Anuario 2009
Venezuela
"La Asamblea Nacional aprueba 30 leyes para impulsar un nuevo período de “revolución socialista”, de 2009 a 2019

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Meritxell Turó

El 2 de febrero de 2009, Hugo Chávez, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), celebró un decenio como presidente de Venezuela. Lo hizo acompañado de gobernantes de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica y Cuba, y ese día declaró que confiaba en que los venezolanos le apoyarían para permanecer en el poder “al menos otra década”. En diciembre de 2007, venció el “no” en el referéndum para modificar varios artículos de la Constitución, entre ellos, ampliar el mandato presidencial de seis a siete años y retirar los límites de reelección. Pero Chávez lo volvió a intentar: el 15 de febrero de 2009 se aprobaron mediante otro referéndum, y con un resultado del 54,36% de los votos a favor, las enmiendas constitucionales que permitirán la reelección ilimitada de los cargos de elección popular. En las elecciones de 1998, Chávez logró la presidencia con un apoyo del 56% de los votos, en el año 2000 con el 60% y en 2006 con el 74% de los votos. Chávez se ha propuesto ser presidente hasta que tenga 74 años, y con la aprobación de la modificación constitucional, podrá optar a un tercer mandato, el 2012.

Según sus declaraciones a principios de 2009, Hugo Chávez se propuso terminar 2010 sin que quedara ninguna ley “contraria a los principios del socialismo”. Esto responde a su proyecto del nuevo período de revolución socialista, de 2009 a 2019. Con este fin, durante el mes de agosto de 2009 se aprobaron 30 leyes en la Asamblea Nacional. Según la oposición, varias de ellas favorecen al actual Gobierno. El PSUV tenía la mayoría de sus 167 escaños porque en 2005 la oposición decidió no presentarse a las elecciones para denunciar la falta de garantías del voto secreto y el supuesto fraude en las listas del censo.
Una de 30 leyes aprobadas en agosto de 2009 fue la que se aplicará en las próximas elecciones legislativas, en diciembre de 2010: la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales. El cambio más importante concierne a la elección de parlamentarios. Con la antigua ley, el 60% eran elegidos por el voto directo de los ciudadanos y el 40% en listas cerradas. A partir de 2010, el 70% de diputados serán elegidos directamente por los votantes y el 30% por listas cerradas. Con esta nueva legislación, se amplía el voto personal y se reduce el proporcional, el partido más votado obtendrá mayor número de escaños que los que se obtenían con la antigua ley, lo que favorecería al PSUV en estos momentos. Según el dirigente del partido socialdemócrata Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, es una ley 'hecha a la medida del Gobierno', porqué directamente Hugo Chávez conseguiría muchos votos. Según la oposición, el PSUV también intenta moldear a la sociedad a través del “adoctrinamiento” que, según ellos, instaura la nueva Ley de Educación, aprobada el 13 de agosto de 2009 y que sustituye a la de 1988. La nueva ley otorga más poder al Estado, que regulará la contratación de maestros, la adjudicación de plazas universitarias y fijará las mensualidades escolares. También establece la educación laica y amplía la comunidad educativa (hasta ahora formada por maestros, alumnos y padres) a trabajadores, obreros y “organizaciones comunitarias”, que podrán vincularse a proyectos educativos de los colegios. El principal partido opositor, socialdemócrata, Acción Democrática (AD), consideró que las escuelas se convertirán en centros de formación ideológica chavista y que los miles de escuelas administradas por la Iglesia quedarán relegadas, en un país en que el 96% de la población es cristiano. El PSUV defiende que la ley se ciñe al 'Plan Socialista de la Nación 2007-2013', que se aprobó en la Asamblea Nacional hace dos años, y que contiene, entre otros objetivos, 'adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista'.
