Anuario 2009
Sri Lanka
"Punto final a 26 años de guerra civil"
Maria de la Figuera

El 19 de mayo de este año, el Gobierno de la isla-Estado de Sri Lanka declaró la victoria sobre la organización terrorista Frente de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, el cese de la guerra tras 26 años de conflicto. Siete meses, desde noviembre de 2008, de lucha intensa entre el Ejército de Sri Lanka y los miembros del LTTE sirvieron de ofensiva final para que el Ejército cingalés se hiciera con el control total de los territorios tamiles, bajo control de la LTTE, y terminara con el líder de la organización, Velupillai Prabhakaran. Sin embargo, durante y después de la batalla final diferentes organizaciones internacionales pro derechos humanos denunciaron al Gobierno de Sri Lanka por cometer crímenes contra la humanidad al no permitir que civiles tamiles abandonaran la zona de combate y, tras la guerra, mantenerlos encarcelados en campos de desplazados.


Esta última ofensiva del Ejército cingalés contra los rebeldes del norte, que se saldó con la derrota definitiva del LTTE o Tigres Tamiles –que luchan por la independencia de la tierra tamil– empezó a gestarse en septiembre de 2008. Por esas fechas, el Gobierno de Sri Lanka dio por terminada la tregua pactada en 2002, tras sufrir los peores ataques de los Tigres Tamiles en seis años. A principios de noviembre de 2008, el Ejército oficial lanzó la mayor ofensiva (50.000 soldados) hecha en años contra los rebeldes tamiles. Tras tomar pequeñas ciudades al este de la península de Jaffna, el 2 de enero de 2009 las tropas cingalesas se hicieron con el control de Kilinochchi, capital “de facto” de la guerrilla tamil. Los rebeldes tenían establecido en Kilinochchi una administración paralela a Colombo, capital de Sri Lanka, con sus propios tribunales y su propio cuerpo policial. Una vez el Ejército tomó la ciudad tamil, los rebeldes se movilizaron hacia el distrito (Sri Lanka la forman 25 distritos) de Mullaitivu, hacia el sur de la ex sede tamil. Tras tres meses desde la toma de la capital tamil los rebeldes se encontraron encajonados en una franja costera de 17 kilómetros cuadrados –a diferencia de los 15.000 que habían poseído hace tres años– en la pequeña zona de Vanni, en el distrito de Mullaitivu. Junto con los rebeldes se encontraban atrapados 150.000 civiles tamiles sin posibilidad de escapar, ya que estaban cercados por el Ejército esrilanqués, que no permitía su huida por miedo a que se escapara algún miembro de los Tigres. El 20 de abril, el Gobierno de Sri Lanka dio al líder del LTTE, Velupillai Prabhakaran, 24 horas para “o bien rendirse o bien morir”. Prabhakaran y su séquito de guerrilleros no se rindieron y continuaron la lucha hasta casi un mes más, pero cada vez más asediados por las tropas cingalesas. El 17 de mayo, los rebeldes del LTTE, acorralados por el Ejército en un espacio de 1 kilómetro cuadrado, anunciaron su rendición y argumentaron que su decisión tenía como único objetivo proteger a las 150.000 civiles que aún permanecían entre los dos fuegos. Según denunciaron los rebeldes, en las últimas horas antes de su rendición 3.000 civiles tamiles habían muerto a manos del Ejército y otros 25.000 había resultado heridos sin posibilidad de atención médica. Al día siguiente de que los Tigres Tamiles silenciaran sus armas, el jefe del Ejército cingalés, Sarath Fonseka, confirmó la muerte del fundador y líder del LTTE, Velupillai Prabhakaran, y la de sus dos comandantes más cercanos. A continuación, el presidente del Gobierno de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, anunció el fin de 26 años de guerra entre las fuerzas gubernamentales y el Frente de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE).

Acusados por crímenes de guerra
Durante los últimos seis meses del conflicto y tras el cese de éste varias organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja Internacional, acusaron y denunciaron crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos, supuestamente cometidos tanto por el Ejército cingalés como por los Tigres Tamiles. Los rebeldes, por su parte, acusaron al Gobierno de no permitir el alto al fuego para que miles de civiles tamiles pudieran evacuar la zona de combate en la que se encontraban atrapados. Pero, por otra parte, el Ejército acusaba a los rebeldes de utilizar a su propia población como escudos humanos para evitar que las tropas les atacasen, para llamar la atención de la comunidad internacional y para alertar de la necesidad de una intervención extranjera en la guerra que permitiría el cese del fuego sin que los rebeldes tuvieran que rendirse. No hubo ninguna implicación militar extranjera, pero lo que sí hubo es un alerta internacional sobre las consecuencias que estaba teniendo el trecho final de la guerra. Según la ONU, en los últimos seis meses de conflicto murieron más de 20.000 civiles. Pero hasta ahora no ha habido ninguna información creíble de primera mano sobre el transcurso real de los hechos durante la ofensiva. El Gobierno de Sri Lanka no permitió ni a los periodistas ni al personal humanitario acceder a la zona de combate ni tampoco a sus alrededores. En septiembre de 2008, un mes antes del comienzo de las hostilidades, las ONG internacionales fueron obligadas a dejar la zona de guerra. La misma suerte corrieron los periodistas de cadenas de televisión como la estadounidense CNN, la británica BBC y la qatarí Al-Jazeera. El Gobierno cingalés acusaba a estas organizaciones y cadenas de televisión de favoritismo con los tamiles.
Las advertencias de que la batalla final del Ejército de Sri Lanka sobre los tamiles podría terminar en un baño de sangre fueron continuas durante la ofensiva, pero ambas partes implicadas, Ejército y rebeldes, hicieron caso omiso de cualquier aviso o petición por parte de la comunidad internacional. La llamada internacional pidió día tras día, durante seis meses, al Ejército cingalés que negociara una rendición con los tamiles, a lo que el Gobierno central respondía que “sólo se hablaría con el rival en caso de que, previamente, dejara las armas”. Los rebeldes tamiles, por su parte, respondían diciendo que ellos no entregarían las armas hasta que no hubiera garantías de que van a vivir en “libertad, dignidad y soberanía”, tal y como responde su lema. Los tamiles (etnia minoritaria de religión hindú que representa el 18% de la población de la isla) consideran que desde la independencia de Sri Lanka de los británicos en 1948, el alzamiento del nacionalismo cingalés y del budismo como única religión, su etnia ha estado siempre discriminada, perseguida y obligada a mantenerse en un segundo plano de la sociedad. Estas consideraciones han sido el caldo de cultivo del separatismo tamil y de su voluntad de formar un Estado independiente. Analistas esrilanqueses e internacionales advirtieron al Gobierno de Colombo durante los meses de la batalla final  que “terminar de forma militar con los rebeldes tamiles no suprimiría el problema de fondo, que es la discriminación de los tamiles por los cingaleses”. Además, también aseguraban que los atentados cometidos por los rebeldes durante los últimos días del conflicto en diferentes puntos del país, como el ataque de dos aviones que se estrellaron contra un edificio del Gobierno en Colombo, donde murieron dos personas o el atentado suicida contra un desfile militar en el distrito de Matara (en el sur del país) que se saldó con 14 muertos, revela que el LTTE dispone de comandos infiltrados por todo el territorio.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró, diez días después del fin de la guerra, una sesión extraordinaria para aprobar una investigación sobre los crímenes cometidos durante la batalla final del conflicto tamil. La resolución de la sesión condenaba a los Tigres Tamiles por utilizar a civiles como escudos humanos, pero en cambio no atribuyó ningún crimen ni al Ejército ni al Gobierno cingalés, sino que los alabó por sus esfuerzos por terminar con el terrorismo en su país. Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y, por lo tanto, con derecho a veto, rechazaron condenar al Gobierno de Colombo por violación de los derechos humanos. Si un miembro permanente de la ONU (Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido) veta una propuesta, ésta queda anulada. La resolución de la ONU fue recibida con alegría por los cingaleses, pero muy criticada por las organizaciones pro derechos humanos, que reclamaron una investigación independiente de la que hizo la  ONU.
Tras el cese de la guerra, las denuncias por violación de los derechos humanos siguieron recayendo, ahora sobre todo en el Gobierno. El asesor especial del presidente del Ejecutivo, Basil Rajapaksa, familiar del presidente, planeó el levantamiento de cinco campos de refugiados (“Welfare Villages” o “aldeas del bienestar”) para albergar a los refugiados tamiles que habían huido de la guerra. En total 300.000 tamiles se aposentaron en unos campamentos pensados para 195.000 personas. Además, lo que debía ser una zona segura para el refugiado se convirtió en una cárcel para miles de tamiles. Los campamentos estaban vallados con alambres, vigilados por militares, se prohibía el abandono del campo y la entrada estaba estrictamente vigilada. Además, otra vez, el Gobierno no permitió ni la entrada de periodistas ni de personal con ayuda humanitaria. Estos campamentos para refugiados tamiles se levantaron a finales de febrero y permanecieron en pie hasta principios de diciembre de este año. Entidades internacionales en defensa de los derechos fundamentales denunciaron que los campos no aseguraban las necesidades básicas de los refugiados como la higiene, el alimento suficiente y las mínimas condiciones de salud, y pedían al Gobierno que liberara a los internos. El Gobierno argumentó que no permitiría la salida de los desplazados del campo hasta que no se hubieran identificado los guerrilleros tamiles, que, según Rajapaksa, se encontraban camuflados entre los internos. El 1 de diciembre de este año, el Gobierno permitió a los desplazados el libre abandono del campo, pero con la condición de que todos aquellos que salieran deberían ser registrados por las autoridades. La decisión del Gobierno de levantar las restricciones para los refugiados estuvo precedida por las presiones internacionales, pero sobre todo, por la decisión del que hasta ahora había sido el general del Ejército cingalés, Sarath Fonseka, de presentarse a las elecciones previstas para enero de 2010.  

De la batalla tamil a la batalla electoral
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, convocó las próximas elecciones presidenciales para el 26 de enero de 2010. Rajapaksa, líder del centro-izquierda Partido Liberal de Sri Lanka (SLFP), avanzó los comicios dos años antes de lo previsto (cada mandato dura seis años, pero la Constitución de Sri Lanka permite convocar elecciones tras cuatro años en el poder). Tras la derrota tamil y el fin de 26 años de guerra, el presidente cingalés era considerado un héroe nacional y Rajapaksa intentó aprovechar la coyuntura para presentarse a las elecciones y ganarlas con ventaja. Lo que no se esperaba el presidente del Ejecutivo era que, días más tarde de que anunciara los próximos comicios, el hasta ahora general del Ejército cingalés, Sarath Fonseka, rechazara su cargo militar y se presentara a las elecciones. Fonseka lideró las tropas desde 2005 y venció a los Tigres Tamiles en la ofensiva final, por lo que también es venerado como un héroe nacional. Por todo esto, el ex general se ha convertido en el principal rival político de Rajapaksa. Los meses posteriores al fin de la guerra, Fonseka criticó con dureza la actitud del presidente: lo ha acusado de tomar decisiones sin tener en cuenta la opinión del Ejército durante el transcurso final de la guerra, de permitir la matanza de miles de civiles tamiles, de las penosas condiciones de los campos de refugiados y de atribuirse la victoria sobre los rebeldes. Además, Fonseka también lo acusó de mostrar poco respeto con las normas de la democracia, ya que, según el ex general, Rajapaksa ha permitido la corrupción en política, ha negado el derecho a la información (nacionalizando medios de comunicación y reprimiendo la libertad de expresión de los periodistas) y ha otorgado privilegios y preferencias sociales y políticas a sus familiares y amigos durante los cuatro años de su mandato.
Una de las propuestas electorales con más peso del ex general, Sarath Fonseka, es la abolición del sistema político semipresdiencial y la instauración de un sistema estrictamente parlamentario. Fonseka considera que el sistema semipresidencial otorga demasiado poder y peso político en una sola persona y que, hasta ahora, sólo ha servido para que los presidentes abusen de su poder, tal y como el ex general cree que hace Rajapaksa. Para llevarlo a cabo, en caso de que gane las próximas elecciones, en enero, Fonseka ya cuenta con el respaldo de la coalición formada por los dos grandes partidos de la oposición y rivales históricos Partido Nacional Unido (UNP) y Frente de Liberación Popular (JVP), de inspiración marxista. Además, Fonseka, gracias a sus promesas electorales de cambiar el sistema político también consiguió el apoyo de la Alianza Nacional Tamil, el principal partido tamil. El apoyo de los tamiles a Fonseka se considera un primer triunfo del ex general sobre Rajapaksa antes de los comicios. Después de que Fonseka se presentara a las elecciones en noviembre, los dos candidatos centraron sus esfuerzos por conseguir el voto tamil ya que el voto cingalés quedaba muy reñido entre ambos.
Tanto si gana los comicios uno u otro candidato el futuro presidente tendrá que enfrentarse a seis años cruciales para el país. Tal y como dicen algunos expertos, el principal problema del país recae en la rivalidad, en la disputa étnica, y, por lo tanto, en la violencia, la discriminación y la falta de seguridad. El principal reto del futuro presidente será mantener el país estable y sin conflictos étnicos, un deseo que tanto tamiles como cingaleses llevan esperando desde hace 26 años.


Un país de contrastes económicos



Aunque el 15% de la población de Sri Lanka viva por debajo del umbral de la pobreza, el país cuenta con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) –indicador que elabora la ONU que se rige por la esperanza de vida, la tasa de alfabetización y el PIB per cápita–  más elevado de su zona (India, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Pakistán, entre otros), a treinta posiciones por encima de India. El 91% de la población sabe leer y escribir, la esperanza de vida se eleva hasta los 75 años y el PIB per cápita es de 4.600 dólares. La economía de Sri Lanka ha crecido este año un 6%: no es una mala cifra si se tiene en cuenta que el pico más alto de crecimiento fue un 7% en 2007, justo antes de la crisis económica mundial. Sin embargo, la economía de la isla se encuentra muy mal repartida entre las provincias del este, de población mayoritariamente rural, y las del oeste, de mayoría urbana. Los estragos de 26 años de guerra han provocado, sobre todo en el este (de mayoría tamil), la caída de la agricultura, la falta de tierras fértiles, la subida de precios de los alimentos, la falta de infraestructuras y la falta de trabajo (el total de desempleados del país llega al 5,2%). El 35% de la población de Sri Lanka es campesina, pero el sector agrícola sólo representa el 15% del PIB, lo que indica una baja producción.




Cronologia año  2009

 


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