Anuario 2008
Argentina
"La crisis agraria pone a prueba la “democracia matrimonial”"
Laura Santiago

El 10 de diciembre se cumplió un año de la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de Argentina. Tras 25 años de democracia –el periodo más largo en la historia del país–, Cristina, como la llama la prensa argentina, ha sido la primera mujer electa en llegar a la Casa Rosada. Pero no vino sola. Su marido, Néstor Kirchner, le cedió la candidatura tras agotar su primer mandato. Desde entonces, las críticas al protagonismo de Kirchner no han cesado. El reciente conflicto del campo sirvió a los detractores de la presidenta para censurarla por permitir que su marido influya en exceso en el Gobierno, especialmente después de su protagonismo en la crisis del sector agrícola (“voy a ponerlos de rodillas”, afirmó en referencia a los manifestantes). El hecho de que las medidas propuestas por el Gobierno acabaran retirándose minó la popularidad del matrimonio. Los Kirchner no fueron los únicos damnificados, la retirada de la propuesta acabó también con el ministro de Economía, Martín Lousteau.
 Desde que Cristina accedió a la presidencia, la crítica a lo que se ha denominado ‘democracia matrimonial’ ha sido una constante. Son muchos los que acusan a Kirchner de traspasar el poder a su mujer para poder alargar la permanencia de los dos en la Casa Rosada –dado que se limita el mandato a dos elecciones--. El hecho de que Cristina mantuviera a casi todos los ministros que habían acompañado a su marido durante su legislatura no ayudó mucho. Según explicaba recientemente el periodista del diario ‘La Nación’ Joaquín Morales Solá, fue el propio ex presidente quien relevó en julio a la única designación que había hecho Cristina: la del ex ministro de Economía Martín Lousteau, que cometió el ‘imperdonable’ pecado de no consultar al esposo presidencial.
El mencionado conflicto del sector agrícola ha sido, sin duda, el problema de más repercusión mediática en Argentina este año y ha supuesto un tremendo revés para la aceptación popular de la presidenta. El gran peso del sector agrícola en la economía argentina es el motivo por el que el conflicto acumuló tantas páginas en los periódicos. El desarrollo económico argentino guarda una estrecha relación con la explotación de los recursos naturales. Desde inicio de los años noventa hasta hoy, la producción de cereales y oleaginosas ha crecido a razón del 5,7% anual acumulado, especialmente por la creciente importancia de la soja. Los productos agrarios suponen el 55% de las exportaciones del país y el 25% de ellas se concentran en la soja y el girasol. Aunque los impuestos a las exportaciones representan casi el 8% del total de la recaudación fiscal, la ocupación del sector oscila entre el 18 y el 22% del empleo total. Con estas cifras, se entiende el peso de los actores agrarios, popularmente denominados “el campo”.
Los costes de producción del sector eran hasta hace poco muy elevados, lo que suponía un lastre a la hora de exportar, por lo difícil de fijar un precio competitivo. Cuando en julio de 2001 el Gobierno devaluó la moneda, los costes comenzaron a disminuir en relación a los precios que se manejaban internacionalmente. A esto se le añadió el aumento de la demanda de soja, sobretodo procedente de China. El sector resurgió.
Las empresas agrarias comenzaron a ser una opción empresarial atractiva y el Gobierno temió que de aumentar el porcentaje de población dedicada al sector, una bajada de precios golpeara demasiado la economía del país. Para contener al sector, anunció la aplicación de “retenciones móviles a la exportación”. Este impuesto fijaba una rentabilidad anual fija del treinta por ciento para el empresario. Los beneficios que superaran este tope serían para el Gobierno. Si subía el precio de los productos, se incrementaban las retenciones; si disminuía el precio, bajaban.
El enfrentamiento entre el campo y el Gobierno se desató el 18 de febrero, cuando cuatro entidades rurales acordaron dejar de comercializar productos como protesta ante el impuesto, por considerar que limita en exceso la capacidad de facturación de las empresas. Las manifestaciones se radicalizaron pronto. En abril, el Gobierno tuvo que cortar autopistas porque el humo ocasionado por los trabajadores del campo, que había comenzado a quemar pastizales, impedía la visibilidad. Sólo tres días después, la humareda ya afectaba a la zona centro y sur de Argentina y se hacía visible en el este de Uruguay.
La oposición y la mayoría de medios de comunicación apoyaron a los manifestantes del campo, que hicieron una demostración de fuerza el 25 de mayo en Rosario, la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe, donde 250.000 manifestantes se reunieron para rechazar el gravamen. Después de que el Congreso apoyara el proyecto de las retenciones, éste llegó al Senado, donde la votación terminó igualada: 36 votos a favor y 36 en contra. El presidente de la Cámara y vicepresidente del país, Julio César Cobos, se vio obligado a desempatar y emitió el voto definitivo, un ‘no’ que acabó anulando los impuestos y suponiendo la mayor derrota política de la presidencia de Cristina.