La ley de Educación motivó dos manifestaciones en Caracas el 22 de agosto; una a favor y otra en contra. A la marcha opositora se sumaron varios miembros del Colegio Nacional de Periodistas para mostrar su desacuerdo con el proyecto de ley que afecta su profesión. Éste se presentó el 30 de julio de 2009 en la Asamblea Nacional, y prevé condenas de cárcel para los medios de comunicación que difundan información “considerada falsa”, “manipulada” o que “perjudique los intereses del Estado”. El 1 de agosto de 2009, el Gobierno retiró la concesión de frecuencia a 32 emisoras de radio y dos canales de televisión. A pesar de que el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, declaró que el motivo era que los propietarios de estos medios de comunicación no figuraban como los titulares de las licencias de difusión, el Colegio Nacional de Periodistas opinó que era una represalia contra los medios opositores además de un “atropello” a la libertad de expresión. Pero la manifestación más importante de 2009 contra el mandatario venezolano fue el 4 de septiembre. Con el lema “No más Chávez”, fue convocada, según el diario opositor El Universal, a través de las redes sociales facebook y twitter por estudiantes venezolanos y colombianos, con la intención de que fuera una marcha internacional. Se registraron manifestaciones en 144 ciudades, entre ellas Madrid y 30 ciudades colombianas. Unos días antes, el líder de Acción Democrática, Henry Ramos, comunicó el inicio de una campaña en contra del Gobierno y pidió a los partidos socialistas de Francia, España, Grecia, Panamá y Colombia la emisión de comunicados de “angustia” por la situación y de “respaldo” a la oposición. Las críticas de los principales partidos opositores de finales de año se centraron en la gestión del Ejecutivo ante la situación de sequía: 2009 fue el año más seco para Venezuela en 40 años. El escaso nivel de agua en los embalses de todo el país llevó al Gobierno a programar cortes de agua potable y de electricidad, de hasta 48 horas, en todo el país desde noviembre de 2009, y previstos hasta mayo de 2010. Acción Democrática, MAS y COPEI declararon que las medidas restrictivas se debían a la mala gestión de los recursos hídricos y al escaso equipamiento del sector eléctrico, nacionalizado en 2007.
Entre las nuevas leyes de 2009 para la expansión del socialismo chavista se aprobaron varias para potenciar la política de nacionalizaciones del Ejecutivo, lo que afectó a multinacionales estadounidenses y argentinas del sector petrolero y metalúrgico. Gracias a estas nuevas leyes, el Gobierno también asumió más poder en la gestión de puertos, aeropuertos y carreteras, y engrosó el Sistema de Finanzas Público, con la nacionalización de uno de los bancos más importantes del país, el Banco de Venezuela, y cinco bancos más. La alta inflación, del 25% en 2009 y el 30,9% en 2008, según el Banco Central de Venezuela; el control creciente por parte del Gobierno del sistema bancario y las nacionalizaciones recurrentes son las causas principales de los bajos niveles de inversión extranjera que registra Venezuela. Multinacionales como Techint, Cargill, Cemex o Verizon se han visto obligadas a entregar empresas al Ejecutivo venezolano en los últimos años, lo que ahuyenta a posibles capitales inversores.

