Anuario 2009
México
"El Gobierno de Calderón fracasa en su intento de dar el golpe final contra el narcotráfico

"
Ivana Padierna

El presidente de México, Felipe Calderón, se enfrenta al fracaso de la guerra emprendida contra el narcotráfico, su principal objetivo político desde que inició su mandato, en 2006. El combate para frenar el crimen organizado de los cárteles de la droga existentes en México no sólo ha hecho aumentar la violencia en buena parte de los estados del país, sino que tampoco ha logrado un descenso en la producción, el comercio o el consumo de drogas, según datos de la ONU. Entre enero y octubre, más de 45.000 soldados del Ejército y agentes federales han sido enviados por Calderón para contener la violencia y hasta noviembre de 2009 se han registrado 14.000 muertos y 60.000 detenidos por estar involucrados en el tráfico de drogas, según recuentos oficiales. 
El fracaso de esta política se hizo más evidente tras conocerse la libertad sin cargos del 75% del total de los detenidos en la operación contra el narcotráfico, según el informe del titular de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, Juan Manuel Álvarez, quien hizo público el documento de acuerdo con la ley de transparencia de la información pública.
Además, la política ‘antinarco’ ha sido una de las más caras de la historia de México: en ella se han empleado más de 7.000 millones de dólares que no han servido para obtener los resultados esperados de disminución del negocio de la droga. Aun así, el Gobierno ratifica su postura con datos sobre la mesa. Según la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, la estrategia de Calderón, basada en la coordinación de las distintas fuerzas policiales del país para erradicar los cárteles, ha servido hasta ahora para incautarse de más de 30.000 armas, más de 4.000 toneladas de droga, más de 13.000 vehículos y 338 avionetas pertenecientes a los 'narcos'. Entre las armas se encuentran, según Espinosa, muchas de gran calibre y lanzamisiles capaces de derribar helicópteros.
A pesar de estas confiscaciones, el creciente e imparable número de muertes y la cruel violencia que se vive en las calles de muchos estados, con batallas cuerpo a cuerpo entre el Ejército mexicano y los narcotraficantes, han fomentado un descontento popular notable contra el Gobierno de Felipe Calderón que puede costarle las elecciones en 2012. Según una encuesta realizada por el servicio internacional de noticias multimedia Voice Of America (VOA), en agosto de 2009, un 35% de mexicanos cree que México está perdiendo la lucha contra el narcotráfico, otro 40% opina que necesita ayuda extranjera y sólo un 15% cree que el Gobierno lidera la batalla, frente a un 10% que prefiere no opinar. Estos porcentajes se ajustan a la opinión mayoritaria que rodea actualmente al Gobierno mexicano. Expertos como Ethan Nadelmann, director de la organización no lucrativa que defiende, entre otras cosas, la legalización de las drogas como solución al narcotráfico, Drug Policy Alliance, ven claramente injustificable este combate mortal entre las mafias y el Gobierno por la falta de resultados positivos. Así lo creen también los ex presidentes de México, Brasil y Colombia, Ernesto Zedillo, Fernando Enrique Cardoso y César Gaviria, respectivamente, que en febrero de 2009 publicaron conjuntamente el informe ‘Drogas y Democracia’, en el que se plantea una redefinición de la estrategia latinoamericana en su combate a las drogas a partir de evaluar la despenalización del consumo de mariguana  y una “lucha frontal” al narcotráfico. A pesar de ello, Calderón se ha mostrado convencido, en diversas declaraciones durante este 2009, de que 'limpiará la casa mexicana' acabando con la 'plaga' del narcotráfico antes de que termine su mandato.
La guerra por ahora poco efectiva contra el tráfico de drogas, sumada a la crisis económica que sufre México, explica el gran éxito del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones parlamentarias celebradas en julio, que demostraron la pérdida de confianza en el actual Gobierno. Los comicios han permitido al mayor rival político de Calderón recuperar su poder en la Cámara de Diputados casi llegando a la mayoría absoluta en la Cámara Baja. El gran derrotado ha sido el Partido Acción Nacional (PAN) al que pertenece el presidente, que ha perdido el liderazgo que mantenía desde hacía nueve años en el Congreso.  Tras estas elecciones, en las que los mexicanos debían elegir a 125 alcaldes municipales y a 75 diputados, el PRI gobernará un total de 97 municipios que engloban a más de catorce millones de habitantes. Por su parte, el PAN lo hará en 12, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en seis, el Partido del Trabajo (PT) en dos, el partido socialdemócrata Convergencia en dos, dejando los siete restantes a gobiernos de coalición entre los distintos partidos.
