Anuario 2009
Guatemala
"El Gobierno de Álvaro Colom pide ayuda a la comunidad internacional para luchar contra el hambre"
Ivana Padierna

Una grave crisis alimentaria y la lucha contra la impunidad han sido los protagonistas del 2009 guatemalteco. Además de la pobreza, los problemas internos de violencia han sido constantes en el día a día del país centroamericano, que alberga un gran problema para juzgar a delincuentes y criminales. Por su lado, la economía del país ha representado el factor más positivo durante este año, ya que, aun siendo afectada por la crisis financiera internacional, ha sido la menos dañada de toda la región centroamericana.
En septiembre de este año, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, decretó un “estado de calamidad pública” a nivel nacional debido a una severa crisis alimentaria por la pérdida de hasta el 90% de los cultivos agrícolas en las zonas del este y el nordeste del país a causa de una larga sequía iniciada en agosto de 2009. La falta de lluvias hizo que de perdieran unas 34.000 toneladas de alimentos y dejó sin poder comer a más de 400.000 familias que basan su dieta alimenticia en sus cosechas de maíz y frijoles, según el Ministerio de Agricultura y Alimentación (MAGA). Esta situación significó una grave crisis en el país, teniendo en cuenta que el 52% de los 13,3 millones de guatemaltecos viven en la pobreza.
Como medida de urgencia, el Gobierno invirtió, entre agosto y septiembre, alrededor de 60 millones de quetzales (unos 5,3 millones de euros) en la distribución de alimentos básicos a las 54.564 familias más necesitadas. Sin embargo, la ayuda de la Administración guatemalteca se preveía insuficiente y en septiembre Colom decidió solicitar apoyo económico a la comunidad internacional, pidiendo 100 millones de dólares (casi 80 millones de euros) para proveer de alimentos de emergencia a las familias afectadas y para poder financiar un programa específico para combatir la alta pobreza que sufre su país. A la llamada de auxilio acudieron rápidamente la Comisión Europea (CE), con una donación de 15 millones de euros, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que puso a disposición de Guatemala 521 millones de euros en el marco de un acuerdo stand-by con una vigencia de 18 meses. Además, se unieron a la causa alimentaria Brasil, Venezuela y México, que enviaron cargamentos de arroz y otros alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas -agencia especializada de la ONU que distribuye alimentos y dinero para apoyar proyectos de desarrollo-, e Italia, que en septiembre aportó al programa 400.000 euros.
El ministro guatemalteco de Agricultura, Mario Aldana, aseguró que se trataba de la sequía más grave que Guatemala ha sufrido en los últimos treinta años y que ha afectado severamente a siete de los veintidós departamentos del país denominados “el corredor seco” (El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja Verapaz). Entre enero y julio de 2009, la hambruna se ha cobrado la vida de 462 personas por desnutrición crónica, entre las que figuran 54 niños, según el Ministerio de Salud.
Ante la crisis nutricional y como complemento del reparto de las bolsas de alimentos del Gobierno, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) distribuyó, en 164 comunidades de Jalapa y Jutiapa, en el este del país, unas 20 toneladas de “galletas nutritivas”, un compuesto de proteínas y carbohidratos con 1.200 calorías por ración, suficientes para mantener un nivel estable de nutrición por persona.
Entre enero de 2008, cuando se inició la Administración del presidente Colom, hasta julio de 2009, el actual Gobierno ha destinado un total de 141,5 millones de quetzales (12,5 millones de euros) a programas contra la pobreza, según un informe del Consejo de Cohesión Social (CCS), organismo creado por Colom en enero de 2008 para coordinar la inversión pública en materia de salud, educación y seguridad alimentaria. El estudio, publicado en agosto, también detalla que 1,2 millones de guatemaltecos se han beneficiado de los programas Comedores Solidarios, Escuelas Abiertas y Bolsa Diaria, promovidos por el Gobierno y dirigidos a mejorar la alimentación y la educación de los más pobres. Según una encuesta publicada en agosto por el diario local ‘El Periódico’, el 75,9% de los guatemaltecos apoya estos proyectos contra la miseria impulsados por Colom. Sin embargo, el Gobierno ha recibido críticas por parte de la oposición y de economistas del país por adoptar medidas económicas “contra-cíclicas” e iniciar un programa de reactivación económica en 2009 -Programa de Emergencia y Reactivación Económica-, cuando, según analistas, ya se conocía, desde 2007, que la crisis mundial traería consigo problemas financieros en el país.