Alianzas económicas
Venezuela sufrió los efectos de la crisis económica global de 2009 con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,3%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La economía del país entró oficialmente en recesión en octubre de 2009, después de cinco años de gran crecimiento (en 2008 fue del 4,8%). La drástica caída del precio del petróleo fue crucial, ya que el crudo venezolano representa más del 90% de las exportaciones y financia más del 50% del presupuesto nacional, a través de la petrolera estatal PDVSA. El crudo llegó a costar 64 dólares por barril, mientras que en 2008 su precio promedio fue de 110 dólares por barril.
Brasil siguió liderando la inversión extranjera en Venezuela y ambos países mantuvieron buenas relaciones durante 2009. El 15 de diciembre de 2009, el Congreso brasileño aprobó la adhesión, con 35 votos a favor y 27 en contra, de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur). Esta alianza, fundada en 1991, pretende fortalecer políticas macroeconómicas, seguir una política comercial común y permitir la libre circulación de bienes y servicios entre los países miembro: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela solicitó formar parte de Mercosur en 2006 y Argentina y Uruguay lo aprobaron ese mismo año. Pero, en 2007, Chávez acusó a los senadores brasileños de estar sometidos a Estados Unidos, lo que paralizó el proceso de aprobación de Brasil hasta 2009. Durante este año, El Gobierno de Brasil también se encargó de presionar al único país que todavía no ha aceptado el ingreso de Venezuela: Paraguay. El presidente del Senado paraguayo, perteneciente al democristiano Partido Patria Querida (PPQ), Miguel Carrizosa, dijo que Paraguay no aceptaría a Venezuela mientras Chávez fuera su presidente, ya que sus actitudes autoritarias son un “peligro” para el bloque regional. De todas formas, algunos analistas internacionales afirman que es probable que Paraguay acepte a Venezuela como miembro del Mercosur en la votación sobre esta cuestión, prevista en el Senado paraguayo para marzo de 2010.
Lula da Silva y Hugo Chávez firmaron otros acuerdos durante 2009. El 27 de mayo, pactaron que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) financiase varios proyectos de infraestructuras en Venezuela, y, el 29 de octubre, firmaron 15 acuerdos de cooperación, entre los que se encuentra el compromiso para incorporar la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como accionista en la refinería “Abreu e Lima” en el estado brasileño de Pernambuco. El 27 de septiembre de 2009, Venezuela participó junto con Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay en la creación del Banco Sur, que contará con recursos autorizados de 20.000 millones de dólares para impulsar la economía de los países firmantes disminuyendo la dependencia del FMI y del Banco Mundial.
Paralelamente, en el transcurso de 2009, Chávez siguió liderando la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que Venezuela forma con los países con quien comparte una ideología socialista parecida (Cuba, Bolivia, Nicaragua y Dominica) y que forma la principal plataforma de expansión de la tan predicada “revolución socialista” de Chávez. El ALBA se formó en 2004 para fomentar la colaboración política y socioeconómica entre estos países y como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos. En la cumbre de mayo de 2009, se incorporaron al ALBA Ecuador, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda y en el encuentro de octubre, se aprobó el tratado constitutivo del sucre. Esta moneda pretende ser una alternativa al dólar norteamericano para operaciones de comercio a partir de 2010.
La política antiestadounidense ha llevado a Venezuela a fortalecer sus relaciones políticas y económicas también fuera del continente americano con Irán, Rusia y Bielorrusia. En septiembre de 2009, Rusia pactó una inversión de 20.000 millones de dólares en una empresa petrolera del Orinoco para la producción de 400 mil barriles diarios de crudo. Con Bielorrusia, Chávez firmó un convenio para la transferencia a Venezuela de material tecnológico para el uso de gas en vehículos, y con Irán pactó la participación de PDVSA en la reserva de gas “Sudfarst 12” de Irán. En julio de 2007, ambos países ya habían firmado un acuerdo para la exportación de gasolina venezolana a Irán y, en septiembre de 2009, Venezuela se comprometió a exportar a Irán 20.000 barriles diarios de petróleo.

A pesar del discurso contra “el imperialismo yanki” que Chávez continuó defendiendo durante 2009, el principal cliente de petróleo de Venezuela sigue siendo Estados Unidos. El segundo mayor comprador de crudo venezolano es Colombia, con quien Venezuela mantiene desde hace años una tensa relación diplomática que se acentuó en 2009. Los regímenes sociopolíticos y modelos de desarrollo de ambos países son bastante distintos. Por un lado Venezuela intenta consolidar y expandir la “Revolución Bolivariana” junto a los países del ALBA y defiende su modelo intervencionista estatal y populista. Colombia, por su parte, tiene un modelo económico de libre comercio, busca incentivar la agricultura extensiva y prefiere alinearse a países como México, Perú y Estados Unidos, con quien firmó el Tratado de Libre Comercio en 2006.
La buena relación entre Colombia y Estados Unidos, que diseñó el año 2000 el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, ha hecho crecer en Venezuela la idea, respaldada por Cuba, de que la CIA usa militares colombianos para desestabilizar el Gobierno de Chávez. Esta hipótesis ha enfrentado a los servicios secretos de Colombia y Venezuela, y ha motivado acusaciones mutuas basadas en una mezcla de realidad y paranoia. Chávez ha acusado en los últimos años a Colombia de “conspirar contra Venezuela”. En 2008, Chávez expulsó a cónsules colombianos por apoyar a partidos opositores y en 2009 detuvo a dos miembros del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) en territorio venezolano. Caracas emitió un comunicado explicando la incautación de “documentación referida a un gran plan de conspiración en contra de Venezuela”, denunció la reiterada presencia de funcionarios del DAS realizando labores de espionaje y acusó a Colombia de enviar aviones espías a Venezuela. El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, negó todos los hechos.
 
