Anuario 2009
Nicaragua
"El personalismo “danielista” entierra el sandinismo

"
Ivana Padierna

2009 ha sido para Nicaragua el año de las turbulencias políticas. El actual Gobierno del presidente Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha generado duras polémicas tanto a nivel nacional como internacional por la intransigencia y la poca transparencia de los actos llevados a cabo por la Administración gubernamental. Tras las protestas de la oposición liberal y sandinista, y la gran mayoría de intelectuales del país en noviembre de 2008 por el supuesto fraude en las elecciones municipales, el movimiento “antidanielista” ha tomado más fuerza este año después de que el presidente cambiara la actual ley electoral para mantenerse en el poder. Especialmente críticos con el presidente han sido los miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) -partido político inspirado en el legado de Augusto César Sandino y creado en 1995 por discrepancias entre miembros del FLSN- y el Movimiento por el Rescate del Sandinismo -fundado en 2005 por Henry Ruiz y Herty Lewites, ex militantes del FLSN que optaron oponerse a Ortega-. Durante el año, ambos grupos políticos han buscado alianzas con otros partidos de la oposición representados en el Parlamento para parar las propuestas de Daniel Ortega -especialmente la que quiere modificar la Constitución- que, según ellos, se alejan de la tradicional “lucha social y política del sandinismo” y se centran en la captación de un mayor electorado y en la “construcción de un nuevo poder económico en la cúpula del orteguismo”.
El actual Gobierno también recibe duras críticas por parte de partidos de ideología liberal que tachan a la Administración de corrupta por quedarse para fines personales el dinero que recauda con los impuestos y no invertirlo en planes para el desarrollo del país. A la vez, el Gobierno suma reproches internos de antiguos militantes de la revolución sandinista que apoyaron a Ortega en su entrada al poder pero que actualmente se muestran en contra de las “maneras dictatoriales” de éste y de las políticas autoritarias del FSLN para reducir la libertad de expresión. Durante 2009 el Gobierno sandinista ha recibido numerosas denuncias del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por la amenaza y la persecución a organizaciones ciudadanas como la Coordinadora Civil, organismo formado por organizaciones no lucrativas de Nicaragua que luchan por un desarrollo humano y democrático sostenible en el país. El acoso contra algunos miembros de esos grupos y la brutal represión contra la prensa independiente del país derivaron en junio, en una orden del presidente Ortega para cerrar la primera emisora de radio crítica con el Gobierno. Este control que ejerce la Administración Ortega sobre periodistas y opinadores también fue denunciado en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada en noviembre, un informe de la cual señala que la política de represión contra la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua era parte de “una estrategia antimediática de los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) controlada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez”. Respecto a esto, el jefe de información del diario nicaragüense ‘La Prensa’, Douglas Carcache, asegura que “el temor a ser amenazados por el Gobierno ha conducido a algunos medios a la autocensura”.
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, asegura que “el ataque hacia la libertad de expresión es ahora, en este Gobierno, más abierto y descarado”. Por otro lado, la Iglesia nicaragüense también expresó su preocupación con una llamada a la paz hecha por la Conferencia Episcopal en noviembre. Un mes antes, esta misma institución alertó de que la “libertad de ideas” en el país estaba en peligro debido a los “condicionamientos impuestos a todos los grupos ideológicos ajenos al Gobierno”.
El FSLN trató, sin éxito, de prohibir una multitudinaria manifestación -de entre 30.000 y 50.000 participantes, según la organización- que tomó las calles de Managua, capital nicaragüense, el 23 de noviembre de 2009 para mostrar su rechazo a los resultados electorales del pasado año y al fallo judicial que permite la reelección de Ortega como presidente. Especialmente, esta última cuestión ha levantado serias sospechas entre los sectores culturales e intelectuales del país sobre la posible relación extraoficial del presidente y algunos miembros del sector judicial del país. Las críticas surgieron cuando Ortega presentó un recurso de amparo al Tribunal Supremo de Nicaragua para participar en los comicios electorales presidenciales de 2011, que la Corte Suprema aprobó el 20 de octubre tras modificar la Carta Marga de 1995, que prohibía la reelección presidencial continua. Hasta entonces, la ley prohibía que un ciudadano que ha sido presidente del país se presente como candidato a la presidencia en las siguientes elecciones, optando así a dos mandatos consecutivos. El argumento del Tribunal para realizar esta remodelación se ha basado en que la antigua ley vulneraba los Derechos Humanos de Ortega y de los 109 alcaldes que también se han visto beneficiados con el cambio. Sin embargo, este hecho ha sido visto por la oposición como una clara declaración de intenciones y un golpe sobre la mesa del presidente nicaragüense, quien impone, por encima de todo, “su deseo de perpetuarse en el poder”, según el ex candidato presidencial y principal rival político de Daniel Ortega, Eduardo Montealegre, del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Los contrarios al Gobierno apuntan, además, que es la Asamblea Nacional y no la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la institución que tiene la capacidad de cambiar la Constitución. En un principio, Ortega trató de hacerse con los 56 votos necesarios para presentar la reforma constitucional ante la Asamblea Nacional, pero más tarde cambió de parecer y  buscó su reafirmación en la presidencia a través de la justicia, entregando un recurso de amparo el 15 de octubre de 2009 ante el Consejo Superior Electoral. Tres