Anuario 2009
Argentina
"El conflicto agropecuario y los planes sociales pasan factura a los Kirchner"
Meritxell Turó

El Partido Justicialista (PJ) recibió un duro golpe el 28 de junio de 2009: la pérdida de las elecciones legislativas. El candidato a senador Néstor Kirchner, ex presidente y marido de la presidenta Cristina Fernández, fue derrotado por el candidato de la alianza de partidos de centro-derecha Unión-PRO, Francisco de Narváez, en la provincia de Buenos Aires. Esta región, al representar el 38% del total del padrón argentino, es clave para los resultados finales, y en el resto de provincias más importantes los resultados no fueron mejores. En Córdoba, el PJ tuvo un 10,39% de los votos frente al 29,2% del principal partido de la oposición, el socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), que también venció en Mendoza con el 48% frente al 18% del PJ. El Partido Justicialista tampoco logró ganar en otros estados muy poblados como Santa Fe, Tucumán o Entre Ríos. Para las elecciones presidenciales de 2011, Néstor Kirchner probablemente se disputará la candidatura justicialista con el ex presidente Eduardo Duhalte, según declararon ambos a finales de 2009. Pero el PJ lo tendría difícil para obtener otro mandato presidencial en 2011 si los resultados de los comicios legislativos de 2009 se interpretan como un sondeo para los presidenciales.


Néstor Kirchner fue presidente de la República de Argentina de 2003 a 2007, cuando le relevó su esposa, Cristina Fernández. Los comicios legislativos de 2009 estaban previstos para el 25 de octubre, pero a mediados de marzo la presidenta anunció en el Parlamento su intención de adelantarlos al 28 de julio. Probablemente el cambio de fecha fue una estrategia propuesta por Néstor Kirchner para evitar mayores efectos de la crisis económica en los resultados. Pero además de la mala situación económica, los medios argentinos apuntaron la mala gestión del conflicto del campo y de los planes sociales como causas del fracaso electoral del oficialismo.
En el 2008 se dieron los enfrentamientos más tensos entre agricultores y el Gobierno y durante 2009 continuaron. En marzo de 2008 se habían producido 500 cortes de tráfico en rutas de todo el país, en contra de la subida de impuestos de hasta el 45% en las exportaciones de soja y girasol. El girasol representa aproximadamente el 8% de los cultivos de grano en Argentina, pero la soja ocupa el 54%. La alta rentabilidad de la soja transgénica en los mercados internacionales ha llevado a muchas empresas agropecuarias a sustituir progresivamente sus cultivos de trigo, maíz, girasol o avena por la soja, mucho más lucrativa. Esta expansión de los cultivos de soja se conoce con el nombre de “sojización”. Actualmente en Argentina, el 4% de los productores de soja posee el 60% de los campos y algunos de estos terratenientes son empresas de capital principalmente extranjero (desde estadounidense, como CRESUD, hasta australiano, como LIAG) y amigos del matrimonio Kirchner.
Según el Gobierno, el objetivo del aumento de los impuestos decretado en 2008 era combatir la “sojización”. Después de un tenso 2008, el Ejecutivo intentó acercarse a los dirigentes del campo el 25 de febrero de 2009 y acordó reducciones de impuestos en algunos productos agrícolas, pero la soja quedó fuera de ellas. Dos días más tarde, el precio de la soja cayó y el 20 de marzo Cristina Fernández anunció, con la esperanza de pacificar a los colectivos del campo, que el 30% de los impuestos sobre las exportaciones de soja se reinvertirían en las administraciones de cada provincia. A finales de marzo de 2009, el Gobierno se comprometió también a desarrollar un paquete de medidas para incentivar la producción de trigo y leche, como potenciar sus exportaciones mediante la eliminación de impuestos y otorgar compensaciones económicas a quienes los produzcan. La actividad económica agropecuaria en general estuvo muy perjudicada en el 2009 por la sequía, la peor sufrida en el país en 70 años. Las cosechas de soja representan para Argentina casi un 6% de su PIB, pero en el primer semestre de 2009 el comercio de la soja cayó un 35% según datos oficiales. Las provincias más afectadas por la sequía iban a beneficiarse de la eliminación de aranceles en la exportación de grano según la Ley de Emergencia Agropecuaria, pero la presidenta vetó esta ley en agosto de 2009. De nuevo, por séptima vez en menos de un año, los productores agrarios convocaron huelgas y se manifestaron durante ocho días.
El Poder Legislativo renovó en 2009 la atribución al Poder Ejecutivo de “Las Facultades Delegadas”, un conjunto de 1.900 normas, entre las que se encuentra el Código Aduanero. Esto es, Cristina Kirchner es quien fija los impuestos a las exportaciones.

