Anuario 2009
Sudán
"El TPI emite una orden de arresto contra el presidente de Sudán por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur

"
Borja Franco

El 3 de marzo de 2009 el Tribunal Penal Internacional (TPI) dictó su primera orden de arresto contra un jefe de Estado en activo: el presidente de Sudán, Omar Hassan el Bashir. Después de meses de deliberación, el TPI acusó a Bashir de crímenes de guerra y de lesa humanidad por su “papel esencial” en los asesinatos, raptos, saqueos y torturas de civiles en la región sudanesa de Darfur. El conflicto armado entre los grupos rebeldes de Darfur y las milicias Janjaweed, tribus nómadas árabes del norte de Sudán armadas por el Gobierno islamista de Bashir, han sumido Darfur en una grave crisis humanitaria. Desde 2003, año en que estalló el conflicto, han muerto 300.000 personas y dos millones y medio han tenido que refugiarse, bien huyendo al país vecino Chad o bien agrupándose en campos de refugiados en el interior de su país.


Pero tal y como habían pronosticado los analistas, Bashir no se doblegó ante la orden de arresto internacional, sino que se rebeló contra ella: el Tribunal Internacional 'se puede comer' la orden de arresto, afirmó el dirigente islamista. 'Quieren que nos preocupemos con sus asuntos, sus acusaciones (...) nosotros queremos decirle al pueblo: “No estéis muy preocupados con estas decisiones”'. El Gobierno sudanés, puesto que no reconoce la legitimidad del TPI, se negó a entregar a su líder, y por lo tanto, su arresto todavía corre a cuenta de los Estados que sí reconocen esta instancia internacional. Pero los 22 miembros de la Liga Árabe y los 53 Estados de la Unión Africana (UA) rápidamente se pronunciaron en contra de la orden y se situaron del lado de Bashir. Reforzado por este apoyo, el mismo mes de la sentencia el líder sudanés desafió al TPI realizando hasta cuatro viajes al extranjero. Bashir viajó a Eritrea, Egipto y Libia antes de acudir, a finales de marzo, a la cumbre árabe celebrada en Doha.
Sin embargo, la provocación de Bashir no terminó en sus viajes. Tan pronto como conoció la decisión del Tribunal, el presidente sudanés expulsó a trece organizaciones humanitarias que operaban en Darfur, a las que acusó de “colaborar con el TPI”, y también denunció “el nuevo colonialismo” ejercido por el tribunal, la ONU y las organizaciones humanitarias. Esta decisión pudo desencadenar una catástrofe  humanitaria en una de las zonas más convulsas del mundo, ya que, según la ONU, cerca de un millón y medio de sudaneses se quedaron sin acceso a servicios sanitarios y alrededor de un millón sin alimentos. Finalmente, tres meses después de la expulsión, el Gobierno de Jartum autorizó el regreso de las organizaciones humanitarias.
Una vez se calmó la situación en Sudán, y disminuyó la tensión entre el líder africano y la comunidad internacional, salió a la luz una noticia sorprendente. El jefe de la operación militar conjunta en Sudán de las Naciones Unidas y la Unión Africana (UNAMID), Martin Agwai, dio por finalizada la guerra de Darfur. Según este oficial, las divisiones internas entre los 27 grupos rebeldes habían convertido los sangrantes enfrentamientos del principio de la guerra en choques aislados y bandolerismo. Previamente, el nuevo enviado especial norteamericano nombrado por la Administración Obama, Scott Gration, había anunciado que el Gobierno sudanés ya no llevaba a cabo matanzas masivas en Darfur. Las declaraciones de este general retirado y criado en África sorprendieron a la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Susan E. Rice, quien dos días antes había acusado al Gobierno de Bashir de genocidio.