días después, el 18 de octubre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohíbe al presidente de Nicaragua ejercer su candidatura en las próximas elecciones presidenciales. Una decisión unánime de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que eliminó la prohibición de la reelección continua del presidente de la República, del vicepresidente y de todos los alcaldes y vicealcaldes del país. Sin embargo, la Constitución no ha podido ser modificada porque, para ello, esta sentencia debería ser ratificada por mayoría absoluta en la Corte Suprema para entrar en vigencia; algo que por el momento no se ha producido. Por otro lado, el polémico fallo fue denunciado a las pocas horas de hacerse público por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), principal partido opositor. A través de un comunicado de prensa, la oposición expresó su condena a la sentencia que favorece los intereses de Ortega “violentando todos los mecanismos legales y constitucionales” y dictada “a espaldas y a escondidas de una parte de los magistrados del máximo tribunal”. Unas semanas más tarde, una encuesta publicada en noviembre por el diario nacional ‘La Prensa’, de Managua, mostraba que el 65,6% de los nicaragüenses está en contra de la reelección de Ortega en 2011 y al 53,1% le produce “tristeza” y “desesperanza” la intención de su presidente a optar por ser elegido de nuevo.
En este 2009, lo que más preocupa a la oposición y analistas de Nicaragua -el país más grande de América Central y el más pobre de la zona después de Haití- es la desconfianza que su Gobierno actual ha generado a nivel internacional. Como consecuencia de ello, el país centroamericano ha empezado a sufrir la retirada de ayuda de varios países que afirman no tener las garantías suficientes de que el apoyo económico recibido se destina al desarrollo social del país. Tras las grandes sospechas de fraude electoral en noviembre de 2008 y la decisión del Consejo Supremo Electoral de no revisar los resultados, el Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) -compuesto por los Gobiernos de Noruega, los Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Alemania, Finlandia, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea- canceló 100 millones de ayuda a Nicaragua. La congelación del apoyo económico, que se ha mantenido desde entonces, empeoró en noviembre de 2009 cuando varios países europeos amenazaron con salir del GAP al estar en desacuerdo con la manera en que se aprobó la derogación constitucional que permite la reelección del presidente Daniel Ortega. La Unión Europea comunicó ese mismo mes al Gobierno nicaragüense la desaprobación de la mayoría de los países europeos ante el “deterioro de la calidad de la democracia y de la gobernabilidad del país”.
Esta tensión en las relaciones exteriores que se ha ganado el actual Gobierno es preocupante ya que, treinta años después de la revolución sandinista, el 80% de la población nicaragüense sobrevive gracias a las ayudas oficiales. A pesar de ello, el Gobierno no ha hecho grandes esfuerzos diplomáticos para tratar de reanudar el apoyo europeo y ha mantenido un discurso más bien crítico hacia Europa. La primera dama, Rosario Murillo, esposa y mano derecha del presidente Ortega, ha calificado, en diversas ocasiones, de “imperialistas” a los Gobiernos europeos, acusándolos de estar movidos por el interés de imponer sus modelos gubernamentales que, según Murillo, van en contra de la “voluntad popular”.
Ante el alejamiento de la comunidad europea, el Gobierno ha optado por iniciar un plan que consiste en cubrir la falta de recursos en el presupuesto con una subida de los impuestos. Tal política económica ha sido criticada por el partido opositor del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que acusa a la Administración de Ortega de pretender hacer pagar al pueblo nicaragüense -mediante impuestos- “su fraude electoral” de las pasadas elecciones municipales de noviembre de 2008, las cuales provocaron, según la oposición, la desconfianza internacional hacia el Gobierno de Ortega y la consecuente retirada de ayuda económica a Nicaragua.
En octubre, esta idea se concretó en la propuesta de Presupuesto de la República para 2010 y la propuesta de ley de la Reforma Tributaria Integral, cuya aprobación han intentado frenar desde el principio la gran mayoría de empresarios privados del país y los sectores políticos de la oposición. El Gobierno plantea una amplia reforma tributaria que pretende aumentar los impuestos a los grandes contribuyentes del país, según explicó su asesor económico, Roberto Arce. Este importante cambio en la economía nicaragüense que quiere realizar Ortega ha sido rechazado tajantemente por muchos sectores de la empresa privada como la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AMCHAM) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y por relevantes figuras de la oposición como Eduardo Montealegre, principal rival de Ortega en la candidatura a las últimas elecciones generales en 2006. Todos ellos piensan que aumentar los impuestos solo traerá una significativa subida del paro y una reducción de la competitividad en el sector empresarial que Nicaragua no se puede permitir. Sin embargo, son conscientes de que el plan fue parte de una estrategia desesperada del Gobierno para cubrir las grandes necesidades económicas que sufre el país tras la congelación de la cooperación internacional. Estas reformas tributarias eran necesarias para que el Fondo Monetario Internacional revisara el acuerdo económico y financiero trianual que el organismo firmó con Nicaragua en octubre de 2007 para combatir la pobreza. Finalmente, después de que el Gobierno enviara en octubre los proyectos de ley de Reforma Tributaria y Presupuesto General de la República 2010 a la Asamblea Nacional, Nicaragua logró una revisión del programa de ayuda económica del FMI y consiguió, en noviembre, la aprobación de un desembolso de 90 millones de dólares (63 millones de euros) del organismo financiero destinados al crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

