Anuario 2008
Ecuador
"Correa consolida el giro “chavista”"
Laura Santiago

Ecuador y Colombia atravesaron en 2008 una crisis diplomática que les mantuvo enfrentados durante el mes de marzo. A pesar de que fue Ecuador quien recibió la supuesta ofensa de Colombia, Venezuela –o mejor dicho, Chávez– se erigió como protagonista del suceso. El conflicto comenzó el 1 de marzo, cuando fuerzas militares colombianas atacaron un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) establecido en territorio ecuatoriano. Durante la acción militar falleció Raúl Reyes, hasta entonces ‘número uno’ de la formación terrorista, y 17 guerrilleros, además de cuatro estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano que supuestamente se encontraban acampando cerca de la zona. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó a Colombia de haber violado la soberanía de su país al llevar a cabo una misión militar sin autorización que infringía la Convención de Viena. El día siguiente al ataque, Chávez envió diez batallones de tanques a la frontera con Colombia y retiró todo el personal de la embajada de Bogotá, que cerró “por solidaridad”. Correa, por su parte, retiró al embajador de Bogotá, expulsó al embajador colombiano de la capital, Quito, y movilizó tropas en la frontera norte.
   Al permitir al presidente venezolano tomar parte en el conflicto y seguir los pasos que éste iba marcando (primero la retirada de los embajadores, después la movilización de tropas y por último la denuncia de la política exterior colombiana), Correa se ha posicionado en el bando chavista. El mandatario ecuatoriano ha mostrado sus cartas, que también llevan, al parecer, la impronta del ‘socialismo del siglo XXI’. Al igual que Venezuela, Ecuador no considera a las FARC como una banda terrorista, sino como un “grupo irregular”, según declaró a finales de enero su ministra de Relaciones Exteriores. La jugada le ha salido bien a Correa. Tras el fin del conflicto, una encuesta publicada en la prensa de su país revelaba que el 80% de los ciudadanos respaldaba la manera en que el presidente había capeado el conflicto, mientras que sólo el 17% la desaprobaba.
   La crisis se zanjó el mismo mes de marzo. Aunque una semana después del ataque Uribe pidió disculpas públicamente a su homólogo ecuatoriano, no fue hasta el día 18 de marzo cuando Correa declaró “superada” la crisis, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera pública una resolución que recogía las reivindicaciones de Ecuador. Los mismos representantes de Colombia y Ecuador de la OEA pactaron obviar una condenar a Colombia a cambio de que el país reconociera la violación territorial que realizó. El embajador venezolano, Jorge Valero, apoyó la iniciativa, que la representante ecuatoriana consideró “un éxito”. Los dos países alcanzaron un acuerdo que señala que Bogotá infringió el artículo 21 de la OEA, que sostiene que “el territorio de un Estado es inviolable en cualquier situación”.

Deuda externa
   Hacia finales de diciembre, Correa declaró una moratoria en el pago de la deuda pública de Ecuador, no por falta de liquidez para hacer frente al pago, sino como táctica para renegociar una deuda que calificó de “inmoral e ilegítima”, establecida “siempre en función de los acreedores, pisoteando los intereses, dignidad y soberanía de nuestros países”. Economistas de Barclays Capital apuntaron que se trata de una estrategia para provocar la devaluación de los bonos del Estado y renegociar las condiciones de la deuda para poder volver a adquirirla a un precio más bajo con la ayuda de Venezuela, ya que si Ecuador recompra una cantidad significativa de su deuda, podrá imponer sus condiciones a los acreedores.
   Es la segunda vez en una década que Ecuador decreta una moratoria en el pago de su deuda exterior. Aunque, al contrario que en 1999, cuando el Estado se declaró insolvente, Ecuador dispone actualmente de 5.700 millones de dólares en divisas, según el Banco Central. Y su deuda exterior, que totaliza 10.000 millones de dólares, equivale a menos del 20% del producto interior bruto del país, cuando en 1999 superaba el 80%.
Con o sin fondos, lo cierto es que el ‘volantazo’ de Correa es arriesgado. Según explicaba recientemente el diario español ‘El País’, los expertos calculan que puede causar a los inversores las mayores pérdidas en una reestructuración de bonos del Estado desde la Segunda Guerra Mundial, superior a la que produjo Argentina en 2001.
    Pero aunque el país afronte el futuro con mejores perspectivas económicas que en 1999, la crisis también hace mella en su actividad. Los ingresos procedentes de la venta de petróleo, su principal producto de exportación, no dejan de caer desde hace meses (hasta un 20%), igual que los que aportan las flores y las bananas. Además, las remesas que envían los ecuatorianos emigrados disminuyeron un 13% en el tercer trimestre del año, según cifras del Banco Central, y se prevé que sigan cayendo en 2009, como efecto colateral de creciente desempleo que viven los países receptores de emigrantes ecuatorianos, especialmente España, donde más hay. 2008 no fue un buen año para la economía ecuatoriana. La tasa de inflación del año pasado prácticamente triplicó la de 2007: mientras 2008 cerró con un 8,8%, 2007 lo hizo con un 3,32%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, en el último año el desempleo alcanzó el 7,3% de la población, El IPC aumentó un 0,29%, marcando el precio de la canasta básica en 508,94 dólares, y el porcentaje de población que vive bajo el umbral de la pobreza se situó en el 38,3%.

