Anuario 2009
India
"Elecciones parlamentarias bajo la estela de los atentados de Bombay

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Maria de la Figuera

Tras un largo mes electoral, desde el 16 de abril al 13 de mayo de 2009, el 60%, de los 714 millones de indios llamados a votar dieron la victoria a la coalición Alianza Progresista Unida (UPA), que lidera el Partido del Congreso –de ideología de centro izquierda–. En contra de todo pronóstico, la UPA volverá a gobernar (lo hizo durante la pasada legislatura 2004-2009), pero esta vez rozando la mayoría absoluta. De los 543 escaños que tiene la Cámara Baja del Parlamento (Lok Sabha, en hindú) 262 se los llevó la UPA, 159 el Bharatiya Janata Party –partido conservador de ideología fundamentalista hindú y líder de la oposición– y el resto fueron para el Tercer Frente, alianza de izquierdas formada por partidos comunistas y regionales, y otros partidos más pequeños.


Los resultados de estos comicios no tienen precedentes en la India democrática. Desde su independencia de los ingleses en 1947 y la posterior constitución de la democracia, nunca un partido había conseguido rozar la mayoría absoluta: lo que significa que por primera vez un partido podrá gobernar en solitario, sin necesidad de pactos. Según los expertos, se trata de un gran paso para el país: un solo color político en el poder permite un Gobierno estable y eficaz; justo lo que necesita India teniendo en cuenta su magnitud territorial y demográfica (1.100 millones de habitantes), su gran diversidad religiosa (hindús, musulmanes, cristianos, sijs, budistas, entre otros), sus diferencias sociales (el 80%  de los indios son pobres mientras que el otro 20% viven como en Occidente), su sistema de castas (se abolieron en la Constitución de 1950, pero socialmente siguen aceptadas) y su situación geográfica, vecina de seis estados que se encuentran entre los 25 países más disfuncionales del mundo, según el Fondo para la Paz,  organización privada con sede en Washington dedicada a fomentar la paz entre las naciones.
Estas elecciones abrieron muchas expectativas en el país, pero hasta el día de los resultados electorales nadie se esperaba el gran triunfo del Partido del Congreso (PC), que preside Sonia Gandhi, heredera política de la familia Nehru-Gandhi.
La falta de confianza en el triunfo del PC estaba condicionada por la mala situación que había vivido el país el año pasado. India había sufrido la crisis económica mundial (inflación del 7%); el pacto nuclear con Estados Unidos había provocado la desestabilización del Gobierno, y el sometimiento a un voto de confianza en el Parlamento; y por último, y lo más significativo, Bombay (la capital económica india) había sufrido uno de los atentados más violentos de la historia del país, que costó la vida a 166 personas, entre ellos 28 extranjeros, y puso otra vez en evidencia (durante la misma legislatura, en 2006, Bombay sufrió otro atentado) la falta de seguridad del país. India acusó a un grupo terrorista con base en Pakistán (Lashkar-e-Toiba) de ser el autor del atentado de 2008, lo que provocó de nuevo una grave crisis con Pakistán (país fronterizo del oeste) que se ha arrastrado a lo largo de este año. Pakistán e India mantienen disputas desde hace 60 años por los territorios de Cachemira, situados en el norte de India.
Otra de las novedades en estas elecciones parlamentarias ha sido la reelección de Manmohan Singh como primer ministro por segunda vez consecutiva. Desde la reelección de Jawaharlal Nehru (primer presidente del Gobierno de India después de su independencia), en 1957 y 1962, ningún primer ministro había gobernado dos veces seguidas.