Pero el motivo más importante de disputa entre ambos países fue el anuncio de Colombia, en agosto de 2009, del pacto militar con Estados Unidos que permitirá a las tropas norteamericanas operar desde siete bases colombianas. Hugo Chávez amenazó a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, con entrar en guerra si llevaba a cabo el acuerdo, pero la represalia venezolana más dura fue a nivel económico: el 20 de agosto de 2009 suspendió el convenio de venta de petróleo a precios preferenciales, vigente desde 2008. Colombia pasó de pagar 1,5 dólares por galón (3,78 litros) a pagar 3,5 dólares. Esta medida y el refuerzo militar en la frontera dificultaban el tráfico y el comercio en la región, por lo que se produjeron protestas de taxistas y comerciantes colombianos en octubre, que llegaron a provocar el cierre de las aduanas durante más de tres horas. La violencia creció en la región fronteriza. En la provincia venezolana de Táchira dos miembros de la Guardia Nacional de Venezuela fueron asesinados el 2 de noviembre, supuestamente por paramilitares colombianos que pretendían “posicionarse en esta región del país, todo dentro de un plan de desestabilización contra el Gobierno venezolano”, según el vicepresidente y ministro de Defensa, Ramón Carrizales. En esa misma región se encontraron los 11 cadáveres de los hombres secuestrados el 21 de octubre de 2009. Carrizales declaró que los 11 también eran paramilitares “que buscaban infiltrarse en Caracas y otras ciudades para llevar a cabo el plan desestabilizador contra Hugo Chávez”. En la frontera también aumentó el contrabando de gasolina y Venezuela dinamitó puentes peatonales que compartía con Colombia alegando que servían a paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes.  

La supuesta relación de Chávez con los grupos guerrilleros colombianos de las FARC y el ELN, así como la proliferación del narcotráfico en Venezuela (según el informe del organismo adscrito a la ONU, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)) son otros temas que han enfrentado durante años a ambos gobiernos. A finales de julio de 2009, Colombia denunció que Chávez había vendido armas a las FARC, después de que el Gobierno sueco confirmara que varios lanzacohetes incautados a la guerrilla habían sido vendidos a Venezuela durante los años 80. Además, el informe de la Contraloría General de Estados Unidos (un órgano que controla los procedimientos administrativos y presupuestarios públicos), sobre la situación del narcotráfico en la región, acusa a Venezuela de facilitar un “ambiente permisivo” a las FARC, y el ministro de Defensa de Colombia aseguró que la mayoría de los vuelos del narcotráfico con destino a Centroamérica y Estados Unidos sale desde Venezuela. Las respuestas de Hugo Chávez, a través de su programa dominical “Aló Presidente”, fueron que “el ministro de Defensa de Colombia debe ser retardado mental por lo menos”, que “En Colombia hacen lo que diga el imperio yanki ” y que “hasta en la Casa Blanca se consume cocaína”.  La gran tensión desarrollada entre las administraciones colombiana y venezolana y las amenazas de guerra del presidente Chávez hicieron que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, se ofreciera en diciembre de 2009 para mediar entre ambos países para que las relaciones bilaterales empiecen a recuperarse en el 2010. 