   Otra operación arriesgada, como fue la reforma de la Constitución, obtuvo el respaldo de la mayoría de la población. La elaboración de la vigésima Carta Magna del país contó con las propuestas de todos los actores políticos, desde las Fuerzas Armadas, que propusieron por primera vez el derecho de voto para los militares, hasta las iglesias. La institución católica organizó una marcha el 25 de marzo denominada “por el día del niño por nacer” para presionar por la ilegalización del aborto. La evangélica se reunió con el presidente para exponer sus puntos de vista. Sin embargo, la católica no tomó una posición única frente a la consulta. Mientras las 790 parroquias existentes en Ecuador realizaron talleres de concienciación para explicar los beneficios de la nueva Carta Magna, se repartieron en misas dominicales 500.000 ejemplares de un documento que explicaba la incompatibilidad del proyecto constitucional con la doctrina de la iglesia.
   El referéndum celebrado el 28 de septiembre concluyó con un 64% de los votos a favor de la nueva Carta Magna, con una participación del 78%. La nueva Ley Magna ecuatoriana es una de las más progresistas de Latinoamérica. Aunque no reconoce el matrimonio homosexual, otorga los mismos derechos a las uniones heterosexuales y a las homosexuales, y el derecho de baja paternal; sitúa la edad laboral en los 15 años y universaliza la cobertura sanitaria y educativa. La reforma constitucional considera el derecho al sufragio voluntario (para el resto sigue siendo obligatorio) a los menores de entre 16 y 18, los extranjeros legalmente radicados en el país durante al menos cinco años, los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) y los detenidos que no hayan sido condenados en firme. También proyecta la creación de una “ciudadanía latinoamericana y caribeña”, similar a la europea, la libre circulación de personas en Latinoamérica y la impulsión de una política común de defensa en los países de la zona.
Además, se modifican las atribuciones del Estado: la política monetaria, comercial, fiscal, aduanera, la planificación del sistema financiero y el control de la deuda pública quedan en manos del Ejecutivo, lo que supone una acumulación de poder superior a la que tenía antes. La Administración central también asume competencias en sectores clave de la economía y podrá interceder en operaciones empresariales. Este apartado había creado malestar entre los empresarios, que consideran un viraje hacia un sistema “centralista y estatalista”, siguiendo el patrón de Venezuela. Otras críticas llegaron por el hecho de que sea la Asamblea Constituyente (creada tras un referéndum convocado poco después de la llegada al poder de Correa y en la que su partido tiene mayoría) quien debe convocar elecciones, por lo que según sectores opositores, no queda garantizada la transparencia del proceso.
   En los dos años de mandato, Correa ha reducido un 50% los salarios de altos cargos del Estado (incluido el suyo), ha prohibido a la clase política recibir regalos por su labor y ha aumentado un 15%, respecto al anterior Gobierno, la inversión social. Aunque de momento Correa no se ha apuntado a la ‘moda’ de las nacionalizaciones, en octubre su Gobierno rompió anticipadamente los acuerdos que mantenía con la hispanoargentina Repsol YPF debido a que no llegaron a un acuerdo en la negociación que mantenían para cambiar los contratos petroleros. Correa venía impulsando acuerdos con las empresas petroleras extranjeras que trabajaban en Ecuador para que cedieran la gestión del hidrocarburo a su Gobierno, en un intento por aumentar la renta petrolera que percibe el país andino.

Acuerdos internacionales
   Correa visitó China en noviembre, país que tiene importantes inversiones en Ecuador y con quien pretende establecer relaciones comerciales, financieras y turísticas. Durante la misma gira, viajó a Arabia Saudí e Indonesia. En este último país firmó convenios de cooperación cultural, mientras que en Arabia Saudí rubricó el reingreso de Ecuador en la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), que había abandonado en 1992. Para su reincorporación, el país tendrá que abonar, en un plazo de tres años, 4,7 millones de dólares en concepto de las cuotas que no ha pagado desde que dejó la organización. Correa ya suscribió un decreto parea incluir en los presupuestos de 2008, 2009 y 2010 el pago de sus cuentas pendientes con la OPEP, según informó el periódico ecuatoriano ‘En Universo’.
   Además de sus relaciones con el resto de países de América Latina, Correa ha viajado a España, Italia y Bélgica para encontrarse con inmigrantes ecuatorianos, a los que defendió en la 62ª Asamblea General de la ONU, en la que intervino para destacar  la importancia de eliminar la penalización existente en contra de los emigrantes, a lo que añadió que su Gobierno no considera ilegal a ningún ser humano. La inmigración es una de las principales fuentes de riqueza de Ecuador, a través de las remesas que éstos envían a sus familias. En los últimos diez años, el país experimentó un éxodo de, aproximadamente, algo más del 7% de la población.
   El mandatario, siguiendo la línea de otros países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, ha mantenido una relación cordial con el Gobierno iraní de Mahmud Ahmadineyad. En un viaje oficial a Teherán que tuvo lugar en diciembre, el presidente afirmó que no estaba de acuerdo “con la idea de que únicamente unos pocos países puedan tener energía atómica para razones específicas, incluso para la guerra”. A pesar de la simpatía mutua de los dos países y de los viajes oficiales, las visitas no se han traducido en acuerdos importantes.



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