Son muchos los que, como Rice, no dudan en calificar las matanzas de Darfur de genocidio. Pero es una acusación un tanto arriesgada, ya que para que sea un genocidio no basta con probar las muertes, sino que también se tiene que demostrar la voluntad de eliminar un determinado grupo étnico. Precisamente por esto, los jueces del TPI finalmente no incluyeron el cargo de genocidio en la orden de arresto contra Bashir, aunque meses más tarde, el 7 de julio, el fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, solicitó recurrir a la sentencia para incluir esta acusación.
Y en medio de la confrontación entre la justicia internacional y el dirigente islamista, el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó una oferta de diálogo al régimen de Bashir. El presidente norteamericano anunció en octubre que pretendía sustituir las amenazas y el aislamiento, que habían caracterizado la política hacia Sudán de la Administración Bush, por el diálogo. El plan consistía en ofrecer incentivos al Gobierno sudanés para que éste pusiera fin definitivamente a la guerra de Darfur e impidiera que el país se convierta en un santuario para el terrorismo islamista. Si Bashir no cumplía estas exigencias, EE.UU. ampliaría la presión y las sanciones sobre el Gobierno sudanés, según Obama. Pero este cambio de rumbo político fue muy polémico y muy criticado,  tanto por algunas personas del entorno del presidente norteamericano, como también por activistas y trabajadores humanitarios.
Y es que a pesar de los anuncios esperanzadores sobre el fin de la guerra en Darfur, la situación en esa región sudanesa sigue siendo muy complicada. Si bien este año ha disminuido el número de las víctimas mortales por los combates –ahora mueren una media de 140 personas al mes–, la población sigue viviendo bajo los efectos de una grave crisis humanitaria. “La población de Darfur sigue sufriendo día a día las consecuencias del conflicto. La violación se ha convertido en una especie de epidemia, persisten las detenciones ilegales, la tortura y el reclutamiento de niños soldados”, denunciaba la organización estadounidense Save Darfur. La situación no sólo afecta a los civiles. Las personas que trabajan para las cerca de 80 organizaciones humanitarias que actúan en la zona también están expuestas al secuestro por parte de grupos rebeldes armados.
En marzo secuestraron a tres médicos de Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque los liberaron tres días después; el mismo mes mataron a un oficial de las fuerzas internacionales en misión de paz y a un cooperante extranjero; el 7 de abril secuestraron a diez cooperantes franceses de la ONG Aide Medicale, a los que liberaron tres semanas más tarde; a finales de agosto volvieron a secuestrar a dos trabajadores de las fuerzas de coalición internacional y al mes siguiente asesinaron en una emboscada a un peacekeeper nigeriano.
Para resolver esta situación de inseguridad hace falta un acuerdo de paz que garantice el final de la guerra de Darfur. Este año ha tenido lugar el segundo intento para firmar dicho acuerdo. En febrero, el Gobierno de Sudán y el principal grupo rebelde de Darfur, el Movimiento Justicia y Igualdad (JEM), pactaron emprender las negociaciones. Pero el pacto duró poco, concretamente hasta que al mes siguiente el líder del JEM lo rompió debido a la expulsión de las organizaciones humanitarias. Los expertos señalaron que el pacto no había sido más que un gesto del líder sudanés para evitar la sentencia del TPI. Otro gesto hacia la comunidad internacional fue la liberación, el 10 de marzo, del líder político opositor Hassan al-Turabi, detenido durante siete semanas por instar a Al Bashir a entregarse al TPI.
 