Crisis diplomática con Pakistán
El 26 de noviembre de 2009, India conmemoraba el primer año de los atentados de Bombay, cuando diez terroristas divididos en cuatro grupos atacaron los hoteles de lujo Taj Mahal y Trident, la estación de ferrocarril Chatrapati Shivaji y un centro judío. Los terroristas, que se habían atrincherado en uno de los hoteles y en el centro judío, y las fuerzas de seguridad estuvieron tres días intercambiando tiros, hasta que se abatió al último atacante. Nueve de ellos murieron, mientas que el único superviviente, Amir Kasab, fue capturado; lo cual era clave para tirar del hilo y averiguar quién había detrás de tal asalto terrorista que, según los investigadores, tenía una planificación que no se veía desde el 11-S en Nueva York. Tras los atentados de Bombay, India en seguida le echó todas las culpas a Pakistán, en concreto al grupo terrorista Lashkar-e-Toiba o Ejército de los Puros –organización ilegalizada de ideología islamista radical creada en los años 90 por el Servicio de Inteligencia pakistaní (ISI) y uno de los mayores grupos terroristas que luchan por la anexión a Pakistán de los territorios indios de Jammu y Cachemira–. El conflicto de Cachemira es la disputa eterna entre India y Pakistán y lo que ha marcado sus relaciones desde el nacimiento de ambos países, en 1947. Desde entonces, se han librado tres guerras entre India y Pakistán; una por la independencia de Pakistán Oriental en 1971 (frontera en el este de la India), que pasó a ser la República Popular de Bangladesh, y las otras dos por los territorios de Cachemira. El intríngulis de la cuestión de estos territorios del norte de India está en que la mayoría de la población del estado indio de Jammu y Cachemira (India se compone de 29 estados federales) es de religión musulmana y el Gobierno pakistaní considera que este territorio fronterizo pertenece al Estado islámico de Pakistán.
 La respuesta de India a los ataques de Bombay no consistió en sacar los tanques contra Pakistán, tal y como había sucedido en 2002 tras un ataque al Parlamento indio en Nueva Delhi, la capital. Pero lo que sí se generó es una nueva y grave crisis diplomática: India suspendió el proceso de paz iniciado en 2004 con Pakistán y alegó que sólo lo reanudaría si Pakistán tomaba medidas contra los responsables del atentado y contra el terrorismo en su territorio.
El 12 de febrero de este año Pakistán admitió, por primera vez después de los atentados, que los ataques de Bombay se prepararon en su territorio y detuvo a seis miembros del grupo Lashkar-e-Toiba (LeT). Este reconocimiento por parte de Pakistán permitió que India se dispusiera a dialogar con su vecino asiático. El 20 de junio, el primer ministro indio, Manmohan Singh, y el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, se reunieron por primera vez tras los atentados. Un mes más tarde, los respectivos ministros de Asuntos Exteriores se reunieron en Egipto, con motivo de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados; y en septiembre ambos ministros se volvieron a encontrar en Nueva York. Ninguna de estas reuniones ha servido para reanudar el proceso de paz, pero sí para mantener un clima lo menos tenso posible entre ambos países y, sobre todo, para que India presionara a Pakistán para que juzgue a los terroristas y tome medidas contra el grupo Lashkar-e-Toiba (LeT).
Después de estas tres reuniones, dio la sensación de que Pakistán estaba más dispuesto a colaborar: el 25 de noviembre, el tribunal antiterrorista de Rawalpindi, ciudad vecina de Islamabad (capital de Pakistán), acusó formalmente a siete pakistaníes –entre ellos al líder del LeT– sospechosos de participar en la planificación de los atentados de Bombay y anunció que empezaría a juzgar a los acusados, que se declararon no culpables, el 5 de diciembre de este año.  
La nueva legislatura de Manmohan Singh no sólo ha tenido que hacer frente a la resolución de los atentados de Bombay y a la nueva crisis diplomática con Pakistán, ambos problemas con el conflicto territorial y religioso de Cachemira como telón de fondo. Este año Singh también tuvo que afrontar otra disputa territorial, en este caso por el estado de Arunachal Pradesh (noreste del país), el cual China reclama como suyo y lo considera “el Tíbet del sur”. China ocupa los territorios del Tíbet desde la declaración de autonomía tibetana de 1913. En 1914, el tratado de McMahon definió la frontera entre la India británica y Tíbet. China no reconoció este tratado alegando que el estado indio de Arunacahal Pradesh pertenecía a Tíbet y éste no era un Estado soberano, sino un territorio integrado en el Estado chino. Para India, esta disputa territorial no ha sido tan violenta y mortífera como la de Cachemira, pero sí que llegó a provocar un conflicto armado de 32 días en 1962, y también ha hecho estallar varios conflictos diplomáticos con China. El último fue en octubre de este año, cuando Singh pronunció un mitin en Arunachal Pradesh coincidiendo con las elecciones regionales del estado norteño. Pekín protestó por este mitin y volvió a reclamar el territorio. India está recelosa por el comportamiento de China, no sólo por sus reclamaciones territoriales, sino porque actualmente China no exige visado al millón de ciudadanos que pueblan el estado indio.
Pakistán y China son los dos grandes rivales de India. El hecho de que ambos países sean potencias nucleares supone una gran amenaza para India, aunque ésta también disponga de arsenal nuclear.
Más allá de las rivalidades entre India, Pakistán y China, India cuenta con un vecindario repleto de países con graves dificultades. Según Fondo para la Paz, organización dirigida a prevenir la guerra y los conflictos con sede en Washington, seis países vecinos de India se encuentran entre los 25 estados más disfuncionales del planeta. Estos son Afganistán, Pakistán, Myanmar, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka (en orden de más a menos disfuncionales). Según la misma organización, los Gobiernos de estos países no pueden garantizar una buena gobernanza ni una seguridad básica a sus ciudadanos y todos han perdido el control sobre la violencia y el uso de la fuerza dentro de su territorio. Este panorama es poco esperanzador para la estabilidad económica y política de India y, sobre todo, para su seguridad, lo que realza el hecho de que India haya de invertir millones de dólares en su arsenal militar y en su cuerpo policial, sobre todo el destinado a controlar las fronteras. Los ataques de Bombay en noviembre de 2008 hicieron tambalear a India en cuestión de seguridad y una vez más (sólo en la pasada legislatura de Singh, 2004-2009, el Gobierno tuvo que hacer frente a más de diez atentados en el que murieron más de 50 personas en cada uno) demostró no tener suficientes medios para evitar estos ataques.
Este año el Gobierno indio ha aumentado hasta 40.000 millones de dólares el presupuesto en seguridad, un 24% más que en 2008. Este incremento se aleja del incremento del presupuesto de seguridad hecho en los últimos años, que era de entre el 6% y el 10%. El programa de este año incluía más inversión en el cuerpo policial y paramilitar, para fortalecer la seguridad fronteriza y un programa de modernización armamentística, ya que la mayoría de armas databan de la era soviética (período entre 1947 y 1989 en el que la URSS vendía armamento a India). Esta vez, será Estados Unidos quién proporcionará armas a India con un presupuesto de 30.000 millones de dólares en tres años, según informó el ministro de Defensa, Pranab Mukherjee, en julio de este año.


Poner en práctica el pacto nuclear
La buena disposición de India a dialogar con Pakistán y a presionar a Islamabad para que luche contra el terrorismo tuvo su reconocimiento en Washington, la capital de Estados Unidos. El 24 de noviembre, el presidente estadounidense, Barack Obama, recibió al primer ministro indio, Manmohan Singh, en la Casa Blanca. Se trataba de la primera visita de Estado que vivía Obama, en el Gobierno desde enero de este año.
Uno de los puntos clave en la reunión indo-estadounidense estuvo marcado por el pacto nuclear que mantienen ambos países, pero que aún no se ha puesto en marcha. El acuerdo 123 (123 Agreement) se firmó en 2005 bajo el mandato del anterior presidente norteamericano, George W. Bush, y permitía a Estados Unidos vender tecnología y material nuclear a India siempre que sirva para fines civiles y no militares. Este pacto fue un hecho histórico para India, ya que rompía con 34 años de embargo en tecnología nuclear por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia –países que disponen de tecnología y armamento nuclear–. Pero la firma del acuerdo hizo estallar la polémica y desató críticas tanto en India como en Estados Unidos. India no ha suscrito al Tratado de No Proliferación (TNP) de armas nucleares, el cual es de libre firma e impide la posesión de arsenal nuclear –actualmente, están suscritos al TNP 188 Estados entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China, que son los únicos cinco países a los que se les permite en el tratado poseer armamento nuclear–. Algunos sectores políticos estadounidenses y europeos se opusieron al acuerdo nuclear con India porque iba en contra de una ley en la que se prohíbe exportar material nuclear a países que no hayan firmado el Tratado de No Proliferación. Además, según estos sectores, la firma de este pacto sin que India haya firmado el TNP dificulta las relaciones con Irán y con Corea del Norte, los cuales tampoco han firmado el TNP y, en cambio, se les acusa de poseer y fabricar arsenal nuclear para fines militares, lo que provoca tensiones diplomáticas entre ambos países y Estados Unidos. Por otro lado, en India, el acuerdo había provocado el año pasado que el Gobierno de Singh tuviese que someterse a una moción de confianza en el Parlamento, después de que el Frente de Izquierdas (coalición liderada por el Partido Comunista de India y el Partido Comunista de India Marxista) retirara su apoyo a la Alianza Progresista Unida (UPA). La coalición de izquierdas se opuso al pacto alegando que India se vería siempre condicionada por Estados Unidos en política exterior.
La polémica en torno al acuerdo nuclear provocó que su aplicación se pospusiera año tras año. Actualmente, el acuerdo está ratificado por ambos países. Por lo tanto, aceptado tanto por el Parlamento indio como por el estadounidense, también por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) –ligada a las Naciones Unidas (ONU)– y también por el Grupo de Proveedores Nucleares (NSG, en inglés)  –formado por 45 países que contribuyen a la no proliferación nuclear–.
El cambio de presidencia de Bush a Obama ha provocado este año algún temor en India sobre la posición del nuevo Gobierno estadounidense en torno al acuerdo nuclear. India no estaba convencida de que Obama diera el visto bueno al pacto. Además, en la cumbre del G-8 (grupo de ocho países que gozan de más poder en el mundo, entre ellos se encuentra Estados Unidos) en Aquila (Italia), en julio de este año, se anunció la prohibición de transferir tecnologías de enriquecimiento y de procesamiento de combustible atómico a todos aquellos estados que no hubiesen firmado el Tratado de No Proliferación. Pero las preocupaciones de India por el acuerdo 123 se esfumaron una vez que Barack Obama anunció, durante la visita de Estado en la Casa Blanca en noviembre, que se “aplicaría plenamente el acuerdo nuclear y que las dos naciones cooperarían en una iniciativa de energía limpia”.
El compromiso de Obama con el pacto nuclear y la visita de Singh a la Casa Blanca han servido para afianzar los vínculos entre ambos países y ahuyentar el recelo de India hacia Estados Unidos, después de que Obama priorizara a China y a Pakistán (principales rivales de India en la zona) en su política exterior.

Estímulos contra la crisis
Para las elecciones parlamentarias de este año en India los políticos centraron la campaña electoral en dos grandes temas: los atentados de Bombay y la crisis económica. Ambos temas tenían gran repercusión porque el partido que saliera victorioso tendría como grandes retos apaciguar la vulnerabilidad del Estado indio frente al terrorismo (no sólo por los atentados de Bombay, sino también por el terrorismo maoísta que sufre internamente el país) y los efectos de la crisis mundial que ha desacelerado el auge económico indio de los últimos diez años.  
La economía india ha crecido un 6% este año. No se trata de una mala cifra si se compara con algunos países occidentales, como Estados Unidos o Alemania, que sufrieron recesión en sus economías. Pero en el caso de India, no es una cifra optimista si se tiene en cuenta que su crecimiento económico ha disminuido desde 2007 –año anterior a la crisis financiera–, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a 30 países comprometidos con la democracia y la economía de mercado. De esta manera, India rompía con una racha de crecimiento del PIB  de entre el 8% y el 9% desde 2004 hasta 2008. Las cifras del paro han aumentado considerablemente en los dos últimos años, pasando del 4,3% en 2007 al 7,2% este año. Los sectores que más han sufrido son los servicios (que representa un 53,8% del PIB) y la industria (que representa un 27,6% del PIB).  
Para hacer frente a la desaceleración económica en India, el primer ministro, Manmohan Singh, proporcionó una serie de paquetes económicos para estimular la economía. El 2 de enero de este año, Singh anunció el segundo paquete de estímulo económico que lanzaba en un mes, el cual incluía la cuarta reducción de los tipos de interés con el objetivo de que los bancos pudieran seguir dando créditos. En este nuevo paquete, Singh aseguró una inyección 200.000 millones de rupias (2.964 millones de euros) en los bancos públicos y otros 250.000 millones (3.704 millones de euros) en entidades financieras no bancarias, como compañías aseguradoras, sociedades y fondos de inversión. El objetivo de Singh era aumentar la liquidez de los bancos, para que puedan ofrecer créditos, y evitar que las entidades puedan caer en bancarrota. Además de estas inyecciones bancarias, las nuevas medidas de estímulo económico se centraron también en el sector inmobiliario y del automóvil. El Gobierno facilitaba créditos a todas aquellas empresas extranjeras que pretendieran edificar complejos residenciales y también permitía a las firmas de automóviles ofrecer bonos exentos de impuestos para amortiguar la disminución  de las ventas durante el último período de 2008. En referencia a la cuarta reducción del tipo de interés desde octubre del año pasado, el Banco de Reservas (Banco Central indio) lo rebajó, esta vez, hasta el 5,5%, el tipo más bajo de los últimos ocho años.
A pesar de las cifras, el primer ministro, Manmohan Singh, en una comparecencia en el Parlamento, un mes más tarde de lanzar el segundo paquete económico, se mostró convencido de que India sería uno de los países menos afectados por la crisis mundial. Singh argumentó que la gran presencia del sector público, sobre todo en entidades bancarias, la existencia de la demanda interna (aunque en 2009 se ha reducido un 3% respecto al año anterior) y la no excesiva dependencia en las exportaciones (representan un 22% del PIB a diferencia de China, donde representan un 37%) han ayudado considerablemente a no desequilibrar demasiado la economía india. De lo contrario, si India hubiese sufrido de forma más considerable los estragos de la crisis financiera hubiera tenido consecuencias muy graves, sobre todo  a escala social. Los más pobres y los trabajadores con contratos temporales son los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis económica. India, a pesar de ser la cuarta potencia económica mundial, es uno de los países más desequilibrados socialmente. El país cuenta con 350 millones de personas (por encima de la población estadounidense, 300 millones) consideradas de clase media y con un estilo de vida semejante al occidental; pero, por otro lado, el mismo territorio también cuenta con 800 millones de indios (el 80% de la población) que viven con menos de 20 rupias al día (0,35 céntimos de euro), según la ONU. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) –medición realizada por la ONU que se basa en la esperanza de vida, la tasa de alfabetización y el PIB per cápita– es de los más bajos del mundo, ocupando el número 126 de 177 países, justo por detrás de Guinea Ecuatorial, Marruecos y Namibia. La esperanza de vida, actualmente, llega hasta los 64,7 años, el analfabetismo es casi del 40% de la población y el PIB per cápita ha llegado este año a 46.361 rupias (690 euros). Con todo, el crecimiento económico de India de los últimos años ha provocado que 150 millones de personas salieran de la pobreza y entraran a formar parte del mercado de consumidores. Como segunda potencia emergente mundial, en números económicos y de consumidores, India pretende mantener un ritmo de crecimiento avanzado y llegar a desbancar a China en el ranquin de potencias económicas que, de momento, parece que le gana la carrera.


Acciones contra el cambio climático


Una de las cuestiones que ha tenido que hacer frente este año el “premier” indio, Manmohan Singh tiene relación con el cambio climático. El 7 de diciembre se celebró la Cumbre de Copenhagen (Dinamarca) sobre el cambio climático en la cual participaron 192 países, entre ellos India. Esta cumbre estaba ligada a una serie de reuniones organizadas por las Naciones Unidas que se empezaron a gestar en Bali en 2007 y que pretendían sentar las bases para reemplazar el Protocolo de Kyoto de 1990, el cual expira en 2012. El pacto de Kyoto es un acuerdo internacional sobre el cambio climático que pretende reducir las emisiones de seis gases –entre ellos el dióxido de carbono (CO2)– que provocan el calentamiento global e influencian de forma negativa en el medio ambiente. Aunque India firmó este pacto en la década de los noventa, no se vio limitada ni obligada a reducir sus emisiones, ni tampoco a tomar medidas drásticas para ello, al igual que China. Se consideraba que el poco desarrollo de sus economías y de sus industrias no tenían el suficiente efecto sobre el cambio climático como para tener que cumplir unos objetivos obligatorios; en cambio, sí eran dos naciones con más probabilidad de sufrir los efectos del cambio climático. Todo lo contrario que la mayoría de países occidentales que firmaron el protocolo, que sí se vieron obligados a cumplir una serie de objetivos de reducción de emisiones.
Veinte años más tarde, las reuniones para el nuevo acuerdo post-Kyoto parecen dar especial protagonismo a los países que se encuentran en vías de desarrollo, sobre todo a India y a China.  Ambos países son actualmente dos potencias emergentes a gran escala. En poco más de una década han gozado de tal auge económico que actualmente se sitúan en el tercer (China) y cuarto puesto (India) en el ranquin de economías mundiales, justo por detrás de la Unión Europea (considerada como un solo bloque) y Estados Unidos. A la buena situación económica hay que sumarle que India y China son los dos países más poblados del mundo y sus poblaciones superan los mil millones de habitantes. El auge de ambas economías ha provocado, en las últimas dos décadas, una rápida expansión de la industria y del sector servicios, el éxodo masivo del campo a la ciudad y, como consecuencia, una apertura a la economía de mercado basada en la industria, el comercio, los servicios y el consumo. En el caso de India, un ejemplo de este auge económico es Bombay. La capital financiera india es la tercera ciudad del mundo en número de inmigrantes procedentes del campo, por detrás de Lagos, en Nigeria, y Dhaka, capital de Bangladesh. Según estima la ONU, Bombay recibe una media de 616 personas diarias procedentes del campo y es, actualmente, la quinta ciudad más poblada del mundo, con casi veinte millones de habitantes. A consecuencia de estos factores económicos y sociales India se ha convertido en el quinto mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que significan el 5% de la contaminación mundial. Además, la ONU predice que las emisiones en India crecerán de forma considerable en las próximas décadas, ya que la población llegará a
1.700.000 personas en 2050, convirtiéndose así en el país más habitado del mundo, según predicciones de la misma organización.
Desde el inicio de las reuniones promovidas por la ONU en 2007, India ha recibido presiones por parte, sobre todo, de Estados Unidos y de la Unión Europea para que se comprometa a reducir de forma drástica sus emisiones contaminantes. Las diferentes reuniones celebradas este año antes de Copenhagen, como la cumbre de Bonn (Alemania), Bangkok (Tailandia) y Barcelona (España), debían servir para establecer pactos, negociaciones y planes que deberían mostrar, en diciembre, en la capital danesa. Ninguna de las tres reuniones se consideró oficialmente un éxito. Uno de los múltiples motivos es que las potencias emergentes, entre ellas India, no ven con buenos ojos que hayan de reducir sus emisiones de CO2, entre otros gases, mientras se encuentren en vías de desarrollo y en pleno auge económico. En noviembre de este año, cinco miembros del G-77 –grupo formado por 130 países en vías de desarrollo con la intención de cooperar mutuamente–, India, China, Brasil, Sudáfrica, Brasil y Sudán (presidente de turno del G-77), se reunieron en Pekín para adoptar una postura común de cara a la cumbre de Copenhagen. Los cinco países aseguraron en un comunicado conjunto que los países ricos son los responsables de los cambios que actualmente sufre el medio ambiente y que, por lo tanto, son ellos quienes tienen que tomar las medidas más significativas antes de que lo hagan los países menos ricos. Además, pidieron también que, en el caso que las potencias emergentes acepten reducir sus emisiones, han de ser los países más desarrollados  los que financien la tecnología y los recursos para adaptar las industrias de países menos desarrollados.
A pesar de estas advertencias a los países ricos, China, por su parte, ya había anunciado recortes en sus emisiones días antes de la reunión en Pekín. En su caso, ofreció la posibilidad de reducir entre el 40% y el 50% de su intensidad de CO2 (cantidad de CO2 por unidad de producción económica o empresa) hasta 2020 en relación a los niveles de 2005. India, por otra parte, se mostró más recelosa y menos ambiciosa. No fue hasta el 3 de diciembre, cuatro días antes de la cumbre de Copenhagen, que India anunció sus medidas, siendo la última de las grandes economías en ofrecer sus objetivos de reducción. El ministro de Ambiente indio, Jairam Ramesh, ofreció la posibilidad de reducir entre un 20% y un 25% la intensidad de CO2 para 2020, a partir de los niveles de 2005. De todos modos, aunque India se haya mostrado recelosa a colaborar en reducir sus emisiones, espera que salga un acuerdo sólido de la cumbre de Copenhagen ya que el país asiático es vulnerable a las consecuencias que puede provocar un cambio en el clima global como la desertización o la subida del nivel del mar, entre otros. Los desastres en países vecinos de India también podrían perjudicarla. El caso más significativo sería Bangladesh que, con una población de 160 millones de personas, es un país muy sensible a la subida del nivel  del mar, lo que podría provocar la desaparición de tierras y una ola masiva de refugiados hacia India.



Los maoístas como el principal problema interno del país



El terrorismo en India no sólo es un problema que proviene del exterior, como los atentados de Bombay en noviembre de 2008 supuestamente cometidos por pakistaníes, sino que también es un problema que nace  del propio país. India sufre de terrorismo ideológico, como el de los insurgentes maoístas, y de terrorismo separatista como los diferentes grupos independentistas de los territorios del noreste del país.
El caso de los insurgentes maoístas ha tenido mucha importancia este año ya que el Gobierno indio ilegalizó, en junio, el partido político que lidera el Movimiento Maoísta, el Partido Comunista de India (maoísta) y lo declaró formalmente organización terrorista.
 El Movimiento Maoísta es la insurgencia más antigua de India, su aparición data de 1948 (año en que la India se independizó de Gran Bretaña) y sus componentes son mayoritariamente campesinos; es decir, se trata de terrorismo rural.  Su ideología está inspirada en Mao Zedong (líder de la revolución comunista China en los años 40) y en la guerrilla del Sendero Luminoso de Perú (organización terrorista peruana también de tendencia maoísta). El PCI (maoísta) se fundó en 2004 tras la fusión del Partido Comunista de la India (marxista-leninista) Guerra Popular y del Centro Comunista Marxista (MCC). Ambos partidos son el resultado de una serie de escisiones con origen en el Partido Comunista de la India (marxista) o PCI-M que, a la vez, se separó del Partido Comunista de India (PCI) en 1964.
 El Movimiento Maoísta goza de apoyo social, sobre todo, en las zonas tribales del centro de la India, pero también en el este. Su máxima reivindicación es instaurar un Gobierno comunista estatal que tenga en cuenta los derechos de los campesinos pobres y de quienes carecen de tierra. Para sus reivindicaciones, los rebeldes maoístas hacen servir el terrorismo y las tácticas de la guerra de guerrillas. Actúan en zonas rurales y actualmente tienen presencia en 20 de los 29 estados de India. Utilizan explosivos caseros, minas y armas, y su principal fuente de ingresos son los secuestros, los saqueos y la amenaza violenta a los propietarios ricos. En los últimos 20 años, 6.000 personas han muerto en manos de los maoístas.
Durante las elecciones parlamentarias de este año, celebradas entre los meses de abril y mayo, se desplegaron más de dos millones de agentes policiales para evitar actos violentos. Aun así, los comicios estuvieron marcados por los atentados, la violencia y el boicot por parte de los rebeldes maoístas. La primera jornada de votaciones, celebrada el 16 de abril, se saldó con 19 muertos. Los insurgentes, durante el día 16, protagonizaron dos atentados, tiroteos con agentes policiales y ataques a colegios electorales en varios puntos del “cinturón rojo”, tal y como llaman a la franja de territorio que va del centro al este del país donde los rebeldes tienen una fuerte presencia. La segunda fase de los comicios no fue ninguna excepción: cinco personas, un juez, dos escoltas y dos policías murieron en el estado de Bihar (en el norte del país) a causa de la explosión de un artefacto delante del vehículo en el que viajaban. El mismo día, cinco personas resultaron heridas al explosionar un artefacto y tres más al explotar varios artefactos en una estación de ferrocarril. Al inicio de la campaña electoral para las elecciones parlamentarias los maoístas pidieron el boicot total a los comicios y amenazaron con cortar las manos a aquellos ciudadanos que se atrevieran a depositar la papeleta.   
La ilegalización del partido maoísta se anunció una semana después de que los rebeldes declararan el pueblo de Lalgarh, a 170 kilómetros de Calcuta (capital de Bengala Occidental, en el este del país) como una “zona liberada” y, por lo tanto, bajo su control.
La decisión de ilegalizar el PCI (maoísta) permitiría, ahora, detener a sus miembros, bajo la Ley de Prevención del Terrorismo, incluso sin estar implicados en actos violentos relacionados con los rebeldes. A cambio de la ilegalización el primer ministró, Manmohan Singh, aseguró que incluiría medidas socioeconómicas y de rehabilitación para las zonas con una fuerte presencia maoísta.
En respuesta a la ilegalización del PCM (maoísta), sus partidarios consideraron la prohibición “como un asalto brutal a los derechos democráticos del pueblo” y, como protesta, amenazaron con bloquear el máximo de carreteras posibles en todo el país durante dos días. En octubre, un inspector de policía del estado oriental de Jarkhand, Francis Induwar, fue decapitado por los maoístas después de que lo secuestraran  para exigir la liberación de tres detenidos maoístas. Dos días más tarde del asesinato del inspector, 150 rebeldes maoístas tendieron una emboscada a un grupo de 300 policías en el estado de Maharashtra, al este del país, en la que murieron 17 personas.
En una reunión con los jefes de policía de diferentes estados indios, tres meses después de la ilegalización del PCI (maoísta), Singh reconoció que la violencia por parte de los maoístas estaba en aumento y se mostró preocupado porque algunos sectores de la sociedad, incluidos intelectuales y jóvenes, se sentían cada vez más atraídos por el movimiento maoísta. En la misma reunión, Singh declaró que “durante mucho tiempo he mantenido que los militantes de extrema izquierda son quizá el problema interno más grave al que se enfrenta el país”.



Cronologia año  2009

 


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