Anuario 2008
Bolivia
"Las dos Bolivias se enfrentan a golpe de referéndum

"
Laura Santiago

Los referéndums celebrados el año pasado en Bolivia han marcado el sino del país. Los resultados de las diferentes consultas son una traslación de las dos concepciones nacionales que conviven en Bolivia: por una parte, los partidarios del presidente Evo Morales, quienes, más allá del programa político del mandatario, apoyan el orgullo indigenista de quienes desde la conquista española del siglo XVI han vivido relegados en su propio país. Por otro, los llamados ‘coloniales’, aquellos que defienden la tradición hispánica que dejó el ‘descubrimiento’. Los dos bloques vivieron durante 2008 un conflicto que llegó a rozar la guerra civil e hizo que el Gobierno decretara el estado de sitio y que el Ejército saliera a patrullar en algunas zonas del país. No en vano, Bolivia es el país de Latinoamérica con más población indígena: el 62%, de la que dos tercios vive bajo el umbral de la pobreza.
Las consultas han sido muchas y muy contradictorias entre sí. Por un lado se encuentran las celebradas en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba (cinco de los nueve departamentos del país), convocadas al margen del Gobierno central y que supusieron la aprobación de un estatuto de autonomía en cada una de ellas. Santa Cruz, el departamento más extenso (casi el 34% del territorio), uno de los más poblados (prácticamente 2,5 millones de habitantes) y el más rico (es el que más aporta al producto interior bruto del país: el 35% del total) gracias a los sectores agroindustrial, de servicios y, principalmente, energético (aunque apenas concentra el 10% de las reservas de gas natural y petróleo produce cerca del 40%) fue, en mayo, el primero en dar el paso.  
   El Gobierno calificó las convocatorias de ilegales, tanto por la falta de competencia legal para llamar a un referéndum como por la manera en que fueron elaborados los textos, dado que no se eligieron Parlamentos regionales para redactarlos. Además, los estatutos aprobados chocan de frente con el proyecto de Morales y la reforma constitucional que ha propuesto. Las nuevas leyes autonómicas regionales beben de la concepción colonialista: la de Tarija establece como símbolo patrio un escudo formado por una coraza y un casco español, la indumentaria característica de los conquistadores, y como himno oficial una canción cuya letra reza “la alba sien de Tarija se ostenta / coronada de verde laurel / y el escudo que España le diera / con su lema: Muy leal y muy fiel”. El aprobado en Santa Cruz, otro ejemplo, comienza: “La España grandiosa / con hado benigno / aquí plantó / el signo de la redención...”.

   El apoyo que los ciudadanos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba (denominadas por la prensa boliviana las ‘regiones rebeldes’) dieron a los estatutos ‘antiindigenistas’ suponía para el Gobierno una amenaza para que el referéndum revocatorio sobre la gestión de Morales, celebrado en agosto, saliera adelante. El Gobierno planteó esta consulta como una prueba de confianza del mandatario y sus ministros: Morales se comprometió a abandonar la presidencia si en la consulta obtenía más votos en contra que aquellos con los que fue elegido en 2006. Mientras Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, obtuvieron entre el 56% y el 60% de respaldo, los gobernadores de las provincias opositoras a su proyecto indigenista y socialista, también sometidos a votación, tuvieron un respaldo masivo. De hecho, el respaldo a algunos de los más acérrimos enemigos del presidente alcanzó cotas de aprobación del 70% (el caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas) y del 66% (el gobernador de Tarija, Mario Cossío). Tres gobernadores, en cambio, se vieron obligados a abandonar su puesto al obtener una mayoría de votos en contra. Dos de ellos –el de La Paz, José Luís Paredes, y el de Cochabamba, Manfred Reyes Villa– son opositores a Morales, mientras un tercero, Alberto Aguilar, de Oruro, es oficialista. Un día antes de la apertura de las urnas, el presidente había dado un golpe de efecto decretando que las dos sociedades administradoras privadas de los fondos de pensiones (AFP) iban a ser reemplazadas por una gestora estatal. La medida fue presentada por Morales como un nuevo avance en la “recuperación” de los recursos del país. El sistema de pensiones privadas, en manos de los españoles BBVA y Grupo Zurich desde hace once años, cuenta con unos fondos de más de 1.500 millones de euros (de los que un 70% está invertido en Bonos del Tesoro a un interés del 5%), que pasarán a ser controlados por el Estado boliviano.