Las críticas a Fernández no cesan ahí. La prensa, que se ha sentido atacada públicamente por la presidenta, no ha acabado de perdonarle este trato. Cristina, que se resistió a dar una rueda de prensa pública hasta el 2 de agosto, ocho meses después de llegar a la presidencia, ha sido colocada en el punto de mira de los medios de comunicación, que no ha desaprovechado la oportunidad de recordarle su presunta implicación en el ‘Caso Valijagate’. El caso comenzó el 4 de agosto de 2007, cuando agentes de la aduana argentina interceptaron 790.550 dólares no declarados en la maleta del empresario venezolano Guido Antonini Wilson. En diciembre de 2007, el FBI arrestó a tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo en Miami, acusados de  presionar a Antonini para que no revelara el origen y destino del dinero decomisado en Argentina. Según el FBI, el dinero fue enviado por Chávez para apoyar la candidatura presidencial de Cristina. Los dos mandatarios negaron las acusaciones y tacharon a Estados Unidos de intentar dañar las relaciones entre Venezuela y Argentina.
La prensa española también ha puesto a Cristina en el ojo del huracán después de que anunciara el deseo de su Gobierno de expropiar Aerolíneas Argentinas, hasta ahora en manos del grupo español Marsans. La Cámara de Diputados argentina aprobó la primera semana de diciembre declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos, Austral, empresas de 'utilidad pública y sujetas a expropiación', a pesar de que la oposición subrayó que la operación es “ruinosa para el gasto público del país”, ya que la empresa tiene un déficit operativo de cincuenta millones de dólares mensuales. Esta expropiación forma parte de un conjunto de nacionalizaciones llevadas a cabo no sólo por Argentina, sino por otros países de Latinoamérica.
Otra privatización, la de las pensiones, se materializó el pasado noviembre. La nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) supuso el traspaso de unos 23.000 millones de euros a las arcas estatales. Las empresas afectadas –BBVA, ING, HSBC y la estadounidense Met Life–, la prensa –nacional e internacional– y los ciudadanos mostraron enseguida su inquietud por el destino del dinero de los fondos. El índice Merval de la bolsa argentina respondió al día siguiente del anuncio con una caída del 16%, mientras que el Ibex español se hundió un 8,16%. Aunque menores, las pérdidas también fueron perceptibles en el FTSE londinenses (-4,46%), en el CAC parisino (-5,1%) y en el DAX de Fráncfort (-4,4%). La sombra de la inestabilidad económica hace temer a los ciudadanos que el Gobierno pueda utilizar el dinero para hacer frente a otros pagos, debido a la falta de liquidez que arrastra. De momento, ha anunciado que aplicará medidas de estímulo a la economía por valor de unos 3.000 millones de euros. Según apunta la prensa argentina, el dinero saldrá de los fondos que pertenecían al sistema de jubilación privada. Sea como sea, mientras el primer trimestre del año el consumo crecía a tasas del 9%, el 2008 concluye con una subida del 3%.
Las promesas electorales de Cristina incluían mejorar las relaciones internacionales. Durante sus primeros doce meses, la presidenta mantuvo once encuentros con jefes de Estado, lejos, por ejemplo, de los 24 que realizó su homólogo brasileño, Inacio Lula Da Silva, en su primer año de mandato. La mayoría de las visitas de Cristina se concentraron en América Latina, exceptuando una a Francia y otra a Rusia. Su Gobierno intentó mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero falló al acusar al FBI de querer desestabilizar sus relaciones con Venezuela en relación al ‘Caso Valijagate’. Cristina afronta su segundo año con una caída de popularidad devastadora. Según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit, su imagen positiva cayó 28 puntos, mientras que su imagen negativa aumentó veinte. El punto crítico de desaprobación de la gestión se vivió el mes de julio, cuando llegó al 72,3%. La derrota del Gobierno de Cristina frente al sector agrario ha sido el revés más duro en lo que lleva de mandato: “el fin de la productividad política de un modelo fuertemente presidencialista”, según explicó al diario argentino ‘Clarín’ la socióloga Maristella Svampa.
La evolución de la economía tampoco la ha acompañado mucho. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó el año pasado que la inflación argentina en 2008 sería del 13%, superior al crecimiento de la economía, que se situaría en el 5,5%.  Los vaticinios del organismo internacional no se ajustaron a la realidad. La inflación anual se mantuvo en el 8,4%, la misma que en 2007. A excepción del número de desempleados, que se redujo un 0,2%, la inflación es el único dato que no empeoró. El precio de la canasta básica aumentó de 949 dólares a 973, el crecimiento económico cayó del 8,7% al 6,8%, el precio de la soja disminuyó de 830 dólares el kilo a 700 y la deuda pública se incrementó de 137,1 millones de dólares a 145,7.



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