Las leyes para las nacionalizaciones



En mayo, la Asamblea Nacional aprobó la ley que otorga al Estado todos los derechos sobre bienes y servicios de la actividad primaria de hidrocarburos, lo que puso en marcha la nacionalización de 39 empresas, tres de ellas estadounidenses. El 11 de septiembre la petrolera hispanoargentina Repsol YPF encontró el mayor yacimiento de gas de Venezuela y uno de los más grandes del mundo, el “pozo Perla I', de entre 7-8 trillones de pies cúbicos, en las costas del golfo de Venezuela y de cuya explotación participará la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) con un 35%. Venezuela posee el 30% de las reservas de gas de Latinoamérica, muy por encima de Bolivia, aunque lejos de otros productores internacionales como Rusia o Irán. En junio de 2009, entró en vigor la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, que insta a las empresas petroquímicas privadas a incorporar como accionistas compañías del Estado, como Corporación Petroquímica de Venezuela SA (Pequiven).  
El mes de marzo de 2009 se produjo la expropiación, con intervención militar, de la planta arrocera de Cargill, una multinacional estadounidense. Ese mismo mes, y también con la participación militar, se nacionalizó la gestión de los puertos de Maracaibo y de Puerto Cabello, gracias a la nueva ley que permite al Gobierno intervenir los puertos, aeropuertos y carreteras si los gobiernos regionales “no prestan un servicio adecuado”.
El Ejecutivo venezolano anunció, en mayo de 2009, la nacionalización de cinco empresas del grupo siderúrgico Techint. De este grupo argentino también era la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), nacionalizada en 2008, y por la que Caracas pactó en octubre de 2009 1.970 millones de dólares por el 59,7% de su participación.
En el sector bancario también se produjeron varias nacionalizaciones. En marzo de 2009, el presidente venezolano confirmó la nacionalización del Banco de Venezuela, filial del Grupo Santander de España y con quien llegó a un acuerdo de compensación por 1.050 millones de dólares. El Banco de Venezuela era el tercer banco más importante del país: el responsable del 11,59% del total de créditos concedidos, del 11% de los depósitos y tenía 269 oficinas. El 20 de noviembre de 2009, el Gobierno cerró cuatro bancos por problemas de solvencia: Canarias, ProVivienda (BanPro), Confederado y Bolívar. Diez días más tarde, Canarias, y BanPro fueron liquidados por “presentar una comprometida situación financiera”, según el ministro de Economía, Alí Rodríguez. Confederado y Bolívar, en cambio, fueron absorbidos por el Gobierno, porque el 'daño (era) relativamente menor'. En noviembre de 2009, se intervinieron tres bancos más: Baninvest, Central Banco Universal y Banco Real por un escándalo de corrupción. Según Chávez, sus respectivos banqueros usaban los bancos “para prácticas capitalistas: para comprar dólares, especular en la bolsa, comprar empresas, darse créditos ellos mismos…”. El 15 de diciembre de 2009 pasaron a formar parte del Sistema Financiero Público.

Aumenta el presupuesto de Defensa



Los países que más han aumentado el presupuesto de Defensa en los últimos cinco años han sido Venezuela, Colombia, Brasil y Chile. Caracas es el principal comprador de armas de Moscú; desde 2005 ha exportado más de 4.000 millones de dólares en armamento. La última venta de Rusia se firmó en agosto de 2009, y era de 92 tanques y una cantidad indeterminada de misiles antiaéreos. Colombia es el segundo país, después de Brasil, que más gasta en presupuesto militar. En 2009 compró a Francia 36 aviones de combate y cinco submarinos. En 2009, Chile gastó en la compra de aviones F-16 y artillería, unos 9.000 millones de euros. Las rivalidades y desconfianza entre algunos países han hecho que en los últimos años, los gastos en Defensa se hayan disparado en toda Latinoamérica: aumentaron de 19.700 millones de euros en 2003 a 26.800 millones en 2008, según el Instituto de Investigación de Estocolmo para la Paz Internacional.




Cronologia año  2009

 


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