El PRI empieza así a recuperar la hegemonía que le mantuvo 70 años en el poder y que perdió en el año 2000 con la llegada del ex presidente Vicente Fox. Los analistas mexicanos atribuyen este intercambio de roles políticos a la crisis económica - en la que medio millón de trabajadores han perdido ya su empleo bajo el Gobierno actual-, sumada a la lucha contra los cárteles de la droga, lo que muchos ya llaman una 'guerra perdida'.
El desafío de los ‘narcos’ se ha hecho evidente durante este 2009 con los asesinatos de autoridades y políticos. En agosto, unos sicarios asesinaron a tiros al presidente del Congreso del estado de Guerrero, el diputado local del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el político con más puntos para sustituir en 2011 al actual gobernador del Estado, Zeferino Torreblanca. La presión de los narcotraficantes hizo dimitir en febrero de 2009 al secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez tras ser asesinados un policía y un celador de prisiones y cumplirse así la amenaza ‘narco’ de matar a un agente cada 48 horas si no renunciaba al puesto. Chihuahua es el estado con mayor violencia en el país, principalmente en la fronteriza Ciudad Juárez, donde los cárteles de la droga se enfrentan a su vez entre sí por el control de las rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Entre enero y septiembre de 2009, Ciudad Juárez ha acumulado aproximadamente unos 1.500 homicidios, según datos oficiales.
En abril de 2009 más de 45.000 efectivos del Ejército se encontraban repartidos en las zonas más violentas del país, con una mayor presencia en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Michoacán. Los militares han conseguido llevar a cabo importantes detenciones, como la de uno de los herederos del cártel de Juárez por el que el Gobierno ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos (1,61 millones de euros) y la del hijo de uno de los máximos representantes del cártel de Sinaloa, controlador de la estructura operativa de éste. Asimismo, la detención en julio de un importante ‘narco’ considerado el supuesto coordinador del cártel ‘La Familia’, en Michoacán, provocó la mayor ofensiva del año contra el Gobierno mexicano. Un ejército de sicarios armados con rifles y granadas de fragmentación atacó instalaciones de la Policía Federal y tramó emboscadas a patrullas en los estados de Michoacán, Guerrero y Guanajuato, asesinando a cinco agentes e hiriendo gravemente a otros veinte.
Además de las detenciones de algunos cabecillas y de familias enteras de narcotraficantes, el Ejército mexicano halló en agosto, en el estado de Durango, el mayor ‘narcolaboratorio’ del país descubierto hasta el momento. El Gobierno pudo así desarticular el funcionamiento de un vasto complejo de 240 hectáreas y veintidós instalaciones donde se fabricaban una gran cantidad drogas sintéticas y se procesaba una elevada cantidad de marihuana.

Impotencia estratégica ante la alta perversión del narcotráfico
Por otro lado, el proyecto denominado “Operación Limpieza”, aprobado por el Senado en junio de 2008 para detectar la corrupción instalada en los altos cargos públicos de los poderes legislativo y ejecutivo, ha generado resultados positivos con la detención de diez alcaldes, un juez y diecisiete funcionarios en el estado de Michoacán, todos ellos acusados de formar parte de las redes que protegen a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, dos de las organizaciones más peligrosas de México. Los alcaldes detenidos formaban parte de los principales partidos mexicanos, el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Además de la contaminación de los órganos judiciales, otra de las principales barreras con la que se topa el intento de erradicación del narcotráfico es el gran número de policías corruptos involucrados. Ya en noviembre de 2008, las conclusiones de la Procuradía General de México (Fiscalía General) fueron que un 49,9% de la policía del país “no es de confianza”, según palabras de Felipe Calderón. En septiembre de 2009 el Gobierno detuvo a 124 policías vinculados al cártel del Golfo en el céntrico estado de Hidalgo que formaban parte de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Un mes antes ya se había procesado a otros dieciocho policías municipales en el sureño estado de Tabasco por estar vinculados al mismo brazo armado del cártel del Golfo. Con todo esto, el Ejército mexicano logró conocer a finales de septiembre, en el estado de Nuevo León, que el narcotráfico repartía sobornos entre los mandos policiales, entre los que se ofrecían pagos de entre 400 y 1.000 euros al mes. En la operación, el Ejército pudo decomisar unos 3,6 millones de euros.
