podrá investigar el genocidio de Guatemala tras rechazar el recurso del fiscal.

22 de febrero. Sigue aumentando la ola de asesinatos en Guatemala.

17 de marzo. Las víctimas de la violencia en Guatemala aún esperan justicia diez años después de la paz.

17 de abril. Asesinado un diputado de la oposición en Guatemala.

30 de mayo. La justicia guatemalteca autoriza al juez Pedraz a interrogar al ex presidente Ríos Montt.

20 de junio. Indígenas de Guatemala reclaman justicia por el genocidio sufrido durante la guerra civil.

28 de junio. Pedraz no podrá interrogar en la embajada a testigos del genocidio de Guatemala.
 
29 de junio. Guatemala impide que el juez Pedraz interrogue al ex dictador Ríos Montt.
 
3 de julio. El juez Pedraz se va de Guatemala sin poder hacer interrogatorios.

7 de julio. Un juez español ordena la detención del ex presidente de Guatemala por genocidio.

11 de julio. Amnistía denuncia las amenazas contra testigos de genocidio en Guatemala.

8 de julio. La justicia española ordena capturar a Ríos Montt y embargar todos sus bienes.

29 de agosto. La ONU denuncia la impunidad de los asesinatos en Guatemala.

27 de septiembre. Una ONG denuncia el asesinato de 47 menores cada mes en Guatemala.

10 de octubre. La familia del director de prisiones de Guatemala tuvo que abandonar el país por amenazas.

16 de octubre. Guatemala y Venezuela empatan en el primer día de votaciones para el consejo de seguridad de la ONU. 

 


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