Reforma constitucional en peligro
   En medio de tantas convocatorias contradictorias, el Gobierno de La Paz continuaba perfilando la reforma de la Constitución boliviana, que ya había sido aprobada por los diputados pero que aún debía ser ratificada por la población. Por su parte, los líderes de las regiones rebeldes pusieron en duda la participación de sus territorios en la consulta de la Carta Magna. Durante varios días, se decretó el estado de sitio en Pando, ante el temor de que se iniciara una revuelta después de varios encontronazos violentos entre partidarios y detractores de Morales, que hasta el momento se habían saldado con treinta muertos. Soldados bolivianos patrullaron las calles de Cobija, la capital de la región, y se ordenó la detención del gobernador de la provincia, Leopoldo Fernández, por incumplir el estado de sitio.

   Las aguas comenzaron a calmarse tras la mediación del presidente de Brasil, Luis Inacio ‘Lula’ Da Silva, en el conflicto durante la cumbre extraordinaria que los presidentes de nueve países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) celebraron en Chile. El mandatario brasileño condicionó su asistencia a que se produjera una tregua previa entre Morales y la oposición, además de la aceptación expresa de La Paz para que él intercediese en la crisis. Obtuvo las dos cosas. Se logró así acordar un texto de consenso entre las posturas encontradas en Bolivia, y Lula, cuyo país requiere del gas boliviano, junto a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile, pacificó la situación del país andino. Bolivia acordó que las iglesias católica, metodista y evangélica y observadores internaciones de Sudamérica y Europa asistirían como mediadores para la convocatoria del referéndum. Apenas unos días después, un acuerdo de última hora entre el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y la mayoría del opositor Poder Democrático Social (Podemos) permitió aprobar en el Congreso la ley de convocatoria del referéndum. El pacto convirtió en una marcha de celebración pacífica la amenazadora concentración de decenas de miles de indígenas que llegaron a las puertas del Poder Legislativo para exigir la aprobación de la ley. El acuerdo estableció convocar el referéndum constitucional el 25 de enero y celebrar elecciones generales el 6 de diciembre de 2009. El pacto entre Gobierno y oposición también estableció que Morales podría presentarse a la reelección en 2009 pero no en las siguientes.
   La polémica reforma de la Carta Magna pretende reconocer el papel olvidado de la cultura indígena: oficializar todas las lenguas indígenas (más de treinta), así como instaurar en la educación pública la enseñanza obligatoria de estas, principalmente del quechua y el aymara. El artículo 290 establece que “la autonomía indígena campesina es la expresión del autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y pueblos originarios, y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia y lenguas propias”. La nueva Constitución quiere también subrayar la soberanía del país (artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural).