Impunidad ante la incesante violencia
Además del hambre, otro grave problema ha mantenido en vilo al Gobierno y al pueblo de Guatemala durante 2009. Ha sido la violencia y la impunidad. Un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -organismo creado en diciembre de 2006 en un acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala para la investigación y persecución del crimen organizado- señaló, a finales de 2008, que el 98% de los crímenes que ocurren cada año en el país centroamericano queda impune. Esta debilidad del Estado para detener a los criminales ha preocupado seriamente al Gobierno ya que el país registra unos índices altísimos de violencia, con un promedio de 17 asesinatos por día, que hacen de Guatemala uno de los países más violentos de América Latina. Según cifras oficiales, sólo en los tres primeros meses de 2009 fueron asesinados 36 trabajadores del servicio del transporte público, 77 mujeres y más de 40 menores de edad. Estas escalofriantes cifras llevaron al presidente Álvaro Colom a anunciar, en marzo, un comité presidencial contra la impunidad integrado por representantes de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública y la Fiscalía, para “apoyar y facilitar” a la CICIG, que “cada día tiene más trabajo”.
Durante 2009, varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) han exigido a Colom que atendiera con “acciones concretas” los problemas de violencia que afectan a la mayoría de la población. Las peticiones de impartición de justicia vienen a raíz de una ineficacia considerable del sistema judicial guatemalteco para perseguir a los criminales. La impotencia frente a esta situación ha provocado que en 2009 aumenten en un 17% los casos de linchamiento a supuestos delincuentes, respecto a 2008, según la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Según este organismo que desde hace más de 25 años vela por el respeto a los derechos humanos en Guatemala, entre enero y septiembre de 2009 se registraron 110 casos de linchamientos, provocados por la “desesperación e inseguridad” que sienten los ciudadanos ante la falta de soluciones de la Justicia de su país.

Tras las numerosas quejas a nivel nacional e internacional, el Congreso guatemalteco aprobó en agosto dos leyes solicitadas por la CICIG para proteger a jueces y fiscales y la desarticulación de bandas criminales. La Ley de la Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo permitirá que los casos más importantes que se tramitan en provincias sean llevados a los tribunales de la capital. Asimismo, la normativa tiene como objetivo proteger a jueces, fiscales y testigos que sean amenazados y perseguidos, pretendiendo dotar de una mayor independencia a los magistrados guatemaltecos. La otra aprobación fue la de la Ley contra la Delincuencia Organizada, creada para la colaboración eficaz de testigos. Por otro lado, la lucha contra la alta violencia de género que tiene lugar en Guatemala -un total de 722 mujeres fueron asesinadas en 2008, según cifras oficiales- dio un paso positivo en febrero, mes en el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó al primer hombre bajo la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, aprobada en abril de 2008 para reducir los frecuentes actos de este tipo de violencia que se registran en el país.


La justicia lanza la primera condena por desapariciones durante la guerra
Otro frente abierto que tiene la Justicia de Guatemala son los casos no resueltos sobre el genocidio y la desaparición de unas 200.000 personas durante la guerra civil interna que el país centroamericano vivió entre 1960 y 1996. En enero de 2009, activistas, familiares y víctimas del conflicto armado -entre ellas la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú- protestaron frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigiendo la aplicación de una “sanción justa” a cuatro militares acusados de la desaparición de varias personas en 1981. Según Menchú, los manifestantes pedían “que no se aplique la Ley de Reconciliación Nacional a militares acusados de genocidio y desapariciones, porque ello implica impunidad”.
Después de que, en agosto, el Gobierno iniciara la entrega de resarcimiento económico -indemnización por daños económicos y morales- a los familiares de unas 285 víctimas de la guerra civil, en septiembre tuvo lugar una sentencia histórica al ser condenada a prisión la primera persona por delito de desaparición forzosa durante el conflicto interno guatemalteco. El ex comisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a “150 años de cárcel inconmutables” por haber sido hallado culpable de la desaparición de seis indígenas entre 1982 y 1984, según el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Chimaltenango. La demanda penal en contra de Cusanero fue presentada en junio de 2003 por familiares de los desaparecidos y por la asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua). Esta resolución fue celebrada por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que asegura que se trata del primer paso para juzgar a más responsables de las más de 45.000 desapariciones durante la pasada guerra.

El Gobierno, acusado del asesinato de un abogado y de un empresario
Guatemala vivió una crisis política en mayo de 2009 cuando el Gobierno se vio involucrado en una fuerte polémica a partir del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. La propia víctima se grabó en una cinta de video antes de morir en la que acusaba al presidente Álvaro Colom, a su esposa y a otros funcionarios de ser los culpables de su futuro asesinato. En la grabación, difundida por los medios de comunicación del país, el abogado aseguraba que el motivo de su asesinato estaba relacionado con el atentado de muerte contra su cliente, Khalil Musa, miembro de la junta directiva del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) que fue asesinado el 14 de marzo de este mismo año. Según Rosenberg, el Gobierno estaba interesado en la desaparición de Musa porque este se negó a encubrir negocios ilegales y millonarios de la Administración gubernamental de Guatemala.
Tras las acusaciones, el presidente Colom y los demás implicados rechazaron todos los cargos mientras el caso pasó a manos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía General y el FBI.
El escándalo generó una crisis política a nivel nacional en la que los representantes del “movimiento cívico” formado por ciudadanos presentaron al Parlamento de Guatemala una petición avalada por 30.000 firmas en la que se solicitaba que el presidente Colom fuera juzgado por el asesinato de Rodrigo Rosenberg. La reclamación fue entregada al día siguiente de que miles de personas recorrieran Ciudad de Guatemala -capital del país- en dos manifestaciones organizadas a favor y en contra del Gobierno de Álvaro Colom. Mientras una parte pedía la condena del mandatario por su participación en el crimen, la otra parte lo apoyaba, insistiendo en que todo era una campaña para desestabilizar al Gobierno. Por su parte, Álvaro Colom, que defiende la misma teoría que sus seguidores, describió esta situación diciendo que entre los manifestantes hay “dos guatemalas” que se diferencian por sus características “étnicas y sociales”. Sin embargo, la mayoría de analistas nacionales coincide en su creencia de que la alarma social, generada a raíz de las acusaciones del abogado Rosenberg, es fruto de la inseguridad en la que vive el pueblo guatemalteco desde hace años debido a la falta de justicia ante los casos de violencia.



El FMI felicita al Gobierno por su respuesta a la crisis económica
Aunque Guatemala, como todos los países a nivel mundial, se ha visto afectada por la crisis económica, ha sido el país de Centroamérica que en 2009 ha registrado una menor caída de su nivel de producción. Aun así, la economía guatemalteca se ha reducido un 1% en 2009, en comparación con el crecimiento del 4% de tuvo en 2008, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El causante principal de este decrecimiento -con el que se interrumpieron veinte años de crecimiento continuos- es la recesión de Estados Unidos, que ha provocado, en gran parte, un descenso del 11% de las remesas enviadas a Guatemala por familiares establecidos en el extranjero, principalmente en el país norteamericano, según la CEPAL. La caída del 1% del PIB afectó más seriamente al sector de la construcción, con un registro de -9,1% y al sector minero, que se redujo un 2,6%. Por otra parte, la prolongada sequía que sufrió Guatemala en agosto y septiembre de 2009, causó pérdidas en la agricultura por unos 38,8 millones de quetzales (3,3 millones de euros), según el Ministerio de Agricultura y Alimentación (MAGA). A la vez, la caída del 10% en la entrada de dinero por el turismo debido a la aparición de la gripe A y a la crisis económica mundial, ha colaborado también al debilitamiento económico. Los efectos de la crisis financiera mundial se han notado en una caída de los precios de las materias primas y en una débil demanda interna, lo que ha hecho que la tasa de inflación -porcentaje de aumento del nivel general de precios- haya descendido en Guatemala del 9,4% al 2%. Los gastos que las Administraciones Públicas generaron ante esta situación significaron un déficit fiscal del 3,4% del PIB, según señala el informe de la CEPAL.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el déficit comercial guatemalteco llegó al 11% del PIB debido a la caída de las exportaciones, que cayeron un 4,6% en el primer cuatrimestre de 2009, en relación al mismo periodo del año anterior, según el Banco de Guatemala (Banguat). A pesar de ello, la entrada de remesas -que representan alrededor de un 12% del PIB del país y sostiene económicamente a más de un millón de hogares guatemaltecos, según el Banco Central de Guatemala- a pesar de haberse reducido, ha hecho posible que la balanza de transferencias tenga un balance positivo. A pesar del golpe externo de la crisis global, se mantuvo la estabilidad de la economía en comparación con otros países gracias a un crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo, según explicó el presidente Álvaro Colom. Por este motivo, el Gobierno de Guatemala ha sido felicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que reconoció su “gran desempeño para cumplir todos los criterios” para paliar los efectos económicos negativos.



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