Malestar en la provincia de Buenos Aires
Además de las huelgas en el campo, desde enero a septiembre de 2009 se registraron 440 cortes de tráfico en Buenos Aires, mientras que habían sido 360 en todo el año 2008.
El 11 de noviembre de 2009 coincidieron varias protestas en la capital por motivos diversos. El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), una organización social y política que presentó su candidatura en las elecciones presidenciales de 2007, intentó cortar el tráfico en uno de los puentes que permiten el acceso a la capital, el Pueyrredón. Por otro lado, decenas de estudiantes universitarios se concentraron frente al rectorado de la Universidad de Buenos Aires para oponerse al adelantamiento de cuatro meses de la Asamblea Universitaria para elegir al próximo rector. También estaban los empleados y ex empleados de la empresa Kraft, que volvían a concentrarse ante el Ministerio de Trabajo para reclamar la reincorporación de más de cien trabajadores. A mediados de agosto de 2009, Kraft comunicó mediante un telegrama a 160 trabajadores que estaban despedidos. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria (instó a que las dos partes negociaran un acuerdo), pero los despedidos fueron a trabajar y encontraron la fábrica cercada por policías, que dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos. El 11 de noviembre de 2009, cumplían cinco meses de manifestaciones, tiempo en el que consiguieron el apoyo de movimientos piqueteros.
Si todo esto imposibilitaba la circulación en la superficie, debajo de ella ninguna de las 6 líneas de metro funcionaba. Los trabajadores de Metrovías (la empresa concesionaria del servicio de metro en Buenos Aires) se habían sentado en las vías, en un nuevo intento de presionar también al Ministerio de Trabajo para que les reconozca como sindicato independiente de la Unión Tranviarios Automotor.
El gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, del partido opositor de centro-derecha Propuesta Republicana, criticó la pasividad de la Policia Federal –que sólo rodeó las zonas afectadas–, exigió su actuación para permitir el tráfico de vehículos y se mostró indignado por la frecuencia con la que las manifestaciones conseguían alterar la circulación en Buenos Aires.
El movimiento piquetero lo forman varias organizaciones sociales que cortan el tráfico de manera recurrente para reivindicar la creación de empleo y buenas condiciones salariales. Algunos de los grupos piqueteros más importantes en Buenos Aires son el MIJD, el Bloque Piquetero Nacional (BPN), el Movimiento Barrios de Pie (MBP) o el Frente de Trabajadores Combativos y en las movilizaciones de noviembre exigían ser incluidos en el Plan Argentina Trabaja, anunciado el 14 de agosto por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El objetivo de este plan de empleo es dar trabajo, con un sueldo de 1.300 pesos (unos 340 dólares) mensuales, a 100.000 personas que forman parte de cooperativas en la provincia de Buenos Aires. El sueldo medio del funcionariado no llega a los 1.200 pesos y los funcionarios no tienen derecho a la subvención, anunciada en agosto de 2009 por el Ejecutivo, de 180 pesos (unos 28 dólares) por hijo al mes, de modo que fueron los primeros en estar en contra de Argentina Trabaja. Por otro lado, los intendentes de los municipios de La Matanza y Morón denunciaron a los medios de comunicación la intromisión del Gobierno para seleccionar los destinatarios del Plan. Argentina Trabaja se despliega a través del Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por la cuñada de la presidenta, Alicia Kirchner. La ministra, ante las acusaciones, emitió un comunicado negando que “Argentina Trabaja (fuera) clientelista” y expresando su voluntad de aplicar el plan “con transparencia”. Este ministerio había sido acusado con anterioridad de irregularidades en otros planes sociales, como los referentes a la educación e inclusión social. A finales de octubre de 2009, el diario conservador, La Nación aseguró haber accedido a informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que constatan los falsos empadronamientos para conseguir las ayudas y la dificultad para conocer el destino de los fondos adjudicados y en qué se han gastado.