Una economía focalizada en la energía
   Morales ha centrado su política económica en recuperar la gestión de los recursos energéticos (gas y petróleo), para aumentar los ingresos que el país percibe por la principal fuente de riqueza que genera actualmente. Además, ha hecho aumentar los ingresos del sector minero gracias a la subida de precios y a que ahora el Estado controla las empresas explotadoras. En mayo de 2006, tras ser elegido presidente, Morales firmó nuevos convenios con las petroleras transnacionales que operaban en el país. Así, Bolivia pasó a tener la mayoría de las acciones de las empresas petroleras e incrementó los ingresos por la explotación del gas, del 18% que ganaba al 84%. A pesar de ello, la producción energética ha disminuido un 8% desde que el Morales llegó al poder. El valor de las exportaciones bolivianas, al igual que las remesas enviadas por los emigrantes (principalmente de España, EE.UU. y Argentina), se ha cuadruplicado, lo que ha ayudado a reducir significativamente la deuda externa.
   Algunos de los acuerdos internacionales más importantes que ha firmado Morales se centran, precisamente, en el comercio del gas y el petróleo. A principios de 2009 el país sufrió un duro golpe: Brasil, el mayor receptor de gas boliviano anunció que iba a dejar de importar once millones de metros cúbicos de gas boliviano diarios. Aunque la diplomacia boliviana logró rebajar este dato a siete millones, este descenso deja a la economía boliviana, centrada en la exportación energética, tocada. Por ello, Morales, en búsqueda de mercados alternativos para paliar el contratiempo, firmó sendos acuerdos energéticos con Paraguay y Uruguay, con quienes hasta ahora no mantenía intercambios de este tipo. Además, intenta convencer a Argentina para que aumente la compra de gas boliviano.
   Otro de los sectores económicos que venía creciendo, el de la importación de coches usados, se vio afectado recientemente por una decisión gubernamental. A finales de diciembre, Morales decretó la restricción a la importación de vehículos con más de cinco años de antigüedad “para proteger el medio ambiente, regular el consumo de carburantes y equilibrar el tráfico”. A los analistas internacionales no se les escapó que esta medida tiene dos lecturas, la segunda de ellas, de nuevo, la redefinición por parte del Gobierno de lo que debe ser Bolivia. En este caso, de lo que no debe ser: “Un país de depósito de chatarra y desechos del primer mundo”, como apunta el diario español ‘El País’. 14.000 coches se encuentran inmovilizados y pendientes de entrega tras la restricción. La medida afectó a los 12.000 trabajadores del sector, que vendían una media de 200 vehículos diarios.
Relaciones con Venezuela
   Bolivia es hoy en día el principal socio de Venezuela. Hugo Chávez, interesado en expandir su ‘socialismo del siglo XXI’ por toda Latinoamérica, ha ejercido de ‘tutor’ de Morales desde que este llegará a la presidencia, brindándole apoyo político y económico siempre que se ha presentado la ocasión. Los dos países han firmados acuerdos militares, educativos, comerciales (intercambio de diésel venezolano por alimentos bolivianos, por ejemplo), petroleros (instalación de una planta de gas natural en Bolivia gestionada por la empresa Petróleos de Venezuela), económicos (apoyo venezolano al programa boliviano de microcréditos), mineros (creación de la empresa Minera del Sur, cogestionada por los dos países, para desarrollar proyectos binacionales de explotación de yacimientos mineros), deportivos (soporte venezolano a la medicina deportiva boliviana, así como a diversas actividades deportivas) y turísticos, entre otros. Venezuela y Bolivia han seguido las mismas políticas respecto a Estados Unidos, los dos han denunciado reiteradamente el intento de éste de querer crear conflictos internos en Latinoamérica. Los dos retiraron el embajador estadounidense: primero Bolivia (en noviembre de 2008) por colaborar supuestamente con los líderes de las regiones ‘rebeldes’, seguido de Venezuela, “en solidaridad”.
   Junto a Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correa, se ha situado también en el ‘bando chavista’, han hecho un frente común contra el Gobierno de Uribe en Colombia. Ambos expulsaron al embajador israelí tras el ataque de Gaza. Y tanto Chávez como Morales han denunciado intentos de asesinato por parte de la oposición. El presidente venezolano anunció recientemente un supuesto intento asesinato de Morales por parte de la extrema derecha. Al parecer, un campesino indígena había sido contratado para que asesinara a Morales en un acto oficial celebrado en el occidente del país, donde el apoyo de los campesinos a Morales es casi unánime. Chávez adelantó la noticia en su programa ‘Aló Presidente’ y mostró a Morales su preocupación por el peligro que corrió su integridad física.
   Venezuela ha contribuido también, junto a Cuba, a la erradicación del analfabetismo en Bolivia, uno de los Objetivos del Milenio propuestos por Naciones Unidas. Proclamado a finales de diciembre, el plan de cooperación educativa permitió alfabetizar a 819.417 personas, el 99,5% del total de analfabetos que tenía el país, y aumentar con ello el índice de alfabetización de Bolivia a algo más del 96% de su población, el mínimo fijado por la ONU para considerar el problema de la analfabetización superado. En 2001, un estudio del Gobierno había demostrado que el 14% de los bolivianos eran analfabetos (casi el 26% de la población en las zonas rurales).



Cronologia año  2008

 


Periodismo Internacional © 2022 | Créditos
Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Aviso legal | Política de protección de datos | Política de Cookies