A raíz de la deslealtad mostrada por un gran número de policías, en junio de 2009 el Gobierno mexicano tomó la decisión de reclutar a universitarios para convertirlos en policías de élite en un nuevo intento para erradicar la corrupción y la infiltración del crimen organizado. La iniciativa ha tenido éxito: alrededor de 1.500 universitarios recién licenciados han aceptado la propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para transformarse en policías de investigación e inteligencia. Las principales universidades mexicanas han aplaudido el nuevo proyecto, sumándose a este.
Una de las principales críticas que el presidente y los suyos están recibiendo por parte de analistas, ciudadanos y partidos en la oposición se ha centrado en el papel del Ejército en la lucha del crimen organizado. Después de que el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública de México, Monte Alejandro Rubido, confirmara en noviembre de 2009 la presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas en las calles de varias ciudades del país al menos hasta 2013, las voces críticas han cobrado fuerza. Éstas señalan que el Ejército debe desempeñar otras funciones, como ayuda humanitaria y protección nacional, y no debilitarse en la guerra contra el ‘narco’ que está generando una gran cantidad de muertes entre civiles y soldados. Los resultados de una encuesta popular llevada a cabo por el diario conservador Milenio en abril del 2009 revelaron que la confianza de los mexicanos en las Fuerzas Armadas ha disminuido un doce por ciento desde que estas empezaron a intervenir directamente en la lucha contra el narcotráfico en 2007. Aunque en México el Ejército sigue teniendo un gran reconocimiento social, el hecho de haberse convertido en un cuerpo dedicado a la batalla contra el ‘narco’ y el contrabando ha generado dudas sobre su capacidad para llevar a cabo esta nueva labor respetando plenamente los derechos humanos. Diversas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado al Gobierno mexicano, en este último año, por el gran incremento de acusaciones por torturas, homicidios y detenciones ilegales. Según Human Rights Watch, la Comisión de Derechos Humanos de México ha recibido 2.000 denuncias por supuestos abusos cometidos por militares entre enero de 2008 y julio de 2009, cifra que supone un gran aumento respecto a las 367 acusaciones presentadas en 2007 y a las 182 de 2006.
Por otra parte, al Gobierno de Calderón se le reprocha la falta de iniciativa para crear estrategias que terminen finalmente con el eterno problema del narcotráfico.
La oposición asegura que esta política de enfrentamiento a las organizaciones criminales no ha logrado frenar la violencia ni bajar los índices de consumo y de tráfico de las drogas en México, datos confirmadas por el Informe Mundial de Drogas 2009 de la ONU publicado en junio. Es por eso que han surgido ideas alternativas a la estrategia actual, como la legalización del consumo de drogas en Latinoamérica. Esta fue la proposición que presentó en febrero de 2009 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por 17 ex presidentes latinoamericanos, y que pretende “debilitar las fuentes de ingresos del narcotráfico” ante el elevado poder de corrupción y de violencia en países como México y Colombia.

Calderón rechaza la ayuda militar de Estados Unidos en la frontera
La frontera de México con Estados Unidos es la delimitación territorial internacional con el mercado de droga más grande del mundo y el lugar donde se registran más detenciones y enfrentamientos violentos entre bandas de narcotraficantes y la policía. A finales del mes de marzo y después de que hubiera un repunte en la violencia de la zona, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Janet Napolitano, anunció un plan financiado con 700 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera mexicana a partir de la movilización de 360 nuevos agentes federales y de esfuerzos coordinados con las autoridades de México para luchar contra las bandas. Sin embargo, Felipe Calderón descartó cualquier presencia militar ofrecida estadounidense en tierras mexicanas y aclaró que lo que su país le exige a Estados Unidos es cooperación y ayuda en el suministro de equipos de inspección en la lucha antidroga. El presidente mexicano argumentó que cada país debe hacerse responsable de lo que sucede en su territorio y México tiene el deber de controlar el suyo.
Pero el Gobierno mexicano pide un requisito indispensable para que esa colaboración con su país vecino sea eficaz: Estados Unidos debe luchar para detener el flujo de dinero y de armas al otro lado de la frontera. Según la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, en la zona fronteriza estadounidense están instaladas más de mil tiendas de armas y el 90% de las usadas por los narcotraficantes en México provienen de allí, dato que recientemente ha confirmado el departamento del Tesoro de EE.UU. dedicado al control del comercio de drogas, armas y alcohol. Por eso México considera tan importante para su combate 'antidroga' que Estados Unidos aplique sin fisuras la ley que condena la exportación de armas a países extranjeros que las prohíben a nivel nacional.