La cooperación del FMI supone ahora una asistencia vital para Nicaragua, ya que, además de Europa, también Estados Unidos ha reconsiderado el envío de ayuda económica al país tras las denuncias por fraude electoral en noviembre de 2008. El Gobierno estadounidense ha mantenido durante 2009 la suspensión del programa Cuenta Reto del Milenio (CRM), que lucha contra la pobreza en Nicaragua (así como en Honduras, El Salvador, Paraguay, Perú y Guyana) favoreciendo el desarrollo rural -principalmente el riego de campos de cultivo-, la rehabilitación de carreteras y la regularización de títulos de propiedad.
Paralelamente a las intransigencias internas del presidente Ortega, sus cada vez más estrechas relaciones con el presidente venezolano, Hugo Chávez, incomodan a EE.UU. y a países como Colombia, presidido por el conservador Álvaro Uribe, con los que mantiene una tensa enemistad desde que firmara la entrada de Nicaragua en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) días después de iniciar su mandato, en enero de 2007. En 2009, esta unión ha aportado a Nicaragua un aumento de la ayuda venezolana para financiar la compra de petróleo a precios preferenciales y otros proyectos del Gobierno sandinista. La cooperación alcanzó los 283 millones de dólares en el primer semestre de 2009, superando en un 25% la recibida en el mismo período de 2008, según el Banco Central de Nicaragua (BCN).  Venezuela se consolida así como el tercer socio comercial de Nicaragua, superado por Estados Unidos y El Salvador, a los que este año el país exportó 396 y 194 millones de dólares respectivamente, frente a los 116 millones de dólares a Venezuela.

La crisis global frena el largo crecimiento económico
En el tercer trimestre del año, Nicaragua empezó su recuperación económica por primera vez desde el tercer trimestre de 2008, creciendo a una tasa anualizada del 3,4%, según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Aun así, Nicaragua ha visto este año cómo se reducían fuertemente las inversiones a causa de la crisis institucional que atraviesa el país desde finales de 2008. Este fenómeno ha convertido al país en el menos competitivo de Centroamérica con una contracción del PIB del 1,5% en 2009, lo que interrumpe quince años consecutivos de crecimiento económico, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto se convierte en un grave problema para el país teniendo en cuenta que su producto interior bruto por habitante apenas supera los 700 euros, según cálculos del Banco Mundial. Por otro lado, las exportaciones de productos como el café, plátanos, azúcar o tabaco, principal motor económico del país en los últimos años, han diminuido un 2,5% debido a la crisis financiera global, por lo que, siendo optimistas, analistas económicos del país auguran que una reanudación de tal demanda haría crecer la economía del país alrededor de un 2% durante 2010-2011.
Este estancamiento económico de Nicaragua ha sido relegado a un segundo plano en los medios de comunicación nacionales e internacionales debido al protagonismo mediático que ha acaparado la crisis política nacional y los comportamientos autoritarios del presidente sandinista. Sin embargo, estadísticas publicadas en ‘The World Factbook’ de la Agencia de Inteligencia Central (CIA) de los Estados revelan que el 48% de la población nicaragüense vive hoy en día sumergida en la pobreza con menos de un dólar al día y otro 28% se sitúa en la pobreza relativa con menos de dos dólares diarios. Analistas internacionales y nacionales aseguran que el Gobierno no ha sabido modernizar la producción del país ni llevar a cabo programas efectivos para solucionar el subempleo del 46% de la población y el desempleo del 5,6% que existe actualmente en Nicaragua, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).



Cronologia año  2009

 


Periodismo Internacional © 2022 | Créditos
Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Aviso legal | Política de protección de datos | Política de Cookies