El camino hacia la independencia del sur
Ahora que parece que la crisis de Darfur se apaga lentamente,  los conflictos se trasladan al sur del país, y amenazan con reactivar la mayor guerra civil que ha sufrido el continente africano. Sudan vivió en guerra entre la población del norte –musulmana– y la del sur –cristiana y animista– desde su independencia de Gran Bretaña en 1956 (con sólo una tregua de once años) hasta el acuerdo de paz de 2005. Tras medio siglo de conflicto, en el que han muerto dos millones de personas, Sudán se ha convertido en uno de los principales Estados fallidos del mundo.
Es uno de los países más pobres de África (el 40% de los sudaneses viven por debajo del umbral de pobreza), con una economía básicamente agrícola, aunque en los últimos años ha experimentado un enorme crecimiento de su producto interior bruto gracias a la exportación de petróleo, que inició en el año 2000. El negocio del petróleo ha contribuido a aumentar bastante el PIB per cápita (1.300 euros), y ha reducido el analfabetismo y la mortalidad infantil (110 muertes por cada 1.000 habitantes). Pero aun así, el Gobierno de Sudán tiene graves problemas para garantizar el acceso a los servicios básicos y un crecimiento sostenible y equitativo de su población.
Además, el país se ha visto afectado por el impacto de la crisis económica mundial. La caída de las exportaciones y del precio del crudo han frenado su crecimiento económico hasta un 4%. Desde el año 2000, su deuda ha aumentado de 15.000 millones de dólares a 34.000, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta desaceleración económica amenaza con incrementar las diferencias entre el norte y el sur (mientras que en el norte el 50% de la población es pobre, en el sur es el 90%) y, consecuentemente, las disputas por el control de las reservas de petróleo, situadas básicamente en la región del sur.
La guerra civil finalizó oficialmente en 2005 con el acuerdo de paz entre el Gobierno islamista de Jartum y el partido que controla la región del sur (Movimiento Popular de Liberación de Sudán). Mediante el pacto se acordó la división de Sudán en dos zonas políticas: el norte, con capital en Jartum, y el sur, con capital en Juba. Cada una de ellas con su propio gobierno, aunque ambas integradas en un gobierno central de unidad nacional. Uno de los puntos principales del acuerdo de paz era la distinción entre el norte islamista y el sur laico. Así, por ejemplo, el estado del norte se rige por la ley islámica (sharia), que este año sirvió de base legal para condenar a la reportera sudanesa Lubna Hussein por llevar pantalones. Su caso tuvo mucho eco mediático a nivel internacional. La ley, en el norte del país, dice que las mujeres no pueden vestir pantalones, y por eso Lubna fue castigada a pagar una multa de más de 200 dólares, que asumieron finalmente sus colegas de profesión. En cambio, los diez estados que integran el sur son laicos. No obstante, Jartum y Juba siguen formando parte del mismo Estado, al menos hasta que se celebre el referéndum por la independencia del sur, previsto para 2011.
El referéndum es la cláusula más importante y la que pondrá el punto y final a seis años de acuerdo de paz. Pero hasta ahora, durante los cuatro años vividos de transición hacia el referéndum, la paz se ha mantenido muy frágil en el gran país africano. Cuando se trazaron las fronteras norte-sur en 2005, hubo tres territorios (Nilo Azul, las montañas Nuba y la región de Abyei) que no quedaron del todo ubicados. Desde entonces, ha habido una fuerte tensión entre el norte y el sur por la disputa de estos territorios. Sin ir más lejos, el año pasado la rica región petrolera de Abyei fue arrasada y quemada durante unos enfrentamientos entre las tropas del norte y las del sur, que obligaron a huir a 50.000 personas. Después de este incidente, las autoridades de Jartum y Juba  firmaron un “Pacto de Arbitraje”, mediante el cual cedieron la resolución del conflicto a un tribunal internacional de mediación de la Haya. La resolución final de este tribunal, que se supo este año, incluye concesiones importantes para ambos lados: ofreció al norte el control de los principales campos petrolíferos y consolidó, en los territorios adheridos al sur, el dominio de la tribu Ngok Dinka.
Abyei es un microcosmos de los problemas que asedian Sudán. En esta pequeña región, dividida entre el norte y el sur, viven dos grupos étnicos enfrentados entre sí: la tribu árabe musulmana Misseriya y la cristiana animista Ngok Dinka. Como en este caso, las diferencias étnicas se extienden a lo largo del enorme territorio sudanés (572 etnias distintas), el país más grande de África. Históricamente, las numerosas tribus que pueblan Sudán han estado dominadas por los árabes del norte del país, siendo esta desigualdad el principal motivo de las guerras, tanto la civil como la de Darfur. Desde su independencia, la lucha por el poder y el control del territorio sudanés lo han inundado de muerte. Y aunque es difícil definir el sujeto de las luchas, resulta bastante más fácil definir su esencia: “Es una guerra de hombres armados contra hombres indefensos”, como dijo el reportero polaco Ryszard Kapuscinski.
Con la redistribución de Abyei se eliminó uno de los principales obstáculos que había en el camino hacia el referéndum de autodeterminación de 2011, pero la situación general sigue siendo todavía delicada. Este año se ha registrado una escalada de la violencia entre las tribus del sur, con enfrentamientos que han llegado a causar hasta 200 muertes en un día. Según estima la ONU, a lo largo del año han muerto más de 2.000 personas en estos choques por el control de la tierra, cifras que superan el número de bajas en Darfur. La amenaza de una vuelta a las armas parece cada vez más real, y  los políticos del sur-Sudan acusan al Gobierno del norte de promover los enfrentamientos (subministrando armas a los rebeldes) y la división entre las tribus del sur para boicotear la independencia. 
Los gobiernos del norte y del sur también han estado divididos por las reformas legales previstas para antes de los comicios del 9 de abril de 2010, que serán las primeras elecciones multipartidistas en Sudán desde el año 1986. Durante dos meses, el SPLM (partido que gobierna el sur) y algunos partidos opositores mantuvieron un boicot contra el Parlamento sudanés para exigir que éste aprobase las leyes necesarias para completar el proceso de democratización del país, entre las que hay, por ejemplo, una controvertida reforma de los servicios gubernamentales de inteligencia. Salvo todas estas amenazas para la estabilidad de Sudán, a finales de año los gobiernos del norte y del sur lograron alcanzar un acuerdo que allana el camino hacia el referéndum y trae un poco de calma al país. 
El 21 de diciembre, el Parlamento sudanés aprobó una nueva ley según la cual el sur sería independiente si obtuviera más del 50% de los votos a favor de la secesión, siempre y cuando la participación no baje del 60%. Hasta ahora, el régimen islamista había insistido en que, para independizarse, el sur necesitaba obtener 2/3 de los votos con un participación mínima del 75%, hecho que convertía la independencia casi en una quimera. Las nuevas condiciones del referéndum casi aseguran la independencia del sur, hecho que dividiría el país más grande del continente africano en dos. 



Cronologia año  2009

 


Periodismo Internacional © 2022 | Créditos
Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Aviso legal | Política de protección de datos | Política de Cookies