La crisis económica acelera el desencanto popular contra Calderón
Además del deterioro colectivo del país por la fuerte violencia generada por el narcotráfico, la crisis económica global y la gripe A (H1N1) han hecho de 2009 un año especialmente complicado para la economía mexicana. Empezó con un desplome del empleo del 4,6% en enero, mes en el que 336.000 personas se quedaron sin empleo, según cifras oficiales. Las expectativas de la Secretaría de Economía pronosticaban un pequeño crecimiento de la economía mexicana a lo largo de este año. Sin embargo, este optimismo se contradecía con las cuentas hechas por el Banco de México, que predijo que la economía del país entraría en recesión este mismo año, con una caída de entre 0,8% y 1,8%. Cuatro meses más tarde el país salió de dudas. El 21 de mayo de 2009 el producto interior bruto (PIB) de México cayó un 8,2% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2008, según anunció el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Estos datos ponen de manifiesto que México ha vivido la caída trimestral más grande desde la crisis cambiaria de 1995.
Este agudo descenso se interpreta, principalmente, por la recesión en Estados Unidos, principal socio comercial de México. Pero el INEGI también atribuye la situación a la ralentización del 9,9% de la actividad industrial, y del 7,8% en el sector servicios. Dentro de este último, el comercio ha bajado un 17,2% y la industria inmobiliaria un 10,6%. En noviembre de 2009, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicó que México sería el país más afectado por la crisis financiera en la región, principalmente, por un gran deterioro en la situación del empleo y los salarios.
Por si fuera poco, México se ha topado este año con la epidemia de gripe A, altamente contagiosa, que ha sacudido la economía mexicana afectando seriamente al sector turístico, uno de los motores de la riqueza mexicana. En mayo de 2009, la Secretaría de Turismo señalaba la baja ocupación de los hoteles en los principales destinos turísticos y la creciente cancelación de vuelos con destino al país. El primer brote de esta nueva gripe se detectó en México a finales de abril de 2009. A partir de entonces, el alarmismo por la propagación del virus, por parte de los medios de comunicación y del propio Gobierno, que decretó el estado de emergencia sanitaria tras comprobarse la presencia del virus, paralizó el país con la suspensión de todas las actividades escolares, la cancelación de eventos deportivos masivos, religiosos, culturales, económicos y de ocio. Un cálculo hecho por el Departamento de Salud del Banco Mundial ha estimado que la gripe A le ha costado a México más de 50 millones de dólares al día, lo que ha reducido el PIB anual mexicano un 1,5%, además de dificultar todavía más la recuperación de la crisis económica mundial. La epidemia que empezó a brotar a finales de abril de 2009 ha llegado, a fecha de 20 de noviembre, a un total de 540 muertes y 63.565 contagios en México, según estadísticas de la Secretaría de Salud mexicana. Ante la reacción en cadena de los sectores productivos del país, el secretario Rodolfo Elizondo Torres pronosticó una pérdida de más de cien mil puestos de trabajo en el sector turístico.
El PRI y otros partidos de la oposición, así como analistas de distintos diarios del país, han acusado al Gobierno de tener una actitud excesivamente pasiva frente a la desgracia económica y auguran que esta puede costarle muchos votos en las elecciones generales de 2012. A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno para reactivar la economía y, en particular, para proteger el empleo, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicado en noviembre de 2009, prevé que México llegará al primer semestre de 2010 con un 6,5% de desempleo, aunque luego descendería lentamente.
Las veinticinco medidas para luchar contra la crisis, establecidas en enero en el anunciado Acuerdo Nacional de Economía, garantizaban un mantenimiento del precio de la gasolina y un descuento del 10% en los precios del butano para conservar la economía familiar y evitar despidos en el sector productivo. A la vez, se planteó un mayor ahorro energético en el sector industrial que, según el Gobierno, representaría  una conservación de 45.400 millones de pesos (2.400 millones de euros) para los mexicanos. Contra el desempleo, Calderón anunció en enero que el Gobierno promovería una mayor contratación de mano de obra y gastaría dos mil millones de pesos (106 millones de euros) en ayudar a las empresas mermadas por la crisis que tengan que detener su producción.
Aun con las medidas preventivas tomadas a principios de 2009, en el mes de mayo el país ya presentaba una preocupante cifra de desempleo a nivel nacional, al llegar al 5,31%, alejándose del 3,24% registrado durante el mismo mes de 2008.