Mala gestión en sanidad y economía
La falta de transparencia de la Administración argentina se hizo evidente también ante problemas globales, como las medidas del Gobierno durante la alarma de la gripe nueva o los datos publicados por el Ministerio de Economía durante este año 2009.
La víspera de la jornada electoral en Argentina, el 27 de junio, había 1.587 casos de gripe AH1N1 confirmados por el Ministerio de Sanidad y el 3 de julio ya eran 100.000, situando al país como el más afectado del mundo. A pesar de que Buenos Aires declaró la emergencia sanitaria, el Gobierno rechazó hacerlo a nivel nacional. Ante el pico de casos de gripe post-electoral, varios medios de comunicación denunciaron que el Ejecutivo había estado ocultando información sobre los contagios de gripe nueva. Esta evidencia y la derrota electoral del Partido Justicialista causaron la dimisión de la ministra de Sanidad, Gabriela Ocaña.
Por otro lado, y desde hace unos años, gestorías privadas y estudios de universidades (por ejemplo, la Sociedad de Estudios Laborales y la Universidad Católica Argentina) han puesto en entredicho los datos que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC), dependiente del Ministerio de Economía. Según el INDEC, la inflación durante 2008 fue del 7,2%, pero estudios de consultoras privadas sitúan el valor alrededor de un 30%.
Según el diario “El Clarín”, las previsiones del FMI para 2009 son de una inflación de 5,6% este año y de 5% en 2010. Sin embargo, en una nota a pie de página, el Fondo destaca que 'analistas privados opinan que el índice de la inflación de los precios al consumo ha sido considerablemente más elevado que el comunicado oficialmente por el Gobierno”. Los cálculos de los organismos privados sitúan el valor de la inflación de 2009 alrededor del 12%. En el mismo informe, el FMI pronostica una caída del PIB del 2,5%  en 2009. Para el 2010 el Presupuesto Nacional de Argentina pronostica un crecimiento del PIB  del 2,5%, una inflación del 6,1% y un aumento de inversión del 8,2%.

Las críticas desde los medios de comunicación
Después de las elecciones de junio, el periódico más importante de Argentina, El Clarín, emprendió una dura campaña contra la presidenta y su entorno de confianza. Este periódico, que había sido simpatizante y protegido del oficialismo durante el mandato de Néstor Kirchner, es el más afectado por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como “Ley de medios”), aprobada el 10 de octubre de 2009. La ley pretende garantizar la pluralidad informativa: impide a un mismo grupo mediático tener más de 10 licencias de publicación y/o emisión (hasta ahora eran 24). Aquellos grupos que superen los 10 medios deben deshacerse del resto en menos de un año, con el evidente riesgo de venderlos a un precio más bajo del real. En el caso de que no se vendan, en las ciudades con más de 500.000 habitantes, pasarán a ser propiedad del Gobierno y de una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual compuesta por siete miembros: un presidente y un director nombrados por el Gobierno, tres miembros propuestos por el Parlamento y dos más elegidos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (elegido por los gobernadores).
A pesar de que la presidenta defendió que la ley garantizaba la pluralidad informativa, los medios de comunicación argentinos entienden la medida como una estrategia para que el Ejecutivo tenga un control absoluto del cuarto poder.
Además, según denunciaron partidos de la oposición, la discusión y aprobación de la ley fue precipitada: necesitaban darle luz verde antes de diciembre, mes en que cambian los parlamentarios de acuerdo con el resultado de las elecciones legislativas de junio. El diario español El País recogió las declaraciones del portavoz del partido opositor Unión Cívica Radical (UCR), Óscar Aguad, quien consideró que “un proyecto de ley en el que se habían introducido más de 200 modificaciones sobre el dictamen inicial no podía ser discutido en tan poco tiempo”. En el Congreso se aprobó con 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención, pero con 104 diputados de la oposición, la mayoría de los bloques de derecha y socialdemócrata, fuera de la sala en señal de protesta por la discusión precipitada de la ley.
Durante el proceso de discusión se rumoreó la compra de votos. El País publicó el 10 de octubre: “Una senadora opositora anunció su voto favorable a la ley, presuntamente a cambio de que el Gobierno federal libere fondos que permitan al gobernador de su provincia, a punto de abandonar el cargo, pagar los sueldos de los funcionarios”. El Clarín recogió la respuesta del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: “Suponer que los cambios de votos responden a la compra de votos es muestra de ingenuidad o de mala leche”. El funcionario agregó: “Sabíamos que los medios favorecidos con la vieja ley dirían estas cosas”.
El diario conservador La Nación se sumó también a la campaña mediática contra los Kirchner. En julio de 2009 el diario publicó que el matrimonio Kirchner declaró a la Oficina Anticorrupción una ampliación del 158% de su patrimonio durante 2008: de 17.824.941 pesos (3,3 millones de euros) hasta 46.036.711 de pesos (8,5 millones). En los seis años que llevan en la Casa Rosada el incremento es del 672%, ya que en 2003 declararon que su patrimonio era de 6.851.810 de pesos (1,2 millón de euros). La operación que más beneficios habría aportado a los Kirchner es la compra y venta de suelo público en la villa turística El Calafate, situada en la provincia de Santa Cruz y a 80 kilómetros del glaciar argentino más conocido, el Perito Moreno. La compra fue por valor aproximado de 500.000 euros y la posterior venta por más de 2 millones de euros.
Elisa Carrió, al frente de la Coalición Cívica y candidata a presidenta en las dos últimas elecciones presidenciales, interpuso una denuncia para investigar posibles conductas corruptas de Néstor Kirchner, Julio De Vido (ministro de Planificación), Claudio Uberti (ex funcionario), Rudy Ulloa Igor (ex chofer de Kirchner), Ricardo Jaime (secretario de Transporte), Cristóbal López (empresario del juego) y Lázaro Báez (empresario). Coalición Cívica asegura que De Vido depositó 76 millones de dólares en un banco en las Islas Caimán, y exige saber con qué objetivo.
El Barómetro Global de la Corrupción 2009 de la ONG Transparencia Internacional (TI) analiza el impacto de la corrupción en los partidos políticos, en los poderes legislativo y judicial, en el funcionariado, en los medios y en las empresas privadas. Tras el análisis de estos parámetros y en una escala en la que el 0 equivale a “nada corrupto” y el 5 a “mucha corrupción”, Argentina obtiene una media de 4.0 puntos, por encima de la media de América Latina, de 3.8 puntos y siendo de los más corruptos, junto con Venezuela, Paraguay, Ecuador y Nicaragua. De los estudiados, los más transparentes son Chile, Uruguay, Puerto Rico y Costa Rica. Luego, de menos corrupto a más se situan: Cuba, Brasil, Colombia, mientras que los más corruptos son El Salvador, Guatemala, Panamá y México. Desglosando el cálculo global, todos los sectores obtienen un valor mayor de la media de América Latina, y los sectores más corruptos del país son los partidos políticos (4.4 puntos) y el funcionariado (4.3 puntos).  
El índice de desarrollo humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se basa en la esperanza de vida, las tasas de alfabetización y escolarización y el PIB por cápita. El valor obtenido por Argentina se sitúa entre el 0,850 y el 0,899. El PNUD considera que un país tiene un desarrollo humano alto si obtiene un valor superior al 0,8.



Cronologia año  2009

 


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