Ante la grave situación, Calderón adoptó otra estrategia de recorte del gasto público, suprimiendo en septiembre los ministerios de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública para ahorrar unos 6.000 millones de dólares.

Diplomacia mexicana a la deriva
Paralelamente a la preocupación de asuntos internos tan graves como el narcotráfico y la gripe A, México ha protagonizado este 2009 un intenso debate sobre la orientación de su política exterior. Mientras partidos de la oposición y analistas internacionales aseguran que México ha perdido definitivamente su papel de líder en América Latina durante el mandato de Felipe Calderón, el Gobierno confía en mejorar sus relaciones con Brasil y el resto de países latinoamericanos y recuperar así su reconocimiento de Estado emergente a nivel internacional.
Actualmente, México trata de llevar a cabo una política de acercamiento a los países latinoamericanos para ser reconocido como un actor fuerte y consolidado en la región, objetivo que a día de hoy no ha conseguido. Como ya hizo en 2008, México ha tratado este año de liderar el Proyecto Mesoamérica (antes llamado Plan Puebla de Panamá (PPP), estrategia regional mesoamericana integrada por diez países (Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) para potenciar el desarrollo económico a través de acuerdos energéticos. Aunque su papel de jefe de la región no se ha afianzado, el país azteca ha protagonizado importantes alianzas como la inauguración de la infraestructura de interconexión eléctrica México-Guatemala en octubre de 2009. La obra, llevada a cabo con una inversión de más de 50 millones de dólares (35 millones de euros), permitirá, según Calderón, que medio millón de guatemaltecos se beneficien con electricidad al incrementar la capacidad energética de Guatemala en 200 megavatios. Otro acuerdo significativo tuvo lugar en febrero de 2009, cuando Felipe Calderón firmó un convenio de cooperación técnica y científica con Colombia para la construcción de una planta de producción biodiésel en el Estado mexicano de Chiapas.
Durante el año, Estados Unidos ha tenido un papel primordial en la agenda mexicana debido a los problemas constantes de inmigración y narcotráfico existentes en la frontera entre ambos países. Tras la visita oficial de Hilary Clinton a México, Estados Unidos y México fortalecieron su cooperación en la lucha contra el narcotráfico. El país norteamericano incorporará de 300 a 400 agentes federales civiles en su frontera con México y creará un centro de inteligencia regional de su Agencia Federal de Investigaciones (FBI), que coordinará todas sus actividades de seguridad y control con su vecino centroamericano. La estrategia prevé también que la Administración del Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) -agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha del tráfico y consumo de drogas- cree cuatro nuevos equipos móviles de lucha específica contra el contrabando de metanfetamina, un potente psicoestimulante.
Pero la oposición le reclama a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano que no se haya logrado llegar a un acuerdo con el país vecino en un tema tan importante como es la migración. México esperaba que la llegada de Barack Obama al poder fuera el punto de partida para iniciar una reforma migratoria que legalizara la situación de los doce millones de mexicanos que trabajan indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, el tema se abordó sin éxito en la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en agosto de 2009, donde Estados Unidos señaló que actualmente no se dan las condiciones legislativas para plantear una reforma sobre la migración y que en el Congreso estadounidense priman otros asuntos antes que el migratorio. Finalmente, la cumbre acabó siendo un fracaso para México, ya que su presidente, Felipe Calderón, salió de ésta sin resolver tampoco el problema con el Gobierno conservador de Canadá, que no quiso ceder en la imposición de visados a visitantes mexicanos a su país, decisión llevada a cabo en junio de 2009. Las autoridades canadienses advirtieron que son “inaceptables” el gran número de solicitudes falsas que llegan al “generoso sistema de refugio canadiense” ya que cuestionan “la integridad” de éste.
La migratoria y la de visas son las dos cuestiones que más se le han reprochado al Gobierno de Calderón, aunque las peores críticas, tanto a nivel nacional como internacional, coinciden en recordarle a la actual Administración gubernamental la carencia de una diplomacia mexicana con un rumbo fijo y objetivos claros. A la vez, la oposición piriista acusa al Ministerio de Relaciones Exteriores de un mal enfoque político al presentar, en varias ocasiones, la relación con Brasil como de competencia creciente. En este sentido, el PRI recomendó a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, que antes de centrar todos sus esfuerzos políticos en “reconquistar” Centroamérica, debe reconocer el liderazgo actual de Brasil en Latinoamérica, cosa que -asegura la oposición- la administración Calderón no ha hecho todavía en ninguno de sus discursos